Las casas acreditoras volvieron a propinarle ayer otro contundente golpe a Puerto Rico, luego de que Moody’s Investor Service rebajó a un nivel más profundo del grado especulativo o ‘chatarra’ los bonos de las obligaciones generales del Estado Libre Asociado (GOs, por sus siglas en inglés), así como las responsabilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entre otras corporaciones públicas, en una medida que tendrá graves consecuencias contra unos $61,000 mil millones de deuda pública.
La histórica determinación aplicó también a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Universidad de Puerto Rico (UPR). Incluso la entidad señaló que la perspectiva del país es negativa, por lo que podrían producirse en cualquier momento degradaciones adicionales.
Esta degradación, que recuerda el deterioro progresivo de la caída económica de Grecia, se efectúa a escasos cuatro meses de la primera degradación de los GOs y apenas cuatro días de las casas acreditadoras haber degradado los bonos de las corporaciones públicas y por segunda ocasión consecutiva los bonos de la AEE. Tras la degradación, el valor de bonos de los GO’s cayó en un 5%, colocándose entre los 84.5 centavos de dólar y los 87.5 centavos de dólar.
Moody’s Investors rebajó los GOs en tres escalafones de Ba2 a B2, afectando a 14.4 mil millones de bonos, lo que significa que no es un inversión deseable y de alto riesgo. Mientras, en cuanto a las agencias estatales y empresas públicas se afectan cerca de 46 mil millones de bonos, “incluyendo 15.6 mil millones en bonos senior y subordinados emitidos por el impuesto a las ventas de Cofina, que, respectivamente, se redujo a Ba3 y B1”, señaló el informe.
Agrega que “la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) fue rebajado de Ba3 a Caa2, mientras que el de Acueductos y Alcantarillados (AAA) fue degradada de Ba3 a Caa1. La Autoridades de Carreteras y Transportación (ACT) se degradó de Ba3 a Caa1. La deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) fue degradada de Ba2 a B3, y la deuda de la UPR fue degradado de Caa2 a Caa1”. Esto coloca dichos bonos en el tercer nivel de la categoría chatarra.
“Las rebajas”, añadió el informe de Moody’s, “se debe a la promulgación de la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, que permitirá a las corporaciones públicas aplazar o reducir los pagos de los bonos en circulación. La aplicación de la ley puede limitar aún más el acceso al mercado del ELA dejándolo más vulnerable a los riesgos financieros y que no puedan financiar proyectos de capital”.
La firma Municipal Market Advisor (MMA), representada por el analista del mercado de Nueva York, Roberto Donahue, sostuvo que la acción de Moody’s a escasos días de la aprobación de la ley de reestructuración fue una prematura. “Aunque la Ley trató de cerrar la brecha crítica entre las leyes de bancarrota comunes en los EE.UU. y el marco legal ambiguo de Puerto Rico, la realidad es que la misma se limitaba a las corporaciones públicas y actualmente está siendo impugnada por razones constitucionales y al momento ningún emisor de bonos a recurrido a dicha disposición de Ley. Moody’s tomó una acción que puede privar al Estado Libre Asociado de acceso al capital en un período tan crítico, que pudiese acelerar la caída de Puerto Rico”.
En torno al efecto, aceptó que el mismo se hará sentir en las próximas semanas, ya que Moody’s se pronuncia en una semana de fiesta, por lo que hay que esperar la reacción de los inversores, quienes todavía tienen que digerir completamente la rebaja y ver el peso que le den a dicha calificación.
“MMA cree que el tiempo y el ambiente que rodea a la aprobación de la Ley se podría haber manejado mucho mejor. El gobierno pudo haber explicado a muchos inversores a través de una llamada de conferencia el alcance de la ley. Ahora sólo el tiempo dirá si las corporaciones de Puerto Rico se moverán hacia adelante para declarar la insolvencia, o si COFINA o el GO eventualmente lo consideren, pero es especulativo suponer que lo harán en este momento”.
Bancarrota según los economistas
Esta degradación para los economistas representa la bancarrota del país y el cierre de los mercados de capital. Todos coinciden en que la nueva ley de reestructuración de deuda fue el detonante que alertó a los mercados de la incapacidad del país para poder cumplir con sus obligaciones fiscales.
La economista Heidi Calero sostuvo que la precaria situación que atraviesa la AEE fue un causal medular que arrastró a los GOs y COFINA, bonos que el país había tratado de proteger y que estaban excluidos de la reciente ley de reestructuración. “Esta degradación vuelve a limitar la capacidad del país para recurrir a los mercados y cierra las posibilidades del desarrollo de proyectos de infraestructura en todas las agencias y corporaciones públicas. Ahora el gobierno tendrá que ser más selectivo y tendrá que sacar de lo presupuestado para salud, educación y seguridad para hacer algo de infraestructura”.
Para el economista, Elías Gutiérrez el cuadro es uno más serio, ya que entiende elimina la clase media y evidencia la bancarrota de la Isla. “Con esta degradación se cerró el mercado de capital y el plan de desarrollo a corto y largo plazo. Existe incluso el peligro que se pueda extender en todo el mercado de capital y se convierta en un problema sistémico”.
Enfatizó que la clase media ha visto caer el valor de sus propiedades en un 40%, ha caído en un 66% sus activos financieros o bonos y el único refugio de seguridad con el que contaban era los GOs que estaban respaldados por la constitución y ahora han sido devaluados nuevamente. “Quiebra es un término jurídico , pero la realidad es que la Isla está en bancarrota, no pueden cumplir con sus compromisos. Erradamente han estado invirtiendo el orden de los contratos y el repago de las deudas. Mientras se continúe con esta tendencia el panorama seguirá complicándose”.
Sin embargo, un sector de los economistas coincide en que la bancarrota del país ha sido producto de un trabajo de política pública irresponsable realizada por los pasados 20 años. “Ya la Isla se puede olvidar de los mercados. Localmente se obtuvieron $3,500 millones recientemente con los que se pudo rehacer completo al país, pero el gobierno optó por pagar deudas. Esta situación lo que hace es poner más presión a las empresas establecidas localmente y asustar aquellas que pudiesen ver a Puerto Rico como mercado de inversión. Ya no se podrá hacer infraestructura por mucho tiempo, eso representa el encarecimiento de los servicios básicos, lo que cada vez reduce nuestra competitividad”, sostuvo el economista, Antonio Rosado.
De igual manera, otros economistas entienden que la degradación en estos momentos es una acción injusta para el país. Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), tildó de un poco injusta la acción y difícil de justificarla, ya que la nueva ley de reestructuración excluía los GOs y a Cofina, lo que garantizaba su repago.
Al igual que los demás entrevistados coincide en que dicha acción representa un hundimiento más profundo de la Isla, lo que extiende el tiempo para poder salir del estancamiento económico en que se encuentra y relativamente cierra los accesos al mercado, por el excesivo costo que representaría. “hay que admitir que estamos en bancarrota en términos económicos, de sistema de gobierno y en el sistema político y social. Hay que repensar las finanzas del gobierno y volverá analizar todo el país”.
Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO
Del Chatarrazo a la quiebra de la AEE
Para el récord histórico es importante consignar, que la degradación a chatarra de los bonos de obligación general del gobierno central y la eminente radicación de un recurso de quiebra por la Autoridad de Energía Eléctrica son obra y gracia, así como responsabilidad exclusiva de la presente administración de Alejandro García Padilla.
Veamos. La comisión bipartidista nombrada por la administración de Luis Fortuño para elaborar una reforma de los sistemas de retiro de los empleados del gobierno central, los maestros y la judicatura, fue deliberadamente torpedeada con propósitos electoralistas de corto plazo, por el entonces candidato a la gobernación y presidente del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, al dar la directriz a sus representantes en dicha comisión a que renunciaran a la misma a solo semanas de las elecciones.
Dicha acción y el temor que se revocaran las políticas de prudencia y responsabilidad fiscal de la administración de Luis Fortuño, fueron las razones esgrimidas por la analista de Moody’s Investors, Emily Raines, para que la casa acreditadora degradara a Baa3 (la clasificación previa a chatarra) con perspectiva negativa los bonos de obligación general del ELA a principios de diciembre de 2012.
El gobernador electo, en lugar de viajar con su equipo económico a Nueva York para pedirles tiempo a las casas acreditadoras para elaborar un plan para reducir los déficits presupuestarios, alentar y reforzar la incipiente recuperación económica y reformar los sistemas de retiro, afirmó que el no gobernaba para los bonistas y se fue de vacaciones con su familia. Al poco tiempo de juramentar como gobernador ante una nueva advertencia de degradación de la deuda pública por las casas acreditadoras, las retó y afirmó ‘me vale los que dichas casas acreditadoras piensen de mi persona y si quieren participar de la política local que inscriban un partido político’.
Sin embargo, a los pocos meses ante la inminencia de una degradación a chatarra de los bonos de obligación general, de forma improvisada y atropellada logra la aprobación de una a todas luces deficiente reforma del sistema de retiro de los empleados del gobierno central. A la misma vez, la legislatura aprobó el presupuesto sometido por el gobernador con un aumento en gastos de $688 millones y $1,700 millones en nuevos impuestos, reforzando y ahondando la contracción económica que comenzó en noviembre de 2012 a la luz de la incertidumbre que generó su elección como gobernador. Lo que revirtió de forma permanente la recuperación económica legada por la administración de Luis Fortuño, de .9 % de crecimiento del producto doméstico bruto para el año fiscal 2012, ralentizándolo a .3% para el 2013 y llevándolo a terreno negativo en el 2014 por un estimado preliminar de negativo 2.3%. Precipitando el Chatarrazo en febrero del corriente año.
La crónica de la quiebra anunciada de la Autoridad de Energía Eléctrica sigue trazos similares. La paralización por medio de una campaña de miedo y desinformación del proyecto del gasoducto del norte para gasificar las tres plantas generatrices del norte por el PPD y grupos de alegados ambientalistas, la revocación de 54 de los 63 contratos de energía renovable firmados por la pasada administración de Luis Fortuño y la transferencia de $53 millones de los ahorros obtenidos con la gasificación de la planta generatriz de Costa Sur a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Mientras la aprobación a la ligera, de forma atropellada de la Ley de Quiebra criolla, es característico de la improvisación y falta de transparencia de esta administración gubernamental.
Vuelven a la calle los sindicatos
Los miembros de los sindicatos de corporaciones y agencias públicas realizan manifestaciones desde las 4:00 de la mañana, comenzando en la parte posterior del Centro Gubernamental Minillas, hacia la avenida Baldorioty de Castro, reportó la Policía.
Entre los sindicatos encuentran de la Autoridad de Carreteras, Edificios Públicos, la Unión Independiente Auténtica (UIA) del Banco Gubernamental de Fomento y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), la Unión de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado, de Obras Públicas, entre otras.
Se indicó que manifestación comenzó a las 4:00 de la madrugada de hoy.
InterNewsService
Inter News Service (INS) es una agencia de noticias, fundada por el periodista Nelson del Castillo y que tiene su base en San Juan de Puerto Rico.
Se unen los transportistas
Cientos de transportistas escolares y familiares de estudiantes de educación especial se movilizaron ayer hasta la Isleta de San Juan para protestar, luego que el Departamento de Educación (DE) canceló sus contratos.bTras la manifestación, al menos 50 transportistas llegaron hasta La Fortaleza para llevar sus reclamos al gobernador Alejandro García Padilla.
La avenida Ponce de León en la altura de Puerta de Tierra estuvo congestionada al menos una hora, luego que los transportistas coincidieron con la protesta de Policías en Acción Concertada (PAC), entidad que agrupa a nueve organizaciones de policías, y que reclama enmiendas a la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y la Ley 3 que enmendó el sistema de retiro de los empleados públicos.
El presidente de la Federación de Transportistas Escolares, José Rosado Rolón, dijo a EL VOCERO que con la cancelación de los contratos se afectarán unos 8 mil empleos y por ende, 400 pequeñas empresas. Rosado alegó que los contratos fueron cancelados para otorgarlos a los Municipios.
“El Departamento de Educación tienen que prestar un servicio el 11 de agosto. Los Municipios no tienen vehículos”, denunció Rosado.
En tanto, Lucellys Santos, directora de la Alianza de Estudiantes de Educación Especial, denunció que esta población se verá afectada con la cancelación de contratos de los transportistas. El estudiantado de educación especial ronda en 142 mil. Según Santos, el estudiantado de educación especial necesita, en algunas ocasiones, ser transportado a los centros de terapia.
El DE canceló todos los contratos de los transportistas para ahorrar “40 por ciento en los gastos” en el renglón de transportación escolar, informó la directora de Prensa de la agencia, Cossette Donalds Brown.
Donalds Brown indicó que los transportistas que deseen renovar contratos podrán presentar sus propuestas antes del 23 de julio. Mañana se publicará el nuevo Reglamento de Transportación Escolar que también establece periodos de orientación.
El DE negó que se hayan cancelado los contratos de los transportistas para otorgarlos a los Municipios.
Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO
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