El economista Elías Gutiérrez sostiene que el mercado de bonos no hace una distinción entre la deuda constitucionalmente protegida (Obligaciones Generales, GO’s) y las otras emisiones de deuda, como las de las corporaciones públicas, porque en el fondo el gobierno hace cambios en su política pública que se interpretan como mentiras.
En estas semanas varias casas acreditadoras han devaluado varias escalas el nivel de chatarra, no solamente los bonos de las corporaciones, sino el de las GO’s (que son bonos que tienen protección constitucional) y otras emisiones que el gobierno creía saludables.
Una ley reciente de rescate de las corporaciones permite al Gobierno reestructurar la deuda de esas compañías públicas mediante negociaciones con los bonistas o decidiendo el pago y a quién se adeude con preferencia, así como liquidar los convenios colectivos y cualquier beneficio, y modificar las operaciones.
La firma de esa medida, llamada popularmente como ‘ley criolla de quiebras’, el mercado la interpretó como la aceptación de un eventual impago de la deuda, y no sólo degradó más aún los bonos de esas corporaciones, sino que implicó a la deuda protegida. La Ley, ha indicado el gobernador Alejandro García Padilla, tiene al contrario de esa interpretación la intención de proteger la capacidad de repago de la deuda protegida. Y tildó de abusiva la degradación de esos bonos, así como amenazó con demandar a las agencias crediticias.
“Según lo anticipé, el mercado no ha hecho la distinción entre la deuda constitucionalmente respaldada y el resto. Y es que, una vez rota la confianza por las acciones del gobierno, el mercado entiende que mañana podrá haber otro cambio en la política pública del ELA. El mercado entiende que el gobierno de Puerto Rico mintió”, dijo Gutiérrez en una página en las redes sociales donde emite comentarios sobre el mundo de la economía.
“Ya poco importan las explicaciones tardías que pueda ofrecer el gobernador y sus representantes. Sus expresiones y su comportamiento son suficientes. Ahora todos sufriremos las consecuencias. Pero no será un sufrimiento distribuido con equidad. No, el gran peso del sufrimiento recaerá sobre la clase media”, agregó.
“El partido popular de los 1940-60 logró que la sociedad puertorriqueña generase una clase media. El partido popular contemporáneo ha logrado la destrucción de la clase media. La movilidad social está en reversa”, prosiguió. INS
El mismo día de la firma de la ley de restructuración corporativa el 28 de junio, dos empresas de inversiones, Franklin Templeton Investments y Oppehaimer Funds, Inc., que conjuntamente poseen sobre 1.7 billones de dólares de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), demandaron al gobierno en la corte federal del distrito de Puerto Rico.
Estos buscan una sentencia declaratoria para que se declare inconstitucional dicha ley pues invade la jurisdicción de la ley federal de quiebras, bajo la doctrina de “campo ocupado”. Aparte de que impugnan una serie de cláusulas de la ley, como el cambio de los términos favorables bajo los cuales se compraron los bonos, la reducción de los pagos o las fechas de vencimiento.
La corte le otorgó 21 días al gobierno para que responda la demanda. La AEE tiene 10 billones en deuda.
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