La agencia Fitch Ratings le dio ayer un espaldarazo a la propuesta del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, para que se enmiende el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos y cobije tanto a las corporaciones como entidades públicas de Puerto Rico.

Al mismo tiempo, Fitch reiteró su rechazo a la llamada ley de “quiebra criolla” que impulsó el gobernador Alejandro García Padilla.

De esta manera, la enmienda presentada por Pierluisi ante la Cámara baja del Congreso el pasado 31 de julio, gana mayores adeptos, luego que abogados, académicos y entidades como la National Bankruptcy Conference (NBC, entidad que desde 1930 agrupa a profesionales y estudiosos de las quiebras en Estados Unidos) avalaron su recomendación.
“Sería un desarrollo positivo e importante para Puerto Rico y los tenedores de la deuda de sus corporaciones e instrumentalidades públicas”, estimó Fitch en un informe divulgado ayer.

Pierluisi, quien se expresó satisfecho con el pronunciamiento de Fitch, manifestó que su legislación lo que hace es autorizar a las corporaciones públicas “a utilizar el método ya probado, de ser necesario, bajo la supervisión experta de un juez federal de quiebras imparcial, al amparo de los precedentes legales establecidos en los procedimientos de Capítulo 9 que se han llevado a cabo a través de toda la nación”.

“Es prudente razonar que el procedimiento del Capítulo 9 será más predecible, ordenado y rápido que cualquier alternativa y es el procedimiento que tiene más posibilidades de rendir un resultado justo y equitativo para todas las partes”, resaltó el Comisionado Residente.

En el análisis de Fitch, la enmienda pondría a Puerto Rico a un paso de igualdad con los 50 estados al tener un mecanismo que les permite utilizar para lograr el ajuste de deudas.

En contrapeso con la ley firmada recientemente por el Gobernador, la cual permite la reestructuración de las corporaciones públicas a nivel local, la agencia acreditadora comentó sobre la “quiebra criolla” que se trata “de un esfuerzo para llenar el vacío resultante de la ausencia de una alternativa federal de quiebras”. No obstante, destacó que “en opinión de Fitch supone un grado de incertidumbre jurídica respecto a cómo el ELA podría actuar en un momento de tensión financiera más grave”, como extender la quiebra a otras entidades excluídas en la ley aprobada por el gobernador, como sería el caso de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).

Richard Levin, presidente del NBC, dijo ayer tarde a EL VOCERO que no suelen hacer expresiones para la prensa, pero remitió su posición a la expresada en la carta que le cursó el pasado 24 de julio a Pierluisi, en la cual ven apropiada la petición de enmienda.

“La Conferencia no ve ningún impedimento en la Constitución de Estados Unidos para dar a Puerto Rico el mismo derecho que los Estados para autorizar a sus municipios a buscar un alivio al amparo del Capítulo 9. Sin embargo, pueden surgir interrogantes entre la medida (de Pierluisi) y la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas”, argumentó Levin.

También planteó en la misiva que hay complejidades, como la poca claridad de la ley federal al tratar o no a Puerto Rico como un Estado. Además, señaló que cobijar a la Isla bajo la enmienda propuesta garantiza un acceso inmediato al ajuste de deuda “sobre una base menos impugnada constitucionalmente” que la “quiebra criolla”.
Entre las dificultades que le ve Fitch a la ley del Gobernador, informó que esta tuvo el resultado de ponerle mayor presión a la situación fiscal de Puerto Rico y fue lo que provocó la degradación reciente, que incluyó la rebaja crediticia de los mejores bonos locales como los de COFINA. La misma ley fue el argumento de Moody’s y Standard & Poor’s para degradar prácticamente todos los bonos de la Isla.

Fitch estimó que el pleito en el Tribunal federal en la Isla, levantado por las firmas de fondos Franklin y Oppenheimer que cuestionan la constitucionalidad de la “quiebra criolla”, “probablemente será costoso para el ELA”, lo cual se convierte en una distracción de las gestiones más importantes en estos momentos.

Explicó que aunque la ley de la quiebra criolla y la propuesta de Pierluisi tienen puntos de coincidencias, la segunda no aliviaría la tensión financiera inmediata que enfrenta la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero sí aclararía las reglas para la reestructuración y las alinearías con el ordenamiento federal. Abundó que eso “beneficiaría a los tenedores de bonos. También protegería al ELA de las reclamaciones de que está actuando injustamente o de forma arbitraria y contraria a las normas aceptadas”. De hecho, Fitch entiende que de aprobarse la enmienda al Capítulo 9, quedaría sin efecto la ley local.

Por su parte, el profesor especializado en Ley de Quiebra de la Escuela de Leyes de la Universidad de Pennsylvania, David Skeel, dijo a EL VOCERO que la situación a la luz de la nueva ley en Puerto Rico, podría “sentar un precedente para el continente”, pero distinguió que “puede ser más fácil para ser acogida en Puerto Rico”.
“Creo que los tribunales probablemente no van a decidir si se permite la ley hasta después de que uno de los poderes públicos se declare en bancarrota”, agregó Skeel, quien en días recientes publicó una columna de opinión sobre el tema en el Wall Street Journal. En su escrito previo, opinó que los problemas de la deuda de la Isla probablemente sugieren que “es hora de reanudar la conversación” levantada hace cuatro años sobre si se debe permitir a los estados declararse en quiebra.

Por su parte, el abogado y analista John Mudd, reconoció que el asunto de estimar las dos alternativas puede ser complejo porque hay diferencias en los alcances jurídicos y constitucionales de cada deuda, sean de corporaciones públicas, bonos de Obligaciones Generales (GO’s) o COFINA, entre otros. De aprobarse la enmienda de Pierluisi, representaría que en su momento a nivel local pudiera ser necesario cambiar el marco legal que rige a cierta deuda para que utilice el estatuto federal.

Respecto a la “quiebra criolla”, Mudd comentó que “a los bonistas les gusta las cosas que conocen, y hay tantas preguntas que estarían en el tribunal todo el tiempo (cuestionándola), y mientras tanto hay muchas cosas pasando. Dentro de poco empieza el juicio de Detroit, por ejemplo”.

El economista Elías Gutiérrez explicó que el asunto planteado es que al aprobarse una ley local se alteró el contrato legal con los bonistas, y con aquellos a los cuales vendieron tan reciente como en marzo pasado unos $3,500 millones en bonos. “Ese contrato decía que en caso de dificultad el gobierno de Puerto Rico se comprometía a mantener la prioridad de pago a los bonistas y ahora se altera y se pone primero mantener servicios y otros elementos como los sindicatos, etcétera, y se baja en escalafón de prioridad al bonista que está arriesgando su capital. Eso ‘esguavinó’ el mercado y ahora hay temor de que puedan hacer los mismo con los GO’s o con COFINA…. y eso es lo que aquí no entendieron”, puntualizó Gutiérrez.

Al hablar de la propuesta de Pierluisi, el economista dijo que “tiene sentido porque en el esquema federal se protegen los derechos de todo el mundo, pero llegó tarde”.

Tanto Mudd como Gutiérrez coincidieron que la discusión de la medida en el Congreso tomará tiempo, mientras hay que estar atentos a lo que ocurre con el caso judicial local. La mayor expectativa por ahora es si finalmente la AEE conseguirá acuerdos con la banca local el 14 de agosto y logra disipar la alta probabilidad de que invoque la quiebra.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.