Por alrededor de dos meses, la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) ha mantenido silencio ante el supuesto esquema de archivo ilegal de boletos de tránsito en el tribunal de San Juan y en los que estaría involucrada la supervisora de la secretaría de la división criminal, Diana Luciano Sánchez.
Fuentes aseguraron que Luciano Sánchez fue removida de sus funciones y trascendió que ya se encuentra contactando abogados para que asuman su representación legal.
El supuesto esquema de archivo de boletos se alega funcionaba al no citarse a los agentes de las Policía Estatal y Municipal para que comparecieran a sala para los debidos procesos de recursos de revisión.
Trascendió además que alegadamente la jueza administradora de OAT, Sonia Ivette Vélez, mantiene una pugna interna con varios funcionarios para que no se haga pública la referida situación.
Otras fuentes ligadas al Tribunal de San Juan apuntaron que la OAT envió recientemente a la licenciada Rebeca Rivera, junto a otros funcionarios y a la jueza administradora Isabel Llompart a ocupar un sinnúmero de expedientes y que al presente nada se sabe de la pesquisa iniciada en junio.
Este operativo provocó la salida de Luciano Sánchez.
La gota que colmó la copa, según las fuentes, fue un caso que ocurrió el pasado abril cuando le fue expedida una multa de $15 por una infracción administrativa a un vehículo particular del jefe de los alguaciles de San Juan, Alfonso Díaz Ortiz. Como la revisión no se podía ver en San Juan por conflicto de intereses, se alega que Luciano Sánchez solicitó la revisión a nombre de una hija de ella que vive en los Estados Unidos.
Una vez radicado el recurso de revisión, se alega que Luciano Sánchez no notificó al agente que expidió el boleto para que acudiera a sala. La incomparecencia del agente a una vista de revisión ante un juez supone el archivo automático del boleto.
De acuerdo a varias fuentes, en San Juan se dio el supuesto patrón de que se radicaron recursos de revisión de otras jurisdicciones judiciales como Caguas y Bayamón. Los jueces al recibir el expediente el día de la vista están totalmente ajenos a los alegados esquemas que se dan en la secretaría criminal.
El asunto de procurar los archivos sin notificar a los agentes se había convertido en un secreto a voces, apuntó un ex juez que en la actualidad se encuentra en la práctica privada y que solicitó mantenerse en el anonimato. Al parecer, ya varios agentes supuestamente están enterados de la situación.
Cuando la OAT allanó la oficina de Luciano Sánchez ocuparon alrededor de 30 expedientes, que fueron echados en una caja la que se lacró. También se tomaron fotografías.
Parte de la desconfianza ciudadana en la OAT es lo lento de las pesquisas, máxime cuando se trata de una contra un juez o un funcionario.
Tampoco se descarta que en otras Regiones Judiciales, como la de Caguas, hayan ocurrido casos como el investigado ahora en San Juan.
De acuerdo a las normas el recurso de revisión será deber del Secretario elevar al Tribunal copia certificada de los documentos que obren en el expediente, dentro de un término de diez (10) días a contar de la fecha en que fuera notificado de la radicación del recurso de revisión. Recibidos los documentos, el Tribunal señalará la vista del recurso para tener lugar en un término no mayor de ciento veinte (120) días a contar de la fecha del recibo de dichos documentos. El Tribunal revisará en sus méritos las cuestiones de hecho y de derecho que dieron lugar a la imposición y notificación de la falta administrativa de tránsito. El Tribunal dictará su resolución en el caso dentro de un término de cinco (5) días a contar desde la fecha en que se celebre la vista, y la resolución dictada tendrá carácter de final y definitiva. El Tribunal notificará su resolución al Secretario y al peticionario dentro del término de los diez (10) días siguientes de haberse dictado la misma.
Estas directrices alegadamente no se estaban siguiendo en los casos de revisión en San Juan.
Miguel Rivera Puig, EL VOCERO
Intervendrán desde hoy con los tribunales
Melissa Correa Velázquez y
Rafy Rivera
EL VOCERO
La recién creada Unidad Especializada en Investigaciones del Tribunal Supremo se aprestaría a entrar en acción a partir de hoy en cada una de 13 regiones judiciales del país.
Todo esto a consecuencia de los alegados actos de conductas impropias y serios señalamientos de supuesta corrupción que se dieron a conocer la semana pasada en el Tribunal de Caguas.
El equipo especial de investigación comenzaría a recopilar todo tipo de información ligada a decisiones dudosas y procesos administrativos fuera de ley. Aunque no se ha confirmado, se sabe que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) mantiene estrecha colaboración con las autoridades estatales para la detección de futuros casos.
Incluso, ayer trascendió que supuestamente ya han identificado un listado de abogados, jueces y exadministradores de tribunales, los cuales serían citados para que colaboren con las pesquisas encaminadas. Fuentes de EL VOCERO mencionaron las áreas de Bayamón, Caguas, Ponce, Aguadilla y Aibonito, como las de mayor prioridad para los investigadores.
El pasado jueves la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Liana Fiol Matta, anunció la creación de estos equipos especiales que deben rendirle un informe sobre cualquier irregularidad que detecten en la operación, servicio al cliente y el desempeño de los magistrados.
Como parte de las medidas tomadas por el Tribunal Supremo, se enmendará el Reglamento de Disciplina Judicial para apoyar los cambios en la investigación de las querellas.
Estas medidas fueron avaladas por el pleno del Tribunal Supremo y por el secretario de Justicia César Miranda.
El viernes pasado EL VOCERO publicó que las juezas Sylkia Carballo y Susana Serrano Mondesí, están bajo la mirilla de las autoridades federales. Ese mismo día Fiol Matta las relevó de sus funciones judiciales como medida cautelar.
Aclaró que la acción administrativa no representa una adjudicación sobre la conducta de las juezas señaladas.
Asimismo, indicó que no ha recibido información de las autoridades federales sobre alguna investigación del desempeño de las magistradas.
El miércoles, EL VOCERO reseñó las denuncias sobre el alegado esquema del pago de viajes, almuerzos y cenas a fiscales por parte de abogados a jueces de ese foro.
También se denunció a abogados que parecen controlar a jueces, incluso a la secretaría de los tribunales al presuntamente conseguir que le toquen jueces para presidir los casos criminales en los que litigan.
Uno de los fiscales entrevistados mencionó que hay una abogadas que tiene influencias políticas y ha logrado controlar magistrados que tienen nombramientos pendientes de renominación.
El primer juez en ser acusado lo es Manuel Acevedo Hernández, tras ser acusado por un Gran Jurado junto al convicto contable Lutgardo Acevedo López el pasado 28 de mayo.
Acevedo López admitió haber pagado $54 mil en efectivo, $3,200 para saldar una deuda con Hacienda, una motora, joyas y otros artículos de lujo a Acevedo Hernández, a cambio de que lo absolviera del caso por homicidio negligente tras chocar con su vehículo al guardia de seguridad Félix Babilonia bajo los efectos del alcohol.
El secretario de Justicia César Miranda anunció que se radicarán nuevas acusaciones contra Lutgardo, tras aceptar los hechos que se le imputaban ante la jueza presidenta del Tribunal Federal, Aida Delgado.
En agosto del pasado año el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), anunció la creación de una escuadra para investigar la corrupción judicial. Ello, luego de que durante años la agencia recibiera información de irregularidades cometidas por magistrados de las cortes estatales.
Además del Tribunal de Caguas el FBI también le tiene puesto el ojo varios tribunales del País.
Respaldo de pueblo a las autoridades federales
En el supermercado, en el médico, en el salón de belleza, en la barra, en la plaza. Se oye por cualquier rincón del pueblo: “Gracias a Dios que tenemos a las autoridades federales, porque si no…”
Todo el mundo lo sabe, y casi todo el mundo lo admite.
Como todas las generalizaciones, esta es simplista. Pero también, como todas las generalizaciones, es en gran parte verdad.
En su vertiente menos controvertible, la sentencia expresa un reconocimiento ampliamente compartido por la inmensa mayoría del Pueblo, de que el rol de las autoridades federales en Puerto Rico es positivo y bienvenido. En su traducción menos benévola, la máxima pueblerina encierra un juicio severo, pero justo de que en muchas áreas de su competencia, las autoridades estatales sencillamente se cuelgan y que si no fuera por los federales, ‘aquí nos lleva Pateco’.
Más allá del aspecto puramente económico que representa toda la ayuda que los puertorriqueños recibimos individualmente del gobierno federal—aunque sea limitada en comparación a la que reciben los ciudadanos americanos en los estados—el Pueblo reconoce la importancia de las contribuciones que hace el gobierno federal a Puerto Rico en general en áreas como salud, educación, mitigación de desastres (FEMA), control de inundaciones, dragados, carreteras, protección ambiental, preservación histórica y otras quizás menos obvia para Juan del Pueblo, como supervisión y reglamentación bancaria y de seguros, aviación civil, meteorología, y tantas otras.
Pero es quizás en las áreas de seguridad, lucha contra el crimen, batalla contra la corrupción, guerra contra el narcotráfico, y administración de la justicia en general en donde el Pueblo hace la comparación más obvia y más severa entre el desempeño de las autoridades estatales y federales. Es en estas áreas en las que el Pueblo, con justa razón, da gracias a Dios por tener las autoridades federales.
Incautación en alta mar de miles de millones de dólares en droga destinada a envenenar a nuestra juventud, arresto de cientos de narcotraficantes que asesinan en nuestras comunidades, investigación y procesamiento de políticos corruptos, desarticulación de esquemas para defalcar programas y empresas, y ahora, investigación de jueces alegadamente corruptos que violan impunemente el sagrado deber de impartir justicia.
El Pueblo también sabe que como toda empresa humana, las agencias federales de ley y orden no son perfectas. Pero casi unánimemente logran su resultados llevando a cabo su gestión con responsabilidad, seriedad, profesionalismo, minucioso apego a las leyes y reglamentos, respeto por los derechos civiles y hasta deferencia hacia las autoridades locales.
Es por eso que desafía la razón cada vez que un oficial del gobierno local cuestiona o desmerece la intervención federal en las áreas que les competen. O cuando o toda una administración se desapega del espíritu de estrecha colaboración entre ambas autoridades en que se basan los varios acuerdos y ‘task forces’ actualmente vigentes.
Finalmente, hay que denunciar el a veces no tan velado atisbo de xenofobia que se cuela por ahí de vez en cuando por el origen étnico o geográfico de algún oficial federal en Puerto Rico. Todos los jueces del tribunal federal de Distrito en Puerto Rico son puertorriqueños. La mayoría de las agencias federales de ley y orden están dirigidas por puertorriqueños y tienen decenas de puertorriqueños entre su personal. Y en los casos que no, ¿cuál es el problema?
No debe haber ninguno. Como ninguno deben tener los conciudadanos en los estados por tener un puertorriqueño o puertorriqueña en posición de autoridad en una agencia federal. Por no decir en el Tribunal Supremo.
Editorial, EL VOCERO
Falta de transparencia también es corrupción
Si no atienden con mayor rigor y verticalidad el problema de la corrupción judicial, tanto la directora administrativa de la Oficina de la Administración de Tribunales Sonia Ivette Vélez como la jueza presidenta del Tribunal Supremo Liana Fiol Matta corren el riesgo de erosionar aún más su credibilidad y la de la rama judicial que administran.
Y pudieran empezar por ser más transparentes y hablar con más claridad sobre el tema.
En declaraciones a este diario ayer, la jueza Vélez insistió en “la transparencia que caracteriza a la judicatura de Puerto Rico” y dijo que “en este momento no hay otro caso de corrupción judicial” ante su consideración. Vélez quiso dejar la impresión que el caso del suspendido juez Manuel Acevedo Hernández, a quien el sumariado contador público Lutgardo Acevedo confesó haber sobornado, es una excepción a la regla y que en la rama judicial hay “cero tolerancia para cualquier miembro de la judicatura que lacere la confianza de nuestro trabajo”.
Esa no es la realidad y todo el mundo en la judicatura lo sabe. Las declaraciones de fiscales de la región de Caguas a este diario hoy—bajo condición de anonimato por temor a represalias—ponen de manifiesto una espeluznante realidad de corrupción judicial que aparentemente todo el mundo conoce menos las juezas Vélez y Fiol Matta.
Alegaciones de pagos en efectivo para gastos de viajes, almuerzos, irregularidades en la asignación de casos a ciertas salas, tráfico de influencias para afectar re-nominaciones y hasta relaciones sentimentales entre abogados y jueces que no se inhiben son algunos de los ejemplos de lo que la jueza Vélez llama “problemas de percepción”.
La OAT recibe en promedio 100 querellas anualmente en contra de jueces y muchas de ellas aducen violaciones éticas que pudieran constituir corrupción judicial. Cien querellas al año en un sistema que tiene 360 jueces es un récord escandaloso, aun si muchas de ellas fueran frívolas.
Las explicaciones de la jueza Vélez son contradictorias. Por un lado argumenta que la cifra no es alarmante porque la misma OAT exhorta a la gente a querellarse, pero por otro minimiza el problema diciendo que muchas veces las querellas son presentadas por litigantes inconformes con el resultado de sus casos. Dice que sí ha hablado con los jueces sobre prácticas como aceptar almuerzos o regalos de parte de abogados, pero admite que lo que les ha dicho es que se cuiden, porque esto es básicamente “un problema de percepción”. Unas veces dice que la OAT investiga cada queja contra un juez, pero otras veces dice que la OAT sólo puede investigar alegadas violaciones al Código de Ética, no esquemas de corrupción que le tocaría investigar al Departamento de Justicia.
De hecho, el cuento de la jueza Vélez es distinto en cada medio que la entrevista. Cuidado.
Por su parte, la jueza presidenta Fiol Matta se hace de la vista larga cuando despacha livianamente el tema con declaraciones escritas en las que invitó al Pueblo a no dejar que las acciones de unos pocos mancillen la imagen y la labor de los miles de empleados del poder judicial. Con todo el respeto, señora jueza presidenta, ese no es el issue. El issue es qué está haciendo usted como jefa de la rama judicial para fiscalizar, disciplinar y, si necesario, destituir. ¿O cree que es suficiente con mandar a la directora administrativa en “media tour” de relaciones públicas, mientras esperan sentadas a que las autoridades federales efectúen los próximos arrestos?
El primer paso para resolver cualquier problema es aceptarlo, no rasgarse la toga—como era la costumbre de su predecesor—cada vez que alguien, especialmente un oficial federal, tenía la osadía de decir que en el sistema judicial estatal hay corrupción.
Por Dios, la hay. Enfrentemos el problema con seriedad, rigor y transparencia.
Redaccion, EL VOCERO
5 preguntas para la administración
Por meses se nos ha estado vendiendo un cuento de camino al respecto de lo que verdaderamente está pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica.
Se nos ha engañado al respecto de su verdadera situación financiera, el efecto de su insolvencia sobre su capacidad operacional (entiéndase, posibles apagones si nos quedamos sin petróleo), el progreso real de los planes para viabilizar una alternativa al petróleo basada en gas natural y, por supuesto, la promesa de bajar la luz.
El acuerdo entre la AEE y una mayoría de sus bonistas y los bancos que financian sus compras de petróleo de posponer hasta marzo los pagos que la primera le debe a los segundos a cambio de que un Oficial Principal de Reestructuración, o síndico, se encargue de la restructuración financiera y operacional de la Autoridad ha caído como un balde de agua fría que deja al desnudo el entramado de falsedades y medias verdades que nos llevan endilgando por meses. La administración ha pretendido venderlo como un gran logro y no hay duda de que le compra algo de tiempo a la AEE. Pero el acuerdo y en particular la misteriosa y confidencial figura del síndico levantan una serie de interrogantes que requieren respuesta.
- Cuando el presidente del Senado amenazaba con su propuesta Reforma Energética, el director Ejecutivo de la AEE presentó un plan financiero y operacional que dijo entonces encaminaría la Autoridad a su transformación definitiva por los próximos años. Evidentemente, el plan no ha servido para nada. De lo contrario, no tendrían que allanarse a esta sindicatura. ¿Dónde está ese plan y cuáles son las expectativas de su implantación?
- Haciendo caso omiso a los reclamos de la gerencia de la Autoridad de que una Reforma Energética no hacía falta, la Legislatura pasó y el gobernador firmó una aguada Reforma Energética que también iba a encaminar a la AEE a su transformación definitiva. La Reforma ni siquiera ha empezado y es evidente que ya es letra muerta. ¿Cuál es futuro de la Reforma Energética?
- La secretaria de Hacienda dijo que las tasas de interés que la AEE tendría que pagar a los bancos durante la extensión de las líneas de crédito hasta marzo se mantenían inalteradas, pero el documento del acuerdo claramente dice lo contrario, aparte de que impone una serie de multas y otros cargos. ¿Cuánto exactamente le cuesta al Pueblo esta extensión de las líneas de crédito producto del impago de la AEE?
- Portavoces de la administración se han llenado la boca diciendo que el Principal Oficial de Restructuración que exigieron los bonistas y los bancos, no es un síndico y que, por el contrario, va a trabajar para y reportarse a la gerencia y la Junta de Gobierno de la Autoridad. Pero los poderes y el ámbito de acción del síndico no se conocen porque esa información supuestamente es confidencial. Eso es sencillamente inaceptable. La administración tiene que contestar. ¿Cuál exactamente es el ámbito de competencia del síndico y cuál la jerarquía de sus poderes dentro de la AEE y ante la Comisión Reguladora de Energía dispuesta en la Reforma?
- Finalmente, ¿quién le va a informar al Pueblo sobre las gestiones del síndico, sus acciones, sus determinaciones y sus órdenes? ¿A quién deberá reclamarle el interés público por el impacto de su gestión? Por ejemplo, cuando de aquí a unos meses nos digan que como parte de su plan de reestructuración financiera y operacional el síndico ha determinado un aumento en la factura de la luz, ¿a quién le reclamamos? ¿Al síndico? ¿A los bancos? ¿A los bonistas? ¿A la gerencia de la AEE, su Junta de Gobierno? ¿A la Comisión Reguladora de Energía? ¿Al presidente del Senado? ¿Al gobernador?
En fin, ¿quién está a cargo aquí?
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