La dramática bancarrota económica, fiscal, crediticia, política y moral de nuestra condición territorial colonial y las consiguientes iniciativas a nivel federal y local para propiciar la descolonización manteniendo y fortaleciendo la unión permanente con los Estados Unidos, han contribuido a pesar de todos los pronósticos a una segunda derrota política de los sectores separatistas (soberanistas) dentro del Partido Popular Democrático (PPD) en la segunda reunión de su Junta de Gobierno el pasado sábado en el Hotel La Concha. Segunda derrota inesperada del independentismo melón, al ser derrotada su propuesta de convocar una Asamblea Inconstitucional de Status en la primera reunión de su Junta de Gobierno, en la que se apoyó por amplia mayoría el avalar la iniciativa de Casa Blanca y el Congreso por un plebiscito federal para resolver nuestro status político.
Dado que los independentistas melones no cuentan con los votos entre el electorado popular que es pro unión permanente, pro ciudadanía americana y pro mantener y ampliar la red de seguridad social federal, no tuvieron las agallas, valentía política y honestidad intelectual de reconocer que la ciudadanía americana no se puede garantizar por nacimiento para las futuras generaciones bajo un Puerto Rico soberano e independiente. Ni la tímida propuesta del veterano senador soberanista Antonio Faz Alzamora de la transmisión de la ciudadanía americana por sangre para las futuras generaciones en un Puerto Rico soberano e independiente con un pacto de asociación con los Estados Unidos, la única opción constitucionalmente y jurídicamente viable para los hijos de los ciudadanos americanos que no nacen en territorio americano sino en el extranjero, contó con los votos de la mayoría de los independentistas dentro de la Junta del Gobierno del PPD.
Lo que aprobó el sábado la Junta de Gobierno del PPD, en el sentido que cualquier desarrollo de la presente condición territorial debe garantizar la ciudadanía americana a los que nacen en Puerto Rico, ha colocado la ficha del tranque a que el PPD como institución avale cualquier propuesta de libre asociación o ELA soberano en el prospectivo plebiscito federal para resolver nuestro status político. Dado que la ciudadanía americana por nacimiento sólo esta garantizada a los que nazcan en un estado ( por la decimocuarta enmienda de la constitución federal) o los que nazcan en un territorio bajo jurisdicción o soberanía americana como Puerto Rico que se le concedió esa pre-rogativa por estatuto (la Ley Jones).
Como establecen los últimos informes del Grupo de Trabajo de Casa Blanca sobre el Status Político de Puerto Rico (2007 y 2011), “la ciudadanía sigue a la soberanía…Si esta fórmula (la libre asociación) se escogiera, los residentes serían ciudadanos de la nueva nación y dejarían de ser ciudadanos americanos”. (2007). “La libre asociación produciría un Puerto Rico independiente con una estrecha relación con Estados Unidos…Los ciudadanos pueden trabajar y asistir a instituciones educativas en Estados Unidos, pero no serían ciudadanos estadounidenses.” (2011)
Sin embargo, la resolución aprobada no solo constituye un claro escollo a que el PPD avale en el prospectivo plebiscito federal la opción de un ELA soberano o la libre asociación, sino que a la vez constituye un escollo para que se incluya la continuación de la actual condición territorial y colonial en dicha consulta. Por haber sido rechazada claramente por la mayoría del pueblo en la pasada consulta plebiscitaria del 6 de noviembre del 2012 y por que el lenguaje de la iniciativa plebiscitaria de Casa Blanca aprobada por el Congreso es claro en que la misma tiene el propósito de ‘resolver’ nuestro status territorial y el problema no puede ser parte de la solución. La única opción fuera de la clausula territorial que le queda al liderato pro- unión permanente del PPD que garantiza la ciudadanía americana por nacer en Puerto Rico, a excepción de la Estadidad, lo es apoyar la opción del territorio incorporado que aunque no conlleve inmediatamente la Estadidad, nos encamina irreversiblemente a la igualdad ciudadana.
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