Elías R. Gutiérrez, Ph.D.

Catedrático UPR, Economista y planificador

Walter Ruíz, Ph.D.Catedrático UPR, Ingeniero Consultor

Hoy día la economía de Puerto Rico no es viable. Ello, porque la electricidad se produce primordialmente mediante la quema de derivados del petróleo. El precio del petróleo se ha disparado y se difunde por la economía a través del costo de la electricidad. El efecto es letal sobre la economía.

El precio al que es suplida la energía eléctrica por el monopolio del Estado coloca los sectores de producción y consumo en una situación insostenible. Como resultado, chocan dos áreas de interés. Por un lado, se plantea la permanencia del monopolio estatal. Por otro se confronta lo que resulta necesario para recuperar la viabilidad de la economía de Puerto Rico.

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) vende energía a un precio que durante los últimos cuatro años ha promediado los 27 centavos el kilovatio-hora. Las voces políticas reclaman la reducción en la facturación de la energía eléctrica. Pero para recobrar la viabilidad de la economía no es suficiente meramente reducir el precio de venta de la electricidad. La economía de Puerto Rico requiere que la energía eléctrica pueda comprarse a un precio mundialmente competitivo que se ubique en un rango de entre 12 y 15 centavos el kilovatio-hora.

La intervención política desde el gobierno y desde los partidos ha provocado un trágico desperdicio de tiempo y recursos financieros y reales. Como resultado de esa intervención, las iniciativas para reducir el costo al que la AEE produce energía eléctrica han fracasado. El tiempo requerido para el ajuste se agotó y los recursos están severamente limitados.

Los subsidios que la legislación vigente obliga a la AEE a pagar o a conceder en especie son sal en la herida, pero su supresión no llega al corazón del problema de costos. El corazón radica en el precio del combustible que aun utiliza la AEE, en proporción dominante. Es decir, durante los pasados cuatro años, el coste de la combinación comprada de residual y destilado de petróleo, incluyendo los arbitrios legislados localmente, promedió un precio superior a los $108 por barril. Los precios del petróleo se han elevado desde 1998 a niveles que hoy se aproximan, en términos reales, a los máximos del período de 1980. A esos precios del combustible, el coste y el precio de venta de energía eléctrica producida por la AEE es sencillamente insostenible.

Desde el punto de vista de planificación estratégica, no puede llegarse a otra conclusión que no sea que la economía de Puerto Rico no es viable, a no ser que reduzca dramáticamente su vulnerabilidad a los ‘shocks’ provenientes del mercado del petróleo. Esta realidad se hizo evidente a mediado de la década del 1970. No obstante, aún no hemos logrado definir con claridad el objetivo. Por el contrario, hasta hoy se ha evadido. Ya no es posible continuar evadiéndolo.

La solución del problema requiere la sustitución por gas natural del residual y el destilado diesel como combustibles para la generación de electricidad. La alternativa es el gas natural. Para hacer realidad esa solución es necesaria una infraestructura que transporte gas natural desde el o los puertos de entrada hasta las plantas que generan electricidad. Más importantemente aún, dicha infraestructura debe proveer a la AEE la capacidad de despachar el gas natural hacia unidades generatrices distribuidas en la isla. Así se puede utilizar el gas en la proporción más costo-efectiva posible, partiendo de la variación en demanda y necesidad que confronta el sistema. La solución de ingeniería para este problema la proveen los gasoductos.

La AEE se embarcó en dos sistemas de tal índole: el primero, en el sur de la isla; el segundo, transcurriendo desde el sur hasta el norte y noreste de la isla. Ambos encontraron oposición organizada y fueron cancelados por razones políticas. Triunfó el grito de ‘not in my backyard’. La cancelación de esos proyectos de infraestructura constituyó uno de los errores más graves de política pública en la historia del Puerto Rico moderno.

Ahora bien, tomando en cuenta el tiempo disponible y la limitación extrema de recursos financieros, el error de política pública cometido al cancelar los gasoductos ya en etapas de construcción avanzada o a punto de comenzarla, tiene que ser corregido. Para convertir el sistema de generación a uno que utilice gas de forma óptima, es necesario que los gasoductos sean completados.

La ‘gasificación’ de la producción de energía eléctrica requiere adaptar tanto las plantas generatrices del sur, como las del norte de la isla. Esta es la pieza más sencilla del rompecabezas. El desarrollo y operación del puerto de Aguirre permitirá importar y manejar gas natural en forma licuada y gaseosa. Además, lo hará disponible a las unidades de la central de Aguirre.

Ahora bien, ese componente crítico del cambio a un combustible que imprima viabilidad a nuestra economía, no será insuficiente si no se habilita la conducción del gas a las plantas generatrices ubicadas al norte de la isla. Esos componentes resultan indispensables para la operación del sistema de AEE. Utilizar gas en Aguirre solo contribuirá a suplir de 25 a 30 por ciento de la energía eléctrica.

Repetimos, para ‘gasificar’ la producción de energía eléctrica en las plantas del norte hará falta conducir el gas a esas plantas.

Por Colaborador EL VOCERO – hace 5 horas 4:00 am

Elías R. Gutiérrez,  Ph.D. y Walter Ruíz, Ph.D.

Como señalamos en la primera parte de este escrito, el puerto de Aguirre es elemento indispensable para modernizar el sistema de producción de energía eléctrica de Puerto Rico sustituyendo el petróleo como fuente calórica. La corrección del error cometido al cancelar los gasoductos es la segunda pieza que falta para completar a corto plazo la ‘gasificación’ de las plantas generatrices del norte de la isla. Precios de energía dentro del rango de 12 a 15 centavos por kilovatio-hora representan el factor con el potencial de impulsar la recuperación de la competitividad perdida a la economía de Puerto Rico.

En vista del tiempo perdido y la presión que imponen las nuevas limitaciones federales sobre las emisiones contaminantes, los proyectos de infraestructura necesarios para ‘gasificar’ la producción de energía eléctrica deberán completarse en un plazo de no más de dos años y medio. Para lograr este objetivo dentro del tiempo aun disponible, se requiere construir los gasoductos concurrentemente con la construcción del puerto de Aguirre. Este último está programado para completarse y entrar en operación para finales del 2016.

El abandono irresponsable de los gasoductos cuya construcción había avanzado o estaba por comenzar, produjo pérdidas millonarias para la AEE, según reflejada en los estados financieros de la corporación. Aún más grave ha sido la consecuencia de su ausencia. Sin ellos la ‘gasificación’ completa del sistema no será posible. A lo sumo se producirá un cambio parcial e inefectivo en el sistema. Puerto Rico no puede darse el lujo de continuar con la estructura con que hoy produce y distribuye energía a su economía.

Para complicar las cosas, el ámbito financiero se ha tornado hostil. El estado de situación de la AEE se puede resumir con una palabra: bancarrota. Esta realidad ya no puede ser debatida. La condición financiera del Banco Gubernamental de Fomento y la política establecida por el gobernador se combinan con la incapacidad del gobierno central para hacernos concluir que el financiamiento es una restricción crucial. La corporación pública no tiene capacidad para acometer los proyectos requeridos para la gasificación de la producción y la esperada reducción en el costo de la energía eléctrica alcanzando simultáneamente los nuevos estándares federales de contaminación.

La solución a este dilema se encuentra en un cambio radical de organización y financiación de la acumulación de riqueza nacional. Ello consiste en la introducción de capital privado.

Los proyectos requeridos para modernizar y convertir el sistema de producción a uno que utilice gas natural tendrán que ser concebidos para que puedan ser acometidos con capital privado. Así deberá hacerse con los gasoductos ($700M), el puerto de Aguirre ($300M) y las plantas generatrices que opera la AEE ($100M). En ello han coincidido todos los exgobernadores.

Las decisiones y los proyectos estratégicos que señalamos anteriormente deberán tomarse bajo condiciones de franca debilidad para la AEE. La corporación está insolvente, habiendo ya incumplido en sus pagos de corto plazo. Posponiendo remedios a los que tienen derecho, los acreedores han decidido intervenirla de forma limitada. Es decir, aún no se ha producido una sindicalización judicial. No obstante, se nombrará pronto un ‘Chief Restructuring Officer’ (CRO). El oficial de reestructuración deberá, entre otras cosas, producir un plan de negocios para la corporación. Es a ese plan de negocios al que deberán incorporarse los elementos que proponemos aquí.

La conexión del sistema de Puerto Rico con el de las Islas Vírgenes por vía de cables submarinos, propuesto por el ‘Presidential Task Force’, proveerá un mercado adicional para la AEE. La conexión del sistema de Puerto Rico con el de EEUU por vía de cable submarino hasta la Florida, como lo ha propuesto el Caribbean Business, hará posible una reducción significativa de la producción y reserva que hoy es necesaria por ser Puerto Rico una isla desconectada de la red de transmisión y distribución del sistema continental. Ambas iniciativas son ya tecnológica y económicamente factibles.

Un sistema de distribución de gas natural, puesto en operación en dos años y medio, abre las puertas a otros proyectos capaces de vigorizar la economía como, por ejemplo, suplir gas a las industrias que interesen reducir costos generando su propia energía y desarrollar sistemas de distribución de gas para uso en vehículos de motor, reduciendo así el costo de transportación por milla recorrida.

Finalmente, una economía en recuperación permitirá continuar con la inversión en proyectos de energía renovable, dirigidos a mejorar la calidad del ambiente, la salud de nuestra población y la eventual independencia de los combustibles fósiles en un futuro más lejano.

La adopción de éste plan contribuirá a proveer la proyección de futuro necesaria para devolver atractivo y capacidad de financiación a un sistema de producción y distribución de energía que es indispensable para que la economía de Puerto Rico recobre la viabilidad perdida.