¿A trabajar en equipo o zapatearse del enjambre partidista controlado por los petroleros? La nueva diva para re-estructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Lisa Donahue (North American Turnaround and Restructuring Services), debe guiarse por el interés primordial de un país tropical de utilizar sus recursos naturales para dar un giro de 360 grados para cambiar la fuente de energía de hidrocarburos a una de energía renovable. Si se deja entrampar en las pugnas, por un lado, de la vorágine de beneficios laborales, y por otro, los intereses económicos del sector petrolero que controla el precio de la energía, usando su gancho que tuerce conciencias como potenciales inversionistas políticos, seguirá dándole vueltas a la noria del precio sin control de nuestra factura eléctrica. La síndico Donahue podrá tener experiencia en la re-estructuración de negocios en el primer mundo, ¿pero que experiencia tiene lidiando con una corporación pública monopolística dirigida por intereses político-partidistas divorciados del interés del consumidor?
Aunque su norte sea proteger los intereses de los acreedores que esperan re-pago ineludible de su inversión, Donahue tendrá que lidiar con la realidad de que la producción energética en Puerto Rico llegó a su destino inevitable—el cambio de la fuente de energía. Habiendo laborado para la compañía Calpine, productora de electricidad de fuentes como es gas natural o aguas termales, una esperaría que Donahue estuviese comprometida con el uso de energía renovable natural, como la fuente solar, termo-eléctrico, y-o eólica. De igual forma su experiencia con Atlantic Power, corporación que tiene un sinnúmero de proyectos de generación de energía de fuentes eólica, gas natural, biomasa, entre otras, debe guiarla. Puerto Rico no debiese ser su excepción en la línea de trabajo que llevan las corporaciones de producción eléctrica con las cuales ha estado relacionadas.
Hay quienes tienen cifrada sus esperanzas de que Donahue fríamente exigirá el pago de la energía eléctrica, sin mirar su fuente de producción; como si se tratase de hacer pagar a los morosos, entre ellos a las agencias de gobierno y corporaciones públicas, eliminar los subsidios a hoteles, iglesias, residenciales públicos, y si necesario, a los(as) enfermos(as) y envejecientes; uno que otro aumento a la tarifa y con ello se cuadra la caja para pagarle a los bonistas. Hay quienes están a la expectativa si se propone recortar los beneficios laborales de quienes gozan de entre los mejores salarios y pensiones como empleados públicos, gracias a sus conexiones políticas para trabajar en la “la joya de la corona” del servicio público. Hay quienes miran con reserva cómo se tendrá que ir privatizando segmentos de la producción o la venta de propiedades de dicha corporación pública para levantar el capital para el repago de la deuda con los bonistas. Sin embargo, hay que escuchar el clamor de un Pueblo que se hastió de la producción eléctrica dependiente del petróleo y exigimos opciones económicamente accesibles para convertir nuestros hogares en plantas de producción de energía solar o eólica. ¿Cómo cambiar el papel de la AEE a una que facilite el acceso a la red de la producción de energía solar, en lugar de mantenernos rehén de la misteriosa “fórmula de ajuste por combustible” con la cual, no importa cuánta energía dejes de consumir, al final te espulgan tu bolsillo de todas maneras?
Ante la encomienda que encara Donahue, algunos choques eléctricos ya hacen chispas por las luchas de poder. Cuando se trata de promover la producción de energía de manera costo-efectiva, no hay manera de divorciar el aspecto “financiero” del “técnico”, puesto que van de la mano. Sin dudas, la síndico Donahue tendrá que contextualizar su plan de re-estructuración tomando en cuenta el flujo masivo de clientela cautiva de la AEE que abandona el país para buscar mejores horizontes, porque Puerto Rico se les agotó como lugar para subsistir, en gran medida por el alto costo de la energía eléctrica, afectando su capacidad de producir. Revertir (“turnaround ”) el orden, para convertir a la AEE en no solamente la fuente de energía renovable, sino de generadora de empleos, para propiciar la capacidad de repago a los inversionistas, será su reto. Si el partidismo político que asfixia los trabajos del monopolio público de la AEE no la estrangula antes, le deseamos que el rayo de la esperanza sea su golpe de gracia para lograrlo. De lo contrario, estamos a un paso de estrenar la corte criolla de quiebra.
Welcome, Ms. Donahue
La síndico Lisa Donahue es lo peor que le puede haber pasado a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)…excepto por todas las alternativas. Peor hubiera sido un proceso de sindicatura al amparo del tribunal federal. Peor aun hubiera sido un proceso de quiebra bajo la nefasta ley criolla, la mera aprobación de la cual mandó el crédito del gobierno a las sínsoras de la chatarra.
Y peor, que peor, que peor hubiera sido, por supuesto, permitir que Juan Alicea, Harry Rodríguez, Ángel Figueroa Jaramillo y Alejandro García Padilla siguieran manejando la Autoridad. Para que estemos claros: el proceso que acaba de comenzar esta semana es un proceso de reestructuración que se da por acuerdo mutuo entre la AEE y sus acreedores, acuerdo al que se vio forzado la AEE por embrollona y mala paga.
Es demagógico e insidioso decir que la Sra. Donahue viene “a defender los intereses de los bonistas”. Para defender sus intereses, los bonistas tienen los tribunales, y ya se han dado la vuelta por el federal.
La Sra. Donahue viene a implementar un acuerdo que la misma AEE propició porque se lo buscó, porque sus administradores han sido tan incompetentes manejando la Autoridad que la llevaron al punto de no poder pagarle ni a los bancos que le prestan el dinero para poder comprar el petróleo para poder mantener las luces prendidas.
Claro que a los bonistas y a los bancos les conviene más que la AEE se reestructure, se fortalezca y pueda seguir pagando sus deudas; eso es mejor que liquidarla y repartirse lo que les toque de lo que quede. Pero que no haya duda, quienes tenemos el mayor interés en que la Sra. Donahue tenga éxito reestructurando la AEE somos el Pueblo de Puerto Rico. Porque si hay algo que está claro es que si seguíamos por el camino que la llevaban los que ahora la administran habría que, literalmente, apagar la luz.
El proceso va a ser duro. Va a ser duro si como parte del plan de reestructuración tuvieran que quedar sin empleo un montón de trabajadores que hoy en día abultan la nómina y que exceden por mucho lo que verdaderamente hace falta para correr la Autoridad eficientemente. Pero no le echen la culpa a la Sra. Donahue, échensela a los que les mintieron.
Va a ser duro para los grandes intereses sindicales a los que en gran medida se les va a acabar la ‘güachafita’. Pero no le echen la culpa a la Sra. Donahue, échensela a los que por tantos años se dejaron chantajear por ustedes. Y va a ser aún más duro para el Pueblo si como parte del proceso tenemos que acabar pagando más en la factura de energía eléctrica, aunque sea solo temporalmente. Pero no le echen la culpa a la Sra. Donahue, échensela a los que nos prometieron que no nos iban a subir la luz.
Pero sobre quienes esperamos que sea bien duro este proceso de reestructuración—y no nos van a dar pena—es sobre todos aquellos que por tantos años nos mintieron y que ahora quedarán en ridículo. Aquellos que nos vendieron cuentos de camino sobre una ‘joya de la corona’ donde uno se ‘enchufa’ y ‘aquello es pa’ 30 años’. Aquellos que por sus propios intereses se han opuesto a cualquier esfuerzo de transformación en la AEE, incluyendo generación privada, gasoductos y energías renovables. Aquellos que han pretendido envenenar el discurso público en contra de los principios básicos de libre mercado, libre competencia y libre empresa y que lo único que han logrado es fomentar un monopolio vago que mantiene a todo un Pueblo subyugado a pagar la electricidad casi más cara del mundo.
¡Qué patrimonio del Pueblo ni qué ocho cuartos! Como está, la AEE es el enemigo público No. 1.
Please, Ms. Donahue. Go ahead, make our day!
‘Síndico’ sin poder
Por: Yennifer Álvarez Jaimes y Carlos Antonio Otero
Al tiempo en que se discute en Puerto Rico sobre los amplios poderes que tendría la oficial de reestructuración (CRO) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Lisa Donahue, analistas del mercado de bonos no necesariamente comparten esa opinión y hasta piensan que el cargo carece de garras para la transformación profunda que requiere la agencia.
Así lo hicieron constar a EL VOCERO algunos analistas consultados, que de paso también coincidieron en que finalmente la AEE tendrá que acogerse a la nueva ley de reestructuración, conocida como “la quiebra criolla”.
Robert Donahue, analista y director gerencial de la firma Municipal Market Advisors, (MMA), opinó que la CRO (quien tiene su mismo apellido pero no son parientes), “es un consuelo para los bonistas cautelosos, trae mucha credibilidad que es necesaria y permite ganar tiempo -otra vez- antes de lo que creemos que va a ser un período difícil”.
“MMA espera que Donahue sirva como un árbitro imparcial entre las partes interesadas y sea ‘un perro de caza’ para asegurar que los procedimientos necesarios se siguen y las revelaciones tengan seguimiento, pero este nombramiento está lejos de cualquier panacea”, destacó Donahue, y dijo que la “luna de miel” que pueda haber será corta.
Dijo que la AEE “está bajo la pistola”, ya que los clientes están ansiosos por ver tarifas reducidas, los acreedores y los proveedores “son impacientes” y a los líderes políticos les urge resolver la crisis, por lo que se requerirá “sacrificio compartido”. “La preocupación central de MMA es el limitado alcance de los poderes del CRO. La posición parece más un facilitador que un zar de la energía, o el gerente financiero de emergencia, carece de autoridad sustantiva”, sentenció Donahue.
Explicó que el alcance de sus deberes según el acuerdo con los bonistas, señala que será responsabilidad del CRO “trabajar al lado de” la Junta de Gobierno de la AEE, que es la misma entidad que se ha resistido a las reformas pendientes.
“MMA permanece escéptico de que la CRO tenga la autoridad para resolver los problemas reales de la AEE. MMA cree que es probable que la AEE requiera protección bajo la Ley de Recuperación, incluyendo una reestructuración de la deuda a pesar del ambicioso calendario de reformas en el acuerdo”, opinó Donahue.
Otro analista bursátil, que prefirió mantenerse en el anonimato, dijo que igualmente está escéptico hacia todo lo que pueda alcanzar la recién nombrada CRO, a pesar de sus credenciales y cuyo contrato parece que aún sigue sin firmarse.
No obstante, reconoció que entre las responsabilidades se menciona que tendrá “responsabilidades específicas en aspectos operacionales y financieros de la reestructuración”, lo cual se verá en el camino. Tampoco descarta la eventual quiebra ante los millonarios pagos pendientes y el corto tiempo estipulado para empezar a cumplir con bonistas. A esto se suma, añadió, “los casos legales contra el gobierno del Estado Libre Asociado”.
El gobernador Alejandro García Padilla ya expresó que no avala el despido de empleados ni la privatización, mientras Lisa Donahue ha dicho a medios en Estados Unidos que todas las opciones están planteadas sobre la mesa. La CRO no ha concedido entrevistas a medios locales.
Alta preocupación de EPA
En cuanto a la capacidad de la AEE para financiar las mejoras necesarias y cumplir con los Estándares de Mercurio y Tóxicos de Aire (MATS, por sus siglas en inglés), la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) confirmó que, tal y como publicó EL VOCERO la semana pasada, el Aguirre Offshore GasPort está atrasado en su itinerario.
El proyecto Aguirre Offshore GasPort es una plataforma flotante para recibir gas natural que junto a una tubería servirá para cambiar de petróleo a gas natural parte de las operaciones de la Planta Generatriz de Aguirre, en Salinas.
La AEE tiene que comenzar pronto un proceso de transformación en las plantas del sur y del norte para cumplir con los requerimientos ambientales federales, y lograr el plan que busca bajar el costo del kilovatio hora a 22 centavos para el 2015, a 20 centavos para el 2017 y a 16 centavos para el 2019.
Por su parte, el director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea Flores se limitó a decir, mediante declaraciones escritas, que “la AEE continúa adelante con este proyecto y en este momentos evaluamos las alternativas de financiamiento para el mismo”.
Dijo además que el borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) está en proceso de comentarios públicos hasta el 29 de septiembre.
La fecha límite para cumplir con los requerimientos de los MATS es el 16 de abril de 2015. La AEE obtuvo una extensión adicional de un año por parte de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y pudiera obtener una segunda extensión por parte de la EPA, aunque el martes los funcionarios federales dejaron claro que la extensión no es automática y pudiera ser cuesta arriba si la corporación pública no justifica el retraso.
Sobre la solicitud de prórroga a la EPA, Alicea Flores dijo que la AEE lleva a cabo el proceso de culminar los estudios que sustenten dicha solicitud, según lo requiere la propia reglamentación de esta agencia federal. “Hemos estado en constante comunicación con la EPA sobre este proceso”, sentenció en declaraciones escritas.
Mientras, Juan Rosario, representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la AEE, dijo en entrevista vía telefónica, que la Declaración de Impacto Ambiental- que permitirá que pueda empezar la construcción del Aguirre Offshore GasPort-está en manos de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, por sus siglas en inglés) y no de la AEE.
“Francamente me preocupa que alguien diga que tú tienes que cumplir con una ley federal y entonces me la ponga difícil. De hecho, Puerto Rico no es la única jurisdicción que está planteando que no va a poder cumplir, no son los únicos que están diciendo que esto está bien apretado, aunque sí estamos haciendo todo el esfuerzo”, aseguró.
Rosario agregó que pese a las preocupaciones que han presentado algunas comunidades, el Aguirre Offshore GasPort “no es uno cuyos impactos negativos sean inmanejables; creo que la suma es positiva”.
Respecto a las preocupaciones sobre el financiamiento, Rosario opinó que “es un proyecto que no debería ser imposible”.
“Este proyecto se paga solo, es uno de los proyectos de la Autoridad, que va a ayudar a reducir realmente los costos de la Autoridad por la baja sustancial en el costo del combustible”, apuntó.
Mientras, confirmó que el proceso de transformación de las plantas del norte del País todavía es incierto.
“Eso es algo que tenemos que atender, lo tenemos que trabajar, todavía está bien incipiente porque se están comisionando estudios para ver cómo se puede hacer”, sostuvo Rosario, y agregó que “yo creo en ese próximo año vamos a poder cumplir en el sur; lo del norte hay que trabajarlo y se está trabajando”.
EPA quiere hablar con Lisa Donahue
La Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mostró preocupación sobre la capacidad que puede tener la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para financiar las mejoras necesarias para cumplir con los Estándares de Mercurio y Tóxicos de Aire (MATS, por sus siglas en inglés).
Tal y como publicó EL VOCERO la semana pasada, el Aguirre Offshore GasPort está atrasado según el itinerario que la propia AEE entregó a las agencias federales.
El proyecto Aguirre Offshore GasPort es una plataforma flotante para recibir gas natural que junto a una tubería servirá para cambiar de petróleo a gas natural parte de las operaciones de la Planta Generatriz de Aguirre, en Salinas.
Además de ser un proyecto esencial para lograr bajar el costo del kilovatio-hora también es uno de los principales cambios que debe hacer la AEE para cumplir con los requerimientos ambientales federales.
“Estamos hablando de la situación fiscal que atraviesa la AEE y la habilidad que puedan tener para financiar las mejoras necesarias entre ello, predominante, todo lo relacionado al gas natural que es donde se fundamenta el cumplimiento que ellos (la AEE) han propuesto con la agencia”, sentenció José Font, director de la EPA en Puerto Rico y el Caribe a preguntas de este rotativo.
Al mismo tiempo, Font informó que buscará esta misma semana una reunión con la principal oficial de restructuración de la AEE, Lisa Donahue, para asegurarse de que en el plan a cinco años que entregará incluya los requerimientos ambientales.
“Nos proponemos tener una reunión con el oficial que acaba de ser nombrado, Lisa Donahue, para hablar sobre este tema de cumplimiento con MATS. Pero, independientemente de lo que está ocurriendo, desde el punto de vista fiscal, la preocupación es el financiamiento de las mejoras que se necesitan. En términos generales, tenemos la preocupación de que los trabajos necesarios puedan ejecutarse en el tiempo que la ley requiere”, apuntó el ingeniero.
Font destacó que de acuerdo al plan que la AEE sometió, la plataforma en Aguirre debería estar en operación temprano en 2015. Font dijo que la AEE está tarde para cumplir con esa fecha y posiblemente con las extensiones de tiempo para el cumplimiento.
Por su parte, la administradora regional de la EPA, Judith A. Enck, sostuvo que la agencia federal “está muy preocupada sobre la habilidad de la AEE para cumplir con los Estándares de Mercurio y Tóxicos de Aire que aplican a toda la nación a partir del 16 de abril de 2015.
“Nosotros no nos hemos quedado sentados mirando el reloj, hemos sido proactivos buscando a la AEE para hablar de los planes y la importancia de que estén en cumplimiento, tenemos reuniones regularmente con la AEE y otras agencias y, desafortunadamente, están bastante lejos del itinerario”, sostuvo Enck.
Los funcionarios recordaron que la AEE obtuvo una extensión de 12 meses con la Junta de Calidad Ambiental (JCA) para cumplir con los requerimientos y pudiera solicitar una extensión de un año adicional ante la EPA. Sin embargo, el camino para esta segunda extensión no será tan fácil, anticipó.
“Para el segundo año de extensión con la EPA ellos tienen que probar que están cerca del cumplimiento, las cosas bajo construcción, que hubo retraso con la entrega de equipo. La AEE no puede asumir que ese segundo año de extensión es automático porque hay implicaciones nacionales. Si someten la solicitud la vamos a ver cuidadosamente para asegurarnos que tienen todos los requerimientos, y después de eso, si no están en cumplimiento, enfrentarán penalidades por cada instalación”, explicó Enck.
Font explicó que las penalidades pueden alcanzar los miles de dólares por día por incumplimiento en cada una de las instalaciones de la AEE.
“Es bien difícil porque esta extensión va a depender de que hayan hecho progresos sustanciales encaminados a lograr cumplimiento en la fecha requerida. Si no demuestran ese progreso y que es un asunto de ‘reliability’ (confiabilidad) del sistema, muy probablemente no se otorgará”, agregó el director de la EPA en la Isla.
Sobre la conversión a gas natural de las plantas del área norte, los funcionarios dijeron que lo último que se informó oficialmente es que se estaría investigando y presentando solicitudes de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés), pero todavía la AEE no ha presentado qué surgió de este proceso. Tampoco la EPA ha escuchado sobre un posible plan para operar con propano como una medida a corto plazo.
Se intentó obtener una reacción de la AEE pero al cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.
Sobre la disposición de cenizas provenientes de AES, Enck informó que visitó la planta de carbón durante su visita en la Isla.
La funcionaria dijo que AES echa agua a las cenizas para usarlas como un relleno denominado Agremax que luego es exportado. Señaló que hay 42 municipios que han prohibido la disposición de las cenizas dentro de su jurisdicción.
Buscan evitar imposición de multas millonarias en la AEE
El senador José Pérez Rosa, del Partido Nuevo Progresista (PNP), anunció hoy la presentación de una resolución conjunta dirigida a ordenar a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), así como a su director ejecutivo, Juan Alicea Flores, a entregar, tanto a la Junta de Calidad Ambiental como a la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), las prórrogas correspondientes para lograr completar con el cumplimiento de los nuevos estándares ambientales, mejor conocidos como Mercury Air Toxic Standards (MATS).
La resolución obliga también a la corporación pública a someter los documentos durante un período no mayor de 30 días a partir de su aprobación.
“Es una verdadera lástima que esto se encuentre a este nivel. La falta de compromiso de la actual gerencia de la Autoridad es tal, que al día de hoy apenas han radicado una sola prórroga ante la EPA para evitar que nos impongan multas millonarias por incumplir con los MATS”, indicó el senador.
Añadió que “debido a la inacción del director ejecutivo de la AEE en este asunto, es imperativo que el Senado actué para así salvaguardar las ya maltrechas finanzas de la corporación pública y evitar que por descuido el pueblo pague otro cargo más”.
Las expresiones del senador surgen luego que la directora regional de la EPA, Judith Enck, admitiera ayer martes que la AEE solamente ha solicitado una extensión de 12 meses, la cual ya fue otorgada, para la planta de la Central Aguirre en Salinas.
La corporación pública no ha hecho ningún requerimiento formal para solicitar extensiones adicionales, esto a pesar que tienen hasta el 16 de abril de 2015 para cumplir con los nuevos requisitos federales.
No cumplir con los requisitos del MATS expone a la AEE a multas diarias de 30 mil dólares en cada una de sus ocho plantas de generación de energía que estén en incumplimiento.
“La EPA está muy preocupada por la habilidad de la AEE de cumplir con los MATS. Eso fue exactamente lo que dijo la funcionaria ayer. Inclusive, fue más allá al decir que era poco probable que la Autoridad pueda cumplir con la fecha límite establecida. Venimos desde septiembre del año pasado advirtiendo la falta de compromiso y acción para evitar las multas y esta administración no ha hecho absolutamente nada al respecto. Parece como si no les importara pagar sobre 300 mil dólares diarios en multas”, aseveró.
Pérez Rosa exhortó a la mayoría parlamentaria a unirse a su pedido, apoyando la resolución conjunta, por el “bienestar del pueblo”.
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