Por Katherine Angueira Navarro –
Se derrumba la casa de naipes de la pulcritud de la Rama Judicial. El deterioro de la integridad la judicatura aparenta haber llegado al punto más bajo. Ya no se trata de un(a) juez(a) ‘aislado(a)’ de menor rango que abusó de su poder judicial. Desde la cúpula del más alto foro judicial alegadamente se cocinó un esquema que deja frío a quienes defendemos los principios democráticos.
La judicatura presuntamente se sirvió con la cuchara grande del pote de los fondos del sistema de retiro de empleados(as) públicos a nivel central, a donde nunca aportaron, para sufragar las pensiones a la judicatura. Cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) en enero del corriente celebró la vista televisada presidida por el juez Federico Hernández Denton para justificar la defensa de sus pensiones, ¿acaso no estaban al tanto de lo que estaba pasando en su propio sistema de pensiones?
En los tres pleitos radicados en este cuatrienio cuestionando legislación que ajustaba las pensiones de los distintos sistemas de retiro de empleados públicos- a nivel central, maestros y judicatura-, públicamente se guardó silencio sepulcral sobre dichas transferencias “indebidas” entre sus distintos fideicomisos. El alarde de lo(as) togados(as) de vigilar por la separación de poderes para mantener intactos sus pensiones como zapata de su independencia judicial, se hace añicos. La Rama Judicial a espaldas del Pueblo, alegadamente confabuló sigilosamente con el Administrador del Sistema de Retiro para cuadrar las pensiones de los jueces; con fondos que no le pertenecían. Del Informe de la Oficina de la Contralora sobre la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura surge que “se utilizaron fondos del sistema de retiro de los empleados del gobierno para cubrir las deficiencias de flujo de efectivo del sistema de retiro”… “de la judicatura y liquidación de inversiones realizadas sin la aprobación de la Junta (RF-15-01, 3 septiembre de 2014, Hallazgo 1, p. 7). Para los años fiscales 2004-05 al 2013-14, “utilizaron $21,680,804 del Sistema de Retiro de los Empleados de Gobierno para fines distintos a los autorizados por ley” …” para cubrir gastos del Sistema de Retiro de la Judicatura (Ibid, p. 8). “… $10,200,000 de los $21,680,804 fueron pagados al Departamento de Hacienda para cubrir una deuda que el Sistema de Retiro de la Judicatura mantenía al 30 de junio de 2008.” (Ibid, p. 9). “El 28 de julio de 2010, a solicitud del entonces Administrador, la Junta aprobó una liquidación por $25,242,469 de las inversiones del Sistema de Retiro de la Judicatura” para pagar la deuda acumulada a dicha fecha con el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de $19,137,906 y una deuda con Hacienda de $5,000,000. (Ibid, p. 9-10). No obstante, “del 27 de junio de 2012 al 26 de junio de 2013, el entonces Administrador autorizó liquidaciones por $16,986,000 de las inversiones del Sistema de Retiro de la Judicatura sin aprobación de la Junta para pagar sobregiros en Hacienda” (Ibid, p. 10-11).
¿Dónde están los vigías de la separación de poderes de nuestra precaria democracia? ¿Quiénes van a investigar y tomar las medidas contundentes para exigir la pulcritud de lo que aparenta ser la apropiación indebida, posiblemente ilegal de fondos públicos, por parte de la judicatura cegada y sesgada en sus determinaciones judiciales por sus propios intereses económicos? ¿La “doctrina de necesidad” en que el TSPR se amparó para velar por los intereses de sus propias pensiones es una sábana para omitir u ocultar la posible apropiación ilegal de fondos públicos para amortizar el pago de las pensiones de la judicatura?
¿Cuáles serán los foros para dirimir y fijar responsabilidades sobre la crasa falta de sana administración pública? ¿Dónde están los empleados(as) públicos exigiendo sus derechos ante esta nueva pieza de evidencia que ha salido a relucir? ¿Dónde reclamarán que el TSPR es parte del problema de haberles socavado su precario fideicomiso de retiro? ¿Se re-abrirán los pleitos ante los mismos jueces del TSPR que aparentemente omitieron información sobre el alegado manejo turbulento al apropiarse de fondos de retiro de empleados públicos de otras Ramas del Poder? ¿Qué esperan las Ramas Ejecutivas y Legislativas para exigir responsabilidad civil, económica, y si necesario, criminal a cada uno de los funcionarios públicos que se prestaron para amarrar este nudo gordiano? La adjudicación de los contrapesos entre las ramas, no se puede hacer a costa del Pueblo. ¡Basta ya al descalabro social producto de la impunidad y falta de rendición de cuentas de nuestros funcionarios públicos!
Katherine Angueira Navarro Psicóloga Social-Comunitaria
ueces y juezas asegurarse que las determinaciones de hechos incluidas en sus sentencias reflejen digna y fielmente los procedimientos ocurridos en el tribunal y que, cuando utilicen este mecanismo lo hagan con la ponderación necesaria.
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