El expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, acusó al gobierno de Alejandro García Padilla de promover “la depravación” al considerar más cambios al Código Penal, que fue aprobado en el 2012, que eliminaría delitos como el de adulterio y reinstalaría penas contra corporaciones.
“Nuestra administración aprobó un Código Penal que era, precisamente, fuerte con el delincuente, fuerte contra el criminal; al tiempo que se procura una rehabilitación correcta, adecuada, se condena la conducta delictiva”, aseguró en entrevista radial con Noti Uno 630.
Asimismo, expresó que “esta administración se ha caracterizado por todo lo contrario. Desde que comenzaron se habló de legalizar la marihuana, de legalizar la prostitución…promueven la depravación”.
Según el legislador, los cambios propuestos no mejoran de ninguna forma el comportamiento de la sociedad.
“Luego de los acuerdos que hizo nuestra administración (bajo el mandato de Luis Fortuño) con el gobierno federal para combatir el narcotráfico, el trasiego de armas y los crímenes violentos, hoy, que hay un avance en esa dirección, pues el gobierno del Partido Popular Democrático quiere ponerse a trastear con el Código Penal sin ninguna necesidad, no hay ninguna necesidad, no hay ninguna estadística, no hay ningún informe, no hay ninguna circunstancia que requiera una revisión del Código Penal”, indicó.
En tanto, el senador consideró una imprudencia el trastocar el código, puesto que cuando fue aprobado en el 2012 “se puso unas penas fijas para ciertos delitos, de modo que no importa quien fuera la persona acusada, fuera rico, fuera pobre, fuera influyente o no fuera influyente, el castigo sería el mismo cuando el delito fuera igual”.
Las enmiendas al código se evaluarán desde el próximo 27 de octubre por la Comisión conjunta del Código Penal y para la Reforma de las Leyes Penales que presiden el senador Miguel Pereira y el representante Luis Vega Ramos.
Jennissa Marrero Morales, EL VOCERO
Periodista digital de El Vocero desde julio de 2012. Graduada del Departamento de Comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón.
Solicita pesquisa federal por contrato de fotomultas
El representante Jorge Navarro Suárez, del Partido Nuevo Progresista (PNP), solicitó hoy que la Oficina del Inspector General del Departamento de Transportación federal (OIG-DOT, por sus siglas en inglés), inicie una investigación “sobre la otorgación sin subasta del contrato de administración del Sistema de Monitoreo Electrónico de Intersecciones y Tránsito (Simone), conocido como sistema de fotomultas, a la entidad International Traffic Systems, LLC (ITS).
Según el portavoz del PNP en la comisión cameral de Asuntos del Consumidor, su solicitud de pesquisa federal responde principalmente a la negativa del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de darle paso a una investigación exhaustiva del asunto.
“Desde la semana pesada, hemos exigido que la Cámara apruebe una resolución de investigación específica que permita aclarar todas las interrogantes que ha levantado tan cuestionable contratación sin subasta. Sin embargo, llama mucho la atención cómo el liderato del PPD ha hecho lo impensable para impedir una investigación seria y responsable de este asunto”, indicó.
El político añadió que “a pesar de que la página 222 de la Plataforma de Gobierno del PPD 2012 indica que la presente administración sería un gobierno de responsabilidad y transparencia, basado en el cumplimiento de la ley, la intolerancia a la corrupción y el fortalecimiento del principio del mérito en la otorgación de contratos, lo que vemos aquí es un escándalo de grandes proporciones”.
“La implementación de este sistema a todas luces está dirigido a saquear el bolsillo del pueblo y beneficiar a ciertos allegados del gobierno de turno”, sentenció.
En su misiva a la OIG-DOT, el legislador indica que “como parte del contrato entre ACT y ITS, la entidad privada utilizará toda la infraestructura física e informática del sistema de transportación de Puerto Rico, infraestructura que se ha establecido mediante asignaciones multimillonarias de fondos federales destinados a promover la seguridad vial”.
Navarro Suárez indica que esta situación “implica que ITS obtendrá un beneficio económico por la utilización del sistema de seguridad vial de Puerto Rico, lo que podría suponer la utilización de fondos federales para el beneficio personal de una entidad privada”.
Agrega que “esta situación, combinada con que se trata de una contratación que nunca fue objeto de una subasta, entendemos representa una posible violación de las leyes y reglamentos federales aplicables al uso de los fondos federales y/o de la propiedad que los estados adquieren con los mismos”.
El legislador concluyó que “consideramos que esta situación amerita una investigación exhaustiva por abuso y/o mal uso de fondos federales de seguridad vial, así como por posible manipulación de proceso de licitaciones y de conflictos de interés en el manejo de fondos federales de seguridad vial”.
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