La representante Lourdes Ramos, del Partido Nuevo progresista (PNP), aceptó el llamado del gobernador Alejandro García Padilla para que no se regale el dinero del pueblo, por lo que lo emplazó a que “de inmediato revoque el contrato de las foto multas, que asciende a seis millones de dólares y que se realizó sin subasta pública”.
“Más aún”, señaló la legisladora, “ya que el dinero del pueblo no se regala, que el gobernador explique a dónde han ido a parar tres mil millones en nuevos impuestos, tributos, aranceles y cargos al ciudadano y al contribuyente, mientras el gobierno se sigue hundiendo en la ruina sin obra pública, salud o calidad de vida, pero con nuevos empréstitos en fondos buitres”.
La política dijo que “si García Padilla desea demostrar transparencia e integridad detrás de sus señalamientos públicos, que ordene la destitución de Melba Acosta por total ineptitud, fracaso y negligencia, o cuando menos, le reduzca el salario de 206 mil dólares a la mitad, como cobra el resto del gabinete, ya que no ha probado resultados efectivos ni utilidad pública alguna en el desempeño de su cargo”.
Igualmente, Ramos pidió al gobernador que “no regale el dinero del pueblo en viajes de francachela de Alberto Bacó a Mónaco, Colombia, España y a Epcot, mientras el pueblo sufre necesidad de servicios básicos de excelencia”.
De la misma manera, la representante pidió a La Fortaleza que “restituya al erario los gastos incurridos en el Desfile de Modas costeados en Nueva York por el gobierno, así como el por el viaje realizado por la primera dama a Roma para saludar al Papa, mientras la ciudadanía no tiene siquiera para costear el traje de quinceañero de sus hijas, como tampoco le sobra para ir de diversión al cine o a una fiesta patronal”.
Ramos dijo que efectivamente el dinero del pueblo no puede regalarse, “por lo que se hace prudente reexaminar el donativo de 50 millones de dólares a Lufhtansa y parear los fondos según la empresa vaya creando empleos y actividad económica en la isla”.
La legisladora exigió también que el gobernador procure una “trillita aérea” en Seaborne “para los boricuas a los que convirtió en accionistas de esta empresa, sin el expreso consentimiento de los contribuyentes”.
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García Padilla: “Nunca es correcto regalar fondos públicos”
El gobernador Alejandro García Padilla reaccionó con molestia y decepción ante la determinación de la jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Laureana Pérez Pérez, que declaró ha lugar ayer la demanda presentada por Doral Financial Corporation contra el gobierno de Puerto Rico para validar el acuerdo que obliga al Departamento de Hacienda a pagarle sobre 229 millones de dólares a esa entidad bancaria.
“Nunca es correcto regalar fondos públicos. Si se hace mientras exista gente con necesidad, además de incorrecto, es inmoral”, escribió García Padilla en su cuenta de Twitter.
Agregó el primer mandatario que “la lucha por el bienestar de la gente es constante. Cada centavo tiene que usarse para seguir creando empleos y bajando el crimen”.
García Padilla también usó una cita del fundador del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Muñoz Marín, para hacer entender su pesadumbre por el fallo. “La aparente justicia para pocos, que haga ineficaz la obra para muchos, no sería justicia, porque poner en riesgo lo que necesitan muchos es injusticia”.
Añadió que “querer perpetuar el privilegio de unos pocos por encima del Derecho, es querer perpetuar la miseria de muchos por encima del Derecho”.
Según estableció el fallo, se declara ha lugar la solicitud de sentencia declaratoria presentada por la corporación bancaria contra el gobierno puertorriqueño y contra la secretaria de Hacienda, Melba Acosta Febo.
“En consecuencia, se declara la validez del acuerdo final otorgado entre las partes el 26 de marzo de 2012”, estableció la magistrada en la sentencia.
En la demanda, presentada el 5 de junio, Doral solicitó que se decretara la validez del acuerdo final otorgado, mediante el cual Hacienda le había reconocido el derecho de solicitar un reintegro de 229 millones 884,087 dólares.
La jueza Pérez Pérez concluyó que la institución financiera no hizo falsas representaciones al Departamento de Hacienda al momento de otorgarle el acuerdo final en 2012.
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