El Departamento de Hacienda deberá procurarse mayores ingresos en los tres trimestres que restan del presente año fiscal para poder cumplir con el fallo del Tribunal Superior de San Juan, que le reconoció como valido un acuerdo contributivo de 2012 con Doral Financial Corporation (NYSE: DRL), que supone un reintegro de poco más de $229.8 millones para la institución financiera.
En principio, la situación se presenta como una de mayor complejidad para Hacienda, toda vez que en este año fiscal 2014-2015 la agencia colectora de recaudos cuenta con un presupuesto consolidado de $187 millones, con una reducción de $10 millones sobre el año anterior.
A este factor se añade el hecho de que Hacienda completó el primer trimestre del presente año fiscal con una baja de $35 millones en sus estimados de ingresos netos. A su vez, las fuentes de recaudos dan cuenta de reducciones marcadas para poder completar las proyecciones de ingresos, por ejemplo el cobro de arbitrios por venta de autos cuyo colapso ha sido marcadamente significativo, y los ingresos de las denominadas empresas foráneas, entre otros.
Si el cuadro de compromisos estimados luce cargado con la decisión de la jueza Laureana Pérez, ahora es mayor con la reciente transacción para allegarle liquidez a Hacienda a través del usual instrumento que representa la venta de notas en anticipación de ingresos (TRAN´s, por sus siglas en inglés). Para compensar la baja en recaudos, el viernes el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) completo la venta de notas con la banca privada por $900 millones, lo cual unido a otros $300 millones que pondrá el mismo banco, significa que Hacienda tendrá $1,200 millones en TRAN`s para manejar en su caja.
Aunque eso le da un alivio y cierta liquidez, la realidad es que se trata de una deuda mayor (tal y como anticipó EL VOCERO el mes pasado), porque Hacienda deberá pagar alrededor de $70 millones en intereses por dicha transacción. El interés tradicional alrededor del 1% no se consiguió esta vez debido a la precariedad crediticia del Estado Libre Asociado (ELA), por lo tanto la deuda asociada a los TRAN´s tendrá intereses por 7.75%, la más alta en comparación con otras jurisdicciones o países con deuda degradada por debajo de Puerto Rico.
No obstante Hacienda cada año toma previsiones y separa en su presupuesto una parte para cumplir con sus obligaciones en pagarés de los TRAN´s, para este año fiscal lo que se destinó para esto fue $43 millones. Así las cosas, a su reconocido reto fiscal, Hacienda tiene que sumarle ahora los primeros $45 millones que deberá procurarse para cumplir con el reintegro a Doral Bank, más el pago de los $1,200 millones en TRAN´s y los $70 millones en intereses.
La situación con Doral Bank, representa un desembolso de $45 millones anuales por los próximos cinco años, según había declarado anteriormente la secretaria de Hacienda, Melba Acosta Febo, al comentar sobre cómo podrían pagar si el caso le resultaba adverso al gobierno.
Debido a la fragilidad de las finanzas del ELA, este caso es seguido de cerca por la comunidad inversora y las casas acreditadoras, por sus claras repercusiones sobre la economía fiscal de Puerto Rico. Además, el viernes, tras completarse la venta de los TRAN´s, el precio de los degradados bonos de obligación general del ELA (GO´s), registraron su mayor caída desde julio en el mercado secundario
En reacción a la decisión judicial, el gobernador Alejandro García Padilla, dijo estar decepcionado y comentó a través de su cuenta en Twitter que “nunca es correcto regalar fondos públicos. Si se hace mientras exista gente con necesidad, además de incorrecto, es inmoral” y añadió que “la lucha por el bienestar de la gente es constante. Cada centavo tiene que usarse para seguir creando empleos y bajando el crimen”.
Tras varios meses de controversia (la demanda de Doral contra Hacienda se presentó el 9 de junio) y un juicio expedito, la jueza Pérez emitió el viernes una sentencia de 48 páginas, y determinó que ¨en ausencia de falseamiento de hechos pertinentes, y luego de que la prueba estableciera la amplia facultad de los secretarios de dicha agencia (Hacienda) para formalizar este tipo de acuerdo, determinamos que la decisión del Secretario está dentro de las áreas sometidas al criterio el Poder Ejecutivo¨.
También estableció que el Tribunal no pasó juicio sobre si la decisión de honrar el acuerdo con Doral era o no beneficioso para el Estado, dado que “ello era el deber ministerial de los funcionarios de Hacienda”.
Tras conocerse de la decisión, el abogado de Doral, Ramón Rosario explicó a EL VOCERO que Hacienda deberá comenzar con el pago en este año fiscal que vence el 30 de junio de 2015. “Por el bien del gobierno y del pueblo de Puerto Rico, Hacienda debe acatar el fallo y dar por terminado este proceso que en nada aporta al pueblo de Puerto Rico”, expresó Rosario.
Tanto la secretaria Acosta Febo como el secretario de Justicia, César Miranda, sostuvieron que discrepan de la decisión de la juez del Tribunal Superior de San Juan y la apelarán. “La misma no es cónsona con las disposiciones del Código de Rentas Internas, las leyes y los reglamentos aplicables”, destacó Acosta Febo. “Esta determinación judicial establece un mal precedente, por lo que ejercitaremos todas las opciones legales a nuestro alcance para apelarla”.
Insistió que continuarán los procesos de impugnación “hasta tanto concluyan los procesos apelativos en el sistema judicial. El derecho aplicable exige planes de pago a plazos más largos para el pago de sentencias en contra del Gobierno con el fin de apoyar los esfuerzos actuales del Gobierno en favor de la estabilidad fiscal”.
Por su parte, el principal asesor legal de Doral, Matthew D. McGill, del bufete Gibson, Dunn y Crutcher, declaró desde Washington que “estamos profundamente satisfechos por la decisión del tribunal. El tribunal consideró cuidadosamente toda la evidencia y ha determinado que el acuerdo contributivo de Doral es válido. Es un gran día no solo para Doral, sino también para el estado de derecho en Puerto Rico”.
Entre tanto, aunque la decisión judicial puede asumirse como un logro para Doral Bank, el banco enfrenta uno de sus momentos financieros más complicados, con el ojo de los reguladores sobre sus operaciones y la urgencia para cumplir con la capitalización que le permita seguir abierto.
La semana pasada la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) le advirtió a Doral Bank por segunda ocasión este año que se encuentra sub
capitalizado y le exigió un plan de capitalización urgente.
El banco sostiene que tiene liquidez disponible por $1,000 millones. Doral Bank mantiene un plan de venta de activos por los pasados meses para deshacerse de préstamos tóxicos y mejorar su situación.
En agosto pasado la Comisión de Valores e Intercambio (SEC por sus siglas en inglés), le envió un ‘subpoena’ a Doral Bank ya que examinan sus impuestos por cobrar, su cumplimiento con un acuerdo anterior y sus reservas de préstamos. Mientras, en mayo de este año, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York (FED-NY, por sus siglas en inglés), advirtió a Doral Bank que no podía contabilizar el crédito contributivo de $229.8 millones en sus declaraciones financieras.
Al cierre de la jornada bursátil del viernes, los títulos de Doral Financial Corporation quedaron en $5.29 con una reducción de -3.29%. En las últimas 52 semanas sus acciones han fluctuado con máximos y mínimos entre $1.87 y $19.00.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO Editor de la sección de Economía del periódico EL VOCERO.
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García Padilla: “Nunca es correcto regalar fondos públicos”
El gobernador Alejandro García Padilla reaccionó con molestia y decepción ante la determinación de la jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Laureana Pérez Pérez, que declaró ha lugar ayer la demanda presentada por Doral Financial Corporation contra el gobierno de Puerto Rico para validar el acuerdo que obliga al Departamento de Hacienda a pagarle sobre 229 millones de dólares a esa entidad bancaria.
“Nunca es correcto regalar fondos públicos. Si se hace mientras exista gente con necesidad, además de incorrecto, es inmoral”, escribió García Padilla en su cuenta de Twitter.
Agregó el primer mandatario que “la lucha por el bienestar de la gente es constante. Cada centavo tiene que usarse para seguir creando empleos y bajando el crimen”.
García Padilla también usó una cita del fundador del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Muñoz Marín, para hacer entender su pesadumbre por el fallo. “La aparente justicia para pocos, que haga ineficaz la obra para muchos, no sería justicia, porque poner en riesgo lo que necesitan muchos es injusticia”.
Añadió que “querer perpetuar el privilegio de unos pocos por encima del Derecho, es querer perpetuar la miseria de muchos por encima del Derecho”.
Según estableció el fallo, se declara ha lugar la solicitud de sentencia declaratoria presentada por la corporación bancaria contra el gobierno puertorriqueño y contra la secretaria de Hacienda, Melba Acosta Febo.
“En consecuencia, se declara la validez del acuerdo final otorgado entre las partes el 26 de marzo de 2012”, estableció la magistrada en la sentencia.
En la demanda, presentada el 5 de junio, Doral solicitó que se decretara la validez del acuerdo final otorgado, mediante el cual Hacienda le había reconocido el derecho de solicitar un reintegro de 229 millones 884,087 dólares.
La jueza Pérez Pérez concluyó que la institución financiera no hizo falsas representaciones al Departamento de Hacienda al momento de otorgarle el acuerdo final en 2012.
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