Melba Acosta, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento. EL VOCERO/Archivo

Se ha presentado por parte de la Presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta y el secretario de la gobernación, Victor Suarez; una nueva propuesta de reforma contributiva que promete reducir la carga contributiva a los que trabajan y producen, estimular la actividad económica en el sector privado, penalizar el consumo, simplificar el proceso del pago-cobro de impuestos y aumentar su transparencia, impartir justicia contributiva y sacarnos del hoyo fiscal y económico en que nos encontramos. Sin embargo, un análisis ponderado y minucioso de las propuestas especificas de la reforma propuesta, levanta serios cuestionamientos de que se puedan cumplir con las mencionadas promesas.

En lo único que pasa la prueba del rigor la reforma impositiva propuesta es su promesa de penalizar el consumo, pero este objetivo deja de ser loable al penalizar el consumo de subsistencia de forma regresiva de los ciudadanos pobres y de clase media. Y la implantación de la promesa de un “regresivity refund o credit” a los más pobres es una logísticamente problemática y puede que al final se quede en solo eso en una promesa, como lo fue la promesa del crédito de regresividad por el IVU.

Veamos. Respecto a su promesa de reducir la carga de las personas que trabajan y producen al eximir de rendir planilla y pagar impuestos sobre ingresos a los individuos con un salario anual de $35,000 o menos, a las parejas que en conjunto devenguen un salario anual de $70,000 o menos, se vuelve sal y agua al percatarnos que los mismos individuos y familias serán tributados con creces con la implantación de un Impuesto al Valor Añadido (IVA) de por lo menos 15% y su expansión a múltiples bienes y servicios que hoy no tributan bajo el IVU.

Ya que los que trabajamos y producimos (asalariados, empresarios, profesionales independientes y trabajadores por cuenta propia ) también por necesidad somos consumidores y nuestros salarios, ganancias y compensación profesional real (si le restamos el efecto de la inflación) o su correspondiente poder adquisitivo efectivo son erosionados de forma proporcional (15%) al alza en los precios de todos los bienes y servicios a los que se le impone el IVA . Por lo tanto, es falso que se reduce la carga neta impositiva a los individuos que trabajan y que producen. Así también, está por verse cuántos de los 66 nuevos impuestos legislados por esta administración seguirían vigentes, pues si solo se elimina la patente colonial, el saldo neto es de un incremento mucho mayor en los impuestos a pagar por todos con la adición del IVA. Esto sin considerar la propuesta de aumentar en $6.25 “la crudita” al barril de petróleo y sus consiguientes efectos inflacionarios.

Al representar la reforma propuesta un incremento neto en la carga impositiva de individuos y familias, difícilmente se pueda lograr la promesa de expandir la actividad económica del sector privado, sino todo lo contrario. La reducción en el poder adquisitivo efectivo de los individuos y familias resultará en una reducción de sus gastos reales de consumo en la economía (los que representan 96.4 % del Producto Interno Bruto real) y la correspondiente reducción real en la ventas de los manufactureros, contratistas, mayoristas y detallistas locales. Y la consiguiente reducción de la producción y el empleo local.

En la segunda parte analizaremos cómo también se dificulta cumplir con la promesa de simplificar el pago-cobro de impuestos y mejorar su transparencia. Ni se diga la de impartir justicia impositiva y sacarnos del hoyo fiscal, crediticio y económico en que nos encontramos con la reforma contributiva propuesta. ( Continuará)