Hasta ahora, ninguna de las objeciones al alza en el impuesto al crudo y sus derivados ha sido de “corte técnico” o impugnando su necesidad, sino sobre su efecto en el bolsillo de los consumidores y el costo político para la administración de turno, por lo que le corresponde al gobernador Alejandro García Padilla explicar la medida, disipar dudas y conseguir su aprobación.

Así lo expuso ayer el representante Rafael “Tatito” Hernández, presidente de la Comisión cameral de Hacienda, al comentar sobre el tranque entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno al alza, que busca aliviar las finanzas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

“Creo que es un buen momento para una conferencia legislativa para aclarar dudas”, dijo Hernández, al reiterar que “aquí no se ha escuchado ningún planteamiento técnico o que establezca que no es prioridad atender el (propuesto) aumento, sino planteamientos de política pública”.

Agregó que como el gobernador es quien define la política pública, le corresponde a él atender los reparos sobre el impuesto que -en principio- han expresado los representantes populares Luis Raúl Torres, Javier Aponte Dalmau, Manuel Natal, Luis “Narmito” Ortiz Lugo, Carlos Vargas Ferrer y Luisa “Piti” Gándara.

“Luego de la conferencia legislativa hay que integrar a los alcaldes, a los presidentes de las legislaturas municipales y a los portavoces de minoría en aquellos pueblos donde el Partido Nuevo Progresista (PNP) es incumbente. Si los funcionarios electos no están claros, imagínate cómo estarán los ciudadanos de a pie. Más allá de un planteamiento como gobernador, llegó el momento de un planteamiento como presidente del Partido Popular Democrático (PPD)”,  manifestó el representante.

De acuerdo con Hernández, el Legislativo “le está dando un mensaje” al Ejecutivo para que se inserte en el debate de la realidad fiscal del país.

La medida en cuestión, que fue enviada por García Padilla a la Legislatura el pasado 30 de octubre, pretende imponer un dramático aumento al impuesto sobre el crudo y sus derivados -de $9.25 a $15.50 por barril- para salvar a la ACT, que está afectando la liquidez del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) con una deuda de $2,200 millones.

De aprobarse, la medida entraría en vigor en marzo próximo, pero hasta la fecha de vigencia causa incomodidad entre los representantes.

Firmes en su postura

Este diario contactó ayer  a tres de los seis representantes que tienen reservas con el alza en el impuesto al crudo y se reafirmaron en su postura.

Luis Raúl Torres, por ejemplo, indicó que “yo no voy a votar a favor de eso (aumento)” si no viene acompañado de la reforma contributiva.  “El gobernador conoce mi posición, al igual que el presidente (cameral, Jaime Perelló)”, añadió.

Según Torres, “el alcance” del alza en el impuesto al crudo y sus derivados requiere un “análisis con detenimiento”, pues si no se implementa bien podría redundar en otro golpe al bolsillo de los consumidores.

Con este punto coincidió Javier Aponte Dalmau, quien declaró que si bien es cierto que es necesario atender el problema de liquidez del BGF, la solución “no puede ser” impactando a los consumidores.

“Queremos proteger a los consumidores, buscarle otras alternativas… que el impacto al consumidor sea lo menos posible. Aún cuando el precio del petróleo ha bajado y se espera que siga bajando, queremos proteger a los consumidores”, dijo Aponte Dalmau, quien también defiende que la discusión del aumento al arbitrio se dé con la reforma contributiva.

De hecho, el representante aprovechó la ocasión para pedirle al Ejecutivo que envíe a la Legislatura el borrador del proyecto de la reforma contributiva, de modo que puedan hacer un análisis más ponderado.

Mientras, Manuel Natal indicó a través de su portavoz, Edgardo Sanabria, que una vez examine el proyecto final y la documentación, estará en posición de expresarse sobre el mismo. Anteayer, Natal dijo que no le constaba que  existiera un anteproyecto de reforma contributiva.

“Siguen los diálogos”

De otra parte, el secretario de Asuntos Públicos y portavoz de La Fortaleza, Jorge Colberg, aseguró que “siguen los diálogos” para aclarar dudas sobre el propuesto aumento no solo con legisladores, sino también con jefes de agencias y corporaciones.

“La semana pasada hubo reuniones todos los días y esta semana seguirán. En la medida que soliciten más información, se les va a dar. Este será un proceso continuo hasta que lleguemos a acuerdos. El interés es responder y atender todas las inquietudes que surjan”, dijo Colberg.

Al justificar el alza, Colberg repasó que el gobierno de García Padilla “heredó” un déficit de $2,200 millones en la ACT, que se estaba reflejando en una “situación crítica” en las guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), las lanchas de la Autoridad de Transporte Marítimo y el Tren Urbano.

“La meta de los sistemas de transporte público no es necesariamente generar ganancias, pero el problema es que los sistemas de aquí es que ni siquiera generan suficientes ingresos para funcionar”, dijo Colberg.

“¿Podemos dejar a la gente de Vieques y Culebra sin lanchas? No. ¿Podemos dejar a la gente del área metro sin las guaguas de la AMA? No. ¿Podemos dejar a los municipios sin fondos para reparar sus carreteras? No. ¿Cuáles son las opciones? O logramos identificar ingresos o cerramos operaciones y despedimos empleados. Esa última receta es la de la administración pasada; hicimos un compromiso de no cerrar talleres, ni despedir empleados”, agregó.

Colberg reiteró que el alza tiene el propósito de “estabilizar” las finanzas de la ACT y que como entraría en vigor en marzo próximo, “no hay razón” para pensar que el precio de la gasolina, por ejemplo, se dispararía de inmediato. “Eso no aplica en este momento”, sostuvo.

Sin embargo, la realidad es que Puerto Rico no tiene ningún control sobre el precio del petróleo, un mercado tan volátil como el mismo combustible, que puede verse afectado por eventos naturales, guerras y otros conflictos sociopolíticos.

Cuestionado al respecto, Colberg expuso que, según los estimados del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), los precios del petróleo deben mantenerse en niveles “muy bajos” por “muchos años”.

“Salvo que ocurra algo extraordinario, el costo del petróleo no debe aumentar”, dijo el portavoz.

Colberg indicó que espera que el proyecto del aumento se apruebe en la Cámara de Representantes mañana, martes, a más tardar. Hernández, de paso, explicó que la medida podría aprobarse con enmiendas -como tarde- este jueves, 13 de noviembre.

Atento el Senado

Precisamente, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, comentó ayer que se mantienen atentos a que la Cámara apruebe el alza al impuesto. “Estamos en son de espera, pero siguiendo muy de cerca los procesos”, aseveró.

Bhatia, al igual que el senador José R. Nadal Power, presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas, destacaron que el aumento no puede aprobarse “en el vacío”, sino que tiene que venir acompañado de una “reingeniería total” de la ACT.

“Esa reingeniería debe ser anunciada antes de darle paso a cualquier nuevo impuesto. Al día de hoy, la ACT no ha dado suficiente información de cómo mejorará su operación si se aprueba el alza”, dijo Bhatia.

Nadal Power, por su parte, expuso que “los senadores estamos muy deseosos de saber qué va a hacer la ACT para que no vuelva a caer en tan difícil situación económica. Queremos saber el detalle de su plan de negocios para los próximos años, las estrategias que implementarán para operar con los ingresos que le llegan y qué harán para no gastar más de lo que reciben, entre otras cosas. No queremos que esto se convierta en un acto de seguir alimentando a una criatura insaciable”, expresó.

Sobre el costo político del aumento, Bhatia dijo que “esta administración tiene la obligación de ser responsable y pagar las deudas que otros emitieron. Hemos tomado muchas decisiones políticamente difíciles, pero ese es el costo de ser responsable”.

Nadal Power agregó que “si vamos a tomar una decisión con impacto en ciudadanos, tiene que ser una que verdaderamente resuelva problemas”.