En las pasadas semanas el liderato del Partido Popular (PPD), encabezado por el Gobernador García Padilla, ha comenzado a filtrar información sobre aspectos de una nueva Reforma Contributiva, o lo que ellos han denominado un nuevo sistema contributivo para Puerto Rico.
Habiendo experimentado por los pasados casi dos años el desgobierno de esta administración, es fácil comprender por qué el puertorriqueño promedio, en especial el que trabaja, ve con muy poca credibilidad y marcada desconfianza cualquier anuncio que haga el PPD cuando de contribuciones se trata. Y es esa la realidad ya que su record habla por sí solo.
En los pasados dos años nos han impuesto más de $1,500 millones en impuestos adicionales a los que trabajamos y producimos. Aprobaron una “patente nacional” que ha destrozado nuestra economía y reducido el nivel de empleo en Puerto Rico a niveles nunca antes vistos. Es decir, la gente ha sentido en carne propia los efectos del ‘Desgobierno de la Gente’, tan diferente del que nos prometió García Padilla en la campaña.
Sin subestimar el estado en que se encuentra nuestra economía, pienso que todavía existe oportunidad para que la administración actual trate de enderezar el barco y busque al menos mitigar los efectos que sus propias decisiones han tenido en la vida cotidiana del puertorriqueño. Hay momentos en que no es necesario ‘reinventar la rueda’. Hay que buscar la forma práctica para obtener resultados positivos, y en ocasiones lo más práctico puede ser revertir una mala decisión tomada.
Como muchos recordarán, desde los procesos de transición gubernamental luego de las elecciones del 2012 y al inicio del mandato de García Padilla, el gobernador fue claro en que dejaría sin efecto la reforma contributiva que se había aprobado en el pasado cuatrienio bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP). Y así fue, sencillamente la eliminó.
Sin duda alguna, el ambiente y la perspectiva económica que se vive en Puerto Rico dejan claro que esa decisión del gobernador fue errónea y tuvo consecuencias catastróficas para el bolsillo del que trabaja y quiere echar pa’lante en Puerto Rico. Los objetivos principales de esa reforma que eliminaron sin contemplación alguna, eran que la gente trabajadora tuviese más dinero en su bolsillo y que el sector productivo de la Isla tuviese la capacidad de generar empleos.
La Ley Núm. del 1 de enero de 2011, que creó la Reforma Contributiva bajo Luis Fortuño y el PNP, estableció los procesos y parámetros para lograr conceder alivios contributivos a los individuos y corporaciones, fomentar el desarrollo económico y la creación de empleos, simplificar el sistema contributivo y reducir la evasión contributiva. Es decir, se propuso atender con la Reforma del 2011 los cuatro problemas estructurales más significativos de nuestro sistema contributivo: 1) el carácter confiscatorio de las contribuciones 2) eliminar impedimentos al desarrollo económico; 3) corregir un sistema contributivo complejo e ineficiente y 4) combatir la evasión contributiva.
Me parece que el momento en que estamos es uno decisivo para nuestro futuro y requiere del liderato político la valentía de hacer lo correcto. El proceso que finalizó con la aprobación de la Reforma Contributiva del 2011 fue uno pensado, correcto y responsable. El gobernador García Padilla tiene la opción de rescatar lo que echó a un lado en un momento e implementarlo. Así lograría el apoyo no solo del PNP sino de todo el Pueblo en los esfuerzos de proveer a Puerto Rico con un sistema contributivo justo y responsable.
Miguel Romero Ex secretario de la Gobernación y del Trabajo
No a la crudita otra vez
La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) parece empeñada en destronar a la Autoridad de Energía Eléctrica del sitial que se ha ganado como Enemigo Público #1.
Las carreteras están hechas un desastre: boquetes donde quiera, pobre rotulación, falta de iluminación.
Los CESCOs son un desastre: no importa cuán sencilla sea la transacción que uno tiene que hacer, le hacen a uno perder el día.
La infraestructura es un desastre: no hay proyectos nuevos para aliviar los tapones, que cada día están peores.
Los líos con el Auto Expreso y las fotomultas contribuyen al desastre: así lo percibe el Pueblo. Las finanzas de la corporación pública son un desastre: en una palabra, la ACT está quebrada.
Y para colmo, ahora nos quieren aumentar otra vez el arbitrio sobre el barril de petróleo—que pagamos todos cada vez que llenamos el tanque—para “salvar” este desastre de corporación pública que cada vez nos sirve peor y nos cuesta más.
Hace apenas un año nos subieron el arbitrio sobre el barril de petróleo de $3.00 a $9.25. En aquel momento nos dijeron que con eso resolvían. Ahora resulta que calcularon mal y que el dinero no les da. La semana pasada el Director Ejecutivo dijo en vista pública que la corporación estaba tan apretada de flujo de efectivo que peligraba el pago de la segunda quincena de noviembre.
Si es verdad o una estrategia para ejercer presión en la Legislatura para que apruebe el propuesto aumento de $9.25 a $15.50, no sabemos. Lo que sí sabemos es que el propuesto aumento no es ni siquiera para cubrir el deficit de la ACT, sino para tener una fuente de ingresos adicional con la cual justificar coger más dinero prestado. Osea, que nos siguen metiendo la mano en el bolsillo y nos siguen emnbrollando cada vez más.
Basta ya. Alguien tiene que decirle al gobierno que el Pueblo no aguanta un solo impuesto más. Sencillamente no es justo que sigan aumentando las contribuciones para seguir alimentando el monstruo de carreteras cuando ni siquiera han rendido cuenta de qué hicieron con el dinero del arbitrio al petróleo que nos subieron el año pasado.
Tampoco tiene sentido, aumentar los impuestos que pagamos para el funcionamiento de la ACT cuando—según denunciara el Comisionado Residente—la corporación tiene más de $350 millones en fondos federales para proyectos de carreteras que no ha utilizado y cuya no utilización, para colmo, pone en riesgo asiganaciones futuras.
Curiosamente, el único cambio positivo que se ve en carreteras son las mejoras que todos los usuarios han podido experimentar en el mantenimiento, asistencia en la carretera y otras mejoras en la PR-22 y PR-5, cuya operación se concesionó durante la pasada administración a una alianza público-privada.
Después de tanto que criticaron las APP, cada día resulta más evidente el contraste entre la calidad y el servicio que el Pueblo recibe de esas alianzas y el desastroso y costoso servicio que recibe de sus corporaciones públicas.
Alguien debería empezar a entender el mensaje.
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