Defínanse, cumplan con su obligación – Mensaje al PPD

Defínanse, cumplan con su obligación

Hernán Padilla

Es hora que el PPD defina los elementos del ELA soberano y lo someta al Secretario de Justicia para que determine si la “independencia solapada”  cumple con los lineamientos constitucionales y de política pública del gobierno federal.

Hernán Padilla

Han tenido casi un año para cumplir con la Ley consignada en el presupuesto federal, pero tanto el Gobernador como otros líderes del PPD se esconden detrás de la lucha interna para eludir su responsabilidad patriótica. Esto, a la vez que admiten que el ELA-colonial no es sostenible y que no sirve pata resolver los serios problemas que destruyen a nuestro pueblo.

Evidentemente temen someterse al escrutinio constitucional del Departamento de Justicia. Las propuestas del PPD constituyen el colmo del absurdo, al pretender “negociar” con el Secretario de Justicia las fórmulas aceptables para la solución del status.

Su estrategia inicial es que la colonia sea excluida de la Cláusula Territorial. Su propuesta es “sustituir  la Ley de Relaciones Federales por un pacto de libre asociación que no pueda ser modificado unilateralmente”;, lo que violaría la Constitución y soberanía de los EEUU.

Olvidan que la administración de Obama afirmó que no son plausibles cláusulas de consentimiento mutuo (pacto bilateral) toda vez que cualquier Congreso futuro tiene la potestad de modificar unilateralmente la relación. El Congreso, concluyó que el “ELA culminado” es inconstitucional e inadmisible. Además,  la Administración Clinton determinó que el propuesto  “consentimiento mutuo”  es constitucionalmente inaceptable.

El PPD tiene que reconocer que  el llamado “ELA soberano” nos convertiría en una nación separada  y que el status territorial perpetúa la desigualdad política y el resultante “déficit democrático”.

Las propuestas del “ELA soberano, culminado  y refundado”  equivalen a una republica asociada que no tiene cabida alguna bajo la Constitución americana.

La “libre asociación equivale a la independencia” con un pacto basado en la soberanía nacional de cada país que puede ser revocado unilateralmente.  Bajo la “soberanía” que reclaman los líderes populares crearían una nación irrevocablemente independiente.

Tienen que aceptar que el ELA es un territorio-colonial segregado donde impera un discrimen político que nos niega la igualdad que tienen nuestros conciudadanos en los estados de la unión y que añoran los ciudadanos americanos en Puerto Rico para lograr nuestro pleno desarrollo dentro del marco constitucional americano.

Nuestra condición actual creó un “estado de desigualdad” política que perpetúa una ciudadanía de segunda clase que impide garantizarla a las futuras generaciones; excluye la plena participación democrática en las tres ramas del gobierno federal, y la igualdad de derechos civiles de todos los ciudadanos, el progreso y el desarrollo socio-económico.

Los líderes coloniales se contradicen cuando  reclaman  “soberanía”  a la vez que reclaman  fondos y trato  igual que los cincuenta estados. Se niegan a reconocer que bajo el territorio colonial o la república asociada no aplican esas prerrogativas. Son los mismos que insisten en que “somos una NACION”, que definen el ELA-soberano como una asociación política libre y voluntaria entre dos naciones independientes y soberanas, negando que Estados Unidos es nuestra nación.

AGP afirmó que: “a pesar de que tenemos una relación, buena o mala, hay que entender que Estados Unidos es una nación que es distinta a la nuestra”.  Los soberanistas no quieren que la Constitución federal aplique en Puerto Rico y rechazan la presencia del Tribunal Federal y las agencias que garantizan la justicia y los derechos civiles en la Isla.

Ello, a pesar del mandato claro y contundente del pueblo de PR en el plebiscito del 2012 demostrando preferencia por la Estadidad y el rechazo del ELA-colonial.

Nos corresponde a todos intensificar la lucha por la igualdad y exigir que el Gobernador cumpla con su obligación de someter las definiciones de estatus  al Secretario de Justicia Federal para darle paso a una consulta plebiscitaria democrática avalada por el Congreso,