El profesor y economista Elías Gutiérrez indicó que el gobernador tuvo en consideración la merma en los recaudos por concepto del arbitrio, y por eso incluyó un ajuste cada cuatro años. Agustín Santiago/EL VOCERO
Aunque la administración de Alejandro García Padilla apostó al aumento del impuesto al petróleo y sus derivados para respaldar una nueva emisión de $2,900 millones que atienda la deuda que tiene la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), los números reflejan que en los últimos años han mermado los recaudos aunque se ha aumentado el arbitrio.
De acuerdo con los datos provistos por el Departamento de Hacienda, desde 2009 hay un marcado descenso en recaudos por concepto del arbitrio al petróleo y sus derivados, que allegaba antes de esa fecha entre $300 a $400 millones anuales a las arcas gubernamentales.
En 2009, el Gobierno recaudó $297.7 millones por este concepto. Mientras, en 2010, se redujo a $296 millones, en 2011 a $288 millones, en 2012 a $258 millones y en 2013 experimentó un leve aumento de $264 millones tras el alza aprobada por García Padilla al arbitrio de $3, que lo llevó a $9.25 por barril.
Según el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la administración García Padilla proyecta recaudar, en 2014, la misma cantidad que en 2013 por concepto de este arbitrio.
Finalmente, si el primer ejecutivo firma el proyecto 2212, recién aprobado en la sesión extraordinaria, el Gobierno proyecta que el aumento al arbitrio de $9.25 a $15.50 recaudaría $317 millones en 2015 debido a que el aumento entraría en vigor en marzo de ese mismo año. En tanto, en 2016, el Gobierno proyecta recaudos de $458 millones debido a que el alza estaría en efecto todo el año fiscal.
Precisamente, EL VOCERO le preguntó al gobernador -previo a que convocara la sesión extraordinaria- sobre la realidad de que en la Isla se ha reducido la venta de gasolina en un 20% en los últimos cuatro años. García Padilla alegó, en ese momento, que la demanda de gasolina “es inelástica”.
Sin embargo, de acuerdo al economista Elías Gutiérrez, la demanda del petróleo y sus derivados “es inelástica en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo es elástica”.
“Si la gasolina y el diesel aumentan de precio a los consumidores le toma tiempo en lo que cambian a unidades móviles más eficientes. Si tú impones un arbitrio, en el corto plazo, el cambio es mínimo pero en el largo plazo el consumidor se va ajustando. Hay que distinguir siempre y el gobernador no lo hace. Si el petróleo y sus derivados aumentan de precio genera un cambio en las ventas, no hay duda”, sentenció el también profesor universitario.
El economista indicó que el gobernador tuvo en consideración la merma en los recaudos por concepto del arbitrio, y por eso, precisamente, incluyó un ajuste cada cuatro años, basado en el comportamiento anual promedio del Índice de Precios del Consumidor más un margen de 1.5% cada año. Sin embargo, el Senado eliminó ese plan de aumentos sucesivos de la medida.
“Ahora, al no tener el ajuste, el recaudo total a través del tiempo que se necesitaba para mantener el ‘coverage’ (cobertura) sobre el servicio de la deuda que se va adquirir no es suficiente y al no ser suficiente, queda descubierto y no pueden vender la emisión de bonos”, explicó el economista y planificador.
“Nadie va a querer comprar casi $3 mil millones con un descuento de no más 93 centavos, con solo $500 millones asegurados, con una tasa de interés de 8.5% nada más; no van a poder vender la totalidad (de bonos) que necesitan”, agregó.
El economista agregó que es posible que se emitan suficientes bonos para hacer la transferencia de la deuda de ACT a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI). Sin embargo, el proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa “no le da al BGF los $1,000 millones que necesita para poder estar capitalizado y llevar a cabo sus funciones”.
“Todo esto con el agravante de que si las cosas maduran como pintan, y les da trabajo poner a funcionar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), se colapsarán los recaudos en lo que el sistema se ajusta”, advirtió. “Necesitan el ‘buffer’ (amortiguador) de la capacidad financiera del BGF”.
Por su parte, el economista Argeo Quiñones destacó que “la política de austeridad (recorte de gasto público) y el aumento en los impuestos, arbitrios, multas y otras categorías que nutren al Fondo General contribuyen a mantener el espiral descendente en la actividad económica”.
“A menor actividad económica, menor consumo de petróleo y sus derivados, tal y como muestra el consumo de gasolina, que se redujo en 12.1% entre octubre 2013 y 2014”, sentenció Quiñones.
El economista criticó que el nivel de endeudamiento continúa aumentando y, “de igual manera, el servicio a la deuda que, en su mayoría, son pagos efectuados al exterior”.
“La economía no da signos de recuperar, por lo que el aumento en la carga contributiva se da sobre una base económica menguante. Es un círculo vicioso: más impuestos y menos gasto público conducen a la contracción económica y a la creciente dificultad de lograr los recaudos proyectados. Ante esta dificultad continúan aumentando las contribuciones y reduciendo (por la contracción) la base económica”, sostuvo.
Quiñones advirtió que mientras el Gobierno busque aumentar sus recaudos a través de arbitrios o impuestos sobre el consumo, como el IVA, el Impuesto sobre las Ventas y el Uso (IVU) y la llamada ‘crudita’, el sistema contributivo se tornará más regresivo.
“Es por ello, y por la pérdida dramática de empleos, que la parte del ingreso que recibe la gente que trabaja refleja un descenso relativo a lo que reciben los inversionistas en forma de ganancias, dividendos e intereses. En pocas palabras, la política económica adoptada para enfrentar la crisis económica y fiscal tiene efectos redistributivos regresivos por lo que aumenta la desigualdad”, sentenció sobre los efectos en la ciudadanía.
El también profesor destacó la necesidad “del relanzamiento de la economía de Puerto Rico por la senda del crecimiento sostenido y la equidad” para salir de la crisis.
“Hasta el momento, las distintas administraciones lo que han hecho es intensificar la adopción de una política económica que ha probado ser inútil hace más de 40 
años: más exenciones contributivas, subsidios salariales, energéticos a cambio básicamente de nada o muy poco por parte de las empresas que se benefician de estos subsidios”, concluyó.
Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con nueve años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
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Direcciones diferentes. Hoy salió en el periódico The Stuart News de Scripps Howard aquí en Florida un reportaje cuyo titular es: «Deuda de la Florida baja por cuarto año consecutivo». La deuda del estado bajó a $24.2 billones. La de P.R. está sobre $70 billones. La deuda del estado bajó por $400 millones durante el ano fiscal que terminó en Junio 30/2014 y la deuda del estado a bajado por $4 billones de dólares desde el 2010, porque el estado está gastando menos y el estado ha podido refinanciar deuda existente a intereses más bajos, reduciendo la carga del servicio de la deuda. El Gobernador Republicano Scott de la Florida lo ha hecho una prioridad de limitar el coger prestado, y se refirió a este informe como «buenas noticias» para el estado de Florida. Comparen esta tendencia con la de P.R. donde el nivel de pobreza es más alto, el ingreso promedio per cápita es más bajo y la deuda de la isla es tres veces más grande con mucha menos población y recursos. Florida es uno de los estados cuya economía y población está creciendo. Puerto Rico es todo lo contrario. Existe explicación para justificar estas diferentes tendencias? Pero la ideología del estado distribucionista, benefactor y proveedor de todo ha llevado a P.R. a esta encrucijada. Si sumas las deficiencias en los planes de retiro de empleados del ELA, maestros y la judicatura esta diferencia se aumenta aun más ya que la deuda de P.R. sube a sobre más de $100 billones de dolares. Subir los impuestos causará más éxodo de Boricuas hacia otros estados. Hacia Venezuela, Cuba o Nicaragua no se están yendo. La solución no es subir los impuestos. Es rebajar los gastos y el tamaño del Gobierno insular y local.
Para gastos operacionales – tremendo presupuesto «balanceado» que tiene el gobierno! Y, se perfila que el dinero se acabara para abril y el BGF estará en la misma prángana!
Y, como sucede con el PNP, tenemos «patriotas» que nos endilgan con su voto 3 billones de deuda adicional a interés astronómico. Gracias por velar por mi interés y el de los electores de Toa Baja y el resto del País!
Que siga votando con el Partido Popular! Fuera del caucus PNP, porque con ese no se puede contar!
Y, quien dijo que 3 billones de nueva deuda va a revertir la caida en picada de nuestra economía? Eso no sirve ni de parcho! Porque, como el presupuesto esta cuadrado, el destino – obviamente- es robárselo y repartirlo entre la élite que el Dr. Amilcar Barreto llama «la élite de Puerto Rico.» Y, sobre lo que escribió este señor sobre nosotros y la élite de parásitos (mi etiqueta, no la del Dr. Barreto) – a quienes compara con la élite separatista de Quebec, Ese análisis sera mi regalo de Navidad.
Benjamin
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Onerosas garantías para la emisión de Carreteras
Todo apunta a que serán los ‘hedge funds’ o fondos de cobertura los principales compradores, pero aunque estén dispuestos a transar por el interés de 8.5%, buscarán amplias garantías en otras áreas
Los bonistas darían al gobierno el 93% del total de la emisión, pero a cambio reciben el pago del 100%Por Carlos Antonio Otero, EL VOCERO – 4:05 amSi se mantiene el límite de 8.5% al rendimiento de la próxima emisión de $2,950 millones que proyecta realizar el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), podría tener el efecto de reducir sus probabilidades de éxito y requerir mayores garantías, como descuentos y seguros que la harán más cara y con menos sobrante para el gobierno.
Un escenario diferente es poco probable, toda vez que el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y el presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado, senador José Nadal Power, descartaron nuevos cambios en el tope de intereses para dicha emisión, según aprobado en el proyecto que también habilita un alza en el arbitrio sobre el petróleo y sus derivados, como fuente de repago para la nueva deuda.
En declaraciones escritas emitidas ayer, Bhatia y Nadal Power sostuvieron que “el Senado se aseguró de actuar responsablemente por Puerto Rico y por su credibilidad financiera. Aquellas personas que dentro y fuera del País estén adictas a préstamos usureros, tienen que entender que esa práctica se acabó. La disciplina fiscal no es negociable”.
Al mismo tiempo enfrentaron las expresiones recientes de la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, y del presidente de la junta del banco, David Chafey, quienes declararon que el proyecto aprobado tenía insuficiencias al establecer un límite en el nivel de interés de la emisión y excluir el ajuste de 1.5% en el arbitrio del petróleo en el futuro. Bhatia y Nadal Power dijeron que “resultan incomprensibles las declaraciones”.
Fuentes financieras de EL VOCERO aseguraron que sin la posibilidad de un rendimiento mayor, se reduce la base de posibles compradores en el mercado municipal de bonos. Todo apunta a que serán los ‘hedge funds’ o fondos de cobertura los principales compradores, pero aunque estén dispuestos a transar por el interés de 8.5%, buscarán amplias garantías en otras áreas.
Por ejemplo, el proyecto que está pendiente para la firma del gobernador Alejandro García Padilla, y del cual otras fuentes aseguran que podría vetarlo, también establece que “el precio descontado original (original issue discount) de cada Bono no sea menor de 93%”. Eso quiere decir que los bonistas darían al gobierno el 93% del total de la emisión, pero a cambio reciben el pago del 100%.
Para el analista y gerente director de la firma NewOak en Nueva York, Triet Nguyen, al limitar la tasa de interés se evita que el mercado alcance la eficiencia en precio para atender el nivel de riesgo en el crédito de Puerto Rico. Al presente, el Estado Libre Asociado (ELA) paga mayores intereses por deuda de sus bonos de Obligaciones Generales (GO’s) que otras jurisdicciones en quiebra como Detroit y Grecia.
Nguyen dijo a EL VOCERO que el mercado es el que establece el nivel de rendimiento que requiere, por lo cual en el escenario actual “el acuerdo tendrá que ser valorado en un descuento muy importante en el precio del dólar (en los bajos 90). Esto, a su vez, da lugar a ingresos netos mucho menores para el gobierno”.“En el peor de los casos, el acuerdo puede fallar si no puede ofrecer el rendimiento suficiente para compensar a los inversores por el riesgo. Eso enviaría un mal mensaje al mercado”, advirtió Nguyen.
Mientras tanto, una de las fuentes financieras consultadas (con vínculos gubernamentales), dijo que “estamos llegando a un punto donde al gobierno le quedan pocos cartuchos en la mano. Está la ley de quiebra criolla, pero hay temor de que sea retada con éxito en los tribunales si se activa. Uno puede ver el incumplimiento cada vez más cerca”.El martes, el secretario de Desarrollo Económico, Alberto Bacó, dijo que se ha planteado la posibilidad de realizar una emisión por menor cantidad, incl
uso de $1,700 millones, para liquidar parte de la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) con el BGF. Esto es algo con lo cual Acosta Febo no concurre, supo este diario, ya que la deuda con el BGF supera los $2,200 millones. Acosta febo no estuvo disponible para comentarios.
Entre las garantías aprobadas para la posible emisión, están la renuncia a la inmunidad soberana del ELA, la posibilidad de que se litigue cualquier pleito con la deuda en tribunales de Nueva York y el respaldo de deuda constitucional, que no se activa a menos que haya impago.
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