Melba Acosta Febo, presidenta del BGF, dijo que la determinación de si una transacción se puede ejecutar en el mercado y los términos y condiciones de la misma es algo que lo determina el mercado mismo.

De seguro la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, habrá de hacerle frente a otro complicado escenario próximamente. La funcionaria deberá enfrentar diversos pagos, así como el manejo de vencimientos en marzo y junio de 2015 con bonistas. Además, es probable que el Departamento de Hacienda requiera de su asistencia debido a la merma en recaudos. Al cierre del año fiscal pasado, los recaudos de Hacienda se quedaron cortos por $488 millones y el BGF le tuvo que facilitar $240 millones para cubrir parte de esa deficiencia. Para este primer semestre del año fiscal en curso, los recaudos igualmente se quedarán por debajo del estimado.

Y aunque en los próximos días, o en enero, se convierta en ley el controvertible proyecto 2212 para aumentar el impuesto sobre el crudo y sus derivados para viabilizar una emisión de $2,950 millones, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) ya no tendrá al cierre de diciembre los $1,000 millones que necesitaba para cumplir con sus obligaciones.

Ayer se publicaron los recaudos de noviembre y volvieron a quedar en negativo, esta vez por $3 millones en noviembre, y en la comparación julio a noviembre hay $32.5 millones menos de lo estimado.

Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), dijo que “la situación del banco es bastante delicada y si no se hace nada tendrá implicaciones serias”.

“Aunque se apruebe en 2015 (la crudita), o antes, a diciembre ya no estarán los $1 mil millones que necesitaba el BGF, y el banco tiene otros vencimientos en marzo y julio, y va a tener que escoger entre honrar sus obligaciones o asistir a Hacienda que se va a quedar corta en sus recaudos”, estimó Marxuach.

Desde que se supo de la intención de regresar al mercado de bonos para levantar deuda que liquidara los compromisos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) con el BGF, por más de $2,200 millones, y así conseguir liquidez, se esperaba que la inyección de fondos al banco llegara antes del 31 de diciembre.

Marxuach dijo que el proyecto del impuesto al crudo como quedó confeccionado en ambas cámaras legislativas “no se puede utilizar para ir a los mercados” y destacó que tiene dos puntos principales que atentan contra la confianza del mercado inversor y, por ende, contra la liquidez del BGF.

En primer lugar, advirtió que se ofrecen dos fechas de cuándo podría entrar en vigor la imposición. Una es el 15 de marzo de 2015 y otra es cuando se apruebe la reforma contributiva, lo cual son instancias que no concuerdan y resultan imprecisas. “Así no puede ir al mercado porque el bonista no sabe cuándo entrará en vigor”, señaló Marxuach.

También comentó que el proyecto establece la creación de un comité que hará un informe sobre la necesidad del impuesto, y esto ocurre luego de aprobado el mismo y se convierta en ley.

“Esos dos errores se pueden arreglar fácil si el gobierno lo aprueba y luego lo enmienda”, agregó el economista, quien adelantó que ante todo lo que ha ocurrido y los puntos importantes como están, “el BGF no va a poder levantar los $2,900 millones que quería de la emisión”.

“Pueden tratar de conseguir lo que puedan (aunque sea otra cantidad) y luego es más fácil manejar lo otro que les falte”, recomendó Marxuach, una alternativa que prácticamente ya la ha descartado Acosta Febo. En cambio, Alberto Bacó, secretario de Desarrollo Económico, dijo anteriormente que se había planteado la posibilidad de bajar la emisión a $1,700 millones.

Marxuach puntualizó que además de las dificultades económicas del BGF y Carreteras, “ahora mismo es más un problema político que económico el que tenemos”.

Acosta Febo declaró por escrito que, una vez llegue el proyecto para la consideración del gobernador, lo evaluará para determinar diferentes escenarios y alternativas y los pasos a seguir. “Es importante recalcar que la determinación de si una transacción se puede ejecutar en el mercado y los términos y condiciones de la misma es algo que lo determina el mercado mismo, luego de un proceso exhaustivo de compartir información con la comunidad inversora”, expresó Acosta Febo y negó que haya recomendado al gobernador vetar la medida.

La también principal oficial financiera del gobierno, quien ha recibido críticas de legisladores, dijo que la aprobación del proyecto fue la decisión correcta “y ha sido fundamental en este esfuerzo para que Puerto Rico pueda salir de la crisis y así también el BGF pueda seguir apoyando al gobierno central, a las corporaciones públicas y los municipios, especialmente a aquéllos que enfrentan dificultades económicas”.

Reconoció las diferencias de criterio con el proceso sobre el proyecto 2212 y agradeció a los que aprobaron la controvertible y atropellada legislación.

Al 31 de octubre pasado, el BGF contaba con $1,700 millones en activos líquidos.