En los pasados meses no he podido parar de preguntarme si todavía funciona el proceso político y democrático. ¿Vale la pena votar? ¿Sigue siendo cierta la premisa de que nuestros políticos le responden al pueblo y que la opinión pública sigue afectando su comportamiento y su toma de decisiones?

Las acciones de Alejandro García Padilla durante los últimos meses me hicieron pensar que ya no es así.  Temí que nos enfrentábamos como pueblo a una nueva realidad en la que el político va de frente, sin inmutarse, a cargarse al pueblo, sin importar tan siquiera las severas consecuencias políticas de sus acciones.  En cuestión de meses vimos cómo nos destrozaron con las fotomultas, la crudita 1, 2 y casi la 3, y el tumbe monumental del AutoExpreso.  Montarse en un carro se ha convertido, lejos de una necesidad, en un lujo y -peor aún- en un consentimiento a una agresión agravada al bolsillo por parte del Estado.  Todos estos problemas eran previsibles, pero en La Fortaleza “de la gente” a nadie le importó.

En tan solo unos meses, el Partido Popular Democrático (PPD) nos atragantó con una fotomulta destinada a entrampar vilmente a los conductores, en lugares donde no tenía sentido alguno, sin estudio de efectividad previo, bajo el subterfugio de que era un plan de “seguridad”.  Ese pretexto absurdo quedó destruido inmediatamente por los propios funcionarios que no sabían nada sobre el “programa piloto” al momento de implantarlo. El secretario de Transportación y Obras Públicas, Miguel Torres Díaz, lució muy mal una y otra vez tratando de defender el proyecto sin justificación alguna.  Ni siquiera el plan de seguridad en el tránsito contemplaba el proyecto.

Pronto entendimos lo que había detrás de la “iniciativa” de las fotomultas.  Resultó que le habían dado un contrato sin subasta a una empresa recién formada para que se enriqueciera millonariamente a costa de tu bolsillo.  Nadie quería decir quiénes estaban guisando detrás de esa empresa.  Al principio escondieron el contrato.  Ni siquiera sabían bien cómo funcionaba el proceso de revisión de las multas y se sacaron de la manga a un pobre ex capitán de la Policía para decir que no era la máquina, sino ese empleado privado quien decidía de cuánto era el trancazo.  Lo improvisaron todo.  Pero la comedia de errores no terminó ahí.  A pesar de una campaña casi unánime en la que todos los sectores cuestionaron el proceso mediante el cual se implementó el entrampamiento, el gobernador ni se inmutó.  Siguió incólume.  Perdió votos que ni botándolos.  Perdió credibilidad con la excusa risible de la “seguridad vial”.  Perdió confianza, mucha confianza, con el vergonzoso contrato sin subasta por tratarse de un “plan piloto”.  La opinión del País no tuvo efecto en la política pública.  Le respondieron a otros, pero a Puerto Rico no fue.  En fin, a esto todo el mundo le vio la costura de entrada, pero Alejandro no lo quiso ver.  Al final, tuvo que reconocer su error.

Lo mismo pasó con las versiones de la “crudita”.  Sus propios legisladores le explicaron que era mejor disfrazar el tanquetazo y esconderlo en la “reforma” contributiva.  Todos los populares saben muy bien lo que Aníbal Acevedo Vilá pagó en capital político cuando cerró el gobierno para politiquear.  Pero por alguna razón inexplicable, nadie en el PPD le hace frente a Alejandro.  Y se dejaron arrastrar por la terquedad.  Rompieron brazos, costillas, amenazaron con dejar a los pobres a pie.  Hasta la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, cogió su agüita tratando de pasar calladita la crudita por el Caño.  Irracional, vergonzoso y muy costoso políticamente.

Alejandro se paró de frente al pelotón de fusilamiento de la opinión pública y se desentendió de un reclamo unánime de país.  Ni se inmutó.  La opinión del país no tuvo efecto en la política pública.  Le respondieron a otros, pero a Puerto Rico no fue. Ni siquiera le dio un mensaje al pueblo explicando las consecuencias de no aprobar la crudita. No dijo que tendría que botar empleados, no dijo que tendrían que cerrar 50 municipios, no dijo que cerraría regiones educativas, de obras públicas, de salud, etc. No explicó nada en detalle. No pasó por las redes sociales ni una gráfica explicando punto por punto qué era la crudita o dejar sin “cash” al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y con ello las consecuencias. Nunca lo explicó, porque prefieren pensar que al pueblo es mejor manipularlo que educarlo.

Para acabar de sepultar el lío de la crudita, entonces comenzó a coger fuerza el escándalo del AutoExpreso.  Jóvenes, trabajadoras, estudiantes y hasta ancianos quedándose a píe porque nadie le quiere meter mano a la compañía privada que decide cómo y cuándo tu cuenta tiene o no tiene balance y cuándo te sorprenden con una multa arbitraria e inesperada.  Nadie sabe cuándo llega la multa porque te las acumulan y te las envían de un cantazo.  Otra vez la opinión pública se organizó.  Se denunció con firmeza el atropello, la desinformación, la falta de un proceso serio de revisión.  Unánimemente solicitaron una investigación seria.  Hasta botaron al jefe de Carreteras.  Es más, no hay duda de que si el Gobierno se sostiene en sus planes de forzar a todos los conductores a registrar el sello de AutoExpreso este año, las multas lloverán y la reacción visceral de la opinión pública de un país que no puede aportarle más al Gobierno será devastadora.  Pero, de nuevo, Alejandro no se inmuta.  La opinión del pueblo no tiene efecto en la política pública.  Le responden a otros, pero a Puerto Rico no es.

Si no fuera por el brutal poder de las redes sociales, que demostraron su vehemencia en detener parte de los atropellos, hoy estaríamos inundados de fotomultas sin un proceso serio de estudio y la crudita tendría aumento automático para siempre, cargándose así a nuestros jóvenes para siempre, pagando un aumento cada cuatro años en el impuesto al petróleo. Entonces yo me sigo preguntando: ¿todavía funciona el proceso político?  ¿Somos una democracia o una plutocracia? ¿Podemos seguir pensando que el Gobierno trabaja para los ciudadanos?  ¿Les importa nuestra opinión?  Graciosamente quieren ir a una reelección.  Es triste que tengamos que esperar dos años más para contestarnos esas preguntas. Y finalmente me tengo que preguntar… ¿mi vida está mejor hoy que hace dos años?… Eso pensé.