El encabezar cierres forzosos violentos del campus universitario se ha convertido en un trampolín para ascender a posiciones bien remuneradas en la jerarquía universitaria
Concluí la primera parte de esta columna puntualizando que la institucionalización de la dictadura del Concordato Universitario en la Universidad de Puerto Rico, tiene como objetivo estratégico no tan solo convertir nuestro Primer Centro Docente en un dique antidemocrático contra el empuje transparente y democrático de nuestro pueblo hacia la Estadidad, sino también prefigurar la sociedad a la que aspira dicho grupo melón de algún día lograr la independencia para Puerto Rico. Una sociedad monolítica-totalitaria de pensamiento único, en que las nomenclaturas culturosas nacionalistas y comunistoides universitaria radicalizan la dejada sin efecto del Estado de derecho plural y democrático vigente en la Universidad como antesala a su eventual desmantelamiento en todo Puerto Rico.
Los continuos cierres forzosos ilegales e inconstitucionales del campus de Río Piedras luego de celebrar asambleas estudiantiles amapuchadas y anti-democráticas (como ensayo de la inconstitucional asamblea de status que propone el independentismo para resolver nuestro status político), por los grupos para-policiales y para-militares de los encapuchados de la UJS, el PPT y la OSI, que le privan al resto de la comunidad universitaria sus derechos de asociación y expresión. Son avalados y legitimados por el Concordato con la mal llamada política de no-confrontación. Dicha política legitima e incentiva la violencia y abierta confrontación contra la mayoría de la comunidad universitaria por parte de dichos grupos políticos extremistas con total impunidad. Los legítimos intentos de la anterior Junta de Síndicos de hacer valer el actual Estado de derecho, al sancionar a los que agredieron físicamente a la anterior rectora, doctora Ana Guadalupe y al pasado Jefe de Seguridad del Recinto son abiertamente saboteados por la actual Junta de Gobierno al dejar sin efecto las suspensiones contra los agresores.
Peor aún, el encabezar cierres forzosos violentos del campus universitario se ha convertido en un trampolín para ascender a posiciones bien remuneradas en la jerarquía universitaria, la Fortaleza y la Legislatura, como ilustran los casos de René Vargas, Arturo Ríos Escribano y Manuel “Comida de Perro” Natal. El concordato auxiliado por la oligarquía neo-nacionalista mediática pretende legitimar el absurdo entendido que los predios universitarios gozan de una soberanía política equivalente a la que le concede inmunidad diplomática a los predios de una embajada en cualquier país y que por tanto el espacio universitario constituye un “limbo jurídico” al exterior de la Constitución, las leyes federales y estatales, en la que no pueden incursionar las fuerzas del orden público para hacer valer las prerrogativas constitucionales, las leyes y la protección de los derechos de los no violentos. De esa forma, le conceden de facto el monopolio de la violencia a los grupos para-policiales y para-militares de los encapuchados en los predios universitarios, quienes a gusto y gana decretan cierres forzosos, en los que armados con bates y tubos determinan arbitrariamente quien entra y quien sale del campus universitario.
Como corolario a la institucionalización de la dictadura del Concordato Universitario, la burda falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades universitarias en el manejo de los asuntos universitarios, incluyendo su presupuesto y finanzas, es aceptada sin cuestionamiento por la prensa neo-nacionalista, los medios de comunicación, la APPU, la HEEND, el CGE, la UJS, el PPT, la OSI y el PIP. Los mismos sectores que le exigían vocalmente a la anterior Junta de Síndicos que abrieran sus libros, exhiben un silencio ensordecedor cuando en una reciente reunión de la Junta de Gobierno se descontinúo la transmisión de la misma en el preciso momento en que el presidente de la Universidad, el doctor Uroyoán Walker Ramos presentó su Plan de Ajustes presupuestarios ante la misma. En un momento en que se le ha reducido el presupuesto al Primer Centro Docente en más de $100 millones y se baraja la posibilidad de aumentar el costo de la matrícula para los estudiantes, la propuesta de recortes y ajustes presupuestarios de su presidente constituye un secreto de Estado. Y los “usual suspects” de siempre, ¡bien gracias!
Ante el comienzo hoy 21 de enero del segundo semestre del corriente año académico 2014-15, en el sistema de la Universidad de Puerto Rico, es menester reflexionar sobre el agudo deterioro de la Universidad del Estado y sus efectos sobre nuestro futuro, como consecuencia de la institucionalización en la misma durante los últimos años de la dictadura de lo que el doctor Arturo Torrecilla clasificó como el “Concordato Universitario” en sus dos recientes excelentes libros titulados; La Universidad de Puerto Rico: El Theme Park del intercambio imposible (2011) y El etnoespectáculo (2015). Primero es preciso clarificar los términos y la cronología de los acontecimientos que han resultado en la configuración de la tiranía en el espacio universitario de dicho grupo político melón.
La Universidad de Puerto Rico desde su fundación en 1903, constituyó hasta recientemente un espacio abierto, plural y democrático para la formación de nuestro futuros profesionales, empresarios, científicos, artistas, políticos e intelectuales; la divulgación y producción del conocimiento, así como la convivencia y el choque de las más diversas corrientes de pensamiento, la rigurosa reflexión académica-intelectual y los debates de altura sobre política pública. Ello fue así, inclusive en las épocas de mayor polarización político-ideológica en el plano mundial, nacional y local, como fueron los casos de la guerra civil española (1936-39) en la que la Universidad acogió a múltiples intelectuales del exilio republicano español y la guerra fría (1945-1989) en que albergó a intelectuales locales de corrientes de pensamiento tan dispares como Francisco Matos Paoli, George Fromn, Reese Bosthwell, Gonzalo Córdova y Jenaro Baquero entre otros.
En el contexto de nuestro marco constitucional jurídico americano y de la Ley Universitaria de 1966, la Universidad de Puerto Rico logró ejercer su relativa autonomía durante las pasadas décadas acogiendo entre su personal docente a la amalgama de corrientes filosóficas, políticas e ideológicas que constituyeron el pensamiento humano contemporáneo, reivindicando el principio de mérito sobre las lealtades político-partidistas. Hasta que con el fin de la guerra fría, el desgaste del sistema político-económico colonial y el apogeo masivo del movimiento estadista, aquellos que históricamente habían sido incluidos, albergados y acogidos dentro de una cultura institucional universitaria de tolerancia y respeto por las ideas y tendencias políticas minoritarias; comienzan a cooptar los puestos administrativos en la jerarquía universitaria como parte de un proyecto cuyo fin estratégico es que la Universidad y otras instancias culturales se constituyeran en cabeza de playa para detener la estadidad.
En ese proceso de intentar tornar la Universidad en un muro de contención contra el espontaneo y democrático crecimiento entre nuestro pueblo de la aspiración legitima a la igualdad ciudadana y política, el Concordato adopta una clara política de exclusión, discriminación y persecución contra toda aquella persona o corriente de pensamiento que no concuerde con su objetivo de obstaculizar y sabotear el ejercicio libre y democrático de auto-determinación de nuestro pueblo. Se entroniza el pensamiento único en el ámbito universitario. No se respeta la diversidad y el balance de corrientes políticas y de pensamiento en su máximo organismo directivo, sino que se desmantela una Junta de Síndicos diversa y plural y sustituye por una monolítica Junta de Gobierno en que todos sus miembros son melones. Al ser una posición defensiva partiendo de la débil posición de defender lo indefendible: el mantenimiento del anacrónico y desgastado “status quo” colonial, así como el atosigarnos la independencia a la cañona. Ello ante la incapacidad del independentismo en formular un proyecto soberanista de futuro que implique ampliar los derechos ciudadanos, las libertades democráticas y un desarrollo económico progresivo que amplié la justicia social en lugar de la regresiva, autocrática y salvaje actual propuesta independentista. Se recurre a la institucionalización de la dictadura del ‘Concordato Académico’ en la Universidad como modelo que prefigura el tipo de sociedad al que se aspira bajo la soberanía política anhelada.
sidente de la Universidad, el doctor Uroyoán Walker Ramos presentó su Plan de Ajustes presupuestarios ante la misma. En un momento en que se le ha reducido el presupuesto al Primer Centro Docente en más de $100 millones y se baraja la posibilidad de aumentar el costo de la matrícula para los estudiantes, la propuesta de recortes y ajustes presupuestarios de su presidente constituye un secreto de Estado. Y los “usual suspects” de siempre, ¡bien gracias!
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