Por Maricarmen Rivera Sánchez y Rafy Rivera / EL VOCERO
El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres Díaz, admitió ayer que fue un error haber asistido a la fiesta de Navidad de Juan Crespo (padre de Agustín Crespo), dueño del edificio donde ubica la sede del CESCO de Carolina, ya que esto pudo haberse interpretado como un acto de favoritismo para con el empresario.
Al preguntarle si estaba consciente de la relación entre ambos empresarios cuando acudió a la fiesta, dijo que ¨evidentemente caímos en cuenta, inmediatamente y abandonamos el lugar¨.
El mencionado edificio ha sido centro de controversias por la manera en que el Gobierno, alegadamente, otorgó el contrato para el establecimiento de las nuevas instalaciones del CESCO y de la compañía que lo maneja, Educon Management.
Sin embargo, Torres Díaz defendió la transacción con Educon Management, aduciendo un ahorro significativo.
Insistió en que esta transacción fue beneficiosa para el Gobierno y que representa un ahorro, a pesar de que es más caro por pie cuadrado. Esto, dijo, porque se consolidaron varias agencias en un mismo edificio, incluyendo las operaciones de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) y de la Colecturía.
Las declaraciones de Torres Díaz aumentaron el malestar hacia el funcionario, al punto que tanto legisladores del PPD, como personas a través de las redes sociales, pidieron su renuncia del gabinete de Alejandro García Padilla.
Esta controversia ocurre luego de que –la semana pasada- García Padilla cancelara el contrato del sistema de fotomultas, debido a las serias deficiencias encontradas en el mismo. La persona encargada de firmar y poner en marcha el controvertible proyecto de multas automáticas fue el secretario del DTOP, Miguel Torres Díaz.
También salió a relucir que el sistema de AutoExpreso presenta supuestas deficiencias en la lectura de las tarjetas magnéticas, lo que ha provocado que miles de conductores reciban elevadas multas.
Precisamente ayer, un grupo de ciudadanos llevó a cabo una manifestación en el peaje de Buchanan (Guaynabo), denunciando las supuestas fallas del sistema.
El secretario DTOP se vio precisado a sacar toda la mañana de ayer para defenderse de los múltiples señalamientos en su contra, que van desde los problemas con el cobro de multas hasta supuestos conflictos de interés en el alquiler del nuevo Centro de Servicios al Conductor (CESCO), en Carolina.
Fueron varias las veces en que tuvo que contestar a la pregunta sobre su salida, luego de que representantes del PPD dejaran saber que el funcionario ya no cuenta con su confianza porque no ha atendido los reclamos para los distritos que representan.
Torres Díaz atendió a la prensa en el CESCO de Carolina.
Además, leyó la sentencia del tribunal, hasta donde llegó el contrato con la empresa Educon Management. Dijo que en este documento judicial se estimó el ahorro en cerca de $500,000 anuales. ¨Educon es un consorcio, hicieron una propuesta, determinaron evaluar ésta y otras instalaciones. Edificios Públicos nos confirmó que no tenía facilidades que cumplieran con lo que necesitábamos¨, dijo Torres Díaz. ¨Esto es una facilidad que siguió todos los procesos de requerimientos legales, llegaron al tribunal diciendo que no estábamos en cumplimiento y el mismo juez dice que fue efectiva, que se están logrando ahorros de hasta medio millón. Son tres edificios consolidados en uno¨. Desde 2000, el CESCO de Carolina estaba en un local de 45 mil pies cuadrados con un canon mensual de arrendamiento de $74,250 ó $19.80 por pie cuadrado, según consta en la demanda radicada por los dueños del antiguo local, PDMA Associates. El contrato con Educon implica un canon de arrendamiento de $171,637 mensuales.
Según el Secretario, el nuevo edificio les permite tener ¨el combo agrandado¨ al tener varias instalaciones en un mismo edificio. Negó que se esté cobrando por el estacionamiento, como denunciaron varios usuarios y aseguró que se conversará con la farmacéutica que está al lado para evitar que los empleados utilicen los estacionamientos del nuevo edificio. Según dijo, en el edificio hay 480 estacionamientos.
Afloran las contradicciones
Al llegar ayer al lugar, EL VOCERO pudo observar que el portón estaba cerrado para el paso de automóviles porque ya no había espacio y se observó, además, un sinnúmero de vehículos estacionados en línea amarilla, arriesgándose a un boleto por parte de los guardias municipales.
¨El contrato dice que los estacionamientos son libres de costo. Me consta que cuando llegamos, hemos tenido situaciones con los empleados de la farmacéutica que lo usaron sin mala intención, ocupándolo por ocho años de trabajo¨, dijo Torres Díaz. ¨Aquí esto es una facilidad gubernamental y se viene a buscar servicio y ese es el objetivo. Lo contrario no está aceptado y no lo dispone el contrato. Son más estacionamientos porque los del otro edificio eran compartidos¨.
Respecto a los comentarios de representantes de distrito que han dicho que ya no cuenta con su confianza, Torres Díaz dijo que si hay que arreglar una carretera, es preciso asignar los fondos. A pesar de estas expresiones, dijo que seguirá ¨tocando las puertas¨ de representantes como Rafael Hernández Montañéz, quien dijo que el funcionario no era bienvenido en su oficina.
¨Me he reunido con ellos, todos ellos que están en posiciones de importancia, como los que designan el presupuesto. Si tiene una necesidad de su distrito, asigne el dinero para que yo pueda transferirlo a los municipios o hacer el trabajo, pero no me critique si no me dan las herramientas para ayudarlo¨, dijo Torres Díaz. ¨Cada uno tiene sus reclamos válidos, que atenderemos. Estamos encaminados a poder trabajar con ellos. Hemos llegado hasta aquí, hay que ver dónde tirar puentes, mantener el diálogo y trabajar juntos porque el país exige que el Gobierno resuelva¨.
Cuando se le preguntó específicamente si permanecerá en su puesto a pesar de las críticas constantes que ha recibido en los últimos días, dijo que ¨yo estoy aquí¨. ¨Seguiremos trabajando aquí. Obviamente, entendemos y sabemos que son asuntos polémicos. Hemos venido a enfrentar el reto, hacer las transformaciones. Cuando uno está haciendo cambios, siempre la conformidad es mejor que el cambio, pero yo creo que la constante es el cambio y vamos a hacer los cambios que hay que hacer en el DTP¨, respondió.
Considera eliminar la AMA
Los días de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) podrían estar contados.
Así lo señaló ayer el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres Díaz,
Torres Díaz, quien lleva varios días bajo fuego por diversas situaciones, lanzó ayer una advertencia a la AMA y no descartó la posibilidad de eliminar este sistema de transportación pública del área metropolitana.
¨Todo está bajo evaluación y todo lo que no funcione tenemos que evaluar si queremos mantenerlo. La AMA cuesta sobre $65 millones anuales y eso es algo insostenible en la realidad económica que vivimos¨, dijo Torres Díaz. ¨La AMA estuvo ausente de las Fiestas de la Calle San Sebastián que movimos más de 200 mil personas con esfuerzo entre el Municipio, ATM, ATI. El que no está, lamentablemente no hizo falta. Estaré ponderando muy de cerca evaluando cómo transformarlo sin afectar la ciudadanía porque no puede ser mantener este sistema que no funciona a costa de mantener unos convenios¨.
Se le preguntó entonces si eso cambiaría el aumento al impuesto al petróleo, el cual se aprobó en parte para salvar la Autoridad de Carreteras y la AMA.
¨La ATI (Autoridad de Transporte Integrado) es una de las medidas que se trabajaron y eso está ahora mismo en un estado embriónico que habría que asignarle los fondos para que pueda operar y nosotros queremos que, de manera efectiva, las gestiones de transporte se integren¨, contestó.
Considera moratoria a multas de AutoExpreso
Otro de los asuntos que han afectado el desempeño del secretario son las críticas por la forma en que está funcoinando el AutoExpreso, sobre todo las multas. Muchos usuarios se han quejado de que se les envían multas a pesar de tener el sello y a pesar de tener dinero en la cuenta. Además, el proceso de revisión de estas multas ha resultado oneroso para los ciudadanos y complicado.
Torres Díaz dejó saber ayer que está considerando una moratoria en el pago de estas multas. El sistema, recordó, estará a partir de julio en manos de una nueva compañía.
¨Hay un planteamiento de una moratoria, que estamos ponderando. No es la primera vez que he expresado mi inconformidad con el proceso de revisión. Creo que tenemos que tener más sensibilidad en el proceso de las multas¨, dijo Torres Díaz, quien recordó que recientemente canceló el contrato con la compañía que instaló el sistema de fotomultas.
No descartó sacar la compañía actual antes de que concluya su contrato en junio.
¨Todos son elementos que voy a estar ponderando. Si puedo fomentar que yo determine que salgan antes o establecer una moratoria, lo ponderaremos. El servicio tiene que ser sensible, respetuoso y ágil¨, indicó el funcionario.
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