En misivas emitidas por separado, tanto el líder sindical Federico Torres Montalvo, como el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, José “Pepe” Izquierdo Encarnación, afirmaron que el Grupo Asesor no había cumplido con los requerimientos establecidos en la orden ejecutiva 2013-058, y exigieron copia del informe rendido al Departamento de Hacienda por la firma de consultores KPMG.
La carta de Torres Montalvo del pasado 29 de diciembre expone que el secretario del Departamento de Hacienda y presidente del Grupo Asesor, Juan Zaragoza Gómez, entregó el informe final a García Padilla a pesar de la inconformidad de algunos integrantes del equipo.
De acuerdo a la misiva, el Presidente de la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE) le indicó a Zaragoza Gómez que no podía endosar el borrador del informe final del Grupo Asesor, presentado en una reunión del pasado 24 de diciembre, el mismo día que por primera vez le dieron acceso al informe de KPMG. Tal admisión, equivale que las recomendaciones entregadas al Ejecutivo se hicieron sin que todos los miembros del Grupo Asesor tuvieran el espacio de evaluar el informe de KPMG, una firma que se supone fue contratada para ayudarlos en la encomienda asignada por García Padilla.
“Según el Director Ejecutivo del Grupo Asesor (el exsecretario del Departamento de Hacienda, Juan Flores Galarza), los miembros del Grupo Asesor sólo tendrán derecho a tener acceso al informe, si lo revisan en las facilidades del Departamento de Hacienda. Dicho informe consta de varios bloques de copias de más de 100 páginas, en el idioma inglés, el mismo es altamente técnico y para su análisis cabal se requiere de la consulta y asistencia de asesores en el tema”, destacó Torres Montalvo en la carta dirigida a Zaragoza Gómez.
De hecho, Torres Montalvo, sentenció que “el análisis de la poca información que se le brindó al Comité, me permite concluir que todas las encomiendas del Grupo Asesor no fueron llevadas a cabo”.
En específico, el Representante del sector laboral, señaló que la información que obtuvo el Grupo Asesor no les permitió evaluar la interacción entre el sistema contributivo del Gobierno Central y el de los municipios, y su impacto en los ciudadanos y las corporaciones.
Añadió que “durante las sesiones del Grupo Asesor nunca se discutieron los componentes que se debían ampliar, reducir o reestructurar para lograr los objetivos de recaudos y simultáneamente facilitar el desarrollo económico”.
“Al seno del Grupo Asesor nunca se analizaron los diversos tratos preferenciales y concesión de créditos contributivos existentes concedidos a las empresas exentas (principalmente en los decretos contributivos), ni se evaluó la posible eliminación o reestructuración de los decretos contributivos, ni la posibilidad de alinearlos con los objetivos establecidos en el plan de desarrollo económico. Incluso, durante las sesiones del Grupo Asesor nunca se nos entregó copia de plan alguno de desarrollo económico ni de los decretos contributivos”, agregó.
Asimismo, sostuvo que el Grupo Asesor no evaluó de forma crítica si el sistema contributivo actual realmente resultaba injusto para los trabajadores, los empresarios y las industrias. En esa misma línea, aseguró que el organismo no estuvo en posición de concluir como los cambios propuestos lograrían que se mejore la eficiencia del Departamento de Hacienda de poder aumentar los recaudos del fisco.
En otros aspectos, Torres Montalvo, reconoció que hubo sectores que fueron excluidos del proceso de consulta llevado a cabo por KPMG previo a que rindieran su informe final.
Por su parte, Izquierdo Encarnación, le envió una carta a Zaragoza Gómez el pasado 12 de enero, en la que apuntó que a KPMG se le pidió que hiciera un un análisis sobre el sistema contributivo y que proveyera sus recomendaciones.
“No obstante, el informe fue presentado por partes, en distintas reuniones, al grupo asesor. No fue hasta el 24 de diciembre que se nos proveyó copia editada (porciones bloqueadas por el Departamento) para lectura en sitio. Al día de hoy no se nos ha entregado copia del Informe de KPMG de manera que podamos hacer el análisis meritorio que se nos encomendó. Esto hace que la información que se nos ha revelado de dicho Informe ha sido limitada”, determinó Izquierdo Encarnación.
“Se discutieron las propuestas del esquema de impuestos individuales y tasas corporativas. Se recomendó por KPMG la implementación de un sistema de Impuesto al Valor Añadido (IVA). De acuerdo a las presentaciones, un IVA amplio sería implementado en una base mayor, lograría bajar los impuestos a los Comercios y lograría eliminar la nefasta Patente Nacional. Se discutieron las posibles excepciones. Lamentablemente, nunca se nos fue presentado escenarios por industrias para poder corroborar el balance contributivo efectivo para las empresas”, afirmó.
Ante esto, Izquierdo Encarnación concluyó que, la información a la que había tenido acceso, no le permitía establecer el impacto real de las recomendaciones de KPMG, y si con ellas los individuos y comerciantes salen mejor o peor que con sistema contributivo actual.
Aparte de Torres Montalvo y de Izquierdo Encarnación, el Grupo Asesor está compuesto por la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento y exsecretaria del Departamento de Hacienda, Melba Acosta; el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Alberto Bacó; el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y exdirector ejecutivo de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Luis Cruz Batista; el economista Antonio Fernós Sagebien; el licenciado Ismael Vincenty y director ejecutivo de la Comisión de Hacienda del Senado; José Orta.
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(Archivo/NotiCel)Mientras el país se preparaba para despedir el año, el Grupo Asesor para la Reforma Contributiva rindió su informe de recomendaciones al gobernador Alejandro García Padilla, en el que aparte de avalar varios aspectos discutidos previamente por miembros del Ejecutivo, también aprovecharon para pedir que se restablezca el crédito por trabajo, que se exima de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios médicos y los medicamentos recetados, y que se eliminen varios arbitrios.
Aunque el Grupo Asesor conformado mediante orden ejecutiva evitó recomendar una tasa para el IVA, endosaron las propuestas de la firma de consultores de KPMG para que solo se excluya de pagar dicho impuesto a los bienes y servicios exportados, los servicios financieros, la renta residencial, los servicios de electricidad y de agua provistos por el Estado, el petróleo y sus derivados, y los cánones de ocupación de habitaciones.
Además, recomendaron la exención de servicios médicos y medicamentos recetados, y avalaron que se exima a ciertos pequeños comerciantes de radicar las planillas del IVA. De esta forma, los alimentos quedaron como uno de los artículos a los que aplicaría el nuevo impuesto, según la recomendación.
En el documento del cual NotiCel obtuvo copia, reiteraron que como medidas para mitigar la regresividad del IVA, se deben reducir las contribuciones sobre ingreso a los individuos (algunos incluso quedarían exentos), hacer transferencias directas de efectivo a ciertos sectores por lo que pagan del impuesto al consumo, y reestablecer el crédito por trabajo, como venía abogando el Centro para una Nueva Economía (CNE) y Espacios Abiertos (EA),
Por otra parte, el Grupo Asesor propuso una doble tributación (IVA más los arbitrios especiales actuales) para las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, productos PVC, cemento, carreras de caballo, tragamonedas, y otros artículos. De igual forma, sugieren que se mantenga el arbitrio de vehículos, pero que los vehículos no paguen IVA. Mientras, plantearon la eliminación de los arbitrios especiales del café y el azúcar, pero que estos productos estén sujetos al IVA.
Además, enfatizaron que los recaudos del IVA vayan directo al Fondo General luego de cumplir con las disposiciones de COFIM y COFINA.
En cuanto a las planillas de contribuciones sobre ingreso de los individuos, el Grupo Asesor propuso al Primer Mandatario que solo mantenga las deducciones por gastos médicos, por donativos a entidades sin fines de lucro (con base en Puerto Rico o de las que se beneficie la población), y las deducciones por retiro.
Asimismo, invitaron al Ejecutivo a que convierta la deducción por los intereses hipotecarios en un crédito contributivo que se iría eliminando mientras el ingreso del contribuyente aumente.
Del mismo modo, acogieron el reclamo de algunos sectores para eliminar el trato preferencial hacia los ingresos provenientes de las ganancias de capital. Además, observaron que se debe reevaluar la contribución básica alterna.
En cuanto a las contribuciones sobre ingreso de las corporaciones, el Grupo Asesor se inclina porque se establezca una tasa única equiparada a la tasa máxima de los individuos, que se permita a las PYMEs utilizar el mecanismo de las corporaciones conductos para evitar la doble tributación, y eliminar la patente nacional y la contribución alternativa mínima.
El documento lo firma el exsecretario de Hacienda, Juan Flores Galarza, como director ejecutivo del Grupo Asesor.
Por su parte, el secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, indicó a este diario digital mediante declaraciones escritas que, “efectivamente, el pasado 29 de diciembre el Grupo Asesor de la Reforma Contributiva entregó el informe que les fue requerido y que trabajaron durante un tiempo. Ese documento de trabajo se entregó a la mano a la Oficina del Gobernador el 30 de diciembre».
«El informe no incluye recomendaciones específicas sino recomendaciones sobre cuáles deben ser los lineamientos generales de política pública que el Ejecutivo debe considerar al redactar el Anteproyecto de Ley de la Reforma Contributiva. El Gobernador lo evaluará y tomará las determinaciones de política pública que serán incorporadas en el proyecto de ley que estará listo en o antes del 15 de febrero”, agregó.
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(Josian Bruno/NotiCel)Uno de los mayores retos que enfrentará la Administración García Padilla en el nuevo año será el establecimiento de un nuevo sistema contributivo donde la mayor carga recaerá en un Impuesto al Valor Agregado (IVA), que según advierten expertos, no puede implementarse a prisa porque estaría condenarlo al fracaso.
El Gobierno ha optado por cambiar a un IVA ante la ineficiencia del Departamento de Hacienda de aumentar la captación del Impuesto a la Venta y Uso (IVU). Las ventajas de este tipo de impuesto al consumo es que, a diferencia del IVU, se va cobrando a través de toda la cadena de distribución y no únicamente al consumidor, lo que reduce las posibilidades de evasión porque cada uno de los jugadores necesita asegurarse que a quien le pagó el impuesto lo reenvíe al fisco para obtener un crédito.
De entrada, el Gobierno ha reconocido que la tasa del IVA superaría el 7% que actualmente se paga por el IVU, pero es un claro atentado contra la transparencia de la que tanto alardeó el Ejecutivo, ya que han guardado como secreto de Estado las recomendaciones que ha hecho la firma de consultores KPMG, a la que se le pagó alrededor de $4 millones en fondos públicos. Hay economistas y contadores públicos autorizados que estiman que la tasa podría rondar entre el 14% al 20%.
De otro lado, en un reciente Foro de Reforma Contributiva, organizado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CPA), el Gobierno admitió que pondera eliminar la mayoría de las exenciones del IVU, incluyendo los alimentos no preparados y los medicamentos. De las pocas exenciones, están los bienes y servicios que se exportan, los servicios financieros y la vivienda residencial.
Igualmente, el resultado inmediato de un IVA con una tasa alta y una base tan amplia de productos y servicios tributables, es la inflación inevitable de precios, y por ende, un mayor impacto en el costo de vida.
¿Cómo se atenderá cantazo?
La apuesta del Gobierno va en tres vías: (1) establecer un mecanismo para devolverle a ciertos contribuyentes lo que pagan de IVA, (2) ampliar la base de contribuyentes que quedarían exentos de pagar las contribuciones sobre ingreso, y (3) reducirle las tasas de dicho tributo a los demás contribuyentes.
La primera medida, que el Gobierno ha denominado como alivio de regresividad, solo aplicaría a las personas que reciben ayudas gubernamentales, por ejemplo, del Plan de Asistencia Nutricional (PAN), los trabajadores que ganan el mínimo federal; y los jubilados y envejecientes.
Según la actual presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), y exsecretaria del Departamento de Hacienda, Melba Acosta Febo, estos alivios se podrían pagar trimestralmente mediante tarjeta o cheque.
En el caso de los beneficiarios del PAN, lo que se estudia es utilizar la plataforma del Electronic Benefits Transfer (EBT), actualmente bajo la custodia del BGF. El EBT es un sistema electrónico que permite a los beneficiarios autorizar la transferencia de los beneficios provistos por el gobierno federal a una cuenta comercial para pagar por los productos recibidos.
De acuerdo a Acosta Febo, el año pasado el BGF realizó un proceso de solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para seleccionar a la entidad que se encargaría de hacer el diseño, desarrollo, implementación y operación del Sistema. Se supo que la entidad seleccionada fue Evertec Group, LLC.
En cuanto a los trabajadores con ingresos limitados, los envejecientes y jubilados, se planifica procesar las ayudas a través de la radicación de planillas y la expedición de cheques.
Asimismo, está sobre la mesa eximir del pago de contribuciones sobre ingresos a los individuos con ingresos anuales no mayores de $35 mil, y los matrimonios cuyo ingreso en conjunto no sumen más de $70 mil al año. Pero al parecer, el Gobierno ha decidido atender el reclamo del Centro para una Nueva Economía (CNE), de que aunque estos contribuyentes queden exentos de pagar contribuciones deben seguir rindiendo sus planillas, pues no solo se fomenta la transparencia del sistema, sino que ayuda a manejar ciertas estadísticas y se puede identificar a las personas a las que se les debe devolver lo que han pagado de IVA.
En cuanto a la decisión de eximir a estos contribuyentes del pago de contribuciones sobre ingreso, el secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, expuso durante un foro reciente que actualmente “estamos usando los escasos recursos del Departamento en procesar 800 mil planillas, cuya aportación al fisco no es significativa y en muchísimos de los casos lo que se genera es un reintegro”.
Hacienda ha precisado que en el pasado año contributivo habían 538,026 contribuyentes en el renglón de ingresos entre $20,000 o menos.
De hecho, tanto Zaragoza Gómez como el extitular de Hacienda, Juan Flores Galarza, observaron que hay 89,459 contribuyentes con ingresos de $60 mil o más, que son los que pagan cerca del 78% de las contribuciones sobre ingreso de los individuos.
De igual forma, Flores Galarza, quien encabeza ahora el esfuerzo de la reforma por parte de los consultores de Hacienda, detalló que sólo 12,750 contribuyentes reportan ingresos en exceso de $150 mil.
No obstante, el CNE ha abogado porque se restablezca el crédito por trabajo, eliminado por la Administración García Padilla. La propuesta es que este crédito sea entre un 4% a 12% del ingreso familiar.
IVA a la trágala se ‘escocotaría’
Mientras, Gino Dossche, uno de los ejecutivos de Ernst & Young, LLP, que maneja la parte del IVA en la firma, advirtió que tratar de implementar a la trágala este impuesto al consumo podría producir varios problemas. Destaca que como mínimo el Gobierno necesitaría 6 meses, pero hay sectores que han recomendado hasta 18 meses. Sin embargo, la meta del Ejecutivo es aprobar el proyecto de la Reforma Contributiva, que aún no ha sido presentado a la Legislatura, para marzo de 2015.
Dossche trajo el ejemplo de la República de Ghana, que en el 1995 trató de establecer un IVA a sólo tres meses de aprobarse la legislación. En aquel entonces el impuesto con una tasa de 17.5% tuvo que ser eliminado porque el gobierno falló en su implantación.
Sobre el caso de Ghana, el investigador del Banco Mundial, Tuan Minh Le, señaló en el estudio “Value Added Taxation: Mechanism, Design, and Policy Issues”, que “la alta tasa de introducción del IVA no hizo el IVA políticamente aceptable. El momento de la introducción del IVA era malo, y en realidad alimentó el malestar social: su introducción coincidió con varios factores que estaban más allá del alcance del IVA y ejerció presión al alza sobre la inflación (por ejemplo, los precios agrícolas se aumentaron considerablemente debido a las precipitaciones desfavorables; también se planteó el impuesto especial sobre los productos del petróleo)”.
En el 1998, Ghana restituyó el IVA a una tasa de 10%, pero ahora con la experiencia aprendida en su primer intento fallido.
La situación inicial de Ghana no es muy ajena a Puerto Rico, donde un aumento en el arbitrio al petróleo y sus derivados ya es inminente mediante el nuevo aumento y ampliación de la «crudita».
De acuerdo a Dossche, en la medida en que el Gobierno se incline por una tasa del IVA alta debe considerar establecer exenciones para beneficio de las personas con menos ingresos, reconociendo que la inflación en los productos y servicios sería inevitable. Pero también debe atar el IVA con una reducción en las tasas de las contribuciones sobre ingresos, como ya el Ejecutivo ha adelantado.
En otros aspectos, el Gobierno apuntó que contempla reducir las deducciones para efectos de las contribuciones sobre ingreso, dejando únicamente las que fomenten el ahorro, y los intereses pagados por préstamos hipotecarios y estudiantiles.
En cuanto al Ingreso producto de la Ganancia de Capital, la recomendación de KPMG es que tributen a la tasa ordinaria. Sobre las contribuciones sobre ingreso de las corporaciones, se menciona que se buscará una tasa fija inicial de 30%, que se equipare a la tasa máxima de las contribuciones sobre ingreso de los individuos.
Asimismo, Zaragoza, detalló que se analiza otorgar una exención sobre el IVA a los negocios con volumen de ventas entre $75 mil a $200 mil. Dossche planteó que hay que evaluar también las implicaciones que tendrá el IVA en el flujo de efectivo de los demás negocios.
Por otra parte, aún es incierto cómo quedará a partir de 2017 el arbitrio a las corporaciones foráneas de 4%, establecido por la Ley 154. El Gobierno asegura inició conversaciones con este sector y con el Gobierno Federal en busca de alternativas.
Sobre las corporaciones exentas, Flores Galarza, expuso que estas actualmente aportan 33% de los recaudos del Fondo General.
Finalmente, queda en el aire cuándo se eliminará la patente nacional, promesa tanto del Ejecutivo como de la Legislatura.
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Deepak Lamba (Josian Bruno/NotiCel)En momentos en que la Administración García Padilla baraja un aumento a las contribuciones al consumo de hasta 14%, un grupo de investigadores de la alianza Espacios Abiertos (EA), presentaron el jueves una propuesta ante el Departamento de Hacienda, para que se disminuya la regresividad del impuesto y la desigualdad económica entre el sector desfavorecido y adinerado del país.
«Si esta nueva reforma (contributiva) tiene como prioridad únicamente que el Gobierno logre ingresar una cantidad más grande de dinero, nosotros queremos que cambien las prioridades», advirtió, director de investigaciones del Centro para la Nueva Economía (CNE), DeepakLamba Nieves. «Vamos a impulsar otras prioridades: vamos a pensar en las familias trabajadoras», abogó el planificador.
Convencidos de que las políticas propuestas por La Fortaleza restringen la actividad económica, al reducir los ingresos de los trabajadores pobres, EA propuso que se restablezca el crédito por trabajo, eliminado por el Gobierno de Alejandro García Padilla este año.
Este crédito propuesto de entre 4 a 12% del ingreso familiar, aliviaría el bolsillo de las personas que trabajan, cuyo salario no les da para pagar sus gastos; quienes están desprovistas de un seguro de salud porque no cualifican para Medicaid, ni tienen suficiente dinero para abrir una cuenta individual para su retiro.
En 2012, el crédito representó una inversión de $124 millones, cuando el 45% de las planillas lo reclamaron. La debilidad del modelo que se implantó entre 2007 y 2013 consistía en que no exigía un ingreso mínimo, por lo que familias de alto ingreso también podían solicitarlo, destacó la doctora María Enchautegui, del Urban Institute.
«Es necesario un diseño más robusto», comentó Lamba Nieves. Coincidió el economista Sergio Marxuach, del CNE, quien explicó que el crédito debe aumentar conforme a las horas trabajadas y reducir paulatinamente, según incremente el ingreso. Este modelo serviría para incentivar el empleo, y promover la movilidad social.
Aunque la prioridad del Gobierno en la elaboración de su política pública ha sido allegar más recaudos para atajar la deuda pública y subsanar el déficit fiscal, Lamba Nieves comentó que incentivar la economía de los trabajadores, no «son sistemas que compiten. Pueden ser (medidas) complementarias», en la medida en que ese dólar sería reinvertido en la economía.
La propia administración García Padilla admitió frente a los inversionistas, el mes pasado, que necesitarían medidas para paliar el impacto del IVA, ya que al gravar productos de primera necesidad impone un esfuerzo tributario mayor a las clases bajas. Marxuach recordó que el crédito pudiera ser sufragado con el dinero que Hacienda está reservando – entre $500 a $600 millones – para ayudar con la regresividad del IVA.
El nuevo crédito pudiera beneficiar cerca de 128,000 familias, con ingresos entre $7,500 y $25,000. En un hogar, cuyo jefe de familia trabaja todo el año devengando el salario mínimo, el crédito representa el equivalente de un mes de trabajo.
El grupo reconoció que este tipo de programa es costoso. En Estados Unidos, desde 1995 a 2009 fue el programa de asistencia social que más dinero desembolsó. Sin embargo, también ayudó a aumentar la tasa de empleo, y a reducir la participación en programas de asistencia social. En 2007, ayudó a que el 14% de todas las familias pobres y el 16% de todos los niños pobres salieran de la pobreza.
«Creo que todo el mundo en Puerto Rico puede estar de acuerdo que hay que incentivar el trabajo», puntualizó Echautegui.
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(Archivo NotiCel)En el contexto del día internacional de los derechos humanos, un grupo de estudiosos e investigadores de la pobreza en Puerto Rico, advirtieron sobre el atraso que enfrenta el país respecto a los derechos humanos, debido a que casi la mitad de su población sufre las consecuencias de la exclusión y la violencia a causa de la pobreza.
En un país cuyo 42% de la población vive bajo condiciones de pobreza, las políticas de austeridad y medidas impositivas que ha adoptado el Gobierno ante el déficit fiscal y el endeudamiento público, amenazan con crear mayor pobreza. La advertencia, que pudiera ser despachada por algunos como una exageración alarmista, es el resultado del análisis que han hecho – por separado – un grupo de licenciados, trabajadores sociales, planificadores y líderes comunitarios, quienes compartieron el miércoles durante el evento «Voces de la pobreza», que convocó el Departamento de la Familia (DF).
El evento forma parte de la visión de la Secretaria del DF, Idalia Colón Roldán, quien ha promovido política pública enraizada en la autosuficiencia de las familias y la autogestión comunitaria. Mientras la agencia enmienda sus reglamentos a esos fines, el equipo fiscal dentro de la misma administración impone otras políticas que dificultan la transición de la clase dependiente del país.
La licenciada María Dolores Fernós exhortó a los presentes a que estén pendientes a la Reforma Contributiva que se está proponiendo y que ha percolado a cuentagotas en la discusión pública. Sustituir la contribución sobre ingresos por una contribución sobre el consumo de entre 14 a 20% «debe preocuparnos enormemente», dijo.
«Es una medida que creará más pobreza entre los ya pobres, creará nuevos pobres y hará a los ricos más ricos todavía», destacó, al tiempo que recordó que dentro de la clase pobre, la mayoría son mujeres jefas de familia.
Fernós mencionó que la contribución sobre ingreso es uno de los pocos mecanismos que tienen los países para que quienes tienen mayores ingresos aporten más al Estado, mientras quienes reciben menos, aporten menos. «Es un mecanismo sabio y justo de redistribución de la riqueza en un país», explicó.
Por el contrario, un sistema como el IVU o el IVA, en el que todos aportan lo mismo al momento de comprar el producto o el servicio, creará «mucho más desigualdad». En parte porque son los pobres quienes gastan una mayor parte o todo su ingreso en el consumo.
Nelson Santos Torres, líder comunitario en la Bahía de Jobos de Salinas, también llamó la atención sobre este «ciclo vicioso», en donde se utiliza al pobre para amenazar a la clase media y para beneficiar a unos intereses particulares. Este ciclo conlleva «tener que consumir cada vez más obligando a tener que trabajar más» en una condición casi esclavizante.
«El pobre no es solo un ser sin poder adquisitivo para el consumo, sino un ser descartado», denunció Santos Torres, al mencionar que la condición empeoraría con la aprobación de la «crudita» o el impuesto sobre el barril del petróleo, que pudiera encarecer los costos de la transportación, que resulta vital para tener acceso a la salud y al empleo.
Sobre el modo en que la Administración García Padilla ha manejado el estudio del sistema contributivo del país, el licenciado Efrén Rivera Ramos lamentó que se está «muy lejos del reconocimiento del deber del Gobierno de rendir cuentas y actuar con transparencia en relación a las comunidades más desventajadas». «Falta la explicación clara y sin rodeos de por qué se adopta determinada política pública», comentó el licenciado, quien minutos antes había destacado que la participación política es también un derecho humano.
Las dos asesoras de La Fortaleza en tema de Bienestar Social, la licenciada Irisel Collazo y la licenciada Amaris Torres, estuvieron presentes durante el panel.
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(EFE)Los residentes de las comunidades más pobres de Puerto Rico no se conciben como pobres. Esa palabra la han tachado del diccionario. Dicen que la pobreza viene atada a una larga lista de adjetivos, que no tiene nada que ver con quienes son: ‘gusanos’, ‘vividores’, ‘criminales’. Ellos no son ninguna de las anteriores, por ende, no son, ni se conciben como pobres.
Esto es un dato importante para un país cuya mitad de la población vive bajo los estándares de pobreza. Norma Rodríguez Roldán, la autora de ‘La pobreza en Puerto Rico’, la más reciente publicación sobre este tema, plantea de entrada un debate interesante: “¿Cómo examinamos la pobreza en un país en el que las personas pobres no se conciben como tales, las clases medias les criminalizan y estigmatizan, y el consumerismo arropa a todas las clases por igual?”.
En el primer estudio de campo sobre la pobreza en la isla, Rodríguez Roldán encontró que la sociedad puertorriqueña no ha hecho mas que alimentar mitos sobre la población pobre. Su labor es desmitificar con datos, como por ejemplo el hecho de que, contrario a lo que se piensa, el 58% de los pobres devengan ingresos por esfuerzo propio. El gran problema de la desigualdad no es la vagancia de la gente pobre, sino la pobreza de la educación pública en Puerto Rico.
Los hallazgos del estudio resaltan que dos terceras partes de los encuestados, no tienen cuarto año. El asunto no debe minimizarse al plano individual: «cuando miras que 40 de cada cien niños no terminan cuarto año, el problema no lo tienen los niños», apuntó Rodríguez Roldán. Hablar con datos conlleva hacerse preguntas más profundas como país: «¿son los niños que están desertando o los estamos botando de las escuelas?».
El estudio de campo encontró que el 62% de los jefes o jefas de familia no tienen diploma de escuela superior. El 83% aspiran que sus hijos o hijas completen estudios universitarios, pero solo el 57% esperan que realmente lo hagan.
Destacó, además, que el 38.5% de las familias tienen ingreso de empleo o negocio, mientras que el 20.3% tienen ingreso de la economía informal. Sin embargo, el ingreso que generan no es suficiente para cubrir sus necesidades porque su inserción en la economía es a través del sector laboral secundario, sin beneficios marginales, y con salario menor a $300 semanales.
Entre los obstáculos para mantener el empleo, se encontró que dominaba la falta de preparación, la falta de redes o contactos, la falta de transportación y la falta de cuido para menores.
En entrevista con NotiCel, Rodríguez Roldán destacó que en la política pública en Puerto Rico existe una actitud punitiva hacia las personas empobrecidas, que esta basada en estereotipos.
Criticó, además, que las políticas recientes, adoptadas por las administraciones de Fortuño y García Padilla, son detrimentales para la clase trabajadora. “Todas las políticas que han habido ahora, hacen pensar que la tendencia puede revertirse”, mencionó en referencia a la disminución que tuvo la pobreza desde 1950 a 2010.
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Larry Emil, presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social. (Josian Bruno/NotiCel)La culpa no es de los pobres. La pobreza es producto de una crisis estructural, según el presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, Larry Emil Alicea, diseñada para beneficiar solamente al Estado y a las clases superiores, que tienen el poder de toma de decisiones o de influir en la política pública.
De esta forma, Alicea exigió la intervención urgente del Gobierno y de todos los sectores sociales para asegurar una sociedad «más viable para todas y todos».
La discusión pública en torno a la pobreza casi siempre viene acompañada de una lucha entre clases sociales, donde se percibe a los pobres como «vagos» y culpables de la carga económica que recae sobre la clase media, pero Alicea recordó que no se puede culpar por los problemas sociales a quienes no son responsables de la elaboración de la política pública. Son las personas en el poder, quienes «por décadas han perpetuado la pobreza y la desigualdad», dijo.
«Al Gobierno y las estructuras sociales les ha convenido políticamente tener población empobrecida y asegurarse que estas personas se mantengan empobrecidas para perpetuarse en el poder», comentó.
Recordó que los más de seis mil trabajadores sociales también son parte de esa población oprimida, donde el propio sector público y privado contribuye a su desprofesionalización al reclutar a personal para hacer trabajo social, sin necesariamente contar con la preparación. Bajo las categorías de ‘manejador de caso’, ‘técnico’, ‘líder recreativo’, y ‘coordinadores de servicios’, las empresas y las agencias gubernamentales reclutan a trabajadores sociales en salario mínimo.
«Hay un grupo de gente privilegiada que se está llevando el dinero del país y los que estamos pagando somos la clase trabajadora», denunció.
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