El Departamento de Hacienda rechazó la publicación del informe de recomendaciones contributivas de la firma KPMG pues de difundirse el estudio a la prensa del país supondría especulación, desinformación y pondría en peligro la función gubernamental de la administración de turno.
Ese documento “voluminoso”, como establece la agencia, fue solicitado hace tres meses por el periódico digital “Sin Comillas” y más recientemente por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) para su evaluación, análisis y explicación.
No obstante, Hacienda, bajo la secretaría de Melba Acosta Febo y el actual jefe, Juan Zaragoza Gómez, negó revelarlo alegando un privilegio ejecutivo en el proceso de deliberación.
Durante la vista de ‘mandamus’, celebrada este viernes en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, la representante legal del secretario de Hacienda, Noemí Cortés Irizarry, estableció que ese informe, pagado con fondos públicos, no puede ser compartido en este momento ya que está en etapa de análisis, no es final y tampoco establece política pública.
“Hacerlo público en esta etapa pondría al poder ejecutivo en una posición en donde puede ser prejuzgado por las decisiones que tome. Se afecta, también, si el pueblo interviene, a través de la prensa, en un proceso del ejecutivo… sin tener que contestar preguntas a la prensa”, sostuvo la abogada.
“¿Cuál es la urgencia (de la prensa) de tenerlo antes sin que el ejecutivo haya tomado una decisión? En esta etapa, el documento debe permanecer bajo el privilegio ejecutivo”, agregó Cortés Irizarry frente a la jueza superior Aileen Navas Auger.
Cuestionó, además, si los medios, de publicarse el informe, divulgarían la totalidad del análisis o solo algunos extractos. “El derecho del pueblo no es estar informado; es estar bien informado”, señaló sobre el particular.
Por su parte, Frank Torres Viada, representante legal de la ASPPRO y “Sin Comillas”, denunció la intención del gobierno en limitar el acceso a documentos públicos que, en síntesis, afectan o benefician a la totalidad de los ciudadanos.
Apuntó, asimismo, que toda información pública pagada con fondos del pueblo debe ser divulgada pues le pertenece a los ciudadanos y que estos, a su vez, pueden participar en el proceso deliberativo para fiscalizarlo.
“He visto muchas cosas en los tribunales, pero el que venga un funcionario a decir abiertamente que no van a entregar documentos públicos porque no quieren que le hagan preguntas al gobernador que resulten incómodas y que la prensa lo que hace es preguntar, preguntar y preguntar… pues eso me parece que es extremadamente preocupante y lo que llama es a ponerse vigilante a lo que es la oposición en este caso”, subrayó Torres Viada.
“Para que a los puertorriqueños nos den información pública no deberíamos tener que pasar por toda este proceso judicial y por todos los gastos que representa un litigio como este y tener que activar el sistema judicial para que nos entreguen lo que en derecho nos compete y se respeten los derechos constitucionales”, comentó el representante del gremio periodístico.
En su alocución, sostuvo también que el estado no había establecido los argumentos para mantener confidencial el estudio realizado por contadores públicos y economistas. “Esto no es un privilegio del ejecutivo; es un intento de censura. Esto es una alocada idea para que los funcionarios no tengan que pasar por la incomodidad de contestar preguntas”, añadió.
“Yo entré preocupado y salgo espantado con la representación que ha hecho el Estado diciendo que el pueblo no tiene derecho a participar en el proceso deliberativo de la toma de decisiones, que divulgar los documentos pone en jaque a los funcionarios. Con esa representación lo que nos da es más fuerza para intensificar la lucha por el libre acceso a los documentos”, puntualizó, en tanto, el presidente de la ASPPRO, el telereportero Rafael Lenín López.
La magistrada evaluará el documento y analizará las argumentaciones de ambas partes para determinar si el estudio permanece oculto hasta que se anuncie un proyecto de reforma contributiva o si será entregado a la prensa.
Jueza analizará informe KPMG para determinar si es público
El acceso al informe contributivo que rindió la firma KPMG está en manos de la jueza Aileen Navas, del Tribunal de Primera Instancia San Juan, quien durante el día de hoy escuchó los argumentos de las partes y analizará el documento para determinar si es considerado público.
Hacienda, quien es la parte demandada, se negó a divulgar el informe contributivo a la prensa, ya que alegan que no quieren crear desinformación y la especulación que conllevaría al ser cuestionados por la prensa. La representante legal del Secretario de Hacienda, Noemí Cortés Irizarry, expresó en la vista llevada acabo en la Sala 904, que el informe de la reforma contributiva no puede ser compartido por el momento, debido a que se encuentra en una etapa de análisis.
Cortés Irizarry enfatizó que el informe, el cual fue pagado con fondos públicos, todavía se encuentra en proceso deliberativo. Según la representante legal, “el derecho del pueblo no es estar informado, es estar bien informado”.
“Con la publicación en esta etapa del documento entendemos que el pueblo estaría desinformado”, expresó Cortés al tiempo en que cuestionó la urgencia al acceso al informe antes de que el ejecutivo lo haga oficial. “Aquí no se está negando el acceso”, añadió.
Por otro lado, el representante legal de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASSPRO) y de “Sin Comillas”, Frank Torres Viada, mostró gran preocupación en cuanto a la censura del documento.
“Aquí se ha admitido públicamente que lo que se pretende con la negativa de entregar este informe es que la ciudadanía no pueda intervenir en el manejo de los asuntos públicos”, senaló Torres Viada.
Según el abogado, este caso se trata de un intento de censura de un agrario constitucional directo, que afecta la libertad de prensa y expresión.
“El ELA le niega la información al público porque no quieren que le hagan las preguntas equivocadas y que le incomodan”, mencionó.
Tanto Torres Viada como el presidente de la ASSPRO, Rafael Lenín López, salieron preocupados de la sala 907.
“Yo he visto muchas cosas en los tribunales, pero que venga un funcionario del Departamento de Justicia a decir abiertamente que no van a entregar un documento porque no quieren que le hagan preguntas incómodas al gobernador y que los ciudadanos tienen derechos a saber pero tienen que saber en el momento que quieran darle la información, esto me parece extremadamente preocupante”, dijo Torres Viada.
Según Lenín Lopez, “yo entré preocupado y salí espantado”. Estas expresiones surgieron debido a que la representante del Estado dijo que Puerto Rico no tiene derecho a la participación en el proceso deliberativo de la toma de decisiones.
“Es espantoso como el Estado se ha expresado esta mañana, con esta representación nos da fuerza para otros casos que están pendientes para intensificar la lucha al acceso a los documentos. Estamos buscando tener acceso a los documentos que se producen en el gobierno sobre la toma de decisiones que en este caso nos afecta a todos”, expresó Lenín López.
Una vez la jueza analice los documentos, notificará si procede la demanda de la ASSPRO y “Sin Comillas”.
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