El viernes tuvimos en vitrina a un gobierno manipulador haciendo un despliegue de falta de respeto y fantochería para poder perpetrar a oscuras la Reforma Contributiva que podría signifcarle a usted tener o no tener empleo, quedarse o mudarse de la Isla, poder o no poder pagar sus medicinas, y poder o no poder garantizar el alimento de sus hijos.
El escenario fue la vista para dilucidar el reclamo de la periodista Luisa García Pelatti y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico para que el Departamento de Hacienda divulgue el informe de sus consultores, KPMG, que sirve de base para dicha reforma.
La actuación del Gobierno sorprendió por los nuevos niveles insultantes y antidemocráticos que lograron alcanzar con sus argumentos. Al principio de la controversia, el argumento era que el informe no era final sino sólo borrador, luego que tenían que esperar a que lo evaluara un comité asesor del Gobernador al que, como reveló NotiCel, también le escondieron el informe, y ayer, contra las cuerdas, el Gobierno reveló sus verdaderas razones: no lo entregan porque no quieren que el pueblo lo conozca y lo discuta, porque no quieren ponerse los pantalones largos de la transparencia para exponer su Reforma al más completo escrutinio público.
Pero también sorprendió una Judicatura cuya visión del acceso a la información está más cerca de la carrera de obstáculos, dilación y cortapisas que favorecen los estrategas y agencias de relaciones públicas del Gobierno, que del derecho constitucional amplio, claro, y vigoroso que ha reiterado nuestro Tribunal Supremo.
Ese derecho que todos tenemos por ser ciudadanos de este país parte de la premisa de que todo documento en poder del Gobierno es, de por sí, público y son contadísimas excepciones las que lo podrían convertir en confidencial. A dos meses de que se presentara la demanda y a pesar de todas las oportunidades que el tribunal le concedió para explicarse, el Gobierno no pudo proponer ninguna de esas excepciones. Esto hace preocupante la insistencia de la jueza Aileen Navas Auger de examinar el informe a pesar de que, al final del día, el Gobierno le confesó ayer que no lo quiere entregar para no contestar preguntas al respecto y para que el pueblo no «prejuzgue». ¿Qué criterios decisionales espera encontrar el tribunal en el documento que sean más poderosos que esas admisiones del Estado?
La insistencia del tribunal en el examen en cámara, su constante recordatorio del «privilegio ejecutivo» y la insinuación de que puede haber capítulos del informe que por no estar relacionados con la Reforma no tendrían que entregarse proyectan una visión limitada del derecho de acceso a la información que no compartiría cualquiera que conozca nuestra jurisprudencia al respecto.
El análisis judicial de esta controversia es sencillo. ¿Hay una ley que declare ese informe confidencial? ¿Hay algún peligro a la vida, o la salud del pueblo que el Estado pueda proteger mediante mantener oculto ese informe? Si la contestación es no, no hay justificación para el secreteo que no sea la intención antidemocrática de un Gobierno que se apresta a empujar una Reforma Contributiva que nos va a afectar a todos, con la menor cantidad de discusión pública sobre las alternativas, las bases, y el razonamiento de dicha reforma.
Farsa, tragedia, o las dos cosas. Esos fueron los destinos que el constitucionalista estadounidense James Madison previó que tendría aquel país donde no haya acceso a la información. Cuando uno mira el deterioro social, político y económico de Puerto Rico, ¿alguien duda que ya estamos en farsa, tragedia, o las dos?
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Reclaman salida juez que atiende caso de Educación Especial
El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte Hernández, denunció lo que catalogó como una intromisión judicial “indebida y cargada” a favor de la actual administración del Gobernador Alejandro García Padilla (PPD) y en contra de los estudiantes de educación especial de Puerto Rico.
El líder estadista acusó a la juez del Tribunal Superior de San Juan, Aileen Navas Auger, de buscar una silla en el Tribunal Apelativo en vez de hacer las cosas “conforme a la ley” y exigió que esta se inhiba de ver toda acción judicial en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez vs. Departamento de Educacion y otros (KPE1980-1738).
Aponte Hernández también pidió al Gobernador no nomine a la jueza Navas Auger al Tribunal Apelativo, según ella ha solicitado.
“Está más que evidenciado la clara tendencia de esta jueza a proteger la administración y no a la comunidad de educación especial. Entendemos que la jueza debió inhibirse en este caso. Las dos decisiones que ha tomado han sido muy controversiales y en contra de estos estudiantes y sus padres que solo reclaman sus derechos”, dijo el expresidente de la Cámara de Representantes en conferencia de prensa realizada este jueves.
Según Aponte Hernández, la primera ocasión en donde se le vio la “costura a la juez” fue en su decisión del pasado 31 de enero en donde estableció que los padres de los alumnos de educación especial que quieran reclamar daños y perjuicios por falta de servicios ante el Estado no podrán hacerlo como un pleito de clase, será de manera individual
Aponte Hernández destacó que con esta nueva sentencia, el gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) lo que busca es ahorrarse millones de dólares, debido a que limita el número de reclamaciones de un universo de aproximadamente 144,000 personas en el registro del programa de educación especial, a sólo entre 65 y 67 mil.
“La decisión también cambió las reglas de juego porque ahora, una persona tiene que probar un nexo causal-presentar evidencia de que el daño sufrido por el estudiante impedido es producto de negligencia por parte del Estado. Esto es otro intento de proteger los intereses de alguien, y no el derecho de otros”, añadió.
Otro fallo de la juez Navas Auger que el legislador estadista catalogó como controversial, sucedió esta misma semana cuando acogió una resolución del nuevo comisionado para el pleito de clase, Carlos Rivera Martínez, pidiendo la desestimación de un recurso incoado por los padres quienes impugnaron la reducción presupuestaria de $53.4 millones y el cierre de sobre 80 escuelas, porque estas medidas afectan los servicios que se brindan a los estudiantes de educación especial.
Para concluir, el expresidente cameral exigió al secretario del Departamento de Educación, Rafael Román, que produzca el protocolo utilizado para asignar a los estudiantes al programa de educación especial, ya que según afirmó, “tenemos información que se están cambiando los mismos para dejar fuera del registro a decenas de niños”.
Choque de poderes por negativa a revelar informe de KPMG
(Archivo/NotiCel)A diferencia del Ejecutivo, incluyendo al Departamento de Hacienda, los líderes legislativos de ambas Cámaras solicitaron este sábado que el informe de la firma KPMG sobre las recomendaciones al nuevo sistema contributivo se haga público para de esa forma promover la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones.
El estudio, por el que el gobierno pagó aproximadamente $4 millones con fondos públicos, analiza el sistema tributario de Puerto Rico y ofrece sugerencias de cómo mejorar los ingresos al estado incluyendo, entre otras cosas, la implantación de un Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Para Eduardo Bhatia Gautier, presidente senatorial, no hay justificación para que el Departamento de Hacienda mantenga oculta la información. De hecho, cuestionó la razón por la que hubo que llegar al foro judicial para que el documento se le entregara a la prensa.
“He tenido una política bien clara en el Senado que toda la información pública debe hacerse pública. Ese es mi norte y mi exhortación al gobierno central es que haga todos los documentos públicos. No hay razón ninguna para que no se de un debate bueno para que el país completo pueda participar”, sostuvo Bhatia Gautier en un aparte con los periodistas.
“Los procesos para que sean realmente participativos deben ser bien informados. Así que mi recomendación es que en los próximos días se entregara todo. No hay razón ni de tener un caso legal y que todo se haga según dicta la democracia”, agregó.
De igual forma, objetó la defensa del Departamento de Hacienda, quien en la vista de mandamus, celebrada el viernes, alegó que se hacer público el informe supondría especulación, desinformación y pondría en peligro la función gubernamental.
“Lo que he podido leer me pareció una defensa muy pobre. Me pareció que no es correcto y mi posición es que todo esto debe ser abierto y que estamos en el siglo 21 donde hay una filosofía de datos abiertos y creo en eso. Rechazo totalmente y tajantemente que alguien pueda pensar que la información diseminada que genere un buen debate no es bueno. Eso es bueno. La democracia madura lo que requiere es que estemos bien informado y cuestionemos a los líderes. De eso es que se trata. Yo quisiera que me cuestionaran más”, aseguró el líder senatorial.
Por otra parte, y aunque aseguró ser parte de un gobierno transparente, el líder de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, coincidió con su correligionario en la cámara alta.
“Si algo ha destacado a esta administración ha sido la transparencia y mi llamado al ejecutivo es que, en la mayor brevedad posible, se pueda entregar ese informe. Estamos llegando a un momento que la gente pueda pensar que se está ocultando algo cuando esto se ha estado discutido públicamente. A la brevedad posible ese informe debería hacerse público y Hacienda debe explicar por dónde vamos”, comentó.
Sobre los argumentos de Hacienda, de que el documento no es final ni establece política pública, el representante dijo que de tergiversarse la información existen mecanismos para aclararla.
“Si la preocupación es que se pueda malinterpretar algo que diga el informe, pues se cita a todos los medios de comunicación, que esté el secretario de Hacienda y explique por dónde va esa agencia. Lo que no puede haber es el más mínimo espacio de que algo se está escondiendo por que no es así”, apuntó el Presidente cameral.
Con relación a la importancia del contenido del informe, Perelló Borrás sostuvo que “hemos visto parte del estudio porque hemos estado trabajando lo que es un sistema contributivo. Yo no voy a legislar a base de KPMG; nosotros vamos a legislar a base de lo que es lo mejor para el pueblo. “Al fin y al cabo es la Asamblea Legislativa, a base de lo que presente el ejecutivo, quien va a decidir qué es lo mejor”.
Al ser cuestionado por NotiCel sobre la celebración de vistas públicas sin la presentación de un proyecto de ley sobre reforma contributiva, Perelló Borrás puntualizó que él, como líder de un cuerpo legislativo, no tiene que esperar a la radicación de una medida para discutir el tema contenido en ella.
“El país tiene derecho a participar de antemano cuáles son los asuntos que le preocupan del sistema actual y que ellos entienden que debe cambiarse. ¿Por qué yo tengo que esperar que se radique un proyecto de ley para dar el derecho al pataleo de las comunidades? Con las opiniones de los distintos sectores me da a mi unas herramientas para analizar esto de mejor manera”, señaló el legislador sobre el particular.
Tras la celebración de una vista en el Tribunal de San Juan, en donde la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) solicitó entrega del estudio, la jueza Aileen Navas Auger, evaluará los argumentos de las partes y determinará si el documento se publica o no.
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Tribunales regala tiempo al secreteo de la Reforma Contributiva
(Josian Bruno/NotiCel)A casi dos meses de su radicación, el tribunal todavía no ha resuelto lo que se supone sea un recurso de trámite expedito con el que la periodista Luisa García Pelatti y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) reclaman su derecho constitucional a tener acceso al informe que los consultores del Departamento de Hacienda realizaron sobre la Reforma Contributiva.
La demanda presentada por los periodistas fue un mandamus que, según la doctrina legal, es un recurso en el que se le exige a un funcionario cumplir con su deber ministerial, y que se supone sea tramitado de manera rápida.
«El Gobernador ha anunciado que presentará su proyecto de Reforma Contributiva a mediados de febrero, por lo que el tribunal debe actuar con premura. De lo contrario, el recurso será académico, y los derechos de acceso a la información se verán frustrados, con las consecuencias que ello implica para el debate y fiscalización de los asuntos públicos», dijo en declaración escrita el presidente de la Asppro, Rafael Lenín López.
El 20 de noviembre de 2014, la periodista Luisa García Pellati y el periódico digital Sin Comillas solicitaron copia del informe de la firma KPMG al Secretario de Hacienda, solicitud que este rechazó. Según el Mandamus radicado, “en patente desapego al ordenamiento constitucional democrático prevaleciente, aduce el Secretario de Hacienda como razón para negar acceso al documento público solicitado que se trata de un borrador o documento de trabajo, sobre el cual no se han tomado decisiones finales y que la agencia solicitó una opinión al Secretario de Justicia sobre el particular”.
El caso ha pasado por las manos de tres jueces en el contexto del ascenso al Tribunal de Apelaciones de la primera jueza, Giselle Romero, y la entrada de su sustituta, Aileen Navas Auger, exsubprocuradora de la Mujer bajo la Administración Calderón, en la sala 907 del Tribunal de San Juan. La jueza Navas emitió hoy, martes, una orden dándole 48 horas a Hacienda para que se exprese sobre una solicitud de los demandantes. Esto, después de que ya ambas partes hubieran sometido por escrito sus posiciones sobre la solicitud de acceso.
Para más información, vea Sincomillas.com.
- Reforma Contributiva
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Hacienda admite que entregar informe KPMG pone en peligro al Gobierno
(Archivo/NotiCel)Aniel Bigio 30/01/2015El Departamento de Hacienda rechazó la publicación del informe de recomendaciones contributivas de la firma KPMG pues de difundirse el estudio a la prensa del país supondría especulación, desinformación y pondría en peligro la función gubernamental de la administración de turno.
Ese documento “voluminoso”, como establece la agencia, fue solicitado hace tres meses por el periódico digital “Sin Comillas” y más recientemente por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) para su evaluación, análisis y explicación.
No obstante, Hacienda, bajo la secretaría de Melba Acosta Febo y el actual jefe, Juan Zaragoza Gómez, negó revelarlo alegando un privilegio ejecutivo en el proceso de deliberación.
Durante la vista de ‘mandamus’, celebrada este viernes en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, la representante legal del secretario de Hacienda, Noemí Cortés Irizarry, estableció que ese informe, pagado con fondos públicos, no puede ser compartido en este momento ya que está en etapa de análisis, no es final y tampoco establece política pública.
“Hacerlo público en esta etapa pondría al poder ejecutivo en una posición en donde puede ser prejuzgado por las decisiones que tome. Se afecta, también, si el pueblo interviene, a través de la prensa, en un proceso del ejecutivo… sin tener que contestar preguntas a la prensa”, sostuvo la abogada.
“¿Cuál es la urgencia (de la prensa) de tenerlo antes sin que el ejecutivo haya tomado una decisión? En esta etapa, el documento debe permanecer bajo el privilegio ejecutivo”, agregó Cortés Irizarry frente a la jueza superior Aileen Navas Auger.
Cuestionó, además, si los medios, de publicarse el informe, divulgarían la totalidad del análisis o solo algunos extractos. “El derecho del pueblo no es estar informado; es estar bien informado”, señaló sobre el particular.
Por su parte, Frank Torres Viada, representante legal de la ASPPRO y “Sin Comillas”, denunció la intención del gobierno en limitar el acceso a documentos públicos que, en síntesis, afectan o benefician a la totalidad de los ciudadanos.
Apuntó, asimismo, que toda información pública pagada con fondos del pueblo debe ser divulgada pues le pertenece a los ciudadanos y que estos, a su vez, pueden participar en el proceso deliberativo para fiscalizarlo.
“He visto muchas cosas en los tribunales, pero el que venga un funcionario a decir abiertamente que no van a entregar documentos públicos porque no quieren que le hagan preguntas al gobernador que resulten incómodas y que la prensa lo que hace es preguntar, preguntar y preguntar… pues eso me parece que es extremadamente preocupante y lo que llama es a ponerse vigilante a lo que es la oposición en este caso”, subrayó Torres Viada.
“Para que a los puertorriqueños nos den información pública no deberíamos tener que pasar por toda este proceso judicial y por todos los gastos que representa un litigio como este y tener que activar el sistema judicial para que nos entreguen lo que en derecho nos compete y se respeten los derechos constitucionales”, comentó el representante del gremio periodístico.
En su alocución, sostuvo también que el estado no había establecido los argumentos para mantener confidencial el estudio realizado por contadores públicos y economistas. “Esto no es un privilegio del ejecutivo; es un intento de censura. Esto es una alocada idea para que los funcionarios no tengan que pasar por la incomodidad de contestar preguntas”, añadió.
“Yo entré preocupado y salgo espantado con la representación que ha hecho el Estado diciendo que el pueblo no tiene derecho a participar en el proceso deliberativo de la toma de decisiones, que divulgar los documentos pone en jaque a los funcionarios. Con esa representación lo que nos da es más fuerza para intensificar la lucha por el libre acceso a los documentos”, puntualizó, en tanto, el presidente de la ASPPRO, el telereportero Rafael Lenín López.
La magistrada evaluará el documento y analizará las argumentaciones de ambas partes para determinar si el estudio permanece oculto hasta que se anuncie un proyecto de reforma contributiva o si será entregado a la prensa.
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