Un mar de críticas e interrogantes predominó ayer luego que el informe de la firma asesora KPMG brindó luz sobre algunos aspectos del escenario fiscal que resultaría tras la aprobación de un Impuesto de Valor Agregado (IVA) de 16 por ciento.
Aunque el gobernador Alejandro García Padilla no ha anunciado los detalles de la reforma contributiva y todavía estudia a cuánto ascenderá el IVA y cuáles serán sus exclusiones, lo cierto es que todo apunta a que será entre 16 a 18 por ciento con muy pocos productos y servicios exentos.
En ese sentido, el economista Carlos Colón de Armas explicó que se supone que el IVA y el IVU recauden lo mismo, por lo que entiende que no es necesario un cambio en la forma contributiva en momentos de tanta incertidumbre en la economía. “Lo que debieron hacer fue implantar una tasa más alta del IVU y no del IVA, que es más costosa, complicada y onerosa para fiscalizar así como para implantar”.
Igualmente, reconoció que la respuesta correcta de cuán razonable es un 16% de IVA depende de dos elementos particulares: la eliminación de la contribución sobre ingresos y la del IVU, de manera que dicho porcentaje solo recopile, al final del día, los ingresos por ambos conceptos. “Si ese 16% es más elevado que la suma de los dos factores anteriormente mencionados, no es razonable, ya que el nuevo impuesto lo que persigue entonces es recaudar más dinero para que el Gobierno malverse, cuando lo que tienen que hacer es recortar gastos. Es favorable para la economía eliminar por completo las contribuciones sobre ingresos porque insta al progreso y, por ende, repercute en un mayor consumo producto de inversión y crecimiento”.
Mientras tanto, el economista Elías Gutiérrez, opinó que habrá “ganadores y perdedores” con la aprobación de un IVA.
“Todo va a depender de lo que ahora la Asamblea legislativa haga porque cada exclusión, cada intervención va a costar y el costo va ser tasas más altas o recaudos más bajos, y ese es el equilibrio que hay que hacer”, manifestó el también profesor universitario.
Gutiérrez agregó que, hasta al momento, no se han divulgado los análisis macroeconómicos para saber el ambiente en el que se implementará un IVA ni cuál será el plan para los impuestos de las ganancias de capital y el ingreso pasivo.
“Va a haber ganadores y perdedores y todo va a depender del pulseo político que se va a dar. Hay el peligro de que haya una porción de los que pagamos impuestos que quedemos en una franja en la que estemos sujetos a la contribución sobre ingresos, al IVA y al IVU municipal y otras cosas como el arbitrio de la gasolina y salgamos mal. Pero, eso solo se sabrá al final y luego de la negociación de las distintas exenciones y los impuestos sobre ingreso”, dijo.
Añadió que “primero hay que hacer un análisis de los recursos que se necesitan para luego imponer la tasa. Lo que hay que ver es si ese porcentaje responde a un sistema simulado con la ayuda de un modelo macroeconómico, generando supuestos escenarios, unos más color de rosa que otros. Yo favorezco que se sustituya el IVU y la contribución sobre ingresos, por un 22% de IVA. Si se seleccionó un porcentaje inferior es porque los estudios deben haber demostrado ser suficiente. Entiendo que la resistencia del Gobierno a exponer los detalles de la reforma es porque el público no lo entiende y la oposición política no lo quiere entender, lo que hace la propuesta vulnerable para escoger el escenario particular que las partes deseen”.
Asimismo, varios analistas contributivos consultados por este rotativo coinciden en que es crucial conocer los detalles del IVA en torno a las exenciones o tasa cero. Si la nueva metodología impone exención para el consumidor y no para el comerciante, ese IVA de 16% se traduce en costo, ya que no lo podrían reclamar como crédito, lo que aumenta el precio del producto. Si por el contrario, determina tasa cero, el comerciante puede reclamar un crédito por el IVA que pagó. Si en ambas circunstancias el comerciante lo trata como costo, pudiese incrementar los precios. Como resultado se estaría cobrando el IVA a todos los consumidores, en el caso de los exentos del impuesto un 16%, y en el caso de los no exentos, el doble.
Varios comerciantes ya han levantado bandera y advirtieron que uno de los elementos a evaluar son los pequeños y medianos comercios (Pymes), sector donde se prevé existe el mayor efecto cascada en los impuestos. Bajo el IVA esta situación pudiese agudizarse, ya que la misma requiere de un desembolso inmediato de efectivo, lo que reduce el flujo en caja de estos negocios. Por ende, los comerciantes buscan la manera más rápida de recuperar esa fuga de dinero, y aplicarían dicho impuesto como costo, en vez de solicitarle el crédito al gobierno.
Sobre ese particular, el presidente del Centro Unido de Detallistas, Rubén Piñero, aceptó que ese es un posible escenario para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), aunque no todos incurren en esa práctica. “Por esa situación fue que levanté bandera. En todos los países, los Pymes son los más que han salido afectados con la implantación del IVA. Existe una gran preocupación de si tengo flujo de efectivo para pagar el 16% en el momento y cómo lo recupero rápido para volver a invertir en inventario para seguir la operación. Esta práctica va a depender mucho de la implantación y la tecnología”.
Por otro lado, para Jenniffer González, portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, el IVA “destruirá la clase media y la economía”.
“Va a ser demasiado oneroso para el consumidor en una economía como la que tenemos en este momento. Veo esto detrimental porque el Gobierno no puede sacar los pocos dólares que quedan en el bolsillo de la gente de esta manera”, sentenció.
La expresidenta de la Cámara de Representantes indicó que en una audiencia pública de la Comisión de Hacienda se discutió que si se fiscaliza el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) se pudiera mejorar un 10 por ciento adicional la captación del impuesto.
“Hoy no se están enviando los agentes de rentas internas a la calle, ni se están fiscalizando las recomendaciones de los terminales, de los puntos de venta, que envían unos avisos donde pudieran haber irregularidades”, agregó. “Hay margen para mejorar en vez de romper el sistema y empezar desde cero”.
Por su parte, el portavoz del Partido del Pueblo de Trabajador (PPT), Rafael Bernabe, dijo que no hace falta un IVA sino “una moratoria al pago de la deuda, seguida por una auditoría y una renegociación”. Catalogó el IVA como “un impuesto regresivo” que no atenderá los problemas fiscales del País.
“Desde febrero de 2014, hemos explicado que, mientras la economía no crezca, la deuda no puede pagarse y que, mientras la economía esté agobiada por la deuda, no podrá crecer. Hemos advertido que el Gobierno va hacia la quiebra, hacia el impago, y que por eso debemos tomar acción antes de llegar a ese punto. Cuando el Gobierno ha vuelto a emitir deuda, en condiciones cada vez más onerosas, hemos denunciado que nos están metiendo en un hoyo cada vez más profundo. Hemos propuesto que se declare una moratoria al pago de la deuda, que se realice una auditoría de la deuda y que se renegocie”, sostuvo el excandidato a la Gobernación.
Regresivo para el sector de alimentos
La inclusión de los alimentos procesados para el hogar en el Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA), puede ser altamente regresivo y discriminatorio para la población económicamente desventajada, según un estudio reciente que estimó el efecto de inestabilidad relacionado al cambio en el sistema tributario de la Isla.
Según el estudio al cual EL VOCERO logró acceso, “si se establece una tasa IVA de 16%; una familia con $30 mil de ingreso anual pagaría 2.6% de sus ingresos en impuestos IVA sólo por alimentos”.
En el caso de una familia con ingresos de $175 mil, pagaría 1.7% de sus ingresos, mientras una cuyos ingresos superen los $200 mil, entonces pagaría 1.6% en impuestos de sus ingresos.
Eso lo que demuestra es que el nuevo sistema contributivo sobre el consumo tendría una regresividad significativa sobre los sectores de recursos económicos más bajos. Se aclaró que en el presupuesto de una familia de la escala más baja en ingresos, lo que destina para comprar alimentos representa una proporción mayor.
A una tasa de 16%, los recaudos de Hacienda por concepto de alimentos (si se gravan todos los segmentos, procesados y no procesados) llegarían a $1,465 millones, mientras con una tasa al 8% esa cantidad sería de $732 millones, de acuerdo con el estudio.
Por lo tanto, una de las conclusiones es que la imposición sobre los alimentos no procesados “no representa la mejor práctica de impuestos”, ya que es probable que los recaudos no aumenten en la medida que se tengan que otorgar pagos (reintegros) por regresividad.
De acuerdo con el análisis, uno de los principales impactos será el “shock” social de un aumento en precisamente la tasa tributaria del 16% en los alimentos, porque trastocará todos los presupuestos de las personas.
En el caso de los consumidores que están bajo el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y WIC, éstos estarían exonerados, pero no así el resto de la población. Hacienda no lograría recaudos por esos alimentos.
“Los comercios habrían pagado IVA por el 100% de sus insumos pero no podrán cobrar a buena parte a sus clientes por lo que el estado tendrá que ofrecer créditos urgentes o se afectarán los flujos de efectivo de los mismos”, se detalló.
En el estudio también se reflejó el efecto en la salud, ya que a pesar de la inelasticidad, se puede esperar que los consumidores sustituyan productos por otros más económicos y potencialmente menos nutricionales. En consecuencia, y a largo plazo, el estado deberá invertir más para atender una porción de la población indigente con problemas de nutrición.
Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO
Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.
“Secreteo” en el BGF
El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) quiere que se mantengan secretos más de 30 informes y documentos que han sido pagados con fondos públicos y que son utilizados para justificar decisiones importantes para el país, particularmente las que tienen que ver con las finanzas de la Isla.
Como parte de la demanda radicada por el representante novoprogresista José Enrique Meléndez para que se den a conocer los informes que llevaron a la aprobación de la llamada ¨quiebra criolla¨, el BGF entregó al tribunal una larga lista de documentos que a su entender deben mantenerse como privilegiados y confidenciales.
El primero en la lista de documentos es un informe de la compañía Millstein, donde se incluye una discusión sobre estrategias de refinanciamiento de deudas y alternativas para la implementación de un plan fiscal viable, según el mismo documento entregado por el BGF al tribunal.
Al explicar las razones para que no se publique este informe, el BGF indica que ¨publicar la información sobre las estrategias consideradas por el BGF y el ELA y los supuestos originales y números preliminares que justificaron dicha emisión causaría perjuicio al Gobierno, toda vez que podría causar confusión, impactando negativamente la confianza de las agencias crediticias y de los bonistas o los potenciales bonistas del ELA¨.
El Gobierno se vio obligado a publicar ayer el informe de KPMG luego de ser ordenado por un tribunal. Esto, tras una demanda radicada por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y la publicación digital ´Sin comillas´. Este informe es el que da paso al proyecto de reforma contributiva que todavía no ha sido radicado.
La demanda de Meléndez fue radicada en octubre contra el BGF para solictar informes que dieron paso a este proyecto de reestructuración económica. En específico, solicitó los informes de las firmas Proskauer and Rose LLP, Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP y Millco Advisors.
¨Como parte del pleito, el juez Ángel Pagán le ordenó al gobierno, al BGF, que hiciera un desglose de qué contienen los informes y por qué entiende que son confidenciales y lo que hicieron fue decir que todo es confidencial¨, dijo Meléndez. ¨Eso ni siquiera cumple con la orden del tribunal¨.
Meléndez adelantó que radicó una moción para que el juez no acepte lo que presentó el BGF y que resuelva el caso. Dijo que no espera una decisión muy diferente a la que obtuvo la prensa en su demanda, pero reconoció que esta decisión no obliga al juez que está atendiendo su demanda.
Al cierre de esta edición, el BGF no contestó llamadas de este rotativo.
Entre los documentos que según el BGF deben mantenerse privado está además otro estudio realizado en abril del año pasado sobre la deuda y las alternativas para implementar un plan fiscal viable, así como potenciales fuentes de liquidez.
¨El documento se usó y se continúa usando de base para la estrategia utilizada por el BGF y las corporaciones públicas para atender sus problemas de liquidez. Incluye un análisis sobre las proyecciones de liquidez y necesidades financieras de cada una de las corporaciones públicas¨, reza el documento al explicar las razones por las cuales- a entender del BGF – no debe ser público.
El BGF interesa mantener en secreto además varios documentos sobre las finanzas de la Autoridad de Carreteras y las maneras para salvarla, incluyendo un análisis detallado del flujo de caja a corto plazo de la Autoridad y el Departamento de Transportación y Obras Públicas y las proyecciones de liquidez del BGF hasta 2015.
En la lista hay además varios análisis de la liquidez de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y las estrategias para mantenerla a flote.
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO
Tiene más de 15 años de experiencia como periodista en Puerto Rico y Estados Unidos. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y una maestría en Periodismo de Indiana University en Bloomington, Indiana.
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