EL VOCERO/Archivo

{La Economía de Mal en Peor y AGaPito en las Nubes, No Asume Resposabilidades y sólo se las Pasa Buscando Excusas y acusando a Otros de los Males que ha Causado. AGaPito No Lo Sabe: Desmanteló al Gobierno y lo Llenó de Jefes Batateros que No Trabajan Ni Dejan Trabajar.}

Al declarar inconstitucional la llamada “quiebra criolla”, el juez federal Francisco A. Besosa hizo estallar una bomba que de inmediato resonó en el mercado inversor, donde hubo celebración entre las firmas de inversores que cuestionaron la ley local, pero también crecieron las expectativas sobre el incumplimiento de pago por parte de las corporaciones públicas del Estado Libre Asociado (ELA).

Triet Nguyen, analista y gerente director de la consultora financiera y gestión de riesgo en Nueva York, NewOak, describió la decision judicial precisamente como “una bomba”.

“Este último desarrollo es un bombazo absoluto”, expresó Nguyen, al ser abordado por EL VOCERO. “Para nosotros significa que los esfuerzos de la administración del gobernador Alejandro García Padilla para proteger el crédito de los bonos de obligaciones generales (GO’s) han fracasado”.

Nguyen dijo que ante este panorama, urge “encontrar ahora una solución integral para la totalidad de la deuda de Puerto Rico”.
El ELA posee una deuda pública de sobre $73,000 millones, mientras la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) adeuda más de $9,000 a bonistas y bancos, por lo que se encuentra en un proceso de reordenar sus finanzas bajo un acuerdo de retrasar sus pagos, que ahora podría cambiar con esta decisión judicial.

Al mismo tiempo, el gobierno central y sus entidades siguen sin reflejar mejoraría financiera, mientras los recaudos no cumplen con las proyecciones esperadas y el Índice de Actividad Económica registró recientemente 25 meses consecutivos en terreno negativo. Se suma que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) no ha logrado capturar la atención de los inversores para colocar la emisión de $2,000 millones que le allegaría algo de liquidez.

Entre tanto, sobre las alternativas que le puedan quedar al gobierno, luego de anulada la Ley para el Cumplimiento  con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas (la quiebra criolla), y con la cual la AEE consiguó que el 60% de sus acreedores aceptaran posponer el pago de obligaciones, Nguyen recomendó mirar al Congreso.

“La presión es para el Congreso de Estados Unidos para que le permita específicamente a Puerto Rico y a sus corporaciones públicas a buscar protección bajo el Capítulo 8 del Código de Quiebras”, destacó Nguyen.
Precisamente, esa es la propuesta del comisionado residente en Washington del ELA, Pedro Pierluisi, quien presentó legislación al respecto a mediados de 2014.

El economista y director del Programa de Relciones Económicas e Internacionales de la Escuela de Relaciones Internacionales de American University, en Washington, Arturo Porzecanski, fue categórico al indicar que “la decisión del juez Besosa le clava un cuchillo en el corazón a la estrategia del manejo de la deuda pública desarrollada por el gobierno de García Padilla”.

“Dicha estrategia ha consistido en considerar las deudas de las corporaciones públicas como de segunda prioridad, y declararlas abiertas a un proceso de restructuración que seguramente llevaría a pérdidas importantes por parte de los acreedores de la AEE y de otras entidades públicas en condición financiera frágil”, expresó Porzecanski a preguntas de EL VOCERO.

El profesor y analista opinó que la declaración de inconstitucionalidad “es tan tajante” y planteó que en la página 42 del escrito de 75 folios de Besosa, “el juez dice que ‘this is not a close case’ en uno de los considerandos, que si yo fuera el gobernador ni pensaría en apelarla, sino en volver marcha atrás y solicitarle a la legislatura la derogación de la Ley”.

Según Porzecanski, si el gobierno quiere “lavarse las manos” de entidades como la AEE ante la crisis fianciera que enfrentan, “entonces que dé paso al cumplimiento de la ley de mayo de 1941 que creó a la AEE, y que dice que si la empresa llegara a no poder cumplir con sus obligaciones financieras, entonces sus acreedores pueden tomarse cargo de ella”.

Agregó que resultaría más eficente tener a la AEE privatizada para que se modernice y opere de manera adecuada.
Porzecanski puntualizó que la declaración de inconstitucionalidad de la quiebra criolla “desbarata toda la estrategia del gobierno, una estrategia que consiste en dejar de cumplir con parte de sus obligaciones financieras para salvar las demás”.

Resaltó la importancia de este asunto, toda vez que es la segunda derrota en menos de cuatro meses, si se agrega el fallo contra Hacienda en el caso de Doral Bank. “Aquí hay ya un patrón de conducta por parte del gobierno García Padilla que es muy preocupante”, sentenció el analista.

Por su parte, la representación legal de los fondos Franklin Mutual y Oppenheimer Funds, que tienen $693 millones y $866 millones, respectivamente, en bonos de la AEE, expresó en declaraciones escritas que la decisión de Besosa “es la mayor victoria para los tenedores de bonos municipales” y reiteró que “estamos muy agradecidos por la decisión del juez”. Ambos fondos fueron parte de la demanda contra el gobierno por la fallida ley.

En el caso de Bluemontain Capital Management, que posee poco más de $1,000 millones en bonos de la AEE, y era otro de los demandante, su abogado Matthew McGill, igualmente expresó que “estamos satisfechos por la decisión del juez Besosa. La ley de prevención de la deuda viola la ley federal y un tribunal federal la ha declarado nula. Esperamos trabajar con grupos de interés en la AEE para desarrollar un camino hacia la sostenibilidad”.