Si el gobierno no logra prevalecer y conseguir que se sostenga la Ley de Quiebra Criolla, asuntos tan importantes como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) quedarían en la cuerda floja ante la imposibilidad de negociar con sus bonistas dentro de un marco legal.
Esto, según el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael Hernández Montañez, quien dijo estar contando con que el gobierno apele la reciente decisión del Tribunal Federal que declaró esta ley inconstitucional.
“Si no se diera el espacio para que esta ley sobreviva, culminarían las negociaciones de la AEE”, dijo Hernández Montañez. “El proceso debe continuar en los tribunales porque ya para mayo o junio debe haber un acuerdo con los bonistas. Yo creo que es lo correcto porque yo no creo que sea algo que esté ocupado en derecho. Procesalmente, no tener esa ley disponible no nos permitiría que las negociaciones de la AEE continúen”.
La aprobación de la llamada Ley de Quiebra Criolla no se dio ausente de controversias, según recordó el representante de mayoría Carlos Vargas Ferrer. Pero, a pesar de las advertencias o preocupaciones que manifestó al aprobarse esta legislación, Vargas Ferrer vio con buenos ojos la decisión de apelar la determinación del juez Besosa.
“Cuando esta ley se aprobó, varios preguntamos la posibilidad de que esto pasara, que hubiera una decisión adversa en el tribunal. Siempre se habló de esta posibilidad porque había un área gris y podía haber una interpretación de un lado u otro”, dijo Vargas Ferrer. “Si no tenemos estructura legal, ante una posible insolvencia, no hay una estructura legal”.
Sobre la decisión de apelar anunciada ayer por el secretario de Justicia, César Miranda, dijo que “yo creo que sí, se debe apelar porque no es la primera vez que un tribunal de primera instancia se revoca. Es saludable que un panel de jueces decida si la decisión fue correcta o no”.
De igual forma, el representante popular Luis Vega Ramos favoreció la determinación de apelar al indicar que la ley federal no habla sobre las corporaciones públicas por ser estas una figura del Estado Libre Asociado.
“La interpretación del juez Besosa, de que ante el silencio de la ley federal para incluir las corporaciones públicas en la ley de quiebra federal, no pueda legislarse por los estados ni por el ELA un remedio equivalente, me parece que es una conclusión demasiado amplia y me parece justo que Boston lo examine”, dijo Vega Ramos.
Pero la minoría novoprogresista criticó a la actual administración por decidir apelar la determinación del Tribunal Federal que declaró inconstitucional la llamada Ley de Quiebra Criolla.
La portavoz de la delegación novoprogresista en la Cámara, Jenniffer González, catalogó como un error la decisión de apelar esta determinación.
“Yo creo que es un error. Eso sigue dando internacionalmente la impresión de falta de credibilidad. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es acoger el proyecto del comisionado residente (Pedro Pierluisi) para viabilizar la estructura económica de Puerto Rico. Siguen gastando dinero innecesariamente y la proyección es fatal en términos económicos y se nota la improvisación y la falta de un plan económico. Siguen enterrando al país económicamente”.
De igual forma, el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Larry Seilhamer, opinó que el próximo paso del gobierno debe ser unirse a la gestión de Pierluisi en el Congreso para reestructurar el pago de la deuda.
“La solución no puede ser entregar las corporaciones públicas a los inversionistas y mucho menos atender la incapacidad del repago de la deuda con mayores impuestos al pueblo”, dijo Seilhamer. “El gobierno, lejos de estar pensando en gastar más dinero impugnando la decisión del Tribunal, debe apoyar mediante los cabilderos que tiene en Washington, que son pagados con fondos públicos, la gestión de Pierluisi”.
Por su parte, el vicepresidente del Senado, José Luis Dalmau, dijo que la minoría novoprogresista debería “unirse para mejorar la economía de la Isla”. Le restó méritos a los esfuerzos del comisionado residente en la capital federal.
“Bajo la Ley federal de Quiebras en su Capítulo 9, no incluye a Puerto Rico, así que no es campo ocupado. Si Puerto Rico hubiese estado cobijado bajo la Ley de Quiebras, ¿entonces ustedes hubieran estado a favor?”, dijo durante una sesión senatorial.
La semana pasada, el Tribunal Federal declaró inconstitucional la Ley de Quiebra Criolla por entender que es campo ocupado bajo legislación federal. El lunes el secretario de Hacienda, César Miranda indicó que el gobierno apelará esta decisión.
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO
Tiene más de 15 años de experiencia como periodista en Puerto Rico y Estados Unidos. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y una maestría en Periodismo de Indiana University en Bloomington, Indiana.
Moody’s insisten en el impago de la AEE
Aun cuando se creó la ley de quiebra criolla en su momento y con la actual reestructuración que maneja Lisa Donahue en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), todo apunta a que nada será suficiente para que la corporación pública llegue al impago antes de concluir el 2015.
La crisis económica de la entidad pública, con una deuda que supera los $9,000 millones, más el deterioro progresivo de sus finanzas, prácticamente hacen improbable que pueda cumplir con su deudores, advirtió la agencia Moody’s Investor Service, en un informe a la comunidad inversora.
Moody’s hizo el pronunciamiento a días de que el juez Francisco Besosa, del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, declaró inconstitucional la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas -ley de quiebra criolla. Dicha ley permitía a entidades como la AEE poder acogerse a la bancarrota.
“Si bien la ley inicialmente tuvo consecuencias negativas para la posición crediticia de Puerto Rico, marca el fin de la voluntad del gobierno central para tomar medidas que garanticen el pago de deuda de las corporaciones públicas”, sostuvo Moody’s, y agregó que comparativamente el rechazo de la ley “tiene pocos efectos positivos sobre el crédito”.
El informe explicó que ocurre así toda vez que las presiones financieras que llevaron al gobierno a redactar la ley han continuado en aumento desde su aprobación. Además, tales presiones pueden conducir a pérdidas para los bonistas, aun ante la ausencia del marco legal que se pretendió establecer.
“Esta decisión no cambia nuestra opinión sobre la probabilidad de un incumplimiento de la AEE, el cual esperamos que se produzca a finales de este año y que ya está incorporado en nuestra calificación Caa3”, planteó Moody’s. Esa clasificación significa que la probabilidad de que la entidad no cumpla con el pago de su deuda es bastante alta. “El perfil y posición de liquidez financiera de la AEE siguen siendo débiles, y la economía de Puerto Rico tiene problemas estructurales que unidos podrían dar lugar a un incumplimiento o reestructuración”.
Contrario al propósito del Estado Libre Asociado cuando creó la quiebra criolla, Moody’s opinó que el resultado fue contraproducente. “En nuestra opinión, la ley socavó la posición no sólo de las empresas elegibles para la reestructuración, sino también al Banco Gubernamental de Fomento, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), al propio gobierno central y a otros emisores de deuda gubernamental a los que la ley no le aplicaba”, resaltó el documento de dos páginas. Cabe recordar que todas las entidades públicas fueron degradas después de firmada la controvertible legislación.
De acuerdo con la agencia acreditadora, aunque Puerto Rico había sido capaz de utilizar la ley “para un impago selectivo” de los bonos de las corporaciones públicas, y así preservar la liquidez para el repago de los bonos de obligaciones generales (garantizados constitucionalmente) y de otras deudas del gobierno central, “su promulgación era más significativa por lo que planteó acerca de la capacidad y voluntad cada vez menor del gobierno de priorizar el pago de la deuda sobre los servicios y el bienestar público”.
Al referirse particularmente a la AEE, Moody’s entiende que hay progresos en las conversaciones con los bonistas que aceptaron la posposición de pagos el año pasado, y señaló que la decisión del juez Besosa “puede fortalecer la posición de los acreedores de la AEE, principalmente desde una perspectiva de recuperación, ya que limita las opciones de la autoridad en caso de que las conversaciones con los tenedores de bonos se interrumpan”.
“Si se hubiera aplicado como está escrita, la ley de reestructuración habría permitido a la autoridad eliminar de manera unilateral o reducir en gran medida los derechos de sus acreedores”, añadió.
El próximo 2 de marzo se cumple el término para que la AEE, según lo que acuerde de las recomendaciones que le haga la oficial 
de reestructuración Lisa Donahue, entregue a los bonistas la propuesta de un plan de reestructuración. Sin embargo, Donahue ya le solicitó a los bonistas que el plan que abarcaría en un principio un periodo de cinco años se pueda prolongar a 10 y que en lugar de entregar la propuesta en marzo sea en junio.
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