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La venta de una casa nueva no pagará IVA, pero el constructor pagará el impuesto por los materiales, lo que aumentaría el costo de la vivienda. (Jorge A Ramirez Portela)

La reforma contributiva que comienza a discutirse hoy en la Legislatura podría convertirse en otro dolor de cabeza para los dueños de viviendas en Puerto Rico y para aquellos que interesen comprar una, pues el nuevo sistema contributivo modificará la deducción por intereses hipotecarios y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) podría hacer más costosa la construcción de hogares.

De igual forma, y aunque la discusión pública se ha enfocado en el IVA, la reforma contributiva propone cambios significativos en los impuestos que pagarán los negocios y deja en el limbo los incentivos y créditos contributivos que el Gobierno concede a empresas y entidades similares. Esto, a pesar de que eliminar buena parte de esos incentivos es una de las recomendaciones principales del estudio de la firma consultora KPMG y que implicó el desembolso de unos $4.5 millones en fondos públicos.

“Pretender aprobar esto (la reforma contributiva) en el período de un mes es preocupante”, dijo el presidente de la Asociación de Banqueros Hipotecarios,  Agustín Rojo.

“No me compro la idea de que el aumento en recaudos que plantea esta reforma solo lo pagará el evasor. Eso lo vamos a pagar todos”, indicó  Kermit Lucena, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA).

Los intereses hipotecarios

El proceso de vistas públicas para discutir la reforma contributiva comienza hoy en procesos separados que llevarán a cabo las comisiones de Hacienda, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

De acuerdo con Rojo, un efecto posiblemente no intencionado de la reforma contributiva, se encuentra en la reducción y conversión de la deducción por intereses hipotecarios en un crédito.

Bajo la reforma, la venta de una casa nueva no pagará IVA, pero el constructor debe pagar el impuesto al consumo por todos los materiales que se utilizan. Esto aumentaría el costo de una vivienda en al menos 10%, indicó Rojo. Agregó que el IVA tendrá que pagarse por los servicios que ofrecen abogados, tasadores y otros servicios similares que se utilizan en un cierre hipotecario, lo que hará más difícil la compra de un hogar.

Si se aprueba como lo propone el Departamento de Hacienda, a futuro y en lugar de deducir los intereses hipotecarios, el contribuyente utilizará estos como un crédito. Es decir, los restará del pago de sus contribuciones, si alguno. Si el contribuyente tiene más intereses hipotecarios que contribuciones a pagar, no recibirá reintegro por la diferencia.

Según Hacienda, la rebaja en tasas contributivas y el monto de ingresos exentos -ahora en $40,000 y $80,000 para solteros o parejas, respectivamente- son suficientes para compensar el impacto que tendría un IVA o la modificación de los intereses hipotecarios. De acuerdo con   KPMG, los intereses hipotecarios son la principal deducción que utilizan los contribuyentes en la Isla. En conjunto, ese tratamiento especial supone unos $278 millones en gasto contributivo cada año.

Reina la confusión

“Todavía no está claro si los hijos continuarán siendo una deducción en la planilla”, comentó Lucena al indicar que a medida que se escudriña el proyecto, crece la incertidumbre con su efectividad e implementación.

Según Lucena, en el plano empresarial, la reforma supone cambios drásticos para los negocios.

“Se va a imponer el IVA en los servicios, que es un nuevo ángulo. Anticipo que vamos a recomendar muchas enmiendas”, sostuvo el líder del CCPA, al agregar que al presente, analizan la pieza de cara a su intervención en el proceso de vistas públicas.

A manera de ejemplo, Lucena indicó que el proyecto elimina la depreciación acelerada, un mecanismo que permite a los negocios  recobrar sus inversiones más rápido.

“El código establece un montón de nuevos documentos para los empresarios. Vamos a tener que adiestrarnos todos”, sostuvo Lucena.

Nueva moratoria

De otra parte, el otrora líder de los CCPA, Kenneth Rivera Robles, sostuvo que otro cambio importante es que se extenderá otro período de moratorias en el otorgamiento y la deducción de créditos contributivos.

Según el código propuesto, la moratoria impediría utilizar créditos como aquellos que se otorgan por construcción en centros urbanos o ciertas actividades de energía renovable. En algunos casos, la moratoria duraría hasta los años 2017 y 2018.

Rivera Robles indicó que si bien no es la primera vez que los tratamientos contributivos especiales entran en moratoria, el evento no deja de ser importante para la planificación contributiva de las empresas que buscan monetizar el activo, vendiéndolo a otros en caso de que no pueda utilizarse. El año pasado, según el informe de KPMG, Hacienda dejó de recibir unos $76.3 millones en créditos que fueron vendidos a otros contribuyentes y que por ende, los reclamaron en sus planillas.

Empero, en lugar de congelarlos los tratamientos especiales, KPMG recomendó eliminar la mayoría de estos, salvo los que benefician al sector industrial y la exportación de servicios.