Las vistas de ayer se dieron a la par con una manifestación organizada por el Frente Amplio de Camioneros, que proponen un IVU de 10% y que sean los municipios los que lo recauden. Eric Rojas/ EL VOCERO

La reforma contributiva que envió el gobernador Alejandro García Padilla no será la que apruebe la Asamblea Legislativa. El presidente de la Cámara, Jaime Perelló, tiene su propia idea de hacia dónde debe moverse el sistema contributivo del país. Estas propuestas camerales se dan a espaldas del Senado, según dijo ayer el presidente de la Comisión de Hacienda, José R. Nadal Power.

Sobre la mesa está: aumentar el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) a un 10% ó 12%, aprobar un Impuesto de Valor Agregado (IVA) con distintas escalas a distintos productos y servicios, imponer el IVA que quiere el gobierno, pero sin que aplique a la educación privada ni a los servicios médicos y sustituir el IVA por un Impuesto de Bienes y Servicios (IBS).

El presidente cameral, Jaime Perelló estuvo semanas diciendo que había un consenso al menos en que el IVA es una buena idea. Ayer cambió para decir que el consenso que existe es a favor de un impuesto al consumo, llámese como se llame.

Perelló no descartó ayer propuestas como la presentada por la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz y el Centro Unido de Detallistas para que el IVU aumente a un 10%.

“Descabellada no es. Ni la de Carmen Yulín ni la de la Cámara de Comercio. No son descabelladas, pero todas están entrando al principio de la discusión de cómo se maximiza el impuesto al consumo para bajar las contribuciones al sector productivo del país. Ese es el principio que yo defiendo, con unas exclusiones”, dijo Perelló. “Ya se atendió a los universitarios, tenemos que atender los costos médicos. Hay que proteger a los envejecientes. Todo eso la Cámara lo va a trabajar para reducir o eliminar el impuesto a servicios como los servicios médicos”.

Entonces, se le preguntó a Perelló, si se realizan todas estas exenciones, ¿Cómo se garantizan los ingresos que necesita el gobierno?

“Con toda exención bajan los estimados. Por eso el gasto público está sobre la mesa y mayores mecanismos de recaudo. No solo el IVA, sino en las contribuciones sobre ingresos, porque si bien es cierto que se van a bajar las tasas, hay mucha evasión”, dijo Perelló.

El proyecto radicado por el Ejecutivo propone comenzar a implementar la reforma contributiva en mayo de este mismo año y que esté completamente implementada para enero del año que viene. Perelló aseguró que aún con la incertidumbre que hay sobre qué se aprobará, el proyecto estará listo a tiempo.

“Estoy en comunicación directa con el ejecutivo y nos estamos reuniendo con cada enmienda, no es que la Cámara se levanta y hace enmiendas sin hablar, es un proyecto que tiene que pasar por los dos cuerpos”, dijo Perelló. “Estamos a tiempo. Tenemos este mes y principios del otro. Hay más vistas, hay más reuniones en privado. Me llegan propuestas todos los días. El principio de maximizar el impuesto al consumo para bajar las contribuciones se ha mantenido”.

Según dijo, todas las propuestas que ha recibido se basan en un impuesto al consumo porque, según él, “todos entienden que para lograr bajar las contribuciones hay que subir el impuesto al consumo y ser más efectivo en la captación”.

Y mientras la Cámara considera este abanico de propuestas y presenta su propia agenda, el Senado está a ciegas sobre las ideas del presidente cameral. Esto, según el presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, quien aseguró desconocer los detalles de las propuestas camerales.

“No nos cerramos a ninguna propuesta, venga de la Cámara o de algún sector, pero hay que tomarla de manera responsable luego de escuchar todas las partes”, dijo Nadal Power. “Lo que sucede es que no he visto nada en blanco y negro con lo que ha dicho la Cámara. Tenemos que ver las propuestas por escrito”.

Aseguró que el Senado tendrá “sus propias propuestas”. Hasta ahora, lo que ha expresado al menos el presidente senatorial Eduardo Bhatia es que la reforma debe venir acompañada con una reducción en el gasto gubernamental que estimó inicialmente en mil millones.

“En el Senado tendremos también nuestras propias propuestas. El rol no es uno pasivo. Tenemos también nuestras propuestas para mejorar el Código de Rentas Internas. Esto es un sistema bicameral y tenemos que sentarnos con la Cámara para intentar conciliar”, dijo Nadal Power.

¿Y Hacienda?, se le preguntó.

“Hacienda es el ente que principalmente nos provee la información técnica”, dijo. “El secretario nos trajo sus posturas y analizamos lo que tuvo que decir. La Cámara ha adelantado unas preocupaciones que tienen y unas recomendaciones, pero es independiente a lo que hacemos en el Senado. En su momento intentaremos conciliar”.

Las vistas sobre la reforma contributiva presentada por el ejecutivo continuaron ayer en Cámara y Senado. Al Senado compareció la secretaria de la Familia, Idalia Colón Rondón, quien en su ponencia habló de las consideraciones que se debe tener con los sectores más pobres. Sugirió que en la lista de familias que recibirán los reembolsos se incluya automáticamente a los participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

Aseguró que la propuesta reforma no debe afectar adversamente a los padres y madres que pagan pensión, toda vez que las nuevas tablas toman en consideración el ingreso y el gasto, lo que técnicamente igualaría las aportaciones.

“Entendemos que el aumento en la cantidad en la que ambas personas tengan que contribuir a las necesidades de los menores podría quedar compensado por la cantidad de ingresos mayores que dichas personas tendrán disponible al no descontárseles la deducción sobre ingresos”, dijo la secretaria.

Colón Rondón aseguró tener un compromiso del gobernador para que tampoco haya que pagar IVA por el cuido de menores. Esto, dentro de la promesa del ejecutivo de exonerar la matrícula y mensualidad de colegios y universidades.

Perelló reiteró ayer que ni la matrícula ni la mensualidad de las escuelas  y universidades privadas pagaría el nuevo impuesto.

Pero estas afirmaciones no han aplacado el temor de estas organizaciones que han asegurado participarán en las distintas marchas que hay organizadas en contra de este impuesto. En una carta firmada por Aba Cortés Crespo, superintendente de Escuelas Católicas de San Juan, dejó saber a los principales y directores escolares que se unirían a las manifestaciones. En su carta, indicó que la decisión responde a expresiones emitidas por Perelló durante la mañana de ayer.

Las vistas de ayer se dieron a la par con una manifestación organizada por el Frente Amplio de Camioneros que llegaron para presentar su propuesta de reforma. La idea de los camioneros, que ocuparon un carril completo en la carretera del lado norte del Capitolio, es que se mantenga un IVU de 10% y que sean los municipios los que lo recauden.

Propuestas similares se escucharon en la vista de la Comisión cameral de Hacienda donde la Cámara de Comercio y Centro Unido de Detallistas propusieron un IVU de 12%.

La Cámara de Comercio se opuso a la reforma contributiva propuesta por el ejecutivo al indicar que tendrá “impactos negativos a la frágil economía de Puerto Rico”.

“En su defecto, proponemos una reforma gubernamental que incluya acciones concretas para el desarrollo económico, estimular la economía, atajar la evasión de impuestos, achicar y mejorar la gerencia y productividad del gobierno, darle estabilidad a los ingresos del fisco, aliviar las contribuciones sobre ingresos de las familias, mejorar las condiciones de operación de las empresas locales y aliviar las contribuciones sobre ingresos de las familias”, propuso la Cámara de Comercio en ponencia escrita.

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Ciudadanos, comerciantes y trabajadores han aunado esfuerzos en la Fundación Sentido Común para Puerto Rico (FSCPR) para denunciar que el país no aguanta un impuesto más.

Fue durante una reunión ayer que más de un centenar de miembros del comercio y  el sector privado dieron a conocer sus inquietudes con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El economista Gustavo Vélez, quien figura como portavoz de la asociación, explicó que “estamos ahora en el proceso de evaluar y analizar todas las ideas, todas las propuestas que están produciendo todos los sectores, no estrictamente los empresariales. Sino los cívicos, organizaciones profesionales, los gremios que agrupan empresarios y otros, para confeccionar un plan que atienda los intereses individuales y la situación colectiva de Puerto Rico”.

Como parte del plan que está trabajando la fundación figura la marcha “Provoquemos una solución real al IVA” que se llevará a cabo el domingo 8 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn desde las 11:00 a.m.

Rafael Rojo, uno de los responsables de reunir al grupo de empresarios y comerciantes, comentó que “varios comerciantes y empresarios nos quitamos nuestros sombrero de industria para tratar de aunar esfuerzos para ver el macro de la situación. No estamos en carácter de industria, nos quitamos el sombrero para llevar nuestros argumentos y  pedir una exclusión de lo que creemos es radicalmente malo para Puerto Rico en un momento tan frágil como éste. Este movimiento lo que pretende es que todos se junten y  busquemos la exclusión para todos por igual”.

“Nos dimos a la tarea de unir este equipo por el bien de Puerto Rico; estamos buscando que todos nos unamos y busquemos una solución en conjunto. No podemos seguir diciendo NO sin venir con soluciones. Por esto invitamos a tres economistas y pedimos que no estuvieran medios, ni permitimos ningún político, para que vieran la seriedad que tiene esta fundación y la seriedad con la que estamos tratando el tema. El propósito es buscar soluciones inmediatas y no aguantamos un impuesto más”, compartió José Juan Jiménez, en representación de la industria de alimentos.

Como parte del grupo  de la FSCPR está Glorimar Ripoll, empresaria que  difundió una carta dirigida al gobernador que se volvió viral a través de las redes sociales. “Fue una carta que escribí con mucha honestidad y un sentimiento de indignación real. A raíz de esa carta recibí cientos de mensajes de personas luchadoras, honestas y trabajadoras que se identificaron con mis palabras, incluso me solicitaron que hiciera algo más. Entonces me dije, no lo puedo dejar en una mera carta, es por esto que estoy aquí participando con este grupo de empresarios. Soy una puertorriqueña que amo mi Isla y me quiero quedar aquí.  Así que quise llevar la voz de esos ciudadanos que me pedían que llevara esto a otro nivel”, expresó Ripoll, quien ha sido dueña de una juguetería en el área de Guaynabo por aproximadamente 6 años.

La clase artística estuvo representada por Antonio Sánchez “el Gangster”, quien recalcó estar presente en carácter de puertorriqueño trabajador.  “Estamos diciendo presente porque pienso que como está presentado lo del IVA va a ser devastador para todos. Para todas las industrias y para la clase trabajadora. Es momento de que nos sentemos a dialogar que busquemos otras alternativas”, acotó  Sánchez .

Por su parte, la Asociación de Restaurantes (ASORE) estuvo representada por Gadiel Lebrón, quien en un aparte con EL VOCERO dejó saber  que “muchos de los planteamientos son bien parecidos a la postura de ASORE.  Un IVA de 16% sería descimentar para nosotros y un aumento al IVU no es aceptable. La posición de ASORE es cero aumento al IVU y cero IVA. Desde el principio lo dejamos saber al igual que otros gremios. Un IVA en este momento no es conveniente”. Adelantó que ASORE estará deponiendo y llevando sus planteamientos el martes y el miércoles próximo en las vistas públicas.

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Melissa M. Cruz Ríos, EL VOCERO

Reportera de Revista y Suplementos del Periódico el Vocero. Graduada en Comunicaciones de la Universidad Sagrado Corazón.

“Error político” el IVA

Los alcaldes insistieron en que la mala conceptualización del proyecto hará que el Gobierno tenga que dar su brazo a torcer

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Por Stephanie Gómez Álvarez, EL VOCERO –

“En el punto en que está, yo creo que ya es como un callejón sin salida; no importa en qué dirección se mueva, va a ser muy difícil levantarse”, expresó el alcalde de Caguas, William Miranda Torres,  al asegurar que la  implantación del Impuesto de Valor Agregado (IVA) tendría un efecto adverso sobre el Partido Popular Democrático y el país.

Las expresiones de Miranda Torres se suman a la de los alcaldes de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, y de Guaynabo, Héctor O’Neill, quienes reiteraron ayer su férrea oposición al arbitrio.

Los alcaldes en contra del impuesto de un 16% insistieron en que la mala conceptualización del proyecto hará que el Gobierno tenga que dar su brazo a torcer.

Asimismo, coinciden en que el Gobierno debe permitir que los municipios se encarguen de la captación del Impuesto sobre Venta y Uso (IVU) de 7%  para aumentar los recaudos del estado, ya que la captación municipal en pueblos como Guaynabo sobrepasa el 90%. En contraste, la captación del Departamento de Hacienda es de cerca del 60%.

“Hay personas que pueden opinar diferente. Yo creo que ha provocado un mar de reacción en muchas personas y el tiempo de implementación no va a ser suficiente para demostrar si va a funcionar o no faltando 20 meses, que políticamente es un golpe sólido aún si funcionara”, dijo pausadamente el alcalde de Caguas, en entrevista con WKAQ 580. Seguido, asintió que el “golpe de agua” afectaría “a mucha gente”.

Con el 1% del IVU, Caguas recauda $17. 4 millones anuales y ese ingreso se recibe mensualmente. Al cambiarse el sistema contributivo al IVA, los municipios no podrán recaudar el impuesto municipal. Según la medida “ningún municipio, autónomo o no, podrá imponer o recaudar arbitrio o impuesto alguno sobre ventas y uso, bienes y servicios, valor añadido, o cualquier otro impuesto de naturaleza similar, excepto se indique lo contrario por ley”. Todavía no se ha establecido el mecanismo en el que los municipios recibirían el recaudo.

“La cantidad de obra que realizamos es mucha. Cuando uno mira el proyecto, con esa fuente de ingreso, buscando cómo manejarla de forma distinta nos crea, a mí me creó desconfianza”, dijo el alcalde de Caguas, quien reiteró que su oposición al IVA responde a que la situación económica fiscal está favorable para que se ejecute y a la desconfianza hacia Hacienda. Además, la comparó con “carrito estartalao”. “No tengo la confianza en Hacienda, hay que reestructurar esa agencia”, advirtió.

Por su parte, el ejecutivo municipal de Guaynabo reaccionó a las transformaciones que ha sufrido el proyecto como respuesta a la oposición de diversos sectores.

“Podemos llegar a la conclusión que el proyecto no sirve porque las expectativas, en términos de un apoyo del pueblo y entidades, han sido negativas. Todos se afectan económicamente y por lo tanto la Comisión debe reevaluar ese proyecto”,  aseguró  O’Neill.

Por lo tanto, el presidente de la Federación de Alcaldes,  recomendó a la Legislatura a retirar el proyecto que se evalúa en ambas cámaras y enmendar el sistema actual para que los municipios sean fiscalizadores del IVU, que en este pueblo recauda  $12.5 millones anuales.

“Creo que la implantación del IVA va a tardar año y medio y los procesos para cobrar los sistemas van a ser costosos y peligrosos para una economía débil. En ese aspecto se deber retirar el proyecto y reevaluar el sistema existente”, recomendó el alcalde de Guaynabo, al plantear que Hacienda no cumple a cabalidades con sus funciones.

“No es lo mismo cuatro o cinco centros que tener 78 municipios”, abundó sobre el modelo que calificó como habilidosos y efectivo.

Coincidió en este punto Rivera Cruz al establecer que  “no es lo mismo tener dos o tres empleados que tener 78 municipios con personal haciendo el trabajo. Va a mejorar la captación”.

El alcalde de Bayamón opinó que las enmiendas propuestas, como establecer en la ley el mecanismo del reembolso a los ciudadanos, así como eximir la matrícula, cuota y mensualidad de la educación privada responden a una mala conceptualización del proyecto que se da en momentos en que no hay un “ambiente económico propicio”.

Para Rivera Cruz el gobierno debe recortar gastos y hacer más efectivo el recaudo a través de los municipios. En el caso de Bayamón, el IVU municipal se comenzó a cobrar desde agosto, y adelantó que anualmente recogería de $18 a $20 millones anuales.

“Todos los municipios se van a perjudicar, los municipios pequeños y los grandes, pero esto va más allá de los municipios, va a afectar a todos los puertorriqueños”, dijo, al comparar al IVA como una “tormenta perfecta que se va a llevar a medio mundo”.

Otros importantes alcaldes que están en contra del IVA y desconfían de la captación de Hacienda son los alcaldes  populares Carmen Yulín Cruz, de San Juan; José Carlos Aponte de Carolina y José “Guillito” Rodríguez, de Mayagüez.

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Stephanie Gómez Álvarez, EL VOCERO

Editora de la página web ElVocero.com y profesora universitaria graduada del Departamento de Comunicación de la Universidad de Sagrado Corazón.