Lisa Donahue, oficial de reestructuración. Agustín Santiago / EL VOCERO

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha entrado en un proceso de cuenta regresiva para definir su posible ruta hacia el impago, algo que la oficial de reestructuración Lisa Donahue parece que no podrá detener, según la agencia clasificadora Moody’s Investor Service.

Moody’s, en un informe sobre la AEE fechado el lunes 16 de marzo, advierte sobre la inminencia de su incumplimiento con los acreedores en o antes del próximo 1 de julio, cuando están pendientes de pago unos $400 millones que no tiene disponible.

Con las revelaciones de ese informe al mercado inversor, Donahue deberá reunirse con los acreedores de la corporación pública en los próximos días para recibir una reacción al pedido que les hiciera en busca de postergar hasta junio la fecha de entrega de un informe sobre la reestructuración, como parte de los acuerdos de indulgencia. El 2 de marzo era el término para dicha entrega.

A la reunión con los acreedores, que entre bonistas y bancos amasan una deuda de la AEE que ronda los $9,000 millones, también está pautada la asistencia de Melba Acosta Febo, principal oficial financiera del gobierno y presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, junto a otros funcionarios que se desconocen.

Según Moody’s, la cercanía del impago está en consonancia con la degradación que realizaron del crédito de la AEE en septiembre de 2014, cuando lo llevaron de Caa2 hasta Caa3, que es el tercer nivel del crédito especulativo o chatarra, lo cual sugiere pobre calidad y alto riesgo. El próximo nivel es Ca, que se refiere a pocas probabilidades de recuperación y la inminencia del impago.

El informe calcula que la AEE apenas cuenta con $678 millones en su balance de efectivo, lo cual no es suficiente para poder cumplir con el pago pendiente de $400 millones en principal e intereses al 1 de julio próximo. Además, tiene otras necesidades de capital por $300 millones.

El último pago de la AEE a sus acreedores ocurrió el 1 de enero pasado por $214 millones, y cubrió seis meses de intereses de la deuda.

“Aunque recientemente se declaró nula la Ley de recuperación (quiebra criolla), todavía creemos que la AEE podría llegar al impago debido a los retos que enfrenta”, expuso el documento. Los analistas de Moody’s indicaron que frente a la precariedad financiera de la agencia pública y la falta de acceso a los mercados de inversión “creemos que la AEE tratará de guardar la mayor cantidad de dinero posible para mantener sus operaciones de manera segura y completar su plan de gastos”.

El informe hace hincapié en el reciente incumplimiento con los acreedores al no entregarles el plan pautado para el 2 de marzo y sobre lo cual la AEE no ha recibido una contestación de si es aceptado o no.

EL VOCERO entrevistó a Donahue hace dos semanas y a la pregunta de si la petición de extender fechas en el acuerdo de indulgencia es rechazado, contestó: “La AEE tiene la intención de continuar buscando una resolución consensuada con sus acreedores y completar todo el trabajo que ha estado realizando con el fin último de transformarse en una corporación moderna y sustentable. Si los acreedores no extienden los acuerdos de indulgencia posiblemente podrían ejercer los remedios. No sabemos si eso sucederá, pero si ocurre la AEE responderá debidamente. Hasta la fecha, no han tomado ninguna acción adversa”.

Por su parte, Acosta Febo, dijo a este diario que recientemente se reunió con Donahue para hablar sobre el progreso en los trabajos de la AEE y que los mismos están encarrilados.

¿Quedó optimista con esa reunión?, le preguntó EL VOCERO.

-“Bueno, vamos a ver”, contestó Acosta Febo.

De ocurrir un incumplimiento de la AEE en el pago de la deuda, la agencia clasificadora estima que al levantarse el recurso de un síndico, los acreedores podrían recuperar entre un 65% y un 80% de la deuda. Como la AEE opera un monopolio y seguiría su operación, los ingresos responderían por los acreedores. Además, está la capacidad de aumentar el cobro de tarifas por servicios, algo que está bajo evaluación.

En una entrevista reciente con EL VOCERO, el analista y gerente director de la firma de asesoría financiera NewOak en Nueva York, Triet Nguyen, indicó que “cualquier influencia que la señora Donahue tenía como oficial de reestructuración ha sido anulada por el rechazo de la corte a la Ley de Recuperación (también conocida como quiebra criolla y que hubiera cobijado a la AEE). Tenemos la sospecha de que los acreedores de la AEE se están preparando ahora para nombrar a un síndico para el sistema”.

Mientras tanto, Moody’s indicó que la corporación pública deberá depender de fuentes internas de ingresos ante la falta de acceso al mercado de bonos, lo cual además de la reestructuración operacional, está ligado al establecimiento de nuevas tarifas.

El futuro previsible de la AEE es mucho más complicado, ya que durante los próximos cinco años maduran unos $1,200 millones de sus obligaciones, y si se estima a 10 años la cifra se elevaría a $2,800 millones. Si lograra aplazar los pagos del principal con los acreedores, Moody’s entiende que eso permitiría usar el flujo de efectivo operacional y la reserva de efectivo para costear el plan de conversión de combustible a gas natural, mientras genera economías y realiza los pagos de intereses.

Al contrastar los créditos de la AEE y el de las obligaciones generales del Estado Libre Asociado, el cual fue degradado junto a otros créditos del gobierno el pasado 19 de febrero, Moody’s insistió en que la posibilidad del impago está cerca de la corporación productora de la energía eléctrica en la Isla, y en el caso del gobierno central “no parece tan inminente”.

Por su parte, el ex presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Luis Aníbal Avilés, al ser abordado por EL VOCERO respecto a un posible impago, dijo que “si Moody’s lo está alertando, ellos no están en el negocio de especular y saben algo que nosotros no sabemos. Aquí la pregunta es porqué dejaron quebrar a la AEE y no actuaron hace dos años cuando se pudo aumentar las tarifas y allegarse los ingresos como lo hizo la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados”.

Avilés destacó que ante este cuadro, un escenario ideal sería la inclusión de Puerto Rico en el Capítulo 9 de la Ley de Quiebra de Estados Unidos, como lo propuso en el Congreso el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, para ofrecerle una alternativa de reestructuración a la AEE.

De activarse la solicitud de un síndico por parte de los acreedores, Avilés opinó que “el proceso de un síndico puede ser que la vendan (a la AEE) en pedazos y con unas repercusiones fuertísimas”. Entiende que al crearse la comisión reguladora en la AEE con la Ley 57, habría que ver si los acreedores entonces deben solicitar a este ente la designación del síndico o si lo solicitan directamente al tribunal si ocurre el impago.

Al final de su informe, Moody’s estableció que en el caso de la AEE “esta es una reestructuración compleja, y ciertamente existe una posibilidad de que un acuerdo consensual (con los acreedores) no pueda ser alcanzado. Además, creemos que los acreedores no estarán dispuestos a permitir una reducción en el pago de principal, ya que todos los bonistas no se beneficiarán por igual, y el pago tendría un impacto negativo sobre la liquidez de la AEE”.

El deterioro crediticio de la AEE es tal, que durante el último año sus bonos se han negociado en el mercado secundario a niveles tan bajos como .37 centavos de dólar hasta un máximo de .66 centavos de dólar.​

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

Eric Rojas / EL VOCERO

Por Héctor Ferrer, abogado y expresidente del PPD

Estimados compañeros y compañeras, por 12 años tuve el honor y el privilegio de servirle a mi País desde un escaño legislativo, como hoy le sirven ustedes. Tuve la oportunidad de ocupar diferentes puestos, desde la mayoría y desde la minoría en un gobierno compartido. Estar sentado donde ustedes están no es tarea fácil, y mucho más si el País les requiere que asuman una posición distinta al Gobernador de su partido. Entiendo que están en un laberinto y que buscan el camino para hacer lo correcto.

Por las pasadas semanas, prácticamente todo el pueblo se ha desbordado en contra de la propuesta del IVA. Todo el que ha depuesto en vistas públicas, excepto el gobierno, ha manifestado su oposición. Han explicado cómo el impuesto les afecta y cómo sería detrimental para el sector que representan. Creo que podemos estipular eso.

Al igual que ellos, estoy en contra del IVA, no soy un evasor, no soy una veleta y SI me leí el proyecto.

Pero no les escribo para decirles que estoy en contra, eso ya lo saben. Les escribo para ayudarles a buscar la salida de ese laberinto. Decía hace unos años, que cuando se fiscaliza se tiene que ser responsable.  Y también, hay que presentar alternativas cuando se expresa oposición hacia algo. Tomando eso en consideración, comparto con ustedes varias sugerencias o alternativas al IVA, y otras sugerencias que nos ayudarían a mover nuestra economía.

En primer lugar, se debe regresar al arbitrio en el origen o al arbitrio en el puerto. Es sin duda alguna, el lugar donde el Departamento de Hacienda puede fiscalizar mejor el cobro del impuesto.  No hay que gastarse $100 millones en una compañía para que les enseñe a cobrar el arbitrio y su efecto en la economía no es uno multiplicador como el IVA, por lo que la economía no sufriría una aceleración en la contracción. El arbitrio o impuesto puede ser desde un ocho a un 10 por ciento, sin las exclusiones.  Esto permitiría garantizar las obligaciones del gobierno, incluyendo COFINA, y permitiría una reducción en las contribuciones sobre ingresos.

Segundo, no podemos seguir aprobando presupuestos como lo hemos hecho por décadas. Les propongo que utilicemos el sistema que se conoce en inglés como “Zero Based Budgeting”. Mediante la utilización del ZBB, el presupuesto comienza en cero, por lo que todos los gastos tendrían que estar justificados. Esto obligaría a las agencias y al gobierno a analizar las funciones y responsabilidades de las mismas, así como la necesidad de los servicios y sus costos. Les aseguro que fácilmente se recortan entre $300 a $400 millones.

Tercero, reviertan el impuesto de la crudita. La alternativa para el impuesto es una APP que se encargue del mantenimiento de los expresos del País a cambio de una cantidad de fondos pagados como un pronto y una mensualidad o anualidad al gobierno. Con ese dinero se garantizaría la emisión de bonos y no se le pasa el gasto a los ciudadanos.

Cuarto, de la única manera que lograremos bajar los costos de energía es sacando al gobierno de la producción de la misma. Para una producción eficiente, se necesita una inversión multimillonaria en la infraestructura de la AEE. Como ustedes saben, no hay dinero para tal inversión. Por eso, la AEE debe ocuparse de la distribución de energía y la producción debe rentarse utilizando una APP.

Quinto, consideren un “toll gate tax” paras las corporaciones que se llevan de PR sus ingresos y no los invierten aquí. Los recaudos se depositarían en bancos y cooperativas locales, y permitiría que se concedan préstamos hipotecarios y de construcción. Se fortalecería nuestra industria financiera.

Gobernar no es fácil, pero a veces se necesita un poco de sentido común y escuchar más allá de grupos internos, que solo dicen lo que queremos escuchar. Escuchen a su País y a los que vivimos en el.