EL VOCERO / Archivo

“Esto se va aprobar porque es bueno para Puerto Rico” insistió el gobernador Alejandro García Padilla en torno a la imposición del Impuesto al Valor Añadido (IVA) de un 16%. El Secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, recientemente expresó al respecto: “Hay un componente emocional en la oposición, una vez que tu dejas que voten (sic) ese vapor, si el otro lado se mantiene firme, educando, al final gana.” (END, 12 marzo 2015, p. 6). So color de establecer un mecanismo para capturar a quienes no informan los ingresos generados por servicios profesionales al Departamento de Hacienda, la legislatura, impulsa ley originalmente para obligarles a tener todos los métodos de pago disponibles, prohibiendo limitar su cobro a dinero en efectivo (P de la C Núm. 948, 19 marzo 2013). Para añadir “sal a la herida”, ante el “pequeño detalle” que la Constitución del ELA de Puerto Rico expresa que la deuda pública habrá de pagarse de forma prioritaria antes de hacer otros desembolsos (Sec. 8, Art. VI, Disposiciones Generales), los representantes del PPD, Natal Albelo, Vega Ramos y Torres Cruz impulsan consulta en vías de enmendar dicha disposición y librarse de la responsabilidad. Es decir hacer legal, lo que hoy es ilegal. “Las Resoluciones Concurrentes podrán disponer para la suspensión parcial o total del pago de intereses o principal de la deuda del Estado o de cualquiera de las instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresa o negocios privados.” (R. Con. C. #50, 16 marzo 2015). Mientras que la Presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta, ordenó en vista pública al Pueblo a “escuchar” al gobierno evidentemente para que se conformen con la propuesta de esquilmarnos el último vellón.

Como si el cuadro del abismo fiscal fuera poco, en otro ámbito de acción, la Secretaria de Salud, Ana Rius Armendáriz, firmó la Orden Administrativa Núm. 334 para “hacer imperativo a partir de los 40 años toda persona se le realice anualmente una prueba” para detectar sangre oculta en la excreta como medida de prevención de cáncer colorrectal. “Si hay historial familiar de cáncer colorrectal”…“o tiene otros factores de riesgo” debe realizarse colonoscopía como prueba de cernimiento, no la prueba de detección de sangre oculta en las heces”. Mientras la “mano dura contra el bolsillo del contribuyente” se traza, incluso dejando sin efecto que el instrumento de intercambio en nuestro sistema económico es la moneda, y se nos pretende someter obligatoriamente a una prueba posiblemente imprecisa de excreta o directamente de colonoscopía, no cede la violencia que se escenifica en Puerto Rico. Una balacera callejera puso en peligro a los(as) participante en un evento deportivo en horas de la mañana en el área de Miramar el pasado domingo, resultando en varios heridos. ¿Pero qué importa?…si el señor gobernador recientemente indultó a un convicto asesino que sin terminar de cumplir su supuesta sentencia de 99 años, previamente se le otorgó una licencia para ejercer como psicólogo(a) en aparente crasa violación a la ley que regula la profesión y la anuencia de la Secretaria de Salud bajo quien está la Junta Examinadora de Psicológos (sic). El Departamento de Salud, ordena pruebas “imperativas” y colonoscopías, mientras expone a potenciales clientes-pacientes a recibir tratamiento psicológico de parte de un convicto asesino; sin importar cómo posiblemente se pudiese vulnerar la “salud mental” del “beneficiario” de dicho tratamiento y la confianza en la profesión de la psicología.

El gobierno de Puerto Rico está al garete. No hay coherencia interna en la política pública. Los(as) administradores del territorio-colonial se van ahorcando políticamente a si mismo(as), con la soga de su prepotencia al actuar dictatorialmente. Las marchas y protestas contra la imposición del IVA, no son una “catarsis colectiva” para “botar el golpe”. Es el repudio a la política que se pretende imponer al margen de la opinión del Pueblo. Lejos de recobrar la confianza del Pueblo con estas estrategias autoritarias, el gobierno abona a la desconfianza existente.

¿Realmente se piensa que eliminando la garantía constitucional de pagar la deuda pública de forma prioritaria va atraer inversionistas ante un gobierno irresponsable? ¿Por qué no mejor hacer un referendum para enmendar la Constitución para instaurar el voto revocatorio en vías de sacar a político(as) electos(as) que muestren su ineptitud al mando del gobierno antes de terminar el cuatrienio? Su tiranía no se corrige otorgándoles mayores poderes, para que hagan y deshagan a su antojo a espaldas del Pueblo. Antes de que sugieran realizarle una lobotomía al Pueblo para acallarnos, debemos extirpar el cáncer de la prepotencia, insolencia y soberbia política.