El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, dijo que el reciente informe de Moody’s sobre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es el resultado de decisiones y acciones que se debieron tomar hace mucho tiempo y que no tomaron. La alternativa para Bhatia sigue siendo privatizar la venta de energía.
“Como había anticipado, hace más de un año la AEE tenía decisiones rápidas que tomar y no las está tomando. Esa agilidad necesaria para estos momentos de crisis tiene que reflejarse por parte de su Junta de Directores y Lisa Donahue; tienen que tomar las decisiones y anunciar al país cuál es el plan”, dijo Bhatia. “Cada día se llena el cuarto de agua y lo importante es que tomen las decisiones y la generación de electricidad se abra a la competencia”.
Bhatia dijo que la responsabilidad de la AEE es dar información “clara” a los acreedores de cuál es el plan.
Insistió en que la reforma electrónica está ya lo suficientemente avanzada como para encaminar la apertura de venta de energía a entidades privadas.
“Lo importante es que tomen las decisiones y la generación de electricidad se abra a la competencia, salgan de esos costos y que den una guía clara a sus acreedores de qué van a hacer”, dijo Bhatia. “El miedo de Moody’s es que no hay un plan claro”.
En un informe fechado el lunes, Moody’s advierte sobre la inminencia de que la AEE no pueda cumplir con sus acreedores antes del 1 de julio, para cuando está pendiente un pago de $400 millones, según publicó este rotativo.
Bhatia ha sido una voz cantante a favor de que la venta de energía se abra a compañías privadas e impulsó una reforma que crea un ente fiscalizador y le da un término a la AEE para producir energía más limpia y más barata.
Bhatia aseguró ayer que este proyecto ya se está moviendo a conseguir su objetivo.
“Si la Autoridad no pudiera cumplir, ya estamos listos para que entre cualquier entidad y poder regularla. Hay muchas entidades disponibles. Yo no tengo problema con que lo haga la Autoridad, si puede probar que lo puede hacer, pero la Autoridad nos está probando todos los días que no lo puede hacer”, dijo Bhatia.
Por su parte, el portavoz de la delegación novoprogresista en el Senado, Larry Seilhamer, dijo que la única opción para la AEE es la reestructuración de la deuda.
“Nosotros hemos venido diciendo que hay que hacer una reestructuración en la AEE y la ley de quiebra criolla se hizo precisamente por la incapacidad de la Autoridad, no solo de poderle pagar a sus acreedores, sino también para comprar combustible”, dijo Seilhamer. “Los bonistas tuvieron que autorizar que usaran el fondo de reserva. La situación de la AEE, desde que se firmaron los acuerdos de moratoria, es una situación crítica”.
A su entender, esta situación era “anticipable”. Mencionó un ejemplo del economista Sergio Marxuach al decir que “si yo te debo diez mil, yo tengo un problema, pero si te debo un millón, tu tienes un problema”.
“El pago de la deuda es un problema grande para quien se le debe y creo que el ambiente es para reestructurar esa deuda. En la Autoridad no hay un plan. Ahora tienen lo del cumplimiento federal y hay que reestructurar esa deuda y reestructurar la corporación”.
El informe de Moody’s, publicado el lunes, advierte sobre la inminencia de que la corporación pública no cumpla con los acreedores, con quien Donahue ahora deberá reunirse para postergar hasta junio la entrega de un informe sobre la reestructuración.
Según el informe, cuyos detalles fueron publicados por este rotativo, la cercanía del impacto está de la mano con la degradación al crédito de la AEE en septiembre de 2014 cuando bajó al nivel chatarra. El próximo nivel dictaría una sentencia de pocas probabilidades de recuperación y la inminencia del impago.
De acuerdo con el informe, la AEE cuenta con apenas $678 millones en efectivo, lo cual naturalmente no es suficiente para el pago pendiente de $400 millones en principal e intereses al 1 de julio. A esto se suman otras necesidades por $300 millones, según publicó este rotativo el miércoles.
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO
Tiene más de 15 años de experiencia como periodista en Puerto Rico y Estados Unidos. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y una maestría en Periodismo de Indiana University en Bloomington, Indiana.
Bonistas buscan más y más garantías
A pesar del paquete de garantías habilitadas mediante legislación para las más recientes emisiones de bonos del Estado Libre Asociado (ELA) y sus dependencias, los potenciales compradores de la nueva deuda pendiente de $2,900 millones buscan mayores salvaguardas para recobrar lo que presten a la brevedad posible, si es que alguna entidad pública local finalmente llega al impago.
Si las últimas dos emisiones resultaron onerosas, no solo por los altos intereses que aceptó pagar el gobierno, las peticiones sobre la mesa para la emisión que busca responder por la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y darle liquidez al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), llega a otros niveles de compromiso.
De acuerdo con fuentes financieras consultadas por EL VOCERO, una de las garantías podría incluir que la deuda se realice a corto plazo y en caso de que ocurra un impago los acreedores prácticamente puedan cobrar de inmediato su participación.
“Obviamente todo se está negociando y los fondos (hedge fund) que no son los compradores tradicionales de la deuda de Puerto Rico, frente a todo lo que está ocurriendo, van a pedir más y más garantías. La situación es que esta vez la Isla va al mercado con una urgencia y necesidad que ellos saben que existe y no como en el pasado. Es mejor pedir cuando no necesitamos”, expresó una de las fuentes. “En este momento debe haber un pulseo entre los fondos y el Banco Gubernamental”.
La próxima emisión, que según adelantó en días recientes a este diario la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, podría llevarse a cabo hacia finales de abril o un poco más adelante. Dijo que la pasada semana tuvo una llamada en conferencia con banqueros y próximamente habrá una tele conferencia con el mercado inversor.
Entre las diferentes protecciones para los bonistas, contará con la renuncia a la inmunidad soberana y permitir que estos puedan litigar cualquier reclamación en tribunales de Nueva York, como ocurrió con las últimas dos emisiones. De la misma manera está la garantía contra el Fondo General, que convierte la deuda en constitucional si el emisor enfrenta problemas financieros y se activa ese recurso.
En cuanto al pago de la totalidad de la deuda en tiempo récord en caso de un impago en el gobierno o sus dependencias, “eso atenta contra la deuda constitucional”, indicó otra de las fuentes consultadas. Explicó que es así porque aunque técnicamente una deuda con garantía del Fondo General no es constitucional hasta que se reclame la garantía, si eso ocurriera sobrepasaría el tope de la deuda de inmediato.
Por ley la deuda constitucional no puede exceder el 15% del promedio de los ingresos internos correspondientes a los dos años fiscales anteriores al que se emite la misma. Al presente, de los $73,000 millones de la deuda consolidada del ELA y sus diferentes dependencias, unos $18,000 millones es deuda constitucional, alrededor de $6,000 millones está garantizada y lo demás corresponde a los municipios, corporaciones públicas y los sistemas de pensiones de empleados públicos.
Para la próxima emisión, que mes a mes se ha retrasado desde finales del pasado año, también se añaden como garantías las enmiendas a la ley del arbitrio sobre el petróleo y sus derivados (“la crudita”), que aumentó el impuesto para pagar la nueva deuda. Otra enmienda aprobada es la eliminación a los niveles de descuento permitidos para la emisión, lo que significa que dicho por ciento se le resta a la cantidad que finalmente reciba el gobierno de la transacción, pero debe pagar por el 100% de la deuda emitida.
La ACT, que recibirá el producto de la emisión a través de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), le debe más de $2,000 millones al BGF, lo cual representa el 21.4% de la cartera de préstamos del banco. El no poder pagar esa deuda al BGF es lo que lo mantiene al punto de la insolvencia.
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