Imaginemos por un momento esta situación: es año electoral y la campaña política, que ha sido intensa, está a punto de llegar a su fin. Faltan solo dos semanas para el día de las elecciones y, según todas las encuestas la carrera entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático está nariz con nariz. Sin embargo, en las encuestas de ambos partidos, que siempre son más sofisticadas que las de los medios, aparece la población penal como el único sector de indecisos de todo el universo electoral. O sea, el único grupo que pudiera decidir las elecciones ¿Qué harían los dos principales partidos políticos ante esta hipotética, pero plausible, encrucijada?
El derecho al voto a los presos fue otorgado en 1980, siendo Carlos Romero Barceló el gobernador de Puerto Rico. Los cuerpos legislativos eran presididos por Angel Viera Martínez en la Cámara de Representantes y Luis A. Ferré en el Senado. Dos personas que, junto al entonces gobernador y viéndolo en perspectica histórica, eran de corte liberal. Entre los múltiples argumentos dados por la entonces mayoría legislativa estaba que con el derecho al voto los presos mantendrían cierto contacto con la sociedad donde habían habían cometido delitos, y que ese contacto serviría de herramienta para la rehabilitación del confinado. Un argumento enteramente baladí, por no decir falaz.
Durante el escrutinio llevado a cabo en las elecciones de 1980 se evidenció que a la población penal no le importaba en lo absoluto el proceso electoral ni democrático en Puerto Rico. En muchas papeletas habían palabras, frases o marcas que eran causa más de sorpresa que de satisfacción. El Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo ante sí un caso referente a la peculiar forma de votar de los presos en esa elección. Su opinión fue una pirueta doctrinal producto de una mentalidad telepática: la intención del voto del elector. Demás está decir que desde esa primera elección, los presos han tenido una tendencia de votar siempre encontra del gobierno, pero eso es un efecto colateral del asunto.
Este derecho que tienen los confinados, el cual favorezco su entera erradicación y corrección legal, equipara el valor del voto de un delincuente con el del ciudadano respetuoso de la ley y cumplidor del deber cívico en una sociedad democrática y pluralista como la nuestra. La doctrina de que todos somos iguales ante la ley se ha estirado, en este renglón en específico, hasta posiciones enteramente absurdas y anacrónicas.
Creo que sería, no solamente absurdo como hemos planteado, sino irrisorio y vergonzoso que aquellos que han ultrajado la paz y la seguridad social mediante la violación de sus leyes penales y su orden público, tuvieran también el poder de decidir el futuro de la patria de todos aquellos que respetamos el ordenamiento legal. Ese sería el derecho más antidemocrático posible.
Favorezco la conservación de los derechos civiles existentes y la conquista de otros derechos para el ciudadano libre que con sus acciones y ética de vida fortalece el ordenamiento civil y democrático de Puerto Rico; no que el derecho sea una sombra del ciudadano que siga a éste, no importa donde se encuentre. Es por eso que, contrariamente a lo que plantean algunos, favorezco el proyecto que propone eliminar este derecho, que nunca los presos debieron tener.
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