EL VOCERO / Archivo

La alternativa que se baraja para incrementar los impuestos a las megacadenas como parte de la reforma contributiva no parece contar con el apoyo en el sector comercial, ante el alegado efecto adverso que podría provocar.

Sin embargo, la posible legislación que obligaría a los grandes detallistas a mantener sus ganancias durante un tiempo en los bancos de la Isla, cuenta con más apoyo al entenderse como una estrategia que le permitiría a las instituciones financieras depositarias tener más dinero disponible para prestar y generar desarrollo económico.

Por ahora, se ha hablado de un impuesto de 1 a 4 por ciento a las megatiendas, más el depósito de sus ganancias en la banca local, pero sobre esto último no hay más detalles.

José Izquierdo, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico opinó que es excelente la propuesta para que las ganancias se depositen en la banca local, por entender que abona a la capitalización de los bancos y aumentaría su capacidad prestataria. “Si se puede prestar se puede acceder a financiamiento para hacer obras y eso genera desarrollo económico. Lo que no favorezco son más impuestos como la patente nacional porque los entiendo confiscatorios”, expresó.

Izquierdo favorece igualmente que revisen los incentivos que se están otorgando en el país, en torno a los efectos contables que puedan generar y las riquezas que finalmente dejen en suelo local.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Detallistas, Iván Báez, entidad que representa a las tiendas más grandes, no avala ningún tipo impuesto por el ¨efecto nefasto¨ que asegura traerán consigo. “Un nuevo impuesto puede repercutir en encarecimiento de productos, pérdida de empleos, reducción en compras locales y pérdida de competitividad al llevarse un mensaje afuera de que –la Isla- no es un destino de inversión adecuado. Estamos dispuestos a evaluar el depositar los fondos en la banca local no empece los millones de dólares que generamos a la economía en impuestos, patentes, nómina y compras locales, entre otros¨, declaró Baéz.

Añadió, que en ese caso ¨la estructura que se nos ofrezca debe ser una atractiva y justa que podamos venderla a nuestras empresas matrices”.

Báez también fue enfático en que las imposiciones no pueden limitarse estrictamente al sector de las megacadenas ya que pudiese verse como una acción discriminatoria que interfiera con la cláusula del comercio interestatal.  “La base tributaria debe ser una justa y equitativa”, puntualizó.

Para el director ejecutivo de la Asociación de Bancos, Arturo Carrión, toda medida que ayude al desarrollo económico del país cuenta con su aval. Sin embargo, aclaró que el problema de la economía del país no es por falta de liquidez bancaria, sino porque el desarrollo económico no está propiciando una demanda adecuada. Mencionó además que los depósitos no capitalizan la banca sino que es un vehículo que fomenta los préstamos, demanda que la economía actual no tiene en estos momentos.

Carrión recordó que lo que capitaliza un banco es la venta de acciones y las ganancias retenidas.

Los economistas consultados dijeron no estar del todo convencidos con las propuestas, rechazaron la imposición de más impuestos y ven en el depósito de los fondos de las megatiendas en la banca local como la menos mala de las opciones bajo discusión.

Heidi Calero, de HC Consulting, no ve con buenos ojos las medidas por entenderlas como obstáculos para la actividad económica del sector privado. Sin embargo, entiende que antes de imponerles una patente nacional u otro impuesto, la alternativa de los depósitos en la banca local es la opción menos mala, aunque sigue generando más incertidumbre.

“Se necesita reducir gastos. El tiempo sigue corriendo y ya hay que presentar el presupuesto del nuevo año para que los municipios y las agencias gubernamentales sepan con cuánto cuentan para operar. En estos momentos lo más simplista y menos malo es el incrementar el porcentaje del IVU, que es un mecanismo conocido,  y ampliar la fiscalización. A ello se suma el que se simplifique el código de rentas internas y todos aporten. Eso es un plan”, recomendó Calero.

Para el economista y profesor, Argeo Quiñones, la estrategia de los depósitos de los fondos en la banca local tiene muchas limitaciones, ya que cuando se efectuaba con las empresas 936  reinvertían sus ganancias en Puerto Rico con instrumentos financieros a corto plazo como Certificados de Depósitos a 30, 60 ó 90 días y para poderse generar desarrollo económico se requiere de instrumentos a largo plazo, lo que no es la regla de estas megacadenas y manufactureras, que es una mayor movilidad de esos fondos. ¨El reto es cómo utilizar esos depósitos para transformarlos en desarrollo económico. Entiendo que la Isla tiene que ser más efectiva en fiscalizar el precio de transferencia de esos fondos y el desplazamiento de los ingresos, segmentos donde mayor evasión se genera. El proceso no es tan complejo y Puerto Rico tiene la capacidad y el personal para hacerlo, lo que no tienen es la voluntad de quererlo hacer”, planteó Quiñones.

En el caso de Rubén Piñero, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), entiende que ambas imposiciones constituyen estrategias satisfactorias para que estas megacadenas aporten económicamente de acuerdo a las riquezas que cada empresa genera en la Isla.  La estrategia de los depósitos en la banca lo considera muy justo y efectivo, y aseguró que al país le resultó muy favorable cuando las 936 operaban en la Isla, por lo que no entiende que sea diferente ahora.

Favorece que se le imponga un impuesto ya que las megacadenas gozan de subsidios e incentivos que limitan al mínimo su aportación al país, indicó. “Esto no abona a la desventaja que tenemos frente a ellos, pero por lo menos aportan al país donde hacen sus riquezas”.