Si usted es de los asiduos tomadores de bebidas gaseosas sepa que una vez se aprueba el proyecto de la reforma contributiva deberá estar pagando un 40% más de lo que paga hoy día.
Lo que se inició como una propuesta de la legisladora Luisa “Piti” Gándara, que planteaba un impuesto a los refrescos de 14 centavos adicionales por cada litro, para crear un fondo que ayude a mejorar las condiciones de vida de los menores, hoy pasó a ser parte del proyecto de reforma contributiva. Esta estrategia tomó por sorpresa al sector, ya que se entendía que el tema había terminado y ahora parece estar más cerca de una aprobación “por debajo de la mesa”.
Alberto De La Cruz, presidente de Coca Coca Bottler, entiende que no existe razón para un alza tan abismal a una industria que el año pasado vio reducir sus ventas en un 9%. Explicó que la medida les impone un impuesto de 14 centavos por litro, cantidad a la que se le suma el IVA directamente más el IVA que impacta a la industria en las transacciones entre negocios.
“Para nuestra industria representa un alza de 40%. Esto significa que un padrino de refresco pudiese estar rondando los $2, versus unos 89 centavos que promedia hoy. Ante un alza tan abismal, la tendencia va a ser a frenar la industria, lo que provoca la caída en ventas y con ello el cierre de turnos de trabajo y cesantía de empleados”.
Enfatizó que la industria nunca se opuso a que se impusiera el IVU ni ahora que se les aplique el IVA. Sin embargo, no ve la razón para gravar una vez más al sector, convirtiéndose el gobierno en el socio mayoritario de la industria.
“Finalmente esos impuestos los termina pagando el consumidor, quien cada día tiene menos dinero discrecional. Un alza tan marcada como la propuesta solamente es un disuasivo para que no se consuma nuestro producto. En nuestro caso, nada más nos veremos obligados a cerrar dos a tres líneas de producción y ello conlleva despidos, justamente en momentos en que más personas empleadas necesita el país. Mi empresa, solamente, genera 2,000 empleos directos y ente 3,000 a 4,000 empleos indirectos”.
Agregó que la medida no solo impacta las bebidas gaseosas sino toda bebida de alto contenido de azúcar, lo que aclaró se trata del 90% del volumen. La situación para la industria se agudiza cuando se está gestando en el Senado otra medida que propone que los restaurantes de comidas rápidas vengan obligados a ofrecer las botellas de agua como parte de los combos sin que esto represente un costo adicional para los clientes, lo que sustituye aun más el consumo de los refrescos.
Los comerciantes avalan la protección nutricional de los niños; sin embargo, se oponen tenazmente a que el gobierno continúe imponiendo medidas legislativas que repercuten en mayores gastos para los negocios, los que finalmente tienen que ser transferidos a los consumidores.
Gadiel Lebrón, director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes (ASORE), aunque aceptó desconocer que la medida se había implementado dentro del proyecto de la Reforma Contributiva, entiende ser nefasto para la industria, ya que al final del día será el consumidor el que tenga que asumir el costo, porque los comerciantes ya no pueden. “Los comerciantes ya no pueden con el alza en los costos operacionales, lo que les imposibilita asumir un costo adicional. Por ello la única alternativa es transferirla a los consumidores. Con todo el impacto que acarree hacerlo”.
Expresó, además, su preocupación a la otra medida de sustitución del refresco por agua, ya que entiende encarece el producto y dificulta manejar los negocios en la Isla. “En una crisis como la que se vive, es imposible seguir añadiendo impuestos a los comerciantes. En la Isla se ha incrementado el costo operacional significativamente, lo que es imposible que el comerciante absorba, teniendo que transferirlo al consumidor, quien tampoco aguanta más”.
De igual manera, entienden que es peligroso que el gobierno siga entrometiéndose en las decisiones empresariales, exigiéndoles a los comerciantes sustitución de productos sin conocer los gastos que esto pueda acarrear. Sostienen que solo el comerciante conoce los acuerdos económicos con sus suplidores y la viabilidad de poder hacer el cambio acorde con sus volúmenes de venta, pero que esta decisión no la puede tomar el gobierno sino el comerciante.
Por su parte, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), que recoge la posición de los distribuidores de refrescos de la Isla, aceptó no tener en sus manos la inclusión de esta medida dentro del proyecto.
Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO
Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.
Impuesto a “comida no saludable”
El presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael Hernández Montañez, aseguró que el proyecto de reforma contributiva que ahora discuten los representantes incluirá un impuesto adicional para lo que llamó la “comida no saludable”, incluyendo los refrescos.
No precisó de cuánto sería este impuesto ni qué productos específicos estarían gravados. Insistió en que se están evaluando varios modelos para determinar cuánto dejaría este tipo de impuesto.
Lo que sí aseguró es que el dinero no iría a crear un Fondo para la Niñez Temprana, como quiere la representante Luisa Gándara, sino al fondo general y a reducir el por ciento de Impuesto de Valor Añadido (IVA). Aseguró que del fondo general se nutren otras entidades que pueden ayudar con la encomienda de Gándara de fortalecer la niñez temprana y la buena alimentación.
“Yo no tengo refrescazo, tengo un arbitrio a los productos no saludables que incluye desde snacks, cosas dulces, saladas”, dijo Hernández Montañez. “Lo que está redactado es un arbitrio a los productos no saludables que incluyen líquidos, snacks. No es ningún refrescazo. Todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para buscar bajar el impuesto al consumo”.
Aseguró que esto fue incluido para garantizar allegar el dinero necesario al fisco y no como mecanismo para conseguir el voto de la representante popular Luisa Gándara, quien lleva meses impulsando un impuesto al refresco.
“Esto es un mecanismo de recaudo. Hacen falta, como mínimo, diez millones de dólares. Cada persona que viene trae una propuesta pero tiene que traer un mecanismo de sustitución”, dijo Hernández Montañez. “El que verdaderamente sabe cómo funciona esto y cómo ha sido mi posición, yo no tengo problema con lo que traigan. Esto no está escrito en piedra. Si podemos llevarlo a 11%, bien, pero cada punto porcentual que bajamos son $265 millones”.
Por su parte, el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, se negó a comentar sobre el asunto al asegurar que el documento es un “borrador” y no un proyecto final. “Yo no voy a hacer ningún comentario sobre el borrador porque es un borrador de trabajo. Cuando el documento final sea presentado, discutiremos el documento final”, dijo Perelló.
“Lo que se está discutiendo en los medios es un borrador, no un documento final. Es un asunto interno. Cuando se radique el documento final, lo discutiremos”.
El representante popular Carlos Vargas dejó saber el miércoles que el proyecto que se discute en la Cámara que incluye impuestos de 14% y 10% también incluye un impuesto a los refrescos.
Gándara, por su parte, dejó saber que sometió para incluir en la reforma su propuesta de un impuesto de 14 centavos por litro de refresco, pero para crear un fondo para la niñez. Esto, con el fin de desincentivar el consumo de este producto y mejorar la salud de los puertorriqueños. No pudo decir si, con la inclusión de esta medida, su voto sería a favor.
Reiteró que, a su entender, la tasa propuesta de 16% es “muy alta” y debe reducirse.
“Yo hace como tres semanas hice una conferencia solicitando que si se estaba haciendo una revisión de la reforma, era lógico considerar algo que se debería haber hecho hace tiempo porque no son alimentos, son nocivos”, dijo Gándara. “Me parece fabuloso que el estado esté atendiendo algo que he reclamado que sea atendido y lo hayan incluido”.
Su expectativa, dijo, es que se incluya su proyecto, que implica un impuesto a estas bebidas para crear un fondo para la niñez temprana.
¿De eso depende su voto?, se le preguntó.
“No y ellos lo saben porque he tenido mis preocupaciones y las he dejado saber y de las primeras cosas que dije es que esto no tiene que ver. Sometí esto desde hace tiempo como medida de recaudo para proteger la salud, atender el problema de obesidad infantil y la necesidad de invertir en esos primeros años que es de verdad donde podemos pensar. Si no hay una medida para invertir en el futuro, está incompleto”, dijo Gándara.
“Mi voto no tiene nada que ver con eso. Yo estoy analizando la medida. Estamos en un proceso de análisis. Yo entiendo que es una tasa muy alta y voy a estar hasta el último momento dialogando para bajar esa tasa que yo considero muy alta”.
El proyecto al parecer todavía no está cerca de tener los votos para ser aprobado. El representante popular Luis Raúl Torres reiteró ayer que todavía tiene dudas sobre los estimados de cuánto dejaría la propuesta presentada de “transfer pricing”, que son las transferencias de dinero entre las empresas matriz y sus subsidiarias.
Torres dijo que aún no está listo para decir cómo votará.
“No es fácil interpretarlo porque hay que ver un área y ver cómo incide en otra. Estamos buscando alternativas para que sea lo más bajo posible”, dijo Torres. “Yo me inclino a que sea más un 11% ó 12% y que los municipios puedan seguir cobrando el 1%. Ya el presidente (Perelló) comenzó a ceder a eso, a que sigan cobrando su impuesto los municipios”.
Aunque Hernández Montañez aseguró que la propuesta de Torres –hecha junto a Luis Vega Ramos y Manuel Natal– ya está incluida en el proyecto, el representante por San Juan dijo que aún espera unas evaluaciones de Hacienda sobre cuánto dejarían los impuestos a estas transacciones.
Por su parte, el representante Jesús Santa, dijo no tener mayores inconvenientes con el proyecto presentado por Hernández Montañez y Perelló.
“Dentro de mis expectativas no tengo mayores inquietudes”, dijo Santa.
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