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«No se puede manejar en ciertos lugares», agregó la Sra. Díaz, porque las celebraciones y las últimos actos de campaña congestionan las calles. La carne de cerdo crepita en la parrilla.

Y por la noche hay música, continuó, «música y ruido», en una isla en la que la concurrencia a las urnas supera, tradicionalmente, el 80 %.

Pero cuando se trata de elegir al presidente americano, el pueblo de este Estado Libre Asociado (ELA) de los Estados Unidos queda excluido -por disposición de la Constitución de los EE.UU.- de la fiesta principal. Ellos pueden votar en las primarias presidenciales, pero, históricamente, no pueden hacerlo en la elección general.

«Somos ciudadanos americanos», afirma Díaz. «Deberíamos poder votar».

A sólo un mes de una elección presidencial, muchos en la isla tienen la esperanza de que la corte federal de apelaciones de Boston mantenga la sentencia de un juez federal que les permite por primera vez votar en una elección presidencial.

La elección se ha convertido en uno de los temas más calientes de la campaña para gobernador, y alimenta el debate sobre el status político de Puerto Rico.

Esta semana, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de los EE.UU., con sede en Boston, escuchó los argumentos a favor de que los 2.4 millones de votantes registrados de la isla puedan votar al presidente el 7 de noviembre.

Exponiendo frente a un panel formado por tres jueces de la corte federal de apelaciones de Boston, un equipo de funcionarios puertorriqueños sostuvo que el derecho a votar de un ciudadano estadounidense es más importante que el sistema de Colegio Electoral.

«Ustedes están socavando, atacando el corazón del gobierno democrático», dijo Angel E. Rotger Sagat, Procurador General de Puerto Rico.

Y Gregorio Igartúa de la Rosa, abogado que representa a 11 puertorriqueños que iniciaron la causa judicial ante la corte federal, calificó de «recurso discriminatorio» los esfuerzos del Departamento de Justicia para la sentencia sea desechada.

El abogado que representa a los Estados Unidos, Matthew Collette, reiteró que Puerto Rico podría obtener el derecho a votar de dos maneras: «Una es la estadidad, la otra es mediante una enmienda constitucional como la 23ª».

Pero el gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló, que asistió a la audiencia, mantuvo su determinación de incluir una papeleta presidencial en las elecciones del ELA del 7 de noviembre.

«Intentamos seguir adelante con lo que ahora es ley en Puerto Rico», señaló Rosselló, quien en su carácter de líder del Partido Nuevo Progresista impulsa la estadidad para Puerto Rico. Funcionarios del Departamento de Justicia en Washington, así como expertos políticos creen que la corte de apelaciones dejará sin efecto la sentencia del juez del distrito federal de San Juan, poniendo fin a la celebración antes de que comience.

A los puertorriqueños, que son ciudadanos americanos desde 1917 por decisión del Congreso, no les es permitido votar al presidente mientras viven en isla porque Puerto Rico no es un estado.

Pero el juez Jaime Pieras, de la Corte del Distrito Federal de San Juan, respondiendo a recientes demandas que cuestionaban la ley, dispuso el 29 de agosto que los puertorriqueños, como ciudadanos estadounidenses, tienen derecho a votar en una elección general.

El juez Pieras señaló que mientras todos los ciudadanos estadounidenses que viven fuera de los Estados Unidos son autorizados a votar por el presidente en ausencia, los puertorriqueños, que pueden votar mientras viven en uno de los 50 estados, pierden ese derecho cuando regresan a la isla.

El juez ordenó que el gobierno de la isla actuara «de la manera más expeditiva posible» para hacer posible que los ciudadanos votaran en la elección.

El gobernador Rosselló se movió rápidamente para firmar una ley que permite la votación, a pesar de que la oposición hizo saber su escepticismo sobre la validez de dicho voto.

Funcionarios del Departamento de Justicia apelaron la decisión de la Corte de Distrito Federal y explicaron que la Constitución refutaba claramente la sentencia del juez. El Departamento le pidió a la Corte de Apelaciones una rápida resolución, debido a la manera en que la decisión podría afectar la elección presidencial.

Para los puertorriqueños, muchos de los cuales están resentidos por el uso que la Marina de los EE.UU. hace de la isla de Vieques en sus prácticas de bombardeo, la obstinación del Departamento de Justicia por suprimir su voto es tomada como una afrenta personal.

«Los Estados Unidos nos quieren para ciertas cosas, como es el caso de Vieques, pero para otras nos hacen a un lado», opinó Stephen Rivera, propietario de una tienda de surf en San Juan. «Si somos ciudadanos estadounidenses, ¿por qué no podemos votar?

El caso no es más que otra faceta de un permanente debate sobre el status político de Puerto Rico: o bien se alcanza la estadidad y se pagan impuestos federales, obligación que los isleños no tienen actualmente, o se dejan las cosas del modo en que están.

El mantenimiento del actual status de ELA parecería ser la voluntad de la mayoría de los puertorriqueños, de acuerdo con los resultados de los recientes referéndums. Pero el sentimiento a favor de la estadidad está creciendo, mientras que la independencia sólo es respaldada por una pequeña minoría. El ELA, si bien libera a los residentes de la isla de los impuestos federales, permite que estos sean convocados a prestar servicio militar a los Estados Unidos.

Y precisamente ese es el argumento que muchos usan localmente para reclamar el derecho a votar al presidente con o sin estadidad. Los puertorriqueños lucharon en todas las guerras desde la Primera Guerra Mundial, y a pesar de ello no tienen voz a la hora de elegir al comandante en jefe.

«Ellos mueren por los Estados Unidos», dijo Díaz. «A veces no saben in porqué están muriendo, pero mueren». La gente sostiene que resulta razonable canjear ese sacrificio por el derecho a votar al presidente.

Para Silvia Alvarez Curbelo, directora del Centro de Investigación en Comunicaciones de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, el debate sobre el voto presidencial oculta el verdadero problema: la estadidad.

«Pienso que no se trata más que de una expresión de deseos», opinó Alvarez Curbelo sobre la batalla legal. «Constitucionalmente está muy claro que los puertorriqueños no pueden votar. Necesitamos una enmienda a la Constitución o que Puerto Rico se convierta en estado».