En Puerto Rico el estado caótico socio-político en que nos encontramos inmersos no parece disiparse. La fragilidad del andamiaje económico artificial colonial-territorial se agrieta y va cediendo al desplome de la ficción de un “país de progreso”. Lejos de velar por el bienestar de sus constituyentes, la casta política de forma destemplada toma decisiones guiada por su sobrevivencia política. Las imágenes del ayer de bohíos de pisos de barro, niños(as) hambrientos(as) descalzos llenos de lombrices, se intercambian por imágenes de político(as) trajeados con fondos públicos que salivan ante la suculencia de tener la bota del “poder” para patear a sus constituyentes. Mientras se engoman su pelo con su arrogancia, se hace añicos nuestra precaria democracia.
Al filo de la madrugada del pasado viernes 15 de mayo, la separación de poderes del balance de pesos y contrapesos, se esfumó en la cueva en que se reunieron a espaldas del Pueblo para robarnos lo más sagrado de una democracia. Como ladrones de nuestra Constitución, la supra-estructura de la “conferencia legislativa” del Partido Popular Democrático (PPD) se puso en “concierto y común acuerdo” para imponernos un alza en el impuesto del IVU de un 7 al 11.5% y un 4% a servicios, entre otra “minucia”. Esto es el periodo de gestación de nueve meses para finalmente llegar al alumbramiento del Impuesto de Valor Añadido (IVA). En su ecuación no calculan los recaudos del arbitrio en los muelles que entró en vigor el año pasado, como parte de la primera fase del IVA. El Pueblo pagaremos el costo del “consenso”. Ante el empañetado de unión partidista, no hay amague alguno de encausar criminalmente a todo(a) funcionario(a) público que en “concierto y común acuerdo” fraudulentamente engañaron al País con “su obra” de “castillos en el aire”; responsables del precipicio fiscal en que nos encontramos. Más allá de sus emborujos financieros, sus actos negligentes e irresponsables tienen visos criminales de aparente corrupción.
La falta de transparencia y certeza en la toma de decisiones caóticas de política pública percola hasta las plumas internacionales contratadas para narrarnos el cuento de la falta de liquidez en las arcas públicas. Con pompa intelectual, el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF) en su informe trimestral predispone el análisis de “la estabilidad financiera y prospecto de crecimiento” de Puerto Rico por parte de la doctora Anne O Krueger, y doctores Ramjit S. Teja y Andrew Wolfe, ex–ejecutivos de Fondo Monetario Internacional. Subraya su descargo o renuncia de responsabilidad de sus aseveraciones, puesto que dependen de los datos provistos por el Estado Libre Asociado de PR y sus instrumentalidades. Estos economistas no asumen “responsabilidad por la certeza o integridad (“completeness”) de dicha información” (Commonwealth of Puerto Rico, Quarterly Report, 7 de mayo 2015, p. 4-5). Entonces, ¿para que sirve este informe incierto, impreciso sin datos íntegros?
Para añadir sal a la herida mortal de la falta de transparencia en que expertos internacionales le estampan mas que un sello de credibilidad, uno de posible engaño colectivo, dicho informe de BGF sostiene el hecho que por años los presupuestos presentados han dependido de préstamos por el déficit en el recaudo. No obstante, al presentar los datos de serie de recaudos vs gastos para calcular el déficit (2009 al 2014), se hace la salvedad que no se incluye información sobre los recaudos generados por impuestos cobrados como los asignados a COFINA, aparte de los impuestos al petróleo, aceite, gas, gasolina, cigarrillos, carreras de caballo, y otros “impuestos asignados por ley para propósitos específicos”, etc. (Ibid, p. 35-36). Además, se subraya que el análisis presentado incumple con los principios básicos de contabilidad de los EEUU (US GAAP) que de usarse redundaría en una mayor deficiencia de la informada (p. 35). ¿Por qué la insistencia en esconder información íntegra y completa sobre la totalidad de fondos recaudados desglosando la gama de impuestos aprobados durante este cuatrienio? Por otra parte, a pesar de que se presentan datos generales sobre la deuda emitida a la fecha del 31 marzo de 2015 (p.56), con sus respectivos fechas de vencimiento hasta el 2058 (p. 58), este informe no tiene pretensión alguna de examinar el uso adecuado de cada dólar que se ha tomado prestado.
La imprecisión de este tipo de informe incierto cuya utilidad está en entredicho, abona al caos e inestabilidad social. Serias dudas se levantan, si se usa en justificar la necesidad de una tasa alta de un IVA con que todavía se nos amenaza de cara a las elecciones del 2016. ¡Así no se hace patria!
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