Además de eliminar las procuradurías y consolidar su operación en una sola agencia, el Ejecutivo se propone eliminar 14 agencias adicionales y traspasar sus funciones a otras dependencias públicas. Con este anuncio serán 20 las agencias públicas que desaparecerán del organigrama gubernamental.
El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, no detalló ayer los ahorros proyectados con esta reestructuración gubernamental que pudiera entrar en vigor al menos seis meses después de que se apruebe la legislación correspondiente.
“Los ahorros no se darán de manera inmediata. Lo que estamos evitando es que el Gobierno siga creciendo”, contestó Suárez cuando se le preguntó sobre el ahorro proyectado con la consolidación de agencias.
Con la consolidación de las 20 agencias, más de 4,000 empleados serán reubicados.
Suárez aseguró que no habrá despido de empleados públicos, aunque no pudo decir lo mismo sobre los empleados de confianza de estas agencias.
Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, dijo que el Gobierno “tiene que reducir la duplicidad, ineficiencia y burocracia en las áreas administrativas”.
Sin embargo, ambos funcionarios aceptaron que con la consolidación de agencias algunos ciudadanos tendrán que viajar a otros municipios para solicitar ciertos servicios del Gobierno.
De acuerdo con la propuesta del primer ejecutivo, Alejandro García Padilla, la Comisión de Servicio Público será consolidada con el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO). El secretario de la Gobernación indicó que se mantiene el ente adjudicativo pero las funciones administrativas estarán en manos del DACO.
De inmediato, el presidente de la Comisión de Servicio Público (CSP), Omar Negrón Judice, se opuso a la propuesta y aseguró que se trata de “otra movida política de esta administración para aparentar recortes de gasto cuando realmente lo que intentan es acabar con todo lo que no es de su afiliación política”.
Además, se consolidará la Junta de Relaciones del Trabajo, la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, la Comisión Apelativa del Servicio Público y la Comisión Industrial con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
En tanto, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) será consolidada con el Departamento de Salud.
Al mismo tiempo, la Administración de Recursos Naturales estará bajo la sombrilla del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
También, las funciones de la Administración de Ia Industria del Deporte Hípico estará a cargo de la Compañía de Turismo. La Comisión de Seguridad en el Tránsito será consolidada con la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). El Cuerpo de Emergencias Médicas será unido al Cuerpo de Bomberos.
Además, el Consejo de Educación será consolidado al Departamento de Estado. Mientras, la Junta de Libertad bajo Palabra se unirá con el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Sistema 9-1-1 pasará a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Aemead), informó el secretario de la Gobernación.
Por último, las funciones de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH) estarán a cargo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Oficina de Adiestramiento de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Oficina de Mediación y Consolidación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
El primer ejecutivo presentó, el martes en la noche, un proyecto para que consolidar las funciones de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Oficina del Procuradora de Personas de Edad Avanzada, la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos, la Oficina del Procurador del Veterano, la Oficina del Procurador del Paciente y la Comisión de Derechos Civiles en una sola agencia.
El proyecto de ley propone crear la Defensoría de Derechos Humanos del Estado Libre Asociado que ejercerá estas funciones y estará encargada de proteger, defender y promover los derechos humanos.
Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con nueve años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
Justifica alza en presupuesto
La administración de Alejandro García Padilla justificó el aumento en el presupuesto recomendado para el nuevo año fiscal 2015-2016 con el incremento en el pago de la deuda, las aportaciones a los sistemas de retiro, el pago de las utilidades de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y la construcción del Centro Comprensivo de Cáncer en Río Piedras.
De acuerdo con el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, el presupuesto vigente de $9,565 aumentaría para el próximo año fiscal a $10,474 millones por el aumento en las obligaciones del Gobierno.
Sin embargo, el Ejecutivo se dispone a recortar $674 millones en el gasto público para que el presupuesto del año fiscal 2015-2016 alcance $9,800 millones a tono con las medidas de recaudo que propone el Gobierno.
La administración de García Padilla apuesta obtener los recaudos al aumento de 7 a 11.5 por ciento del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) -que al cierre de esta edición se discutía en la Cámara- y a un impuesto a las compras entre entidades relacionadas, práctica conocida en inglés como “transfer pricing”.
Cruz Batista explicó, en rueda de prensa, que para lograr los recortes se renegociarán unos pagos al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) provocando ahorros de $327 millones. Además, se reducirá $131 millones de la operación y nómina del Gobierno central. Al mismo tiempo, se reducirán $58 millones de las aportaciones a los sistemas de retiro.
Se reducirá $40 millones con la reconfiguración del transporte colectivo de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA). Asimismo, se recortarán $7 millones a la Administración de Tribunales. Mientras, el Centro Compresivo de Cáncer solo recibirá $20 millones de los $28 destinados para su construcción.
En tanto, las aportaciones a los partidos políticos y las dietas en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se reducirán para lograr ahorros de $2.5 millones. Se sumará $100.5 millones en otras reducciones presupuestarias que no fueron detalladas.
El director ejecutivo de OGP agregó que las fórmulas de financiamiento a la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Rama Judicial, los municipios y el pago de la deuda serán honrados.
Informó, además, que se destinará 16 por ciento del presupuesto, es decir $1,537 millones para el pago de la deuda. Aseguró que $1,128 millones serán para las obligaciones generales (GOs, por sus siglas en inglés) y $409 millones para otras deudas.
Cruz Batista aseguró que comparado con el año fiscal vigente se reducirá 2 por ciento o $74 millones por concepto de nómina al no llenar las plazas de los empleados que se retiran. El funcionario aseguró que desde enero de 2013 a febrero de 2015 el Gobierno tiene 15,000 empleados menos.
De otra parte, Cruz Batista aseguró que se reducirá de $88 a $76 millones el gasto en contratación de servicios profesionales en el nuevo año fiscal. Según el funcionario, en 2013 se gastaba $146 millones en servicios profesionales.
Además, se reducirá de $260 a $242 millones el renglón de servicios comprados por el Gobierno. En cuanto a los arrendamientos privados se reducirá $5 millones en el gasto. Aseguró que el inventario de propiedades del Gobierno en desuso estará listo en agosto para divulgar su disponibilidad de alquiler o venta.
Sigue deficiencia de flujo de efectivo
Pese a todos los recortes que adelantó el Ejecutivo, el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, indicó que el problema de flujo de efectivo sigue vigente. El funcionario sostuvo que para el mes de julio habrá una deficiencia en el flujo de efectivo de $450 millones.
Destacó la importancia de aprobar el aumento de 7 a 11.5 por ciento del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) para lograr conseguir las Notas de Anticipación de Impuestos (TRANs, por sus siglas en inglés) que atienda el problema de flujo de caja.
“Estamos buscando todas las alternativas para cumplir con todas las obligaciones”, sentenció.
Menos becas y fondos para sin fines de lucro
El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, confirmó que se reducirá de $25 a $8.7 millones los fondos de becas y ayuda para estudiantes de nivel post-secundario y universitario. De acuerdo con el funcionario, el recorte se hizo porque en años pasados no se utilizaron los fondos por completo.
Además, el Proyecto CASA, que ayuda a los niños y jóvenes en alto riesgo de abandonar la escuela o que la hayan abandonado, recibirá una reducción de $1.5 millones de sus fondos. El Instituto Nueva Escuela, Hogares Crea y las Salas Especializadas en Casos de Sustancias Controladas recibirán una reducción en sus fondos.
En tanto, el recorte en la asignación de fondos a otras organizaciones sin fines de lucro -que no fueron detalladas- alcanzará $5.1 millones. Al mismo tiempo, la Asamblea Legislativa recibirá una reducción de las asignaciones especiales de $32.6 a $16.7 millones. No se detalló el ajuste de fondos a las fundaciones de los exgobernadores.
Transfieren a OGP pago de utilidades
El director ejecutivo de OGP, Luis Cruz Batista, informó que, desde el próximo año fiscal que entra en vigor el 1 de julio, su oficina estará a cargo del pago de las utilidades como luz, agua, renta y primas de seguro de las agencias del Gobierno Central. Explicó que los fondos serán separados para cada agencia pero serán custodiados por OGP para asegurar que los pagos se hagan a tiempo.
Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con nueve años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
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