Los líderes del PPD siempre han tenido una visión arrogante y mezquina de su función en la historia y del uso del poder. Acostumbrados, desde la década del cuarenta, a aplastar cualquier tipo de disidencia dentro de su partido o de reto externo a la posesión del poder, su liderato no escatima el uso de todo medio a su alcance para que sus propósitos sean ejecutados de la manera más eficaz posible.

Cuando la creación del Instituto de Cultura Puertorriqueña en 1955, algunos líderes del popularismo sugirieron que la verdadera historia política de Puerto Rico había comenzado en 1940. Eso explica el por qué Severo Colberg, aquel legislador que apodaron el Látigo, en una ocasión dijera, sin sonrojarse, que la historia del PPD es la historia del Puerto Rico moderno. Tal expresión fue un eructo de arrogancia que veía con mezquindad exuberante el devenir histórico nuestro y el papel que habían aportado las minorías hasta ese momento.

Bajo Sila Calderón se vieron manifestaciones agresivas de este fenómeno. Se investigó y persiguió a mansalva y de una manera burda y criminal. Esa administración fue objeto de miles de demandas con un costo de millones de dolares al erario. Todo, porque al PNP había que destruirlo a toda costa.

Hace unos días, el 14 de mayo para ser precisos, legisladores del PPD se reunieron con el gobernador en el Centro de Convenciones. Fue una reunión de uno de los organismos reglamentarios de dicho partido; la Conferencia Legislativa. En propiedad pública el PPD celebró una reunión política donde hubo funcionarios y contratistas del gobierno. Algo que hubiera creado ataques y críticas por parte del PPD y sus acólitos en la prensa, de haberlo hecho el PNP.

Lo indignante es que en dicha reunión política estuvieron varios jefes de agencias. El Secretario de Justicia, Cesar Miranda, amanuense leal del popularismo; el Secretario de Hacienda, Juan Zaragoza y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz. Aparte de que Irving Faccio, el exsecretario de Hacienda Juan Flores Galarza y el asesor de comunicaciones Armando A. Valdés Prieto frescamente también se encontraban en el Centro de Convenciones. O sea, con fondos públicos celebraron su melcocha partidista sin que nadie levantara un cuestionamiento ante la opinión pública. ¿Nos acostumbranos a ser abusados y a la impunidad del PPD?

Por su parte, la Ley Núm. 178 del año 2001 es la que gobierna este asunto. Su Artículo 1 (G), que define claramente lo que es una actividad política reza: “Toda actividad donde una o más personas promuevan una determinada candidatura o partido político, incluyendo pero sin limitarse a reuniones, tertulias, mítines, concentraciones, maratones, asambleas, convenciones, caminatas, caravanas, rifas, discursos o cualquier actividad similar, las cuales sean organizados, financiados o respaldados por partidos políticos, candidatos o grupos de ciudadanos organizados en respaldo o rechazo de determinada candidatura o asunto a ser considerado por el electorado y que tenga contenido político partidista o de fórmulas de status”.

La desapercibida reunión fue político partidista. Tuvieron a disposición propiedad pública con aire acondicionado y jefes de agencias a la carta. La arrogancia de poder del liderato popular es un ultraje a la moral pública que cercena aún más la lacerada confianza del Pueblo en su liderato político. Para ellos, el fin justifica los medios.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

Mario Ramos Méndez

Historiador