Las más recientes estadísticas recopiladas por la Administración de Servicios de Salud (ASES) y la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), entidades que administran el plan de salud del gobierno y la tarjeta del PAN, evidencian que la media de los usuarios de dichos beneficios tiene 29 años, realidad que no parece convencer a los economistas del país.
Según las estadísticas de ASES, el 55.9% de los usuarios de la tarjeta de salud son personas, técnicamente, entre las edades de 0 a 29 años, siendo ésta última la más productiva. En el caso de ADSEF, 53% de los beneficiarios del PAN son personas entre las edades de 0 a 44 años. En ambos casos un poco más de 50% son mujeres. Sin embargo, economistas aseguran que existe una incongruencia, ya que más del 53% de la fuerza laboral son mujeres y la inmensa mayoría de los que han emigrado son jóvenes de dichas edades, por lo que entienden se trata de unas estadísticas “sesgadas por la mentira y por una fuerte economía subterránea”.
El economista Elías Gutiérrez entiende que existe una bajísima tasa de participación en la fuerza laboral que pudiese justificar algo esas estadísticas. Sin embargo, asegura que puede ser que muchas de estas personas están operando bajo una economía informal, donde no se declaran ingresos, empleados ni activos, por lo que cualifican para todo este tipo de ayuda. Aseguró se trata de un cuadro complicado, ya que para muchos pudiese ser visto como un gasto gubernamental que alimenta la demanda agregada, estimulando el gasto y, por ende, genera actividad económica.
“Para otros, sí estimula la demanda agregada pero no la oferta agregada, la producción, que son beneficios permanentes que se expanden y elevan el estándar de vida, reduciendo la dependencia. Como está hoy, provocan mayor dependencia, y el sentido de no poder hacer nada. Genera solo el efecto de las expectativas, con las cuales al final del día no se pueden cumplir”, sostuvo Gutiérrez.
En un sentido muy similar se expresó el economista Santos Negrón quien entiende que muchos de esos beneficiarios son parte de la economía informal. También entiende que se trata de mucha gente joven profesional que no ha conseguido empleo, que se mantienen con sus padres y no se independizan, siguiendo la racha de dependencia gubernamental, que por años muchos de sus familiares cercanos han disfrutado. Como alternativa a esta tendencia, entiende que una vez se logren materializar los empleos en la Isla, automáticamente se reduce la dependencia en un sector que está desempleado y desea trabajar. “El otro porcentaje, independientemente exista el trabajo, lo obviarán porque están acostumbrado a vivir de la dependencia. En ese segmento, entonces, le corresponde al gobierno ser más fuerte y obligarlos a trabajar”.
Para el sociólogo, Ismael Torres esta tendencia es en respuesta a la comodidad actual en la que se vive, donde se les provee todo sin necesidad de hacer nada para ganárselo. “En la medida se sigan criando jóvenes dependientes, se desarrollan hombres dependientes, y es una cadena muy difícil de romper a menos que se obligue hacerlo. La economía depende de más fuerza laboral y menos dependencia gubernamental”.
Por su parte, Ricardo Cardona, director ejecutivo de ASES aceptó no tener una razón contundente basada en datos que justifique esta tendencia dependiente. Sin embargo, entiende que la estructura del plan médico del gobierno pudiese justificar en algo la misma. Explicó que alrededor de un 4% de los beneficiarios del plan de salud del gobierno son personas jóvenes con trabajos e ingresos mayores de $50,000 que padecen de una condición crónica cuyo costo de medicamento supera los ingresos. Esa realidad los convierte en un indigente inducido el cual ASES tiene que servir. “La elegibilidad del beneficiario la realiza el Departamento de Salud a través de la Oficina de Medicaid. Hoy existen varios sistemas conectados que nos permiten identificar fraude, pero hay que aceptar que muchas personas se las juegan para ser consistentes en sus mentiras en todas las dependencias que acuden”.
En tanto, Edwin Aquino, presidente de la Firma de Estudios Anderson Research Puerto Rico, enfatizó en que la data no parece recoger la realidad de la Isla en términos de media, aunque no descarta sea la realidad por lo que se puede palpar en los supermercados y oficinas médicas. Sin embargo, aseguró que la data de ASES sí evidencia que el programa de salud del gobierno no es efectivo en prevenir o disminuir las incidencias de condiciones crónicas de salud en la Isla.
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