Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO – 11:52 am
El gobierno de Puerto Rico deberá pagar los $9,389,743.00 por concepto de Medicaid a los Centros de Salud Primaria, conocidos como 330, que se le adeudan desde el primer trimestre del año, o de lo contrario, se le embargarán las cuentas al Departamento de Salud, según una orden del juez federal Gustavo Gelpí.
De esta forma, el juez concedió una extensión de pago al Estado Libre Asociado (ELA), el cual argumentó el pasado miércoles en una vista de status del caso que no tenía los fondos para hacer los pagos requeridos.
Tal y como lo adelantó durante la vista de status, Gelpí oficializó que nombrará un asesor técnico, que deberá ser abogado y contador público autorizado y a un monitor para garantizar el cumplimiento de los pagos.
“Desde hace mucho tiempo, la corte ha sido bombardeada con mociones solicitando los pagos y otras para extensiones. Este ha sido el caso desde que comenzó este litigio. La corte no continuará actuando como un policía de niños. Monitoreos limitados y específicos son requeridos ahora”, afirmó el juez.
Destacó que el pago para el segundo semestre del año vence al final del mes en curso. El mismo debe hacerse el 17 de julio. Reafirmó que si se incumple con el pago, embargará la cuenta del ELA. Los pagos deben hacerse bajo la formula de “pagos estimados”.
Ordenó que de ahora en adelante todos los pagos deberán ser hechos los 17 de cada mes.
Apuntó que una vez nombre un asesor o asesora técnica, tendrá a su cargo evaluar el recálculo del pareo de pagos.
Observó que los demandantes alegan que tienen derecho a una cantidad mayor, mientras que el ELA insiste en que la corte utilice data con cifras reales a fin de que se reduzca la cantidad a pagar.
Señaló que en caso de que los demandantes hayan sido sobre pagados durante el año fiscal 2015, la cantidad sería reconciliada y compensada. Empero, advirtió que la corte no va a recalcular cada pago hecho durante los pasados años.
En caso de que los demandantes tengan derecho a una cantidad mayor, la misma no será considerara cantidades en atrasos.
“La corte espera total cumplimiento con esta orden. La corte en deferencia al ELA, como siempre, ha tenido la paciencia de Job y hasta ahora ha evitado tomar pasos drásticos. Pero, no puede continuar así ‘per secula seculorum’. El ELA voluntariamente accedió a participar en los programas Medicare y Medicaid por los que recibe millones de dólares en fondos federales y sucesivamente, tiene que cumplir con sus obligaciones federales. Los demandantes no son los chicos malos. Simplemente, piden lo que la ley federal ordena que reciban, ni un centavo más, ni un centavo menos”, apuntó Gelpí en su orden.
Afirmó que bajo el Artículo III de la Constitución de Estados Unidos, la corte tiene la incansable obligación hacer cumplir la ley federal aunque pueda entender la terrible situación económica que ha enfrentado el ELA durante muchos años y bajo previas administraciones.
Sin embargo, mantuvo que esta no es una obligación nueva que enfrenta el ELA y que ha sido así durante mucho tiempo, por lo que deben presupuestar los fondos para cumplir con los pagos.
De otro lado, Gelpí destacó que a los centros de Arroyo, Barceloneta, Camuy La Montaña, Morovis y Patillas se les adeuda colectivamente $27,430,313. Esta cifra fue alcanzada tras un acuerdo entre las partes. El juez ordenó al ELA que en o antes del 31 de julio deberá pagar un tercio de la cantidad adeudada. Las restantes dos terceras partes deberán ser pagadas el 30 de septiembre y 30 de noviembre respectivamente.
Los centros 330 demandaron al ELA el 6 de junio del 2003, ante la falta de pago por parte del gobierno.
Estos centros ofrecen cuidado preventivo y primarios en áreas de alta necesidad de servicios designadas, como tal por el gobierno federal.
Por su parte, la Asociación de La Directora Ejecutiva de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico, Alicia Suárez Fajardo, se expresó complacida con la orden de Gelpí.
“Estamos satisfechos con la decisión del juez federal Gustavo Gelpí. Esta decisión atiende las necesidades de las comunidades vulnerables y de los pacientes Medicaid en Puerto Rico. Los centros 330 están enfocados en la excelencia operacional, la calidad y en rendir cuentas”, expresó Suárez Fajardo en un comunicado de prensa.
Aseguró que los centros 330 cumplen con los objetivos de la ley federal de cuidado asequible, “Affordable Care Act” (también conocida como Obamacare), que busca mejorar la experiencia del paciente, mejorar la salud de la población y reducir los costos de salud.
Afirmó que los centros 330 trabajan día a día con medidas de calidad y desempeño, indicadores clínicos y guías de cuidado basadas en evidencia, entre otros, para mantener a los pacientes en control de su salud.
“Estos esfuerzos, al igual que el modelo de hogar centrado en el paciente (“Patient Centered Medical Home”), ayudan a reducir las visitas a sala de emergencia, las hospitalizaciones y ayudan mejorar la salud de la población”, expuso.
Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.
Apremia solución rápida
En Puerto Rico, cerca de 550 mil personas son beneficiarios de Medicare Advantage; de éstas, 250 mil se benefician del Plan de Salud del Gobierno porque son elegibles a ambos programas
La próxima semana se conocerán los resultados del análisis que realiza el Departamento de Salud de Estados Unidos sobre las partidas el programa Medicare Advantage en Puerto Rico ante los recortes propuestos.
Aunque en Estados Unidos se aumentó en 3 por ciento las tarifas de pago de este programa, en Puerto Rico se estima que habrá una reducción de 11 por ciento.
La secretaria de Salud de Estados Unidos, Sylvia M. Burwell, envió una carta al gobernador Alejandro García Padilla y al comisionado residente Pedro Pierluisi, a principio de esta semana, para informar que el próximo lunes 8 de junio se completaría el informe sobre los fondos que finalmente se asignarán a los programas de Medicare Advantage en la Isla.
“Comparto su preocupación en torno al impacto que recibirán los beneficiarios a raíz de las reducciones en Medicare Advantage”, reza la carta enviada el lunes por la secretaria de Salud federal.
Ricardo Rivera, director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES) explicó, en entrevista con EL VOCERO, que lo que decida la agencia federal no tendrá efectividad inmediata porque entraría en vigor en enero de 2016.
Rivera indicó que el pasado 1 de junio se hicieron “finales y firmes” las tarifas que van a entrar en vigor en enero de 2016. Sin embargo, con la carta enviada por la secretaria de Salud federal, se confirmó que se está evaluando el caso de Puerto Rico.
En Puerto Rico cerca de 550 mil personas son beneficiarios de Medicare Advantage y de esta población 250 mil personas son beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno (PSG) porque son elegibles a ambos programas.
Rivera explicó que “los recortes podrán tener un efecto directo en el mercado de Medicare Advantage porque en este segmento entre menos tarifa menos beneficios ofrecerán las compañías (aseguradoras) a esta población”.
Los recortes además afectan la estabilidad del PGS “porque en el caso de que impacten la prima de Medicare Advantage se pone presión en el sistema”.
“El riesgo es que 250 mil personas que ahora mismo nos cuestan a nosotros cerca de $30 millones al año se convierta en $800 millones”, advirtió el funcionario.
“A la que emigren todos al Plan de Salud del Gobierno voy a tener que pagar la prima completa y como la mayoría de las personas que están en Medicare son mayores de 64 años o personas incapacitadas, el costo de sus tratamientos es mucho mayor”, agregó.
El director ejecutivo de ASES dijo, en el caso de que se concrete el recorte de fondos, el incremento en los costos del PSG podrá ser constatado en los próximos dos a tres años.
“No podemos esperar para actuar y por eso es que estamos trabajando con la Coalición para parar estos recortes y más allá de los recortes y la parte financiera porque es una injusticia porque aquí todo el mundo, tú y yo, y todos los que están recibiendo Medicare Advantage trabajaron y pagaron el mismo impuesto de Medicare y el mismo por ciento de seguro social”, sentenció.
Rivera se refiere a la Coalición de la Justicia para el Medicare en Puerto Rico compuesta por representantes del sector de la salud en la Isla.
De mantenerse el recorte de 11 por ciento en el programa Medicare Advantage en la isla, Puerto Rico dejaría de recibir unos $300 millones anuales, lo que desembocaría una reducción de los beneficios de los pacientes asegurados.
De acuerdo a la Coalición, la tarifa base de Medicare Advantage en Puerto Rico está casi un 30 por ciento por debajo de la del estado que le sigue. Además, se estima que Puerto Rico está perdiendo más de $250 millones en beneficios para medicamentos recetados cada año debido a la exclusión de los residentes de los territorios.
Pierluisi espera resultados
El comisionado residente, Pedro Pierluisi, dijo que, “debido a que es un territorio y no un estado, Puerto Rico recibe un trato desigual bajo los programas federales de Medicaid y de Medicare tradicional”.
“El 8 de junio veremos la acción que toma los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) ante nuestra reclamo y de ahí nuevamente partiremos”, agregó el comisionado residente a preguntas de EL VOCERO.
Pierluisi mencionó esta semana que “el trato desigual causa toda una serie de desigualdades en la manera en que el Gobierno federal reembolsa a los planes Medicare Advantage en Puerto Rico”.
“Como resultado, a los planes Medicare Advantage en Puerto Rico se les compensa en una cantidad mucho menor que a sus contrapartes en cualquier estado, lo que causa que a éstos se les hace difícil proveer un cuido asequible y de alta calidad a los 560,000 ‘seniors’ e individuos con impedimentos en la Isla inscritos”, sentenció Pierluisi.
Explicó, además, que como resultado de una determinación publicada el 6 de abril de este año por los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) sobre las tasas de pago a los planes Medicare Advantage para 2016, los planes en Puerto Rico están en riesgo de recibir un recorte de 11 por ciento en los fondos en el 2016, en comparación con el 2015.
“Para la fecha de la publicación, CMS no había podido evaluar parte de la data que se le suministró relacionada a los planes Medicare Advantage en Puerto Rico. A nuestro entender, esa evidencia justifica un ajuste al alza de las tasas de pago para los planes Medicare Advantage en Puerto Rico y así se lo dejamos saber a la secretaria de Salud federal. En su respuesta, la secretaria, quien establece que comparte nuestra preocupación ‘en torno al impacto que recibirán los beneficiarios a raíz de las reducciones en Medicare Advantage’, me confirma que están trabajando en el análisis de la evidencia sometida, que justifica un ajuste al alza de las tasas de pago para los planes Medicare Advantage en Puerto Rico, y que tendrán el informe listo para el 8 de junio”, concluyó el congresista puertorriqueño.
El comisionado residente aseguró que la carta de la secretaria de Salud federal responde a sus múltiples comunicaciones con la agencia y con CMS, incluyendo una del 3 de mayo en la que reclama trato justo a beneficiarios de Medicare Advantage en Puerto Rico. Esta misiva está suscrita además por los dos senadores de Nueva York, Charles Schumer y Kirsten Gillibrand; los dos senadores de Florida, Marco Rubio y Bill Nelson; el senador de Nueva Jersey Cory Booker; y los representantes José Serrano, Charles Rangel, Nydia Velázquez y Luis Gutiérrez.
Por su parte el exsecretario del Departamento de Salud, Johnny Rullán, comentó que los recortes
que se avecinan al Medicare Advantage afectaran sustancialmente el acceso a la salud de los beneficiarios del
plan.
El exsecretario, quien lidera la Coalición para atender la Crisis del Sistema de Salud en Puerto Rico, alertó que el recorte de 11% afectará a los galenos, hospitales, farmacéuticas y los servicios médicos en el hogar. Al mismo tiempo, recordó como anteriormente se había recortado un 8%, y todavía el sistema de salud no ha podido recuperarse.
“Un 11 % adicional ya no hay forma de amortiguarlo” advirtió Rullán.
Dijo que los recortes también significan una sobrecarga para ASES, ya que los beneficiarios que no puedan emigrar a un plan similar a Medicare Advantage, se verán obligados a solicitar Mi Salud.
“Por lo tanto para nosotros se nos juega la vida ese 8 de junio. Nosotros estamos pidiendo, por medio de puertoricohealthcarecrisis.com que Obama no nos haga esto. La parte más importante que las personas se movilicen”, explicó Rullán.
Exhortó a todas las personas que por medio de Internet firmen la petición que se encuentra en el portal puertoricohealthcarecrisis.com.
El la campaña busca solicitarle al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a que intervenga para evitar el colapso del Sistema de Salud en Puerto Rico mediante la reversión de recortes por el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) al programa Medicare Advantage de la Isla.
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con nueve años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
Medicaid (CMS) al programa Medicare Advantage de la Isla.
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