La aceptación del gobernador, Alejandro García Padilla, sobre la gravedad de la crisis económica del país y el impago momentáneo de sus obligaciones, dejará un hueco mayor en el bolsillo de la gente y en los servicios apremiantes que reciben los ciudadanos en general.
Según los economistas, la aceptación del Gobernador de que Puerto Rico no podrá pagar por el momento a sus acreedores, además de cerrar de inmediato el acceso al crédito al país, impacta la rutina diaria del puertorriqueño que sale diariamente a trabajar o simplemente sale en busca de empleo.
De manera inmediata, el impago a los bonistas, que incluye un alto porcentaje de puertorriqueños que apostaron sus ahorros a los bonos de Puerto Rico, representa para la economía local $2,000 millones menos por concepto de los dividendos anuales a bonistas locales, lo que a su vez genera una merma en consumo, con el consabido efecto en los comercios del país, sostuvo el economista Gustavo Vélez. A dicho impacto se suma la pérdida de entre 13,000 a 15,000 empleos, el aumento en los precios y en los impuestos, la desvalorización de las propiedades, la debilitación bancaria y la merma en los otorgación de préstamos, entre otros.
Ante este panorama, Vélez asegura que la única alternativa que tiene el país es la intervención federal y la llegada de un estímulo condicionado a una reforma económica y fiscal, opción que por un lado tiene adeptos en el foro federal, pero por otro, en la tarde de ayer -en los medios nacionales- representantes de la Casa Blanca aceptaron que no contemplan un rescate para la Isla.
En este sentido, el licenciado, John Mudd, indicó que desde el año pasado ha estado hablando de la opción de un ente federal para administrar la reforma fiscal de la Isla, la cual entiende ahora posee un ambiente más favorable y ya es visto como una posibilidad, pero todavía tomará su tiempo para lograrse.
En torno al efecto de un impago momentáneo, sostuvo que de manera inmediata se deterioran los servicios apremiantes como el agua y la luz; se verá el deterioro de la infraestructura, como son las carreteras; se reducirá el número de escuelas, se aumentarán los impuestos, el valor de los bonos seguirá en picada; al igual que el valor de las propiedades. “Otro efecto de inmediato es el impago del gobierno a los suplidores”.
Mientras tanto, el economista Santos Negrón coincide con el efecto adverso en la valorización de los bonos (los ahorros de por vida de muchos retirados), el deterioro en la infraestructura, el aumento en los precios, el alza en los despidos, inestabilidad en los comercios, una mayor emigración y un a desgaste significativo en la calidad de los servicios que el gobierno ofrece a la ciudadanía. “El sector privado depende demasiado del gobierno, lo que ante la eventualidad genera un estancamiento que no promueve la producción. A pesar de la seria situación que vive el país, veo muy poca viabilidad en términos legales de la llegada de un ente federal para administrar la reforma fiscal de la Isla. Se trata de un asunto constitucional y parlamentario”.
Negrón fue enfático en que el Gobernador se expresó de manera errónea, ya que los bonos son impagables bajo los términos vigentes, hay que cambiar los términos y decidir bajo las condiciones actuales no cumplir, por el momento, con los itinerarios de pago y renegociar con los acreedores esas bases. “No se ha enfocado correctamente el asunto. Nunca el país ha dicho que no va a pagar, sino que no se puede hacer ahora, lo que hace una diferencia bien marcada”.
Por su parte, y según y trascendiera en la prensa internacional, José Villamil entiende que los comentarios de García Padilla probablemente no tendrán mucho impacto en Wall Street. “Los mercados tienen claro que Puerto Rico se encamina en dirección a una reestructuración o incumplimiento de pagos. Una reestructuración voluntaria de bonos podría ser la mejor opción. Las últimas cuatro administraciones han aplazado la toma de decisiones. En este punto ya no hay más que hacer. Por eso vamos a ver algunas medidas muy estrictas y algunas muy profundas. Va a doler, pero no hay otra salida”.
Estas declaraciones se obtienen en momentos en que el Gobernador de Puerto Rico advirtió a un medio nacional que la Isla no puede pagar su deuda pública de $72,000 millones, anuncio que no sólo sacudió al territorio estadounidense azotado por la recesión, sino también al sistema financiero mundial, ya de por sí nervioso por el colapso de las finanzas de Grecia.
En el caso de Puerto Rico, dichas expresiones además de propiciar un duro golpe al valor de las acciones de Puerto Rico, hicieron lo propio con las acciones de los bancos, quienes han visto reducir su valorización entre un 5% a un 13%, tendencia que analistas de la industria bancaria no descartan repercuta en la próxima degradación de dichos bonos.
En la tarde de ayer, las acciones de los principales bancos disminuyeron drásticamente. FirstBank, bajó 13.06%; situando su acción en $5.59. A esta desvalorización le siguió Oriental Bank, con negativo 12.67% ($12.27) y Banco Popular de Puerto Rico, con negativo 10.14% ($29.60).
La Constitución de Puerto Rico establece que la deuda asegurada debe pagarse antes de que se cumpla cualquier otra obligación financiera. De hecho, si el gobierno recurre a la reestructuración como parte de la medida, se trastocarán los bonos de las obligaciones generales (GO’s), protegidos por la carta magna, lo que descarta posibles demandas judiciales.
Los bonos de Puerto Rico eran populares entre los fondos de inversión de Estados Unidos porque eran triplemente exentos, pero los fondos de cobertura y los inversionistas dejaron de comprar bonos de deuda a medida que la economía de la Isla empeoraba y se reducía su calificación de crédito.
Un reporte difundido el lunes por un exjefe del Banco Mundial y otros analistas indica que la deuda fiscal de Puerto Rico es mayor de lo pensado y exhorta al gobierno a actuar rápidamente. Aunque el Gobierno tomó medidas, como subir los impuestos, hacer reformas en pensiones y reducir y congelar el gasto, que fueron elogiadas por los mercados, no es menos cierto que no fueron suficientes para lograr los recaudos necesarios, con los resultados que se están experimentando. Aunque el Gobierno está apostando a la puesta en vigor, el próximo 1ro de julio, del alza de 4.5% en el Impuesto de Ventas y Uso (IVU), analistas entienden el efecto será adverso, porque el consumo experimentará una marcada reducción.
En la última década, la Isla ha perdido cerca de $85,000 millones en riquezas. Por concepto de desvalorización bursátil de las acciones bancarias asciende a $15,000 millones; por la merma de bienes raíces, unos $30,000 millones adicionales. A ello se suman $10,000 millones en las perdidas de bonos y fondos mutuos; y por concepto de pérdida de ingresos, con unas 200,000 personas menos en la fuerza laboral con ingresos promedios de $30,000, alcanzan $30,000 millones adicionales.
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