WASHINGTON – Después de meses de análisis, un subgrupo del Comité de Finanzas del Senado estadounidense evitó hacer propuestas concretas en torno a la petición de las autoridades de Puerto Rico y los sectores industriales a favor de un nuevo incentivo federal para la inversión en la Isla.
Aunque no han hecho recomendación concreta, los copresidentes del grupo de trabajo, los senadores Rob Portman, republicano por Ohio, y Charles Schumer, demócrata por Nueva York, según el comité, están conscientes de que “la política pública fiscal federal ha reconocido tradicionalmente la relación única de Puerto Rico con los Estados Unidos, y el papel importante que tiene la manufactura en la economía puertorriqueña”.
“Estas cuestiones, así como el impacto económico de las leyes vigentes en Puerto Rico en relación con la tributación de las ganancias de capital y dividendos, garantizan una atención especial y un nuevo examen cuando el comité vaya hacia adelante con la reforma fiscal internacional”, indica el informe del Comité de Finanzas, presidido por el republicano Orrin Hatch (Utah) y que tiene como líder de la minoría demócrata a Ron Wyden (Oregón).
Los senadores Hatch y Wyden publicaron ayer las recomendaciones que han hecho los subgrupos a cargo de la posible reforma contributiva federal, que pudiera incluir una revisión del trato a las Corporaciones de Control Foráneo (CFCs), bajo cuyo estatuto está la mayoría de las empresas manufactureras con base en la Isla.
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A finales de marzo, el gobierno de Puerto Rico presentó cuatro posibles escenarios al grupo de trabajo que coordinan los senadores Portman y Schumer, en caso de que, como ha impulsado hasta el propio presidente de EE.UU., Barack Obama, el Congreso opte por establecer un sistema contributivo territorial, que haría a todas sus corporaciones, aunque hagan negocios exclusivamente en el exterior, pagar unos impuestos mínimos.
Bajo el arreglo contributivo actual de las CFCs, esas empresas pueden mantener sus ganancias fuera de las garras del Tesoro federal mientras las reinviertan en el exterior.
Las alternativas sometidas por el gobierno de Puerto Rico incluyen establecer una tasa tributaria menor – idealmente recortada a la mitad – para la Isla, en caso de establecerse un impuesto mínimo para las CFCs aun cuando no repatrien ganancias.
Las otras tres sugerencias fueron revivir la sección 30 A del Código de Rentas Internas federal que ofreció temporalmente créditos por nómina durante el proceso de eliminación de la sección 936; crear la sección 933A para eximir del pago de contribuciones federales las ganancias de empresas que se incorporan en Puerto Rico y deriven más del 50% de sus ingresos de sus operaciones en la Isla; y devolver a la Isla, como reembolso, las nuevas contribuciones que se obtengan de las CFCs.
El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, había propuesto en enero de 2014 que si el gobierno federal decidiera imponer un impuesto mínimo a las CFCs, aunque no repatrien sus ganancias, debería devolver como reembolso los recaudos de empresas estadounidenses establecidas en Puerto Rico.
Tras divulgarse el informe, Pierluisi indicó que hasta que el Comité de Finanzas no decida cómo va a tratar tributariamente a sus empresas en el exterior, no se debe conocer lo que verdaderamente planifican para la Isla.
Aunque hay sectores que impulsan con fuerza, de todos modos no se prevé que el Congreso pueda ponerse de acuerdo en esta sesión en torno a una posible reforma tributaria federal.
Precandidatos presidenciales republicanos también se oponen a la quiebra
Senadores Graham y Paul cierran la puerta a la legislación
WASHINGTON – Los senadores republicanos Lindsay Graham (Carolina del Sur) y Rand Paul (Kentucky), ambos precandidatos a la presidencia de Estados Unidos, indicaron estar inclinados a rechazar un proyecto de ley que le ofrezca el mecanismo de la ley federal de quiebras a empresas públicas de Puerto Rico.
“Estoy muy reacio a caminar el trecho de la bancarrota porque no sé dónde termina”, indicó Graham.
Paul, por su parte, indicó que en el caso de Puerto Rico se refleja que no hay “la responsabilidad fiscal apropiada de cuánto se puede gastar”.
Ambos senadores dieron sus declaraciones a la publicación Politico, que hoy, en su edición impresa, tiene un reportaje de primera plana con diversas opiniones de miembros del Congreso, que ha puesto el freno a los esfuerzos para legislar la inclusión de las empresas públicas de la Isla en el capítulo 9 de la Ley federal de quiebras.
El reportaje incluye dos fotos, una en portada con un guitarrista que ofrece canciones por donativos en el Viejo San Juan y otra de un banco clausurado en Río Piedras con carteles que leen “No al IVA, que la crisis la paguen los ricos”.
Previamente, los precandidatos presidenciales demócratas Hillary Clinton, Martin O’Malley y Bernie Sanders habían respaldado la idea, al igual que el republicano Jeb Bush. La propuesta de incluir a Puerto Rico en el capítulo 9 de la Ley federal de quiebras tiene el rechazo, sin embargo, del precandidato presidencial republicano Michael Huackabee.
El Congreso es el que Manda en la Colonia del ELA
Entre los precandidatos que no se han expresado está el senador republicano Marco Rubio (Florida), pese a la alta población boricua en su estado.
Esta semana, en días consecutivos, las jefaturas de los Comités de lo Jurídico del Senado y la Cámara de Representantes, que tienen jurisdicción en temas de quiebra, emitieron comunicados muy similares descartando por el momento la extensión a la Isla del capítulo 9, bajo el argumento de que por sí misma esa propuesta no va a resolver una crisis que requiere reformas estructurales.
Como telón de fondo ha estado una campaña de firmas de inversiones vinculadas a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y sectores conservadores definiendo el proyecto 870 del comisionado residente Pedro Pierluisi como un rescate financiero, aunque no lo sea, e insistiendo en que la propuesta representa un cambio de reglas en el medio del juego para los bonistas.
“Es como si Puerto Rico fuera la Grecia del hemisferio occidental. Rehúsan aceptar la austeridad”, indicó el conservador congresista republicano Steve King (Iowa), uno de los adversarios de la estadidad para la Isla, de sacar de las sombras a millones de indocumentados y defensor del inglés como idioma oficial de Estados Unidos.
Otros republicanos como el senador Jeff Sessions (Alabama), quien fue presidente del Comité de lo Jurídico, dicen que si la medida puede incrementar la responsabilidad del Tesoro federal, mejor no la consideran. Sessions sostuvo que si se trata solo de cerrar un error técnico, la favorecería.
“Tengo muchas dudas”, dijo el congresista republicano Trent Franks (Arizona).
Para el congresista Jim Jordan (Ohio), miembro de la mayoría republicana del Comité de lo Jurídico de la Cámara baja federal que ha echado a un lado por el momento el proyecto 870, «nos pone nerviosos” cambiarle las reglas “a gente que ya invirtió (en Puerto Rico)”.
Hay voces importantes, sin embargo, que parecen no cerrar la puerta a la idea. “Estoy muy dispuesto a ayudar a Puerto Rico. Mientras más rápido se ataque (el problema), mejor”, dijo el senador republicano Orrin Hatch (Utah).
El senador republicano John Cornyn (Texas) piensa que el debate sobre Puerto Rico puede ayudar a revisar la situación de gobiernos estatales que “francamente cargan una deuda que nunca van a poder pagar”. “Aunque Puerto Rico y Grecia estén en las noticias, podemos mirar a algunos estados que pueden tener problemas similares en el futuro”.
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