Aunque el gobernador Alejandro García Padilla firmó la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal para ordenar medidas de reducción de gastos, entre el Gobierno central y las corporaciones públicas se gastaron más de $12,000 millones en contratos durante el año fiscal 2014-2015, periodo cuando precisamente entró en vigor el estatuto.
Tras una degradación crediticia, García Padilla buscaba que las agencias de la Rama Ejecutiva, entre otras cosas, redujeran los contratos por servicios profesionales y comprados, ajustaran las tarifas de servicios comprados y profesionales y lograran una reducción en la nómina de empleados de confianza.
Asimismo, el gobernador recomendó recortes de gastos similares a las Juntas de Directores de las corporaciones públicas y exhortó a la Rama Judicial, la Rama Legislativa y a los municipios a adoptar medidas de austeridad.
Por Medio Siglo el PPD ha sido regalos a sus Amigos del Alma Sin Obras
EL VOCERO analizó el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor y la búsqueda reveló que durante el pasado año fiscal, el Gobierno Central y las corporaciones públicas otorgaron 39,000 contratos que totalizaron un gasto de $12,137 millones para el erario.
Esta cantidad representa el 43 por ciento del presupuesto consolidado para el año fiscal 2014-2015, que alcanzó los $28,127 millones, y sobrepasa el presupuesto con cargo al Fondo General de ese año fiscal que ascendió a $9,565 millones.
El gasto de $12,137 millones incluye las 18 categorías de servicio identificadas por la Oficina del Contralor: compra venta y alquiler de equipo, vehículos y otros; compra venta y alquiler de inmuebles, compra de materiales, suministros y efectos; adquisición de seguros, construcción reparación de las vías públicas, construcción y reparación de estructuras, préstamos, servicios de adiestramiento y orientación, servicios de consultoría, servicios de publicidad, de representación o artísticos; servicios misceláneos no personales, servicios personales no profesionales, servicios 
relacionados con la salud, servicios técnicos, transferencia de fondos, acuerdos no financieros, compra y venta de obras de arte y tesoros históricos; energía renovable y gas natural.
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En tanto, los municipios realizaron alrededor de 75,000 transacciones contractuales por $1,428 millones durante el año fiscal 2014-2015 en las mismas 18 categorías de servicio identificadas por la Oficina del Contralor.
Durante el año fiscal 2014-2015 el Gobierno Central y las corporaciones públicas gastaron $2,529 millones en compra de materiales y suministros, como por ejemplo: el combustible que utilizan las flotas de las agencias públicas y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Además, el Gobierno Central y las corporaciones públicas gastaron $71.5 millones en publicidad.
Se destinaron también $217.8 millones para gastos por servicios legales y otros $170.6 millones para servicios de consultoría. Al mismo tiempo, se gastaron $252 millones en servicios técnicos y $59 millones en compra o alquiler de equipo, vehículos y otros.
Asimismo, el Gobierno Central y las corporaciones públicas gastaron otros $218 millones en servicios profesionales, como los que brindan por ejemplo: ingenieros, auditores, arquitectos, contadores, entre otros. En cuanto a los servicios no profesionales, se destinaron $55.6 millones para la contratación de éstos.
Malgastos Sin Obras del PPD en Medio Siglo
EL VOCERO publicó en 2012 que el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y la exgobernadora Sila María Calderón gastaron entre ambos $14 mil millones en contratistas privados durante sus cuatrienios. Esta cifra incluyó los servicios de publicidad, representación o artísticos; servicios de adiestramiento y orientación, servicios legales, servicios de consultoría administrativa, servicios técnicos, servicios de contabilidad y servicios personales no profesionales. En el análisis no se incluyeron las demás categorías de servicio
identificadas por la Oficina del Contralor, como por ejemplo: los contratos de construcción, compras de bienes y de equipos del Gobierno.
En tanto, la administración del exgobernador Luis Fortuño —según se reportó en 2013— gastó durante su cuatrienio un total de $9,300 millones en los mismos renglones evaluados por EL VOCERO para las administraciones de Acevedo Vilá y Calderón.
Es de conocimiento general que desde hace casi cinco décadas, el Gobierno de Puerto Rico adoptó la práctica de otorgar contratos a individuos y empresas privadas para la prestación de servicios y la realización de proyectos. No obstante, desde hace varias campañas electorales —y con más contundencia en la última campaña política— se ha criticado el otorgamiento de contratos por parte del Gobierno a empresas privadas porque muchas veces se favorece a donantes, amigos y allegados de los gobernantes de turno.
*** En esta historia colaboró Jocelyn Otero Durant
Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.
Sila/AAV Multiplicaron la Deuda de Puerto Rico Sin Obras – de $27 Billones a $69 Billones Sin Obras – Los Mayores Por Mucho Culpables del Desastre
Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con nueve años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
Nebulosa compra de chalecos antibalas
Un empresario puertorriqueño lleva más de seis meses esperando que la Policía al menos acuse recibo de la impugnación de una subasta en la cual ofreció vender a $749.50 cada chaleco antibalas marca Point Blank, la firma mundial más grande en la fabricación de esa prenda de seguridad, después de que la Uniformada decidiera comprar otra marca por $869 cada unidad.
La diferencia en precios alcanza una suma millonaria de adquirir la Policía los 15 mil chalecos que anticipaban comprarían mediante subasta, siendo insólito que en medio de la crisis fiscal que vive Puerto Rico se haga una compra por decreto.
El 11 de diciembre pasado la empresa La Cubanita, Inc., que desde el 1949 se ha dedicado a la confección de uniformes para la Policía y otras agencias, recibió el auto de adjudicación con una notificación de “rechazo global” a las dos empresas que se habían presentado a la subasta.
Sixto Luis López Cartagena, presidente de la empresas, dijo que la Junta de Subastas de la Policía le recomendó al director de Compras, Carlos Mercado, que se sentara a negociar con las dos compañías que habían acudido a la subasta, La Cubanita y Tactical Equipment, la compra de los primeros 1,500 chalecos a prueba de bala de alrededor de 15 mil que la Policía se disponía a comprar.
No hubo forma de que Mercado atendiera a los ejecutivos de La Cubanita ni a los directores de “Point Blank” que viajaron de Estados Unidos para rebatir cualquier señalamiento en cuanto a los modelos que fueron examinados como parte del proceso de compra.
Una ayudante de Mercado los atendió y les dijo que ya la decisión estaba tomada.
Para López Cartagena se trata de que se abra una subasta justa para que participen las seis compañías que venden chalecos, y que se le otorgue al mejor postor.
La subasta, en su inicio, era para chalecos que van por debajo de la ropa como los que usan mandatarios y jueces conocidos como “concealable body armor”. Point Blank, que es el mayor suplidor de chalecos antibalas para las Fuerzas Armadas, el FBI y otras agencias federales, así como para la mayoría de cuerpos de Policías de Estados Unidos, compareció a la subasta a través de La Cubanita, el 14 de octubre de 2014.
Después hubo un cambio y decidieron comprar 1,500 chalecos, entre ellos unos especiales para mujeres que ya fueron entregados por Tactical.
López Cartagena señala que se trata de una diferencia de $1,852,000 de adquirir la Policía la totalidad de los chalecos. En medio de la reconsideración que nunca fue contestada, López Cartagena supo que la Policía había firmado un contrato con Tactical.
“Son chalecos idénticos. ¿Por qué pagar $1 millón 800 mil más si se trata de un chaleco similar?”, se pregunta el empresario puertorriqueño.
Se expresó preocupado por el estilo de realizar las compras señalando que “la Policía es la boca más grande, más grande que el Departamento de Educación” en la adquisición de bienes.
En el PPD AGP no Manda.
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