Por: Enrique ‘Kike’ Cruz
Pocos hubiesen pensado que hoy estaríamos viviendo en carne viva las expresiones del presidente de Oriental Bank, José Rafael Fernández, hace unos meses “que en la actual coyuntura que vive Puerto Rico, debiera haber algún “nivel de liderato que pueda tomar decisiones, en lugar de que el país sea gobernado por consultores”.
El gobernador Alejandro García Padilla y sus consultores ya pusieron en acción su plan “Manos a la quiebra”.
Toda la acción comenzó la semana del 25 de junio cuando el gobernador salió de Puerto Rico a una entrevista en el periódico New York Times, que luego fue publicada el 28 de junio. Esto como parte del plan del gobernador “Manos a la quiebra”. Sus asesores legales son los mismos que llevaron a Argentina al litigio y a gastos Billonarios, si con B de Bruto, burro y mal administrador. En Puerto Rico ya nos hemos gastados decenas de millones en este asunto incluyendo el intento de una ley de quiebra criolla que ha sido declarada inconstitucional en todos los foros federales, menos el Supremo. Y para continuar gastando, la consigna ha sido, vamos pal Supremo Federal, porque aun cuando saben que van a perder quieren mantener al lobo vivo aunque nos cueste millones el mantenerlo vivo.
El pago de la deuda de Puerto Rico ya no lo corre Alejandro García Padilla. Es más ni la legislatura y sus respectivos presidentes y legisladores tampoco tienen nada que ver. Son los asesores y abogados que en abril pasado mencionó el presidente de Oriental Bank, los que deciden como se va a correr este plan para quebrar a Puerto Rico de una vez y por todas.
La primera muestra de esto la vimos el pasado 15 de julio y la verdadera decisión se verá el próximo 1ero de agosto. El primer paso fue de manera estrepitosa enmendar el presupuesto y tachar todo pago de deuda el 29 de junio del 2015. El presupuesto estaba hecho y en comité con el pago de deuda, pero ni los presidentes legislativos Eduardo Bhatia y Jaime Perello sabían de la “entrevistita” del gobernador en el New York Times y mucho menos de su “no tengo para pagar”.
Esto los llevó a una reunión en Fortaleza el domingo 28 de junio y los cambios ya mencionados al presupuesto el 29 de junio.
Alejandro y sus asesores legales reclaman que no tienen para pagar mientras asignan cantidades multimillonarias a municipios, agencias y, como si esto fuera poco, reclutan personal a diestra y siniestra. Ahh y los contratitos anunciados ayer aquí en EL VOCERO por $12 billones, sin con eso mismo.
El plan para quebrar a Puerto Rico hasta hoy va bien, han logrado atraer la atención de varios demócratas en el Congreso, aun cuando Obama sigue más entretenido con Irán y la nueva embajada de Cuba.
Todo esto mientras el secretario del Partido Popular, Jorge Colberg, anuncia un gasto millonario en publicidad para “ensalzar” la imagen del gobernador y su obra. ¿Cuál obra? Además, ¿por qué es el secretario del Partido Popular quien hace ese anuncio? ¿La publicidad la va a pagar el PPD? ¿O es con fondos públicos? ¿Por qué nos quieren disturbar con ese ruido mediático ahora? ¿O es que va a comenzar el 1 de agosto?
Suena interesante este plan “Manos a la quiebra”, se supone que corra así: dejamos de pagar el 1 de agosto y comenzamos una campaña para dejar saber la gran labor que el gobernador ha hecho en estos 30 meses. Lo único es que en esa campaña no se dirán los cientos de miles de puertorriqueños que han decidido irse, ni el IVA, ni el IVU al 11.5%, ni la crudita 3 y 4, y mucho menos las trifulcas dentro del PPD que lo ha convertido en un Partido ingobernable.
La ingobernabilidad se ha apoderado del PPD, esto es así de sencillo. Y, esa ingobernabilidad es la que ha llevado a Alejandro a quebrar a Puerto Rico.
La pregunta es: ¿Por qué quebrar a Puerto Rico? Bien sencillo. Alejandro, para correr en el 2016, necesita del ala soberanista, la cual es la más escandalosa, aun cuando son una minoría. A este sector, al igual que al independentista, necesita dejarles saber claramente que no nos van a aceptar como estado, porque hemos sido malos en el manejo de los fondos, porque hemos derrochado las ayudas federales, en fin porque somos ineptos y quebramos. También, los necesita para que lo dejen gobernar. ¿Se acuerdan de la amenaza que les hizo con los decretos?
El último decreto lo firmó David Bernier y el gobernador estaba en un juego de los Yankees en Boston.
Así que mire… usted tranquilo que a nosotros el tiempo se nos va lento, pero al gobernador rapidito y ya nos queda menos que cuando empezamos. Solo recuerde que si en estas próximas elecciones usted no sale a votar, los que están en el poder, los que nos han llevado a la quiebra, van a ganar.
Espacio para reducir contratos
‘El representante popular Luis Vega Ramos aseguró ayer que el gobierno tiene opciones para reducir su dependencia en los contratos. Tanto Vega Ramos como líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) reconocieron sin embargo que hay contratos que son imprescindibles para un gobierno.
“El gobierno como realidad no puede operar sin contratos porque hay varios tipos de contrato de bienes y servicios profesionales que hay que dar. Bajo la Ley 66 se dieron instrucciones de que, salvo unos tipos de contratos específicos, los demás se tenían que reducir en por lo menos un 10%”, dijo Vega Ramos al aclarar que se eximieron servicios educativos y los relativos a niños y envejecientes.
Según publicó este rotativo el lunes, entre el gobierno y las corporaciones públicas gastaron más de $12,000 millones en contratos en el año fiscal 2014-2015, cuando entró en vigor la Ley 66. Esta ley fue aprobada en parte para reducir los contratos por servicios profesionales y comprados, ajustar las tarifas por servicios comprados y profesionales y lograr una reducción en la nómina de confianza.
Vega Ramos aseguró que “todavía hay un margen de ahorro que realísticamente se puede hacer y es necesario que hagamos”.
Mencionó opciones para reducir estos contratos como cambiar algunos contratos de servicios de informática por sistemas de código abierto.
“En algunas agencias habrá que tener contratos privados, pero también podemos hacer la transición para que aquellos programas de computadora no esenciales nos movamos a código abierto y he radicado legislación para movernos en esa dirección y no se ha trabajado”, dijo. “Es un área que debemos mirar”.
Mencionó además sustituir la contratación con aseguradoras por un pago directo a proveedores del plan de salud del gobierno, lo que a su entender ahorraría $120 millones anuales.
En cuanto a los contratos de publicidad, dijo que “hay que reducirlos al mínimo”.
“Obviamente el gobierno tiene una información que tiene que ver con salud, seguridad pública y unos servicios esenciales, pero más allá de eso, no debe haber otro gasto en publicidad”, dijo. “Yo no descartaría extender durante todo el cuatrienio la veda electoral y que tenga que reducirse a que la Comisión Estatal de Elecciones autorice la pauta de anuncio que no sea de seguridad, salud o servicios esenciales”.
A su entender, hay espacio para reducir el gasto en contratos.“Siempre habrá servicios que el gobierno va a tener que obtener por contrato, como la compra de ciertos bienes y servicios. En el área de servicios profesionales, es donde siempre las reducciones pueden ser más abarcadoras”, expresó.
Por su parte, el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, Carlos Méndez Núñez, dijo por su parte que el gasto de la actual administración es “excesivo”, sobre todo por los problemas fiscales que enfrenta este gobierno.
“Es un gobierno en crisis, que no tiene alegadamente dinero para pagar la deuda. Eso lo que nos demuestra es dónde están las prioridades de esta administración”, dijo Méndez Núñez. “El gobierno podría operar con mucho menos de la mitad de esos contratos. Hay que hacer una evaluación agencia por agencia para ver cuán necesarios son”.
Mencionó como ejemplo los contratos de servicios legales para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cuando la corporación tiene una división legal.
“La AEE tiene más servicios legales contratadas que los que presta en su propia unidad de asesoramiento legal y es increíble que tengan todo un piso en la AEE de abogados para dar asesoramiento legal, pero no tengan la capacidad de llevar los casos”, dijo.
Por su parte, el senador PNP Carmelo Ríos dijo que el gasto en contratos contrasta con el discurso público de la actual administración.
“El gobierno no puede operar sin contratos, pero entonces no es posible que haya $12,000 millones en contratos y no puedas identificar partidas para pagar la deuda”, dijo. “El issue no es tanto los contratos, porque si tienes un gobierno saludable los contratos estimulan la economía. Pero si planteas que tienes una crisis, como han planteado, cómo es que tienes doce mil millones en contratos. Es tan sencillo como eso. Es la consistencia y lo que es la apariencia versus la realidad. Ese es el gran problema que tienen”.
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