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En dos semanas el gobernador Luis Fortuño se reunirá nuevamente con representantes del Partido Popular Democrárico y de la Legislatura para discutir alternativas que atiendan la precaria situación fiscal de la Administración de Sistemas de Retiro (ASR) que incluirán un análisis actuarial de cada una de ellas.

Concluida una reunión hoy con estos sectores, el Gobernador dijo que el nuevo cónclave se acordó luego de que se acogiera la petición presentada para crear modelos actuariales de varias alternativas que propone el Comité para la Reforma de los Sistemas de Retiro.

«El grupo solicitó que se haga un análisis actuarial del impacto económico de una serie de esas alternativas y en aproximadamente unos diez dias nos volvermos a reunir», dijo el Gobernador en una conferencia de prensa en La Fortaleza finalizada la reunión.

«Me parece que para una primera reunión tenemos resultados de forma inmediata positivos», añadió.

El Gobernador recordó las medidas que ya ha aprobado junto con la Legislatura que le «han alargado la vida al Retiro». Aprovechó para indicar que cuenta con el compromiso del liderato bipartita de la Asamblea Legislativa para darle prioridad -tan pronto se reanude la sesión legistiva- a una medida que ayudaría aún más al Sistema de Retiro. Precisó que se trata del proyecto del Senado 1352 que aumenta el porcentaje que un participante puede autorizar para garntizar un préstamo personal con una cooperativa. Actualmente, los pensionados y empleados públicos toman préstamos personales a la ASR.

«Ya tenemos una docena de cooperativas interesadas. Con las medidas que se han tomado se han evitado hemos evitado una crisis inmediata pero todavía en el horizonte hay una preocupación que todos compartimos», dijo Fortuño.

Entre las medidas aprobadas se encuentra el aumento a la aportación patronal y la inyección a la ASR de $162.5 millones. Esto alargó la vida del Sistema de Retiro, que según explicó el Gobernador, expiraba en el 2014.

La reunión de hoy – que se extendió por poco más de tres horas- fue una iniciativa de Fortuño de cara a la degradación del crédito que sufrió Puerto Rico por parte de la casa evaluadora Moody’s Investors Service. La decisión de Moody’s estuvo cimentada en el déficit de la Administración de Sistemas de Retiro y la débil situación económica de la Isla.

Fortuño convocó la reunión advirtiendo que no era en ánimo de criticar o buscar culpables. El presidente del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla no estuvo presente. En su lugar acudieron a la reunión el vicepresidente de la colectividad, Héctor Ferrer y el portavoz de la minoría en el Senado, José Luis Dalmau.

También estuvieron en la reunión el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y presidente del Comité para la Reforma de los Sistemas de Retiro, Miguel Romero. El presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Carlos Battle; el administrador de la Administración de los Sistemas de Retiro, Héctor Mayol y los senadores Roberto Arango y Margarita Nolasco también estuvieron en el cónclave.

Gobernador y legisladores se reúnen para atender problema fiscal del Sistema de Retiro

El gobernador, Luis G. Fortuño, adelantó que en diez días se volverá a reunir con el liderato legislativo para discutir los resultados del análisis actuarial. (Para Primera Hora / Emanuel Vera González)

sábado, 13 de agosto de 2011
Actualizado hace 3 horas
(creado 06:09 p.m.) 
Emanuel Vera González / Primera Hora

El gobernador Luis G. Fortuño y el liderato legislativo de ambos partidos políticos determinaron hoy solicitar que se realice un análisis actuarial del impacto económico que tendrían las múltiples alternativas propuestas por el Comité para la Reforma del Sistema de Retiro.

Este fue el producto de una reunión realizada en La Fortaleza con el fin de encontrar una solución al problema fiscal del Sistema de Retiro de los empleados públicos.

“La reunión fue bien positiva…Compartimos con el liderato legislativo una presentación bien completa que refleja la cruda realidad. Y la cruda realidad es que el sistema de retiro de empleados públicos y la Judicatura tienen solamente 8 centavos y medio por cada dólar que tendrá que pagar en beneficios hacia el futuro y el de maestros solamente 24 centavos. Aquí no es cuestión de echar culpas, sino de buscar soluciones”, expresó Fortuño tras el encuentro que duró más de tres horas.

Además, adelantó que en diez días se volverá a reunir con el liderato legislativo para discutir los resultados del análisis actuarial.

El Primer Ejecutivo explicó en conferencia de prensa que este verano se puso en función dos medidas que emanan del informe del comité, el cual es presidido por el secretario del Trabajo, Miguel Romero. La primera de ellas es el incremento de la aportación patronal. Mientras que la segunda consistió en imponer un límite a los préstamos personales.

Según Fortuño, inicialmente el límite de préstamo era de $3,000, luego se aumentó a $5,000 y finalmente a $15,000. “Se regresó a $5,000 (el límite)…Si no hubiésemos tomado esas medidas, el sistema se hubiera quedado sin dinero en el 2014. Con esas medidas, le hemos alargado la vida a los sistemas de retiro hasta el 2021. Pero, obviamente, tenemos que hacer más”, añadió.

También, dijo que durante la próxima sesión legislativa se le dará prioridad al Proyecto del Senado 1352, el cual aumentaría el porcentaje que cada participante puede autorizar para garantizar un préstamo personal con una cooperativa independiente, pues actualmente estos préstamos los ofrece la Administración de Sistemas de Retiro. La medida ya fue aprobada por unanimidad en el Senado.

Durante la reunión participaron la presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González; la vicepresidenta del Senado, Margarita Nolasco; el portavoz de la mayoría en el Senado, Roberto Arango; el portavoz de la minoría en el Senado, José Luis Dalmau; el portavoz de la minoría en la Cámara, Héctor Ferrer; entre otros funcionarios.

La insuficiencia de fondos para sufragar el sistema de retiro público provocó el pasado lunes que la firma Moody’s Investors Service degradara los bonos generales del gobierno de Puerto Rico.