WASHINGTON.–  Aunque le reconoce al juez federal José Cabranes haber argumentado efectivamente el caso, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, advirtió hoy que son insuperables los retos políticos para lograr que el Congreso autorice al gobierno de Puerto Rico a reestructurar toda su deuda por medio del capítulo.

«Si el Congreso fuese a autorizar a Puerto Rico a reestructurar sus deudas de obligación general, algo para lo cual no hay ambiente en la legislatura federal, estaría autorizando a Puerto Rico a violar su propia constitución aprobada por el Congreso. Eso no es algo que ni el Congreso, ni Puerto Rico, deben hacer a la ligera», indicó Pierluisi.

La mayoría republicana del Congreso ha frenado los esfuerzos demócratas por ofrecerle a las empresas públicas de Puerto Rico la posibilidad de reestructurar sus deudas a través del capítulo 9 de la ley federal de quiebras.

Pero, por las corporaciones públicas tener solo cerca de un tercio de la deuda pública de Puerto Rico, el juez Cabranes, del Segundo Circuito de Apelaciones federales, con base en Nueva York, afirmó en un artículo de opinión del diario The Washington Post que esa alternativa no sería suficiente para resolver el problema financiero del gobierno de la Isla, con una deuda de $73,000 millones.

Para el puertorriqueño Cabranes, el poder del Congreso sobre la Isla le permite ofrecer a Puerto Rico una salida que no tienen los estados, la posibilidad de reestructurar toda la deuda, y que considera necesaria.

«El juez Cabranes es un gran jurista y argumentó efectivamente el caso a favor de un Capítulo 9 expansivo para Puerto Rico, que permitiría a Puerto Rico no sólo reestructurar la deuda de sus empresas públicas, sino también la deuda del gobierno central. Sin embargo, hay dos debilidades en las expresiones del Juez Cabranes.  La primera es que no atiende los retos políticos asociados con lograr acceso a un Capítulo 9 más amplio para Puerto Rico, los cuales, para efectos prácticos, son insuperables en el Congreso», indicó Pierluisi.

La segunda falla en la opinión del juez Cabranes, según Pierluisi, «es que no atiende la realidad de que la propia Constitución de Puerto Rico, autorizada y aprobada por el Congreso federal, establece una prioridad de pago a los dueños de bonos emitidos por el gobierno central».

Por Puerto Rico ser un territorio, sostuvo el juez Cabranes, la Constitución le otorga al Congreso el poder «para hacer todas sus normas y reglamentos». «Por tal razón el Congreso tiene la autoridad para extender las normas del código de quiebras a Puerto Rico, y esas disposiciones tendrían primacía bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución», agregó Cabranes.

El juez considera que Puerto Rico es víctima del status territorial en el que le mantiene el Congreso, pero sostiene que el país ha contribuido al problema por depender demasiado de préstamos quehan ido dirigidos a inflar su nómina.

En ese sentido, entiende que el Congreso, como parte del acuerdo para permitir la reestructuración de toda la deuda, debe imponer reformas en el sector público de Puerto Rico.

Cabranes acepta que los estadistas de la Isla ven con reticencia que se le ofrezca a Puerto Rico declararse plenamente en bancarrota, por el temor de que afecte adversamente las posibilidades de que algún día la Isla sea otro estado más de Estados Unidos.

«Nada de lo que sucede hoy con respecto a la crisis actual debe afectar cualquier movimiento posterior hacia la estadidad, ni afectará necesariamente cómo los estados son tratados en caso de bancarrota. Al tratar de resolver esta grave crisis, el Congreso, por lo tanto debe ser alentado a considerar toda la gama de  opciones legales», indicó el juez.

La quiebra total, dijo, es el camino hacia un mejor futuro. «El propósito de la quiebra es permitir que los deudores y acreedores entren en un sistema ordenado y vinculante de adjudicación, siempre que estas deudas pueden ser reestructuradas», subrayó el juez federal, con base en Nueva York.

La idea de solicitarle al Congreso la reestructuración de toda la deuda pública fue impulsada por el exvicegobernador de Nueva York Richard Ravitch, quien ha asesorado informalmente al gobernador Alejandro García Padilla y promovió la propuesta entre líderes boricuas neoyorquinos.

García Padilla-, al igual que un senador demócrata que llegó a considerarla-,  desistió  de la idea ante el rechazo del liderato republicano del Congreso, que ni siquiera ha acogido los proyectos demócratas dirigidos a incluir las empresas públicas de Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras. ?