Mientras la administración de Alejandro García Padilla sienta las bases para darle curso a la renegociación de la deuda pública, el mecanismo creado por ley para fiscalizar las obligaciones del Gobierno de cara a la reestructuración fiscal permanece inoperante y sin fecha cierta para entrar en acción.

Esa situación deja en evidencia el incumplimiento del Gobierno con la Ley 97-2015, que ordena la creación de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, un organismo con componentes de los sectores público y privado, y con plena autonomía administrativa y legal para examinar con detenimiento, en todos sus términos, la deuda pública contraída a partir de la década de 1970.

El referido estatuto fue firmado el 1 de julio por García Padilla, y el primer ejecutivo tenía 10 días para nombrar a los ocho representantes del interés público, pero no lo hizo. Estos integrantes, según la legislación, deben ser catedráticos de alguna institución de educación superior pública en las disciplinas de Economía, Finanzas, Estadísticas y Derecho Constitucional, y un representante del sector sindical, del comercial, del cooperativista y la banca. De igual forma, la comisión debía entrar en funciones 20 después de su aprobación.

Este medio intentó con insistencia obtener una reacción de La Fortaleza, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, María de Lourdes Martínez, portavoz del presidente del Senado, Eduardo Bhatia, confirmó que los nombramientos se encuentran ahora ante la consideración de los líderes legislativos, pues la ley dispone que serían ellos quienes atenderían el asunto si el Ejecutivo no actuaba.

“No los han nombrado, pero se están considerando distintos candidatos”, indicó Martínez a preguntas de este medio.

Explicó que, tanto Bhatia como el presidente cameral, Jaime Perelló, analizan los potenciales candidatos, y luego se reunirían para llegar a un consenso. Michelle González, oficial de prensa del presidente de la Cámara de Representantes, dijo que el líder cameral “está consciente de los términos que impone la ley, y está en comunicación con el Ejecutivo y el Senado para atender ese asunto”.

Además de los representantes del interés público, la comisión estaría compuesta por funcionarios del Ejecutivo, por los presidentes de Cámara y Senado y miembros de las delegaciones de mayoría y minoría en ambos cuerpos legislativos.

Martínez, además, confirmó el recibo de sendas cartas enviadas por los representantes populares Luis Raúl Torres y Manuel Natal al liderato legislativo para alertarlo sobre la omisión del mandatario, y la necesidad de que se nombraran cuanto antes los miembros de la comisión.

La Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público fue incluida como una enmienda al proyecto que se convirtió en la Ley 97 tras la insistencia de Torres, Natal y el representante Luis Vega Ramos, quienes tenían reparos con la pieza legislativa original.

Ese organismo busca “transparentar” toda gestión pública para atender la crisis fiscal y económica, y proveerle al país una herramienta participativa en la que queden expuestos los pormenores de ese proceso. La comisión deberá entregar informes cada seis meses sobre el progreso de sus trabajos, y dejará de funcionar cuando acabe las labores que le han sido encomendadas por ley, y será entonces cuando sus integrantes someterán un informe final.

Tanto Natal como Torres ven con preocupación la dilación que ha caracterizado la constitución de grupo de trabajo independiente.

“Espero que esto no haya sido un simple mecanismo de negociación con los legisladores que teníamos objeciones con la legislación según establecida en su origen… Espero que, de verdad, la gente del Banco (Gubernamental de Fomento) y el gobernador, y los presidentes de los cuerpos le vieron una función necesaria a la creación de esta comisión”, indicó a este medio Torres.

“Esta es la mejor coyuntura que tiene el gobernador para transparentar lo que son las deudas del Estado Libre Asociado y poder determinar con exactitud cuáles son las deudas que pueden ser impagables y cuáles pueden reestructurarse para evitar un impago en el futuro inmediato. Ya esto no es una propuesta, esto es un mandato de ley”, abundó el representante.

En tanto, Natal dejó entrever por separado que podría recurrir al tribunal para reclamar que se exija el cumplimiento de la ley.

“La ley es muy clara y, por consiguiente, hay un deber de los funcionarios públicos de hacerla valer, y habrá partes con legitimidad para solicitar el cumplimiento de la ley con los mecanismos que sean necesarios. En la medida que hay una ley que no se cumple, eso le puede dar a las partes con interés la legitimidad para solicitar en el tribunal que un funcionario cumpla su deber ministerial”, aseveró Natal.