El representante popular Luis Raúl Torres dijo desconocer por qué el gobierno optó por no pagar losbonos de la Corporación para el Financiamiento Público (PCF, en inglés) y dijo que el dinero está disponible y que había varias alternativas para que el gobierno pudiera realizar este pago.

“Nosotros realmente no sabemos lo que administrativamente están haciendo. Nosotros entendemos que no tenían que ir al impago porque se separó el dinero. Podían ahora en agosto pedir permiso a la Asamblea Legislativa o ir a una sesión extraordinaria. Se creó un fondo especial adscrito a la Legislatura y supuestamente el dinero está ahí. Para ellos hacer cualquier pago o cualquier movimiento con el fondo especial, tenían que pedir autorización”, dijo Torres. “Por qué no lo hicieron, no lo entiendo”.

El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) pagó bonos por $169 millones pero ha dicho que no pagará los casi $60 millones en bonos del PCF. Economistas, legisladores y bonistas han advertido que es en estos bonos donde hay más empresas y personas de aquí, por lo cual este impago tendría un efecto directo en el bolsillo boricua.

“No sé ni qué pensar porque no entiendo por qué no lo pagaron. Ellos debieron haber convocado. Si sabían que se iba a dar el impago antes de agosto, se pudo haber convocado una extraordinaria y podían llamar a los legisladores que estuvieran afuera. Ahora que la sesión va a comenzar, pudieron haber pedido una autorización para el uso del dinero”, dijo Torres. “La preocupación más grande que yo tengo es que lo que se está identificando y se dice es que la mayor parte de ese pago es para instituciones y personas de Puerto Rico, como las cooperativas. Pero si la Asamblea Legislativa lo separó y lo puso en un fondo, eso no es razón para el impago”.

Torres dijo que no ha recibido respuesta a una carta enviada el 17 de julio en la que cuestiona que no se hubieran nombrado los miembros de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público. La misma ley que enmendó la forma de operar del Banco Gubernamental de Fomento establecía que el Ejecutivo debía nombrar
miembros a esta comisión y que, de no hacerlo, serían los presidentes de Cámara y Senado, Jaime Perelló y Eduardo Bhatia, respectivamente. Al cierre de esta edición, ninguno de los dos devolvió llamada.

“Es una comisión bien amplia, con poderes bien específicos, que tenían que hacer un informe de las auditorías para ver qué deudas podían pagarse, cuáles no y cuáles debían irse a reestructuración. Dentro de lo que el gobierno está trabajando, me parece que es crucial”, dijo Torres. “Se daban diez días al gobernador para nombrar los miembros de la Comisión y si no, los tenían que nombrar los presidentes de Cámara y Senado. Al gobierno se le pasó el término y los presidentes han alegado que están trabajando en los nombramientos, pero esa comisión no está activa”.

Torres dijo que para el inicio de la sesión en agosto, espera recibir una petición formal del ejecutivo para autorizar el pago de la deuda. “Y que si no, la Asamblea Legislativa tome acción para verificar por qué no se ha pagado y si lo
que hace falta es la autorización, que se legisle tan pronto abra la sesión porque el dinero fue aprobado”, dijo Torres.

“De mi parte, mi voto lo tendría porque para eso se separó el dinero. Pero la Asamblea Legislativa quería tener
claro para qué se va a usar cada centavo de ese fondo de financiamiento”.

Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO

Más de 15 años de experiencia. Asignada a cubrir temas legislativos.