El gobierno no debería estar enfocando sus esfuerzos en validar la ley que permitiría la Quiebra Criolla y sí en conseguir paridad en fondos federales. El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, José R. Nadal Power, dijo que la ley que está salvando a Detroit no significaría un respiro real para Puerto Rico, mientras que recibir más fondos federales para programas como Medicare y Medicaid sí sería un alivio a los compromisos en el presupuesto.
“El Capítulo 9 de la ley federal tiene una eficacia limitada e incierta. Solo aplica a unas corporaciones y es incierta porque tienes que ir a un tribual y demostrar que estás insolvente. Son evaluaciones bien rigurosas y no necesariamente vas a prevalecer”, dijo Nadal Power. “Sería fabuloso, pero de todos modos, su efectividad es limitada e incierta. Se ha exagerado mucho la habilidad de conseguir eso. Sería tremendo tenerlo, pero se ha exagerado la capacidad que tendría. Tenemos que enfocarnos en otras cosas”.
A su entender, la prioridad en Washington debe ser “buscar paridad en fondos Medicare y Medicaid que aliviaría la presión sobre el presupuesto del país de los costos del sistema de salud y usar ese dinero en actividades de desarrollo económico”.
Ayer el Departamento de Justicia radicó un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo federal con miras a que se declare válida la ley de Quiebra Criolla. La validación de esta ley permitiría a las corporaciones públicas reestructurarse sin dejar de ofrecer servicios básicos.
Procesos de quiebra similares ayudan ahora a Detroit a salir de una depresión económica. Pero el representante popular Luis Vega Ramos recordó que lo que fue la meca de la industria automotriz tuvo otro beneficio que Puerto Rico no ha recibido: ayuda del gobierno federal.
“El gobierno federal sí estuvo dispuesto a entrar en unos acuerdos, darle unos préstamos y en algunos casos, unos subsidios que se lograron recuperar para la principal industria de Detroit que es la industria automotriz”, dijo. “En el caso de Puerto Rico, luego de eliminar las 936, más allá de palabras bonitas de la administración Obama, no hemos tenido un apoyo concreto para la reactivación de nuestra economía. Esto implica que, distinto al caso de Detroit, Puerto Rico va a tener que procurar la renegociación con nuestros acreedores”.
Para los portavoces del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Cámara y Senado, Jenniffer González y Larry Seilhamer, respectivamente, la respuesta está en parte en mirar a los gastos del gobierno.
“Lo primero que tienen que hacer es sentarse y evaluar qué servicios pueden continuar dando y cuáles no. Tienen que reducir los gastos en las agencias. La realidad es que no estamos viendo un plan para impulsar las alianzas público privadas”, dijo González. “Todavía no hemos visto ni siquiera la más mínima buena fe para sentarse a negociar. Tiene que haber un plan”.
De igual forma, Seilhamer dijo que no hay un plan de desarrollo económico y que esto produce desconfianza en los bonistas.
“Actualmente, no hay un plan de desarrollo económico ejecutable y la política pública ha sido errada porque han prevalecido medidas improvisadas para establecer impuestos que han trastocado al sector productivo de la Isla. Hay que fortalecer el sector privado e implantar mecanismos exitosos como las alianzas público privadas”, dijo Seilhamer. “En casi tres años de este gobierno no han implantado ni una APP. También es necesario ajustar los gastos a los ingresos reales. Tampoco se habla de una reforma contributiva justa y, en lugar de trabajar un buen análisis para reestructurar las agencias y corporaciones, se implementó la Ley 66 cuyos efectos de reestructuración y recortes han sido solo para el lado de los empleados públicos y no para el gasto gubernamental”.
You must be logged in to post a comment Login