Las dudas sobre el éxito que pueda alcanzar el Estado Libre Asociado (ELA) en su plan para reestructurar toda su deuda de $72,000 millones son amplias y en la lado de las agencias clasificadoras, tal y como se anticipaba, además de la degradación por parte de Standard & Poor´s, de CCC- a CC, y de las advertencias de Moody´s en lo propio, Fitch también se unió al coro.
Este viernes Fitch ha dicho que muy pronto podría variar su nota sobre el crédito de Puerto Rico, del nivel de altas probabilidades de impago (CC) a la inminencia de ese desenlace (C).
AGP es la Personificación de las Mentiras, Falsedades y Engaños
Al igual en que en los otros casos, el pronunciamiento surge en respuesta a las intenciones del Plan de Ajuste Fiscal presentado el miércoles, donde lo que se temía en el mercado inversor, finalmente fue enunciado por el equipo económico del gobierno de Puerto Rico. Toda la deuda, incluso los ¨sagrados¨ y garantizados constitucionalmente bonos de las obligaciones generales (GO´s) están incluidos en la intención de alterar los términos originales del contrato con los acreedores.
Como las interacciones entre el gobierno y los acreedores ¨son bien dinámicas¨, Fitch entiende que no se puede concluir cuáles serán los resultados de si habrá negociación o no. Por eso degradaría el crédito más adelante porque indudablemente un impago es lo más cercano, y en lo que llega ese momento la advertencia es negativa.
¨Más allá de la reestructuración de la deuda, un número significativo de las propuestas del grupo de trabajo se basan en acciones por parte del gobierno federal¨, reconoció Fitch, y agregó que como igual dependen de acciones legislativas en la Isla, eso hace que los resultados esperados sean ¨inciertos¨.
La advertencia de Fitch incluye a los GO´s y bonos garantizados contra el Fondo General, así como deuda de COFINA, del Sistema de Retiro de Empleados del ELA, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
Decepcionada Jenniffer González con Plan de Ajuste Fiscal
La portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), en la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón, se mostró decepcionada, aunque no sorprendida, por algunas de las propuestas presentadas en el Plan de Recuperación Fiscal a cinco años redactado por la administración de turno.
“La propuesta para que a las personas menores de 25 años se les pague menos del mínimo federal, acrecentará la fuga de talento joven y capacitado, tan necesario para mejorar nuestra economía. Esto, sumado a propuestas para aumentar las patentes municipales, la contribución sobre la propiedad inmueble y el IVA, imposibilitarán que Puerto Rico salga de la depresión económica en que se encuentra”, señaló González Colón.
La expresidenta de la Cámara de Representantes opinó que lo que Puerto Rico necesita para salir de esta crisis es reconceptualizar cuales deben ser las funciones del gobierno y transformar al mismo en un ente facilitador, que permita a la empresa privada ser el motor que mueva la economía.
“Hay un Mejor Plan Fiscal para Puerto Rico, que el Gobernador y el Partido Popular quieren ignorar, pero ellos lo conocen muy bien, se llama la Estadidad. La Estadidad es la que garantiza una inyección anual inmediata a nuestra economía de sobre $9 billones según el estudio del GAO de mayo de 2014. Más importante aún, es la única manera de garantizar que no se discrimine en contra de los residentes de esta Isla en ningún programa federal, como se da día a día en los programas de Medicare, Medicaid, Tricare, el Supplmenetal Security Income, entre otros. Y sobre todo, nos da el poder político necesario en Washington para siempre poder atender las necesidades de nuestro pueblo”, expresó la Portavoz cameral del PNP.
A su vez,añadió que ël Plan del Gobernador depende de expectativas irreales de que el gobierno federal tome acciones que resulten contra-intuitivas para demócratas en el Ejecutivo y republicanos en el Legislativo, y que se logre que nos traten iguales en programas federales tales como Medicare, Medicaid, que solo se logra mediante la estadidad”.
González coincidió con la propuesta de facilitar el proceso de permisos tal y como había legislado el PNP el pasado cuatrienio y esta administración detuvo. Así, como con la reducción de las contribuciones sobre ingresos de los negocios y recordó que esta administración aumentó las contribuciones.
En el 2011, se aprobó la Reforma Contributiva que redujo la contribución sobre ingresos de los negocios a 30% y que de haberse implementado la segunda etapa, dicha tasa máxima sería de 25%. Esta administración aumentó la tasa a 39%.
“Lo advertimos, que el revertir la Reforma Contributiva, que aumentar desmedidamente el gasto gubernamental, que el imponer sobre 80 nuevas contribuciones iba a tener un efecto nefasto en la economía que al 2012 daba indicios de recuperación”, aseveró la Vicepresidenta del PNP.
“Al incluir en el plan propuestas como el control de gastos gubernamentales, la utilización de las Alianzas Público Privadas, la reducción en las contribuciones sobre ingresos y la restauración del crédito por trabajo, reconocen que las políticas establecidas por el PNP, iban encaminadas a repuntar la economía”, indicó la expresidenta cameral.
La legisladora añadió que de ser necesaria la reestructuración de la deuda, se debe dar dentro de un proceso de diálogo abierto y negociación de buena fe, no dentro de un marco de amenazas de impago ni de imposiciones unilaterales. “Incumplir con la responsabilidad de honrar los acuerdos con los bonistas imposibilita que Puerto Rico pueda salir a flote de la crisis fiscal exacerbada por esta administración”.
“El Gobernador quiere renegociar las Obligaciones Generales que están protegidas por la Constitución, pero debe entender que Puerto Rico es un país de ley y orden, donde la Constitución se respeta. No podemos selectivamente escoger que parte de la Constitución respetamos y cual no. Debemos sentarnos con los bonistas y negociar de buena fe, no debe tratar de hacer de esto una guerra de ellos contra nosotros, pues el 40% de los tenedores de bonos son puertorriqueños”, enfatizó la Portavoz PNP.
Un mal augurio para este plan fiscal de cinco años, es que el mercado financiero ya reaccionó negativamente al mismo al desvalorizar todos los bonos de Puerto Rico entre 1 y 2 puntos y que una casa agencia acreditadora aseguró que es poco probable que los tenedores de bonos de Puerto Rico accedan a negociar con el Gobierno en los términos que proponen y además advirtió que podría bajar aún más las calificaciones de la deuda.
El impago unilateral desembocará en una serie de demandas, muy complejas, prolongadas y costosas, que complicaran el panorama económico. Estas demandas tendrán el efecto de crear inestabilidad y desalentar la inversión, lo que complica la ruta de la recuperación económica.
“La creación de un junta de control fiscal que no cuente con aval federal, será un ejercicio de futilidad, además de ser inconstitucional. Para que un plan a cinco años funcione, tiene que tener aval bipartita y tiene que ser por consenso. Lamentablemente, la experiencia sobre la transparencia y la unidad de propósito bajo esta administración ha sido nula”, subrayó la Portavoz PNP.
“No empece a ello, las propuestas que someta el Gobernador a la Legislatura, que ya sabemos tardarán semanas o meses, las evaluaremos y si encontramos algo positivo no lo objetaremos”, concluyó González Colón.
Legislatura levanta dudas
El liderato legislativo del Partido Popular Democrático (PPD) expresó ayer que les hace falta más información sobre las propuestas del plan de recuperación fiscal antes de determinar sus posturas sobre las propuestas.
Para los legisladores de la minoría novoprogresista, las propuestas contenidas en el informe son suficientes para decir que el plan no es bueno para el país y que es una advertencia a los bonistas de que los bonos no se pagarán.
El gobernador, Alejandro García Padilla, presentó ayer el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal preparado por el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica. El documento –publicado en inglés– fue acompañado por un mensaje televisado en el que García Padilla pretendió explicar los puntos principales de la propuesta.
Como se había adelantado, el plan incluye propuestas que necesitarán de legislación, particularmente en el área laboral. Entre otras cosas, el plan incluye permitir el ofrecimiento de una ventana de retiro a algunos empleados públicos y limitar los beneficios de los que entren ahora a trabajar al sistema público. Propone además extender las regulaciones de la Ley 66 y la consolidación de agencias.
El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, quien se negó a participar en el grupo que delineó este plan, rechazó ayer expresarse sobre el mismo. En declaraciones escritas, su portavoz de prensa, María de Lourdes Martínez, indicó que “cuando se someta ante la consideración del Senado alguna legislación, el presidente estará en posición de evaluarla de manera inclusiva, de hacer comentarios y
proceder con el proceso legislativo de rigor”.
El presidente de la Cámara, Jaime Perelló, quien de igual forma se negó a participar en el comité, dijo que “la discusión sobre el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal que ha presentado el Ejecutivo, amerita madurez política, desprendimiento y unión de voluntades entre todos los sectores del País”. “Es el momento propicio para viabilizar una discusión amplia, seria, respetuosa, sosegada, sin divisiones político-partidistas; y teniendo como norte siempre el bienestar de las futuras generaciones”, agregó en declaracionea escritas.
Perelló sostuvo que, como todo el País, recibió ayer el informe por parte del Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica y que se encuentra en el proceso de análisis de los datos que contiene, las posibles medidas legislativas que se necesitan y las reformas contempladas para lograr el crecimiento económico y la estabilidad fiscal de Puerto Rico.
“En su función representativa del País, la Cámara de Representantes discutirá en un proceso amplio de participación ciudadana, como ha sido nuestra costumbre, los proyectos que, en su momento, someta el Ejecutivo sobre el Plan presentado”, concluyó.
Por su parte, el presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, José R. Nadal Power, dijo que aun falta más información sobre lo que serán las propuestas específicas que salgan del plan.
“Hay unas propuestas, como la de restituir el crédito del trabajo, que me parecen
positivas, pero hay que discutirlo porque no establecen claramente los parámetros que quieren establecer ni cómo se debe implementar”, dijo. “Hay una propuesta de un nuevo régimen corporativo, con un ‘flat tax’, pero igual,
todavía falta saber de dónde surge y en qué se apoyan para dar esa recomendación. Se establecen las metas, pero falta que el comité siga explicando los detalles de cómo implementar todas las propuestas en todas las áreas”.
De igual forma, el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael Hernández Montañez, indicó que esperará por la legislación que se produzca a base de este plan.
“Habrá que verlo en términos de legislación. Si bien es cierto que tenemos que seguir recortando el gasto operacional del gobierno, tenemos que hacerlo de una manera que no cargue adicionalmente al Sistema de Retiro, que es una parte de la ecuación”, dijo Hernández Montañez. “Ciertamente todavía no estamos en posición de hacer expresiones concretas, pero el hecho que el gobernador haya hecho un pronunciamiento de la necesidad de renegociar la deuda, me parece que es un pronunciamiento realista y adecuado”.
Estas mismas expresiones de la necesidad de renegociar la deuda, llevaron al senador novoprogresista Thomas Rivera Schatz a decir que se trata de otra advertencia a los bonistas de que no se pagará la deuda. “Luego de tres años de fracasos gubernamentales, de graves errores en la administración pública, de imponerle al pueblo la carga más pesada de contribuciones en la historia de la quiebra del Estado Libre Asociado, hoy el gobernador Alejandro García Padilla amenaza una vez más a los acreedores con no pagar la deuda de Puerto Rico”, dijo Rivera
Schatz en declaraciones escritas. “Lamentablemente ese ha sido el mensaje que hoy le ha dado el gobernador al mundo financiero y al pueblo de Puerto Rico”.
Rivera Schatz dijo además que esperará la radicación de legislación, particularmente la creación de la Junta de Control Fiscal. “Resulta contradictorio fundamentar la creación de esta junta en un falso mensaje de que con ello se logra un ‘crecimiento económico sostenible’, como expresó García Padilla en su mensaje. El gobernador no acaba de comprender que el modelo económico del ELA colonial colapsó”, expresó el senador.
Por su parte, Larry Seilhamer, portavoz de la delegación azul en el Senado, dijo que la creación de este comité podría ser inconstitucional.
“Esta junta tendría poder de ir por encima de la rama legislativa e incluso la ejecutiva, lo que sería inconstitucional. La única forma de que una junta de este tipo pueda funcionar en la Isla es que sea mediante legislación federal en
el Congreso de Estados Unidos similar a lo que ocurrió en Washington, D.C.”, dijo Seilhamer. “De hecho, muchas de las propuestas del plan están sujetas a la intervención del gobierno federal y no están a nuestro alcance como los asuntos relacionados al PAN, las Leyes de Cabotaje, los créditos a las corporaciones foráneas y las enmiendas al salario mínimo”.
El representante popular Luis Vega Ramos celebró que las propuestas del plan incluyan medidas que permitan trabajar a los beneficiarios del PAN sin perder la ayuda.
Aun así, dijo que “todavía no estamos en posición de hacer expresiones concretas, pero el hecho de que el gobernador haya hecho un pronunciamiento de la necesidad de renegociar la deuda, me parece que es un pronunciamiento realista y adecuado”.
El representante penepé, José Meléndez, dijo por su parte que “el continuar negándose a cumplir con las deudas puede ser nefasto para Puerto Rico, primero porque se está considerando en Washington la posibilidad de enviar una Junta de Control Financiero Federal para que se haga cargo de las finanzas del gobierno y dos porque la acción de no pagar aleja aun más a que bonistas e inversionistas ayuden a Puerto Rico en un futuro a salir del atolladero en que se encuentra”.
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO
Más de 15 años de experiencia. Asignada a cubrir temas legislativos.
Jenniffer González dice que plan fiscal fuerza a la juventud a emigrar
Por Primerahora.com09/10/2015 |03:50 p.m.
La representante, además, establecio que solo a través de la estadidad se puede lograr paridad en los programas federales.
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La portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón, criticó este jueves algunas de las propuestas contenidas en el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal para Puerto Rico, presentado ayer por el gobernador Alejandro García Padilla.
Además, la legisladora novoprogresista coincidió con varios líderes de su colectividad en el sentido de que sólo a través de la estadidad se puede lograr paridad en los programas federales.
“Hay un mejor plan fiscal para Puerto Rico, que el gobernador y el Partido Popular quieren ignorar, pero ellos lo conocen muy bien, se llama la estadidad. La estadidad es la que garantiza una inyección anual inmediata a nuestra economía de sobre $9 billones, según el estudio del GAO de mayo de 2014. Más importante aún, es la única manera de garantizar que no se discrimine en contra de los residentes de esta Isla en ningún programa federal, como se da día a día en los programas de Medicare, Medicaid, Tricare, el Supplmenetal Security Income, entre otros. Y sobre todo, nos da el poder político necesario en Washington para siempre poder atender las necesidades de nuestro pueblo”, expresó la representante en declaraciones escritas.
Según explicó ayer el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, el plan tiene como objetivo eliminar o reducir una brecha de sobre $27,000 millones en exceso de gastos sobre los ingresos que acumulará el gobierno de Puerto Rico en los próximos cinco años. Asimismo, busca reestructurar los términos del pago de la deuda del país porque, aún con las medidas incluidas, se mantiene una brecha de cerca de $14,000 millones.
Este documento, que el gobernador indicó que era una “hoja de ruta”, tomó unos dos meses de trabajo y fue creado con la colaboración de un equipo de ex integrantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezados por la experta Anne Krueger. El documento fue recibido por García Padilla el miércoles en la tarde.
Una de las primeras propuestas que la vicepresidenta del PNP rechazó es la que sugiere que a las personas de 25 años se les pague menos del mínimo federal, porque “acrecentará la fuga de talento joven y capacitado, tan necesario para mejorar nuestra economía”.
“Esto, sumado a propuestas para aumentar las patentes municipales, la contribución sobre la propiedad inmueble y el IVA, imposibilitarán que Puerto Rico salga de la depresión económica en que se encuentra”, agregó la también vicepresidente del Partido Nuevo Progresista.
En cuanto a la reestructuración de la deuda, dijo que esta transformación se debe dar dentro de un proceso de diálogo abierto y negociación de buena fe, no dentro de un marco de amenazas de impago ni de imposiciones unilaterales. Añadió, que “la creación de un junta de control fiscal que no cuente con aval federal, será un ejercicio de futilidad, además de ser inconstitucional”.
“Incumplir con la responsabilidad de honrar los acuerdos con los bonistas imposibilita que Puerto Rico pueda salir a flote de la crisis fiscal exacerbada por esta administración”, dijo.
“El gobernador quiere renegociar las Obligaciones Generales que están protegidas por la Constitución, pero debe entender que Puerto Rico es un país de ley y orden, donde la Constitución se respeta. No podemos selectivamente escoger que parte de la Constitución respetamos y cual no. Debemos sentarnos con los bonistas y negociar de buena fe, no debe tratar de hacer de esto una guerra de ellos contra nosotros, pues el 40% de los tenedores de bonos son puertorriqueños”, añadió al aclarar que no objetaría las propuestas que entienda serán positivas para el país.
Llueven las críticas al Plan de Ajuste Fiscal
Por Primerahora.com09/10/2015 |11:13 a.m.
Sindicatos y políticos denuncian por separado los efectos de la propuesta.
El presidente de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (Uecfse), Francisco Reyes Márquez, criticó este jueves el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal para Puerto Rico, presentado ayer por el gobierno, porque “una gran parte de las recomendaciones contempladas descansan nuevamente sobre los hombros de los trabajadores”.
El líder sindical agregó que pretender alargar la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno más allá del año 2017 empobrecerá más a los trabajadores de las corporaciones públicas. Igualmente, expuso que una parte de la reforma laboral propuesta en el plan es inconstitucional.
Reyes Márquez también censuró que el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica de Puerto Rico, que confeccionó el mencionado plan, recomiende la privatización y venta de activos del gobierno y servicios que en este momento le rinden dividendos al gobierno.
“El gobierno insiste en amenazar con la privatización de servicios que le rinden beneficios al gobierno. Los trabajadores de la Corporación ya denunciamos con mucha energía la equivocación que se cometía en el Informe Krueger, de recomendar la privatización de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Ahora se están cuidando y no lo dicen expresamente, pero dejan abierta esa posibilidad. Ese sería otro error y serán los trabajadores lesionados en el empleo y los patronos que verán aumentar las primas quienes lo pagarán”, dijo Reyes Márquez en declaraciones escritas.
Mientras, el senador novoprogresista Ángel ‘Chayanne’ Martínez Santiago advirtió que la implantación de las recomendaciones del Plan resultaría en la destrucción del sistema de salud del país y cuestionó la viabilidad de reasignar los ingresos provenientes del impuesto a los casinos para solventar la Administración de Seguros de Salud (ASES).
“Si existe algo completamente irreal en esta propuesta es la reasignación de las partidas que generan los casinos, de la Universidad de Puerto Rico a la ASES. Sencillamente en Puerto Rico hay cada día menos casinos y la actividad contributiva que generaría esto no es significativa. Esto no puede ser una solución. Como tampoco lo es el continuar desangrando los municipios para que le transfieran fondos que no tiene a la ASES. La realidad es que el gobierno quiere eliminar personas del programa ‘Mi Salud’, de eso no cabe duda”, sostuvo el senador por el distrito de Arecibo.
Martínez Santiago enfatizó que el plan tiene como meta principal el limitar el acceso a la salud al proponer la consolidación de facilidades de cuidado médico que se localizan cerca de hospitales.
“La idea de limitar el financiamiento para los Centros 330 para consolidarlos es inaceptable. De realizarse esta parte del plan, esto sería nefasto para estos centros que tanta ayuda les brinda a nuestras personas enfermas. No lo vamos a permitir. Como tampoco dejaremos que se saquen personas del plan médico del gobierno”, dijo.
Según plasmado en el plan, el gobierno buscaría “restringir” el número de clínicas que reciben aportaciones a través de la Sección 330 del Acta de Servicios de Salud Pública 330 (centros 330).
Los Centros Comunitarios 330 son instituciones que ofrecen todo tipo de servicio primario y preventivo bajo un mismo techo para atender al paciente de manera integral, como lo hacían hasta 1992 los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) que se vendieron como parte de la Reforma de Salud. La mayoría de los pacientes de esos centros son personas de escasos recursos en comunidades rurales del país.
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